AC376-2016 de enero 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC376-2016

Rad. 11001-02-03-000-2015-02547-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

Se pronuncia la Corte sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Villavicencio (Meta) y Treinta y Dos Civil del Circuito de Oralidad Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Eduardo León Vesga inició proceso ordinario verbal contra la Superintendencia de Industria y Comercio, y la sociedad Colombiana de Comercio S.A., Alkosto S.A., a fin de que se declarara a ésta última civilmente responsable de los perjuicios que sufrió con ocasión de que le vendió una «herramienta de trabajo que no cumplía con las condiciones óptimas de funcionamiento y además se constituía en un riesgo para las personas que teníamos que utilizarla», en consecuencia se le condenara a pagar los daños materiales y morales que con ello se le produjeron, sin dirigir pretensión alguna en contra o a cargo de la referida entidad de vigilancia y control. [Folio 98, c.1]

2. En el libelo incoativo se señaló como la dirección comercial de la sociedad demandada la «Carrera 31 #31-95 AVDA. Al Llano, Villavicencio, Meta». [Folio 88, c.1]

3. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, que mediante proveído de 1º de junio de 2015, rechazó la demanda, luego de considerar que revisadas «las pretensiones se evidencia que las mismas se dirigen únicamente contra la sociedad Colombiana de Comercio Corbeta S.A., la que tiene su domicilio en Villavicencio Meta», porque si bien «en el encabezamiento de la misma se indicó como extremo pasivo a la Superintendencia de Industria y Comercio, ninguna petición se solicitó frente a dicha entidad». [Folio 105, c.1]

4. Reasignado el proceso correspondió su tramitación al Juzgado Primero Civil del Circuito, que en proveído de 12 de julio de 2015, suscitó el presente conflicto con sustento en que la autoridad de la capital erró al remitir el expediente a dicha localidad, por cuanto «en ninguna parte de la demanda se logra deducir que efectivamente la sociedad contra la cual se dirigen las pretensiones tiene domicilio en esta ciudad, lo único que se logra inferir es que el apoderado determinada como dirección comercial la Carrera 31 No 31-95 de la Avenida del Llano, pero este hecho no significa con (sic) factor para determinar la competencia territorial». [Folio 35, c. 1]

II. CONSIDERACIONES

1. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste».

De la regla transcrita, se deduce sin mayores dificultades que, el criterio general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos, determina que sea el juez del domicilio del demandado a quien corresponda su conocimiento.

2. Ahora bien, en el caso bajo estudio es claro que la demanda se dirigió contra la Sociedad Colombiana de Comercio S.A.-Alkosto S.A.-, pues pese a que se mencionó a la Superintendencia de Industria y Comercio, contra dicha entidad no se propuso pretensión alguna; por consiguiente para determinar a qué juzgador correspondía conocer del asunto, era necesario conocer el domicilio de dicha persona jurídica.

Sin embargo, la demandante en su libelo introductorio no indicó el lugar de vecindad de la referida demandada, ni de su escrito se desprende el mismo, aspecto que la parte actora está obligada a informar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del estatuto procesal, y que el juzgador debía averiguar para formar su convencimiento, con el fin de no repeler la disputa por incertidumbre y de forma prematura.

En ese sentido, ha indicado la Sala que: «(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo». (CSJ AC, 2 May 2013, Rad. 2013-00946-00)

Sin embargo, los jueces involucrados ante la falta de la parte actora de especificar el lugar en donde se encuentra avecindada su contradictora, optaron por interpretar, que como en la demanda se indicó una dirección de la demandada, la misma correspondía al domicilio de ésta.

Precisamente ese es el punto de discordia, pues, mientras uno dice que la pasiva tiene su vecindad en Villavicencio; el otro agrega que «en ninguna parte de la demanda se logra deducir que efectivamente la sociedad contra la cual se dirigen las pretensiones tiene domicilio en esta ciudad, lo único que se logra inferir es que el apoderado determinada como dirección comercial la Carrera 31 Nº 31-95 de la Avenida del Llano», la cual no se puede confundir «con el domicilio». [Folio 113, c.1]

3. Sin embargo, ninguno de los pronunciamientos está precedido de un requerimiento al demandante para que dilucide las lagunas que quedan de su exposición. Es así como, a pesar de que en el memorial con el que se inició el litigio, se omitió señalar el mencionado requisito, que según el numeral segundo del artículo 75 ibídem es necesario, nunca se inadmitió el libelo.

En casos similares, la Corte consideró que «[a]hora bien, si la ambigua redacción de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debió reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la corrección de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el trámite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional». (CSJ AC, 17 Mar 1998 y 2 May 2013, Rad. 7041 y 2013-00946-00)

Sumado a que no era posible entender que el lugar donde el accionado recibiría notificación era su mismo domicilio, puesto que se trata de conceptos diferentes, como lo ha entendido esta Sala al señalar «(...) no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal.

4. Por consiguiente, fue anticipada la declaratoria de incompetencia del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dado que, ante la falta de información del domicilio de los ejecutados, lo razonable hubiese sido solicitarle que diera la información a que hubiera lugar, antes de adoptar la decisión en comento y, una vez determinadas, entrar a resolver lo pertinente, conforme a las reglas del precitado artículo 23.

Así las cosas, se le remitirán las actuaciones para que haga los ordenamientos a que haya lugar, a fin de esclarecer los aspectos necesarios para definir la competencia territorial.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el conflicto planteado con ocasión de la demanda en referencia es prematuro.

2. Devolver el expediente al Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá para que obre de conformidad con lo expuesto.

3. Comunicar esta decisión al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, y al interesado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.