Auto 2014-00144 de febrero 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

AC484-2014

Rad.: 11001-02-03-000-2014-00144-00

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil catorce.

1. Mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sala Civil de la corporación el 23 de enero de 2014, Liliana Hoyos Aristizábal y Juan Carlos Valencia Arbeláez, a través de apoderada judicial, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 26 de septiembre último por la Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales, en el proceso que en su contra adelantó Jaime María Arbeláez Garcés.

2. La causal de revisión incoada por los recurrentes en su demanda es la contenida en el numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, esto es, existir “nulidad originada en la sentencia de segunda instancia”, para lo cual adujeron que en el fallo censurado fue declarada la resolución por mutuo disenso tácito del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 4501 otorgada el 4 de septiembre de 1995 en la Notaría 4ª de Manizales, en la cual intervino el demandante como comprador y los ahora recurrentes como vendedores.

Agregaron que con la expedición de la providencia cuestionada se incurrió en nulidad porque previamente debió vincularse como litisconsorte necesario suyo a Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, ya que ellos le transfirieron mediante la escritura pública 6706 otorgada el 13 de septiembre de 2007 en la Notaría 2ª del mismo circulo notarial, el inmueble objeto del acuerdo de voluntades declarado resuelto.

3. La admisión del recurso extraordinario de revisión depende, entre otras circunstancias, de que sea interpuesto por la persona legitimada para ello, pues así lo consagra el inciso 4º del artículo 383 ídem al señalar que “[s]in más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal; verse sobre sentencia no sujeta a revisión o no la formule la persona legitimada para hacerlo, bien por haber sido parte en el proceso donde se profirió la sentencia materia de impugnación o bien por tratarse, en el evento previsto en el numeral 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de un tercero perjudicado o sus causahabientes.” (resaltado ajeno al texto).

4. Con base en tal premisa, en el caso bajo estudio concluye este despacho que los recurrentes carecen de legitimación para invocar la revisión de que se trata fundada en la causal 8ª del artículo 380 de la obra citada, con base en los planteamientos descritos ya en esta providencia, en la medida en que se duelen de que no fue convocada al proceso, como litisconsorte necesaria suya, la sociedad a la cual ellos transfirieron el derecho de dominio del bien objeto del contrato declarado resuelto, enajenación que fue posterior a la que ellos hicieron respecto del mismo bien a su demandante en el proceso ordinario y en el cual también fungieron como vendedores.

Lo anterior, toda vez que la causal de revisión se basa en la supuesta nulidad del trámite ordinario por no haber sido convocada una persona diversa a los recurrentes, no obstante que, como ha tenido oportunidad de exponerlo esta corporación, la persona legitimada para invocar una causal de nulidad por indebida notificación o falta de vinculación al litigo solo es aquella que no fue vinculada o estuvo indebidamente notificada, pero no quienes intervinieron en el litigio y, por ende, tuvieron a su alcance todas las oportunidades de defensa que brinda el ordenamiento jurídico al interior del mismo.

En efecto, sobre el punto la Corte ha señalado:

En punto tocante con las causales de nulidad procesal consagradas en los numerales 7 a 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, cuando quiera que una o varias de ellas sea invocada como sustrato del recurso de revisión, acorde con el numeral 7º del artículo 380 ibídem, ha sostenido esta corporación, insistentemente, que de tal prerrogativa sólo puede prevalerse “el sujeto directamente agraviado” (auto 13 de enero 31 de 2000, entre varias providencias). Ello es así, sin lugar a dudas, por cuanto de conformidad con el inciso segundo del artículo 143 del estatuto procesal en cita, “la parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla”, y en virtud del inciso tercero de la misma disposición, “la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.

Por tal razón, “si la parte que sufre una lesión o menoscabo a causa de la irregularidad procesal es aquella a quien la ley habilita para alegarla, resulta obvio inferir que sólo aquel que no ha sido emplazado o notificado en debida forma dentro de un proceso es el llamado a alegar tal circunstancia con el propósito de invalidar la actuación adelantada sin su presencia” (sent. cas. abril 28 de 1995, no publicada), pues como sostenidamente se ha repetido, únicamente “el indebidamente vinculado a un proceso está en la posibilidad de evaluar la irregularidad así cometida, y, como cosa que pertenece a su fuero interno, exteriorizar si con ella experimenta gravamen o perjuicio, como es obvio, a ese respecto nadie lo puede suplantar” (sent. nov. 5/98, reiterada en la dictada en mayo 25/2000, exp. 5489).

2. De la confrontación de las anteriores premisas de orden general, con el asunto sub judice, del que se rememora, de manera muy resumida, que los aquí demandantes se apoyaron en las causales de nulidad previstas en los numerales 7º y 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y que, con ese propósito, atribuyeron algunas irregularidades a los emplazamientos que precedieron al nombramiento de los curadores ad litem designados a los herederos determinados e indeterminados del señor Jaime Beltrán García, así como a su litisconsorte, el señor Jairo Hernando González Castellanos, se tiene que el recurso que se desata no está llamado a fructificar, merced a la recta aplicación de la normatividad y de la jurisprudencia patria, tal y como a espacio se explica en los siguientes literales.

A. Se destaca, ab initio, que es diáfana la falta de legitimación de los recurrentes en revisión, en lo tocante con los herederos indeterminados del señor Jaime Beltrán García, lo mismo que frente al codemandado Jairo Hernando González Castellanos, de conformidad con las siguientes razones:

Dícese lo anterior, por cuanto los aquí demandantes, stricto sensu, no están autorizados para alegar todas las posibles inconsistencias atinentes al emplazamiento y posterior notificación del auto admisorio de la demanda ordinaria al señor González Castellanos, porque, como ya se explicó, el único legitimado para solicitar —de conformidad con las normas contenidas en el ordenamiento positivo— la invalidez del proceso con soporte en la aludida problemática, dentro o fuera de él, es el mencionado, pues solo él pudo resultar afectado con las denunciadas irregularidades, de haber tenido éstas ocurrencia, ya que, en punto de nulidades procesales, en línea de principio, “a nadie le es lícito sacar provecho del perjuicio ajeno; y muchísimo menos cuando para ello tiene que poner en labios del indebidamente emplazado —o representado— en una labor de mero acertijo, un perjuicio que éste no ha manifestado (sent. nov. 5/98, exp. 5002).

De otra parte, los libelistas tampoco se entienden debidamente facultados para invocar la referida circunstancia constitutiva de nulidad a favor de los herederos indeterminados del señor Jaime Beltrán García (q.e.p.d.), pues, en su condición de cónyuge sobreviviente y herederos determinados del mencionado demandado en la causa judicial primigenia, comparecieron al proceso ordinario, de donde no les irroga ninguna afectación cualquiera irregularidad concerniente a la vinculación procesal de los referidos herederos indeterminados. Por tal razón, insiste la Sala, en que “la nulidad consagrada en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil cuando no se practica en legal forma el emplazamiento de las personas indeterminadas que deban ser citadas como parte, no puede ser alegada por las que han sido reconocidas y han actuado dentro del proceso, porque éstas carecen de interés para proponerla” (sent. cas. 17, feb. 22/2000, exp. 5338). (Sent. S-242, dic. 13/2001, exp. revisión 0160).

5. En suma, los recurrentes carecen de legitimación para incoar el recurso extraordinario bajo estudio, por lo que dando aplicación al inciso 4º del artículo 383 ídem, se rechazará tal libelo.

Por mérito de lo expuesto, de conformidad con los artículos 85 y 383 del Código de Procedimiento Civil, se

RESUELVE:

1. RECHAZAR la demanda de revisión presentada por Liliana Hoyos Aristizábal y Juan Carlos Valencia Arbeláez, a través de apoderada judicial, contra la sentencia proferida el 26 de septiembre último por la Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales, en el proceso que en su contra adelantó Jaime María Arbeláez Garcés.

2. Reconocer a Carmen Amparo Valencia Bustamante como apoderada judicial de los recurrentes, para los fines y en los términos del poder que le fue otorgado mediante escrito visible a folio 1 de este cuaderno.

3. Ordenar la devolución de los anexos sin necesidad de desglose.

Notifíquese.

Magistrado: Jesús Vall De Rutén Ruiz.