Auto AC3350-2016/2160-00893 de mayo 31 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC3350-2016

Rad.: 1100102030002016-00893-00

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Se decide lo pertinente sobre la solicitud de amparo de pobreza de la recurrente.

I. Antecedentes

1. Diana García Baquero, actuando mediante apoderado, propuso recurso extraordinario de revisión frente al fallo de 18 de diciembre de 2015, proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio dentro del proceso ordinario de Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial de Hecho entre compañeros de Luis Eduardo Riveros García contra la opugnadora.

2. Al mismo tiempo, el abogado pidió “conceder a la señora Diana García Baquero” dicho socorro sin que en el poder aportando se manifestara o lo facultara para elevar tal reclamación (fls. 1 y 3).

II. Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró “en vigencia desde el 1º de enero de 2016 íntegramente”.

El numeral 5º del artículo 625 de esa codificación establece que

…No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

Por lo tanto, el Código General del Proceso se aplicará en este asunto, habida cuenta que la interposición del recurso de revisión se efectúo el 8 de abril del año que avanza.

2. De conformidad con el artículo 151 del Código General del Proceso, el amparo de pobreza se concederá

“a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso”.

3. En cuanto a la oportunidad para pedirlo, el artículo 152 ibídem señala que quien pretenda hacer uso de tal prerrogativa debe manifestar bajo la gravedad del juramento que se encuentra en las condiciones económicas antes indicadas, y “si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado”.

4. Como en este caso la petición se presentó de forma simultánea con la demanda, correspondería decidirse sobre ella en el auto admisorio en aplicación de la norma citada, no obstante, la ostensible falta de los requisitos de procedibilidad le impiden a la Corte entrar a pronunciarse de fondo acerca de la concesión de dicho pedimento en favor de la revisionista, que es lo que a la postre pretende lograr para su defendida el mandatario, por lo que debe resolverse de manera anticipada.

5. No se dan los supuestos para acceder a lo pretendido por cuanto si bien se hizo la manifestación pertinente al momento de presentar el libelo, lo cierto es que las normas adjetivas exigen que sea la parte, directamente, quien ponga al tanto de su delicada situación financiera al despacho. Tal requisito no se cumple cuando se afirma por el apoderado que la demandante “se encuentra en una situación de postración económica” (fl. 3).

Interpretación que acogió la corporación en AC, 30 de enero de 2009, rad. 2008-01758-00, citado recientemente en AC 13 nov. 2014, rad. 2014-02105-00, según el cual

Es claro que la solicitud de amparo tiene que formularse por la persona que se halla en la situación que describe la norma y que, además, debe hacer dicho aserto bajo la gravedad del juramento. En este caso, se observa que no fue la impugnante quien presentó el pedimento para que se le concediera el referido beneficio procesal y mucho menos quien hizo la afirmación de estar en difícil situación económica bajo los apremios del juramento, sino su vocero judicial al que el legislador no le confiere tal facultad, toda vez que le pertenece a la parte exclusivamente y cuyo ejercicio no puede ser sustituido por aquél.

Revisada la actuación, no existe solicitud personal ni aún mención de ello en el poder allegado, con el cual la recurrente hubiere cumplido dicha carga procesal, por tanto el escrito obrante a folio 3 no se atenderá, dado que fue presentado por persona que no se encuentra facultada por la ley ni por su mandante para formular acto como el estudiado.

6. En consecuencia, no se accederá al resguardo reclamado, sin que hubiere lugar a imponer la sanción prevista en el inciso segundo del artículo 153 ibídem, en atención a que no se trata de un ardid sino que la solicitud no se ajusta a las exigencias legales, por lo cual no resulta procedente extender ningún efecto adverso.

Sobre el tema, en un asunto parecido y bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil, vigente para ese entonces y que son similares a las del Código General del Proceso se dijo,

Es pertinente asegurar, atendida la finalidad del inciso 2º del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, que cuando la improcedencia de amparo obedece a una carencia del género de la aquí anotada, no hay lugar a imponer la multa allí prevista; porque no se trata de que el peticionado haya faltado a la verdad, sino, simplemente, de que su solicitud no se acomoda a los requisitos procesales mínimos exigidos por la ley (CSJ AC, nov. 30/2001, rad. 01578-01).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. No conceder amparo de pobreza a la recurrente en revisión.

2. No imponer ninguna sanción.

3. Continuar el trámite del recurso propuesto, una vez adquiera firmeza esta providencia.

4. Reconocer personería a Saddy Martínez Ramírez para que represente a Diana García Baquero, en los términos del poder conferido (fl. 1).

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.