CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Auto AC3077-2016/2013-00094 de mayo 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 73585-3103-001-2013-00094-01

Magistrado Ponenete:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Bogotá, D. C., diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

Se decide a continuación lo que corresponda sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por José del Carmen Ballén Rincón frente a la sentencia de 1º de marzo de 2016, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dentro del proceso ordinario instaurado por el impugnante contra Sandra Liliana Poloche Gracia.

Antecedentes

1. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Purificación, el actor solicitó declarar que conformó con la demandada una «sociedad de hecho, cuya finalidad era la prestación del servicio de transporte», desde el año 2001 y, como consecuencia, pidió su disolución y liquidación.

2. Admitido a trámite el asunto, se notificó personalmente a la enjuiciada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones formulando como defensa «inexistencia de sociedad de hecho» (f. 160, c. 1).

3. Luego de surtido el trámite, el 18 de diciembre de 2014 concluyó la instancia desestimando los pedimentos del escrito inicial (f. 210 a 226, c. 1), decisión contra la cual el gestor interpuso apelación (f. 228-233 y 236, c. 1).

4. El 1º de marzo de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la sentencia del a-quo (f. 37-45, c. 4).

5. El solicitante formuló casación (f. 50, c. 4), que fuera concedida sin que el ad quem hiciera pronunciamiento respecto del interés para recurrir, al estimar que no era necesario tenerlo en cuenta «dado que versa sobre la “declaración de unión marital de hecho”» (f. 55, c. 1).

Consideraciones

1. El recurso de casación tiene como propósito, fuera del interés público que le es propio, procurar la reparación de los agravios inferidos a los sujetos procesales por la sentencia cuestionada. Así mismo, la naturaleza extraordinaria de este medio de impugnación impone el cumplimiento de rigurosos requisitos, concernientes a su interposición y concesión, los que en forma alguna pueden ser inobservados por el Tribunal.

En tal virtud, para verificar la procedencia del mismo el ad-quem ha de examinar la oportunidad en su interposición, la naturaleza del asunto, el interés que le asiste al recurrente y los efectos que irradia la providencia atacada.

En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta Corporación fue copiosa e invariable al sentar que la admisión del recurso obliga a la Corte a examinar el cumplimiento de los requerimientos previos al arribo del expediente a sede de casación, pues en caso de que ello no fuera así, las diligencias debían devolverse al juzgador de origen, en orden a corregir los aspectos que tornaron prematura la concesión de la impugnación.

Así, en auto de 31 jul. 2012, rad. 2012-00264; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre otros, la Sala dijo que

(…) se le ha atribuido competencia para decidir sobre la admisión del recurso de casación, facultad que implica no solo verificar los requisitos legales para ello, sino también auscultar la labor del Tribunal con el fin de constatar que la concesión se ajustó al ordenamiento jurídico, por manera que si se evidencia que el ad quem se apresuró al conceder el recurso extraordinario, dicha determinación no obliga a la Corte a admitir el recurso de casación, etapa distinta y posterior a la surtida ante el juzgador de segundo grado.

De otra parte, la Corporación, en atención a la prohibición atinente a inadmitir el recurso por razón de la cuantía, consagrada en el inciso 2º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que advirtiera que este punto no había sido claramente definido por el Tribunal, adoptó la postura de declarar prematura la concesión del medio de contradicción para que el facultado legalmente se pronunciara al respecto, ya fuera analizando los elementos obrantes en el plenario, ora apoyado en un dictamen pericial de experto que lo ayudara a dilucidar aspectos ajenos a su conocimiento para tasar el importe del interés, claro está, sin trasladarle la definición de la viabilidad de la contradicción al auxiliar.

Sobre el punto, en AC de 6 mar. 2012, rad. 2006-00005, reiterado en AC443-2015, sostuvo que

(…) la debida concesión del recurso de casación está condicionada, entre otros factores, por el valor actual del agravio que la sentencia acusada le hubiere ocasionado al impugnante (artículo 366 del Código de Procedimiento Civil), el cual puede ser establecido o acreditado, ya con soporte en los medios probatorios que obren en el proceso, ora con apoyo en un dictamen pericial ordenado para tal efecto, cuando aquel “no aparezca determinado”, según lo precisa el artículo 370 ibídem.

2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el Código General del Proceso entró a regir íntegramente en todos los distritos judiciales del país desde el 1º de enero de 2016, conforme lo previó el Acuerdo nº PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura; y por virtud de lo establecido en los artículos 624(1) y 625, numeral 5º(2) ídem, reglas sobre tránsito legislativo, respectivamente, se tiene que este estatuto adjetivo se aplicará a la presente impugnación extraordinaria, en la medida en que su interposición se efectúo el 16 de marzo de 2016 (f. 50, c. 4).

3. En los términos del artículo 334 ibídem, el recurso de casación procede contra las sentencias de los Tribunales Superiores, pronunciadas en segunda instancia, en toda clase de procesos declarativos; en las acciones de grupo y populares que correspondan a la jurisdicción ordinaria; en las dictadas para liquidar una condena en concreto y; en los casos relativos al estado civil, únicamente las que versen sobre impugnación o reclamación de estado civil y la declaración de uniones maritales de hecho.

Tal precepto es complementado por el artículo 338 ejusdem, en cuanto establece que si los pedimentos son esencialmente económicos, el medio de contradicción se abre paso cuando el valor actual de la resolución desfavorable al censor sea de mil (1000) smlmv, excluyendo de dicho quantum a los fallos dictados en las acciones populares y de grupo, así como a los que traten sobre el estado civil.

Y el artículo 339 de la misma obra, estipula que cuando para resolver sobre la procedencia del recurso resulte necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, la cuantía se determinará con los elementos de juicio que obren en el plenario, pero si el recurrente lo estima necesario, podrá allegar un dictamen.

4. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que la sentencia cuestionada no encaja en ninguna de las exclusiones expresamente estipuladas en el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, comoquiera que no se trata de una proferida en acción popular ni de grupo, así como tampoco en un proceso que verse sobre el estado civil, en cuanto fue dictada en un asunto en el que se persigue la declaración de «la existencia de [una sociedad comercial] de hecho», cuyo objeto social era «la prestación del servicio de transporte con los vehículos que fueron adquiridos durante el lapso en que esta fue conformada» entre las partes, de lo cual se infiere que las pretensiones son esencialmente económicas, por lo que el fallador de segundo grado debió establecer cuál era el interés para recurrir antes de abrir paso a la impugnación (f. 47, 220, c. 1 y f. 12, 18, 37, 39, 42 y 44, c. 4).

De lo cual se infiere que obró equivocado cuando le atribuyó una naturaleza que no le correspondía a este trámite, ya que aquí no está en discusión el estado civil, pues, al margen de que los extremos del litigio hayan tenido alguna relación sentimental, aquí lo que se deprecó es el reconocimiento de que entre ellos existió una sociedad comercial de hecho.

Situación que pone de manifiesto que el ad-quem obró presuroso al conceder el recurso, sin efectuar valoración ni referencia alguna a la tasación del menoscabo inferido al contradictor con la sentencia, por lo cual resulta necesario devolverle las actuaciones para que acometa el estudio correspondiente, ya sea con «los elementos de juicio que obren en el expediente», o si el censor lo estima necesario puede aportar un dictamen pericial para apoyar el análisis del Tribunal.

El artículo 342 ídem, prevé la devolución del expediente al fallador de origen cuando «la sentencia no est[é] suscrita por el número de magistrados que la ley exige» y, más adelante consigna que en lo atañedero a la cuantía se restringe a la Corte de efectuar examen alguno sobre el «interés para recurrir fijado por el Tribunal».

Al respecto, conviene señalar que en este preciso evento, no se está realizando «examen o modificación» sobre la cuantía, habida cuenta que el juzgador de segunda instancia no se pronunció frente a este presupuesto, al clasificar erradamente el proceso como uno referente al estado civil, el cual está excluido de cuantificación, según lo reglado por el citado artículo 338 ibídem, por lo cual resulta imperativo retornarle las diligencias para que se manifieste sobre ese puntual aspecto, encomendado expresamente por el legislador.

En un caso análogo al de ahora, en vigencia del estatuto procesal civil de 1970, la Corte expresó,

(…) obró por lo tanto apresuradamente el juzgador, toda vez que, en consideración a que el asunto era completamente ajeno al estado civil de los involucrados y con un cariz eminentemente patrimonial, lo que pasó por alto, desfiguró completamente la naturaleza de la discusión y los aspectos propios para la procedencia de la censura (AC de 20 nov. 2012, rad. 2004-00225-01).

5. Así las cosas, el ad-quem deberá en consecuencia, efectuar el estudio que dejó de realizar para verificar si existe o no el interés económico requerido.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué al conceder el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.

2. Devolver el expediente a la oficina de origen, para que haga los señalamientos que omitió, según se dio cuenta en las motivaciones de esta providencia.

Notifíquese

Magistrado: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

1 Artículo 624, Ley 1564 de 2012. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

2 Numeral 5º, artículo 625 ídem. Los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.