Auto AC3034-2017 de mayo 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC3034-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-00846-00

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Decídase el conflicto de competencia que se suscitó entre el Juzgado Segundo de Familia de Pereira (Risaralda) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle del Cauca), en el trámite de la demanda de liquidación de sociedad conyugal promovida por Jairo Triana Gutiérrez contra Roció Margarita Cobos Ardila.

ANTECEDENTES

1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, el promotor instauró la demanda de la referencia, a fin de que se «decrete la liquidación de la sociedad conyugal» del matrimonio celebrado entre Jairo Triana Gutiérrez y Roció Margarita Cobos Ardila, la cual se declaró disuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante providencia del 27 de septiembre de 1982 (fl. 3 del cdno. 1).

En el libelo se atribuyó el conocimiento del trámite al Juzgado Segundo de Familia de Pereira, por «la naturaleza del asunto y por ser esta ciudad el último domicilio común de las partes» (fl. 3 del cdno. 1).

2. Tal estrado rechazó la demanda y dispuso remitirla a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al considerar que quien debía conocer de la liquidación era la autoridad judicial que declaró disuelta la sociedad conyugal, esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 523 del Código General del Proceso (fl. 17, cdno. 1).

3. La prenotada Sala Civil-Familia, receptora del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, porque al mismo no resulta aplicable el artículo 523 del nuevo estatuto procesal, toda vez que la sentencia que decidió la disolución de la sociedad conyugal «debió proferirse en vigencia de la actual norma procesal, pero ello no fue así, pues la providencia citada para tal efecto tuvo como fecha de emisión el día 27 de septiembre de 1982, esto es mucha antes de la vigencia del Código General del Proceso en todo el territorio nacional (01 de enero de 2016)» (fl. 47 del cdno. 1).

CONSIDERACIONES

1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra estrados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

2. Con el fin de determinar la autoridad judicial competente encargada del conocimiento de un asunto, el estatuto procesal civil disciplina los factores objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad, economía y unicidad procesal (fuero de atracción, autos de 30 de septiembre de 1993 y 6 de octubre de 1994).

Sobre este último factor, la Corte ha manifestado que, el fuero de atracción implica «proveer a un determinado juez de la facultad para conocer otros asuntos anejos a la causa respecto de la cual él ha asumido; a través de esta autorización legal, el funcionario que conoce de un asunto determinado atrae nuevos conflictos surgidos y, por esa vía, se vuelve juez competente para definirlos de manera conjunta» (CSJ, AC, 30 ago. 2013, Rad. 2013-01558-00).

3. En el sub examine, la colisión de competencia se circunscribe al conocimiento de una demanda de «liquidación de sociedad conyugal», la que fue disuelta en un proceso anterior por decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 27 de septiembre de 1982, es decir, la discusión se contrae a la aplicación del fuero de atracción establecido en el numeral 1º del artículo 523 del Código General del Proceso, conforme al cual «cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta a causa de sentencia judicial, ante el juez que la profirió, para que se tramite en el mismo expediente» (negrillas por la Corte).

Del contenido literal de dicha disposición, se infiere que, en estricto sentido, correspondería el conocimiento del presente litigio al tribunal involucrado, sino fuera porque la situación que aquí se advierte es excepcional, al presentarse una imposibilidad jurídica sobreviniente por parte de dicha autoridad jurisdiccional, para adelantar el negocio que hoy ocupa la atención de la Corte (liquidación de sociedad conyugal).

3.1. Sobre el particular, ha de advertirse que para la época en que se dictó la sentencia que declaró disuelta la sociedad conyugal que existió entre los contendientes (27 de septiembre de 1982), aún no se había establecido la hoy denominada especialidad de familia de la jurisdicción ordinaria y, además, al tribunal le había sido funcionalmente conferida la potestad para conocer de ese tipo de contiendas.

Sin embargo, al entrar en vigencia el Decreto 2272 del 1989, norma por la cual «se organiza la jurisdicción de familia», se dispuso, en su artículo 5º, que le fuera atribuido, en primera instancia, a los jueces de la nueva especialidad, entre otros trámites, el de la «separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico, cuando haya contención» y «la separación de bienes y de la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de los cónyuges, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios».

De igual manera, el artículo 17 de la mencionada normatividad, ordenó «la remisión de los procesos de la jurisdicción civil a la de familia se hará con autorización del respectivo tribunal superior, a medida que entren en funcionamiento los despachos judiciales que aquí se crean», actuación que, en el caso bajo análisis, no llegó a realizarse, por cuanto, para ese momento, había culminado con sentencia ejecutoriada.

Se concluye, entonces, que a partir de la entrada en vigencia de la prenotada regulación (el 1º de febrero de 1990(1)), la competencia para conocer, en primera instancia, de los procesos de liquidación de sociedad conyugal, entre otros, quedó funcionalmente radicada en los jueces de Familia, por lo que, en la actualidad, existiría una imposibilidad jurídica para que el Tribunal adelantara ese tipo de negocios.

3.2. Cabe añadir que de arrogarse el conocimiento de este proceso a ese tribunal, se violentaría palmariamente el principio de doble instancia, que entre sus múltiples acepciones, busca que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro servidor, de la misma especialidad, empero de mayor jerarquía; habida cuenta que la segunda instancia estaría a cargo de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que, según el ordenamiento jurídico vigente, solamente conoce, como segunda instancia, de asuntos constitucionales.

4. Ahora, ante la reseñada situación, imposibilidad jurídica que tiene la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para adelantar este trámite, compete a esta corporación definir a cuál despacho judicial debe adjudicarse.

En este orden de ideas, encuentra la Corte que el legislador ha querido concentrar la competencia de ciertos asuntos, en materia de familia, a un solo servidor judicial, razón por la cual ha dispuesto, por ejemplo, que el estrado que resuelva sobre la nulidad del matrimonio civil, divorcio o cesación de efectos civiles, sea el mismo que defina lo relacionado con la custodia de los hijos comunes, los alimentos para ellos y, de ser el caso, «el monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro» (art. 389, nums. 1º, 2º, 3º, CGP).

Siguiendo esa línea de principio y con miras de no diseminar aún más la completa definición de las cuestiones derivadas del mismo vínculo matrimonial que existió entre las partes, considera la Corte que este proceso habrá de tramitarlo el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, toda vez que tal autoridad conoció de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico y, adicionalmente, está funcionalmente investido de competencia para conocer de este tipo de litigios, por lo que se remitirá el expediente a tal juzgado para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Segundo de Familia de Pereira (Risaralda), al que se le enviará de inmediato el expediente.

Comuníquese esta decisión al otro juzgado involucrado en el conflicto, con copia de esta providencia.

Notifíquese.

Magistrado: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

1 Conforme se estableció en el citado artículo 17, Decreto 2272 de 1989.