Auto 2013-02900 de febrero 10 de 2014

 

Auto 2013-02900 de febrero 10 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-02-03-000-2013-02900-00

AC462-2014

Bogotá, D. C., diez de febrero de dos mil catorce.

Se decide el cambio de radicación pretendido por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade y Primeother SAS del proceso ordinario 2008-0685 promovido por Lucía Alvarado Pacheco y otros contra Pablo Obregón González, Corporación Nacional de Turismo, Malterías de Colombia S. A. —hoy Fonade y Primeother SAS, respectivamente— y Bavaria S. A.

1. Antecedentes.

1.1. Señalan los interesados lo siguiente:

En el asunto la demandante deprecó la reivindicación de un predio ubicado en la isla de Barú. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, que lo conoció, accedió a las súplicas en sentencia de 08 de octubre de 2001, confirmada por el tribunal el dos (02) de julio de 2008, además ordenó cancelar unas matrículas inmobiliarias, entre ellas la del predio de Fonade, y abrir uno nuevo a su nombre y el de un cesionario de derechos litigiosos.

a) Promovieron dos incidentes de nulidad porque el fallo del ad quem nunca se notificó al no fijarse el edicto respectivo, impidiéndoseles interponer el recurso de casación. El supuestamente publicado, con el que luego se quiso hacer aparecer como notificado, no indicó la hora de desfijación. De la sentencia se surte recurso de revisión ante esta Corte.

El caso luego pasó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito porque la titular del anterior en auto de dos de septiembre de 2008 se declaró impedida. Este, en proveído de 09 de marzo de 2009, reprogramó para junio la práctica de pruebas.

En providencia del 30 de septiembre de 2013 negó los incidentes y ordenó copias para que la jurisdicción disciplinaria investigara a los abogados promotores. La decisión la basó en que como los trámites en rigor y la acción de revisión perseguían idéntico fin, cualquier posición adoptada en los primeros podría contrariar la que la Corte adoptara en la segunda. En consecuencia, no se podía acudir a la parte final del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil para denunciar la falta de notificación. Pedir la nulidad y a la vez proponer recurso de revisión supone un “(…) mórbido paralelismo procesal (…)” que “(…) raya en un plausible atentado contra las reglas de juego del ejercicio limpio de la profesión del derecho (…)”.

Exponen que el Juzgado Cuarto se reveló contra esta corporación y la Corte Constitucional, quienes en los fallos emitidos resolviendo las tutelas propuestas al respecto, reconocieron que aquel despacho es el que debe definir de fondo las individualizadas articulaciones.

Conforme a la sentencia de tutela de 14 de agosto de 2013 de esta Sala, el adelantamiento del incidente no se superpone a las actuaciones seguidas en el recurso extraordinario. Mientras el Juzgado en el auto donde negó aduce respetar la jerarquía funcional de esta Corte, las razones aducidas son contradictorias a los argumentos en los cuales la Sala basó la confirmación del indicado amparo. Al paso que la Corte dijo que los incidentes de nulidad y el aludido medio extraordinario tienen objeto diferente, el Juzgado aduce todo lo contrario.

En decisión de 27 de marzo de 2009 (T-211) la Corte Constitucional señaló que las cuestiones relativas a las irregularidades en el trámite de la notificación del fallo debía dimirlas el juzgado y el incidente era un mecanismo procesal idóneo y eficaz para proteger los derechos conculcados con tales irregularidades; en fin, que ese trámite no es incompatible con la revisión extraordinaria.

El despacho en cuestión tiene competencia para decidir el mérito de los incidentes, por lo cual es incomprensible que ahora se niegue a ello con ideas contrarias a la verdad. Esa insólita decisión niega la justicia.

b) En el Distrito Judicial donde se adelantó el proceso y ahora se surte el incidente están comprometidas la imparcialidad, la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales, situaciones que lesionan los intereses del Estado. Cinco años después de haber sido promovidos, sin ninguna valoración probatoria y mediante razones que riñen con la realidad, rechaza los incidentes, en contra de lo que se esperaría de un juez independiente, imparcial y respetuoso de las garantías procesales, las cuales, además, inobservó.

No es independiente ni imparcial un despacho judicial que luego de ser demandado en tutela con base en determinadas razones, siendo conocedor de que ellas fueron rechazadas por los jueces que las conocieron, posteriormente dicta de manera sorpresiva una providencia que reproduce la argumentación de los accionantes de ella.

En el tribunal se cometieron graves irregularidades en el preanotado trámite de la notificación, de donde es imperativo el cambio de radicación, para proteger aquellas garantías y salvaguardar el patrimonio del Estado. Tan clara es la falta de garantías en ese Distrito que esta Corte en sentencia de tutela de 15 de septiembre de 2008 ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejercer vigilancia especial sobre el proceso, sin que a la fecha conozcan su resultado.

1.2. Piden ordenar el cambio de radicación del proceso a otro distrito judicial.

2. Consideraciones

2.1. El novísimo reglamento instrumental, incorporado en el Código General del Proceso, atribuye a esta Sala de la Corte el conocimiento “(…) de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro”.

En términos del numeral octavo del artículo 30 del C. G. del P., una mudanza de esa índole podrá disponerse, solo por excepción, “(…) cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes (…)”.

2.2. En esta oportunidad se atribuye a los jueces implicados haber faltado a la independencia e imparcialidad en derredor de las actuaciones descritas, e impedido con ello, que los interesados ejercieran algunas de las garantías procesales.

2.3. Como se sabe, la división de las tareas en el Estado no es una creación o invento contemporáneo; se trata de un esquema inveterado del manejo de la cosa pública, y que hoy subsiste como mecanismo de control de poder y como fundamento del Estado democrático.

De ese modo, la actividad que normativamente le compete a esta rama ha de cumplirse con estricta sujeción a tales postulados, como inequívocamente se desprende no solo del artículo 113 de la Carta Política, al prescribir que para la realización de sus fines “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas”, sino del artículo 228 ibídem, en cuanto establece que las decisiones de la administración de justicia “son independientes” y “su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. De allí que la jurisprudencia tenga dicho que la administración de justicia se cumple mediante la forzosa aplicación de los principios fundamentales de independencia y de imparcialidad.

2.4. La imparcialidad hace referencia a la ausencia total por parte del juez de interés en su propia decisión, distinto del de la recta aplicación de la justicia. Por ello tiene prohibido conocer y resolver asuntos en que sus intereses personales se hallen en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. No se puede ser juez y parte a un mismo tiempo. En esto estriba la razón de ser de las causales de impedimento y de recusación.

Constituye la imparcialidad “(…) uno de los principios sobre los cuales se fundamenta la función judicial, según referencia que es pertinente realizar en los términos del artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 228 ibídem que define la administración de justicia como una función pública. (…) [E]ncuentra consagración positiva (…) además, en el plano internacional en el que los artículos 8.1 de la Convención interamericana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 1969) y el artículo 14-1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, prescriben que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

“(…) [E]s un deber de todos los empleados y funcionarios judiciales, quienes deben desempeñar su cargo ‘con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad’, según lo ordena el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. (…) [C]omo garantía judicial del derecho a la igualdad ante la ley (art. 13 de la Constitución Nacional), implica que los funcionarios judiciales no deben tener ningún tipo de interés en el resultado de un asunto sometido a su consideración, y que la decisión que deba adoptarse no se vea influenciada por la opinión que el juzgador tenga respecto de alguna de las partes” (auto de 17 de junio de 2013, Exp. 2013-00311-00).

2.5. Las garantías procesales constituyen el conjunto de derechos que las normas positivas le conceden a las partes con miras a poner a buen resguardo el principio de igualdad material de todos los sujetos procesales, como expresión del derecho fundamental al debido proceso.

“Nadie discute que el debido proceso es un derecho, que le confiere a toda persona un conjunto de prerrogativas y salvaguardias que dinamizan y protegen su intervención en cualquier actuación judicial o administrativa que adelante el Estado, las cuales, al propio tiempo que posibilitan una participación activa del individuo en el juicio respectivo, delimitan el ejercicio de la función pública y, en cuanto sean respetados, legitiman el uso del poder. En tratándose de procesos judiciales, el derecho en cuestión, de suyo fundamental, se erige en una arquetípica garantía que impide el desbordamiento de la función jurisdiccional, la cual, por ello mismo, se encuentra reglada, de suerte que los jueces tienen el compromiso constitucional y legal de ajustar su proceder a un conjunto de normas que determinan la forma como debe adelantarse la actuación y que hacen efectivos los derechos que integran el debido proceso, como el de ser juzgado con estricta sujeción a las formas propias de cada juicio y por el juez natural del caso; los de defensa y contradicción; el de impugnar las providencias del juez; el de publicidad de la actuación; el de presentar pruebas y el de controvertir las que se aduzcan en su contra; el de asistencia legal efectiva, entre otros tantos que, por su contenido tuitivo, hacen que la persona no pueda ser considerada objeto del proceso judicial, sino sujeto activo del mismo” (sent. de feb. 10/2006, Exp. 1997-02717-01).

3. Yendo al fondo de la cuestión refulge de los hechos fundamento del petitum de cambio de radicación que estos comprometen exclusiva y rectamente a juzgados de un mismo distrito judicial, así haya referencias al Tribunal respectivo. Empero, el disentimiento in radice, tiene que ver con la forma como se tramitan unos incidentes de nulidad en aquellos despachos pero de ningún modo en el sentenciador de segundo grado.

3.1. En cuanto hace a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, no se arrimó al cartulario prueba a través de la cual se infiera que esa colegiatura haya actuado por fuera de cualquiera de los ámbitos a los que se extienden la independencia y la imparcialidad del juez y de la administración de justicia, o las garantías procesales, específicamente en derredor del trámite de los incidentes que en los juzgados se tramitan.

Los interesados allegaron con el escrito promotor de un incidente de nulidad (fls. 33-37) unos fallos proferidos en acciones de tutela (fls. 57-124) y el auto de 30 de septiembre de 2013 (fls. 148-164), todos referidos con exclusividad a actuaciones del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, así como los certificados de existencia y representación (fls. 1-5); pero de la cuestionada Sala escasamente allegaron la sentencia de dos de julio de 2008 (fls. 6-32), los documentos y las constancias visibles a folios 38 a 55 y folio 56, respectivamente. De ese fajo no brota el hecho irregular, esto es, la falta de o indebida notificación del citado pronunciamiento, de tal manera que llevara a afirmar, inobjetablemente, que por ello el tribunal en ese quehacer actuó con desprecio de los cánones de su independencia e imparcialidad o le impidió al extremo opositor ejercer una cualquiera de las garantías procesales.

La resolución de segunda instancia por sí sola carece de virtualidad para afirmar o negar las causales para el cambio de radicación; solo testimonia el ámbito, extensión y sentido de su contenido, y nada más. Nada refiere ni allega sobre la irregular notificación por edicto, de la apuntada providencia.

La versión que corre a folio 56, através de la cual una asistente judicial dice haber revisado la cartelera de la secretaría del tribunal entre el 8 y 10 de julio de 2008, constatando que la única notificación hecha el primero de esos días fue la de un auto ordenando expedir copias, no permite sostener la parcialidad o ausencia de independencia de esa colegiatura, ni la obstrucción al ejercicio del derecho o facultad procesal derivada de una garantía del mismo orden.

Por consiguiente, en cuanto hace a la específica actuación del ad quem los interesados no suministraron evidencia alguna, y la mera petición de cambio, por sí misma, carece de fuerza demostrativa. Por ello el legislador, como no podía ser de otro modo, impuso al solicitante la carga de probar los supuestos de hechos, al prever: “(…) A la solicitud de cambio de radicación se adjuntarán las pruebas que se pretenda hacer valer (…)” (CGP, art. 30, num. 8º, inc. 2º).

En consecuencia, no se evidencia, razón objetiva que autorice sustraer de sus atribuciones a una Sala, al no tener el asunto en su poder y al no haberse aportado la prueba respectiva, que edifique motivo válido para pensar en el cambio deprecado.

2.5. Ahora, ningún pronunciamiento puede hacer la Corte sobre las anomalías descritas en la petición en torno del juzgado cuarto civil del circuito, por evidente falta de competencia, ya que a voces del artículo 31 del Código General de Proceso solo a los tribunales superiores de distrito judicial en sala civil compete conocer “De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial (…)”.

Por lo reseñado, y con arreglo a lo previsto por el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, se ordenará expedir copias de la actuación, a fin de que sea remitida a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para lo de su competencia.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Negar el cambio de radicación pretendido.

2. Advertir que contra esta resolución no proceden recursos.

3. Comunicar esta decisión a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. Ofíciese.

4. Ordenar a la secretaría expedir y remitir copia de la actuación a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para lo de su competencia. Ofíciese.

5. Archivar la actuación, una vez en firme esta providencia y cumplido lo anterior.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Luis Armando Tolosa Villabona.