AUTO AC5444-2017/2017-01633 DE AGOSTO 25 DE 2017

 

Auto AC5444-2017/2017-01633 de agosto 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC5444-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2017-01633-00

Bogotá D. C., veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

Respecto de la demanda con que Rafael de los Reyes López Ricardo pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia de 14 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, dentro del proceso verbal de pertenencia promovido por Ana Esmeralda Ruiz Díaz contra Diógenes Guillermo López Pantoja, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:

1. Falta la debida aducción de los siguientes documentos invocados en la demanda:

1.1. No está el poder otorgado por el recurrente al abogado que presenta la demanda, presentado personalmente por el poderdante (art. 74 del CGP).

Si bien en el folio 32 del legajo se encuentra una copia simple de un poder, ese documento no colma los requisitos legales, de atender que tanto la demanda como sus anexos deben allegarse en original, tal como emana del artículo 89 ibídem, inciso 3º, que exige confrontar la copia de los anexos con su original.

Por demás, si bien las copias tienen el mismo valor del original en el nuevo estatuto procesal, es bajo ciertas circunstancias, que no en todas, pues la carga de allegar al proceso el original o copia autenticada de los documentos, está presente en el nuevo Código General del Proceso, que otorga a las reproducciones el mismo valor probatorio del original (art. 246), pero de todas maneras establece en el 245, inciso segundo: “Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello” (se resaltó).

Bajo esa nueva preceptiva, si los interesados tienen el original, o pueden obtenerlo, deben aportarlo, pues para excusarse de tal carga es menester que cumplan dos requisitos: a) justificar por qué no se allega el original; y b) si sólo puede arrimar la copia, se deberá indicar dónde está el original, si lo supiere. Exigencia que luce acorde con las reglas de buena fe, lealtad y economía procesales, que imponen a quien posea o pueda obtener los documentos originales, aportarlos al proceso para que sin mayores trámites puedan ser controvertidos allí mismo.

1.2. Por las mismas razones deben traerse las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y defunción, que acrediten la calidad de heredero con que pretende actuar el demandante (art. 85 del CGP), esto es, que la aducción de esos documentos cumpla con los requisitos antes mencionados, en concordancia con el artículo 110 del Decreto 1260 de 1970, según el cual los funcionarios a cargo del registro civil “podrán expedir copias y certificados de las actas y folios que reposen en sus archivos. No se podrán expedir copias de certificados. Los certificados contendrán cuando menos, los datos esenciales de toda inscripción y los de aquella de cuya prueba se trate. Tanto las copias como los certificados se expedirán en papel competente y bajo la firma del funcionario que los autoriza”.

Esto aunado al comentario en torno a los citados artículos 245 y 246 del Código General del Proceso, quiere decir que, en tratándose de documentos sobre el registro civil y demás documentos, en general, debe ser bajo la firma del funcionario encargado de llevarlo, en original o copia auténtica.

2. Está sin cumplirse el requisito formal de las causales de revisión invocadas, por falta de precisión en los hechos, porque además de hacerse una narración conjunta de “Hechos”, de manera general, sin especificar los de cada una, tampoco se exteriorizan unos fundamentos fácticos que puedan en realidad edificar dichas causales, como dispone el artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de la respectiva fuente de revisión “… y los hechos concretos que le sirven de fundamento”.

De ese modo, si se esgrimen varias formas de refutación por este sendero procesal, cada una debe tener el debido sustento fáctico que sea relacionado con ella y que pueda tener aptitud para edificarla, cosa incumplida aquí, por siguiente:

2.1. En relación con la primera, puede tipificarse cuando se encuentran “después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Sobre esa causal, la Corte ha sentado que el recurrente debe revelar cuáles son esos instrumentos anteriores pero hallados con posterioridad, con los hechos aducidos para estructurar el motivo de revisión invocado, para cuya estructuración es razonable exigencia que se trate de:

a) documentos preexistentes a la demanda genitora del proceso cuya sentencia se pide revisar o que existan por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas; b) documentos trascendentales, es decir, que habrían variado la decisión contenida en la sentencia impugnada en revisión; c) imposibilidad de aducirlos tempestivamente por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, explicando, como es obvio en qué consistió la causa extraña que impidió el aporte (CSJ SC, 17 mar. 2014, rad. 2013-02413, entre varios pronunciamientos). Subrayado del texto original.

Exigencias que de ninguna manera aparecen cumplidas en el escrito introductorio del pretendido recurso.

2.2. La novena opera cuando la sentencia cuestionada es “contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad lítem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

Respecto de esta causal tampoco está presente la concreción de los hechos que pueden edificarla, visto que se omitió enunciar por qué habría, entre el proceso anterior y el segundo, (i) identidad de pretensiones, (ii) identidad de hechos (iii) e identidad jurídica de partes, que es como se tipifica la cosa juzgada (art. 303 del CGP); ni está la narración fáctica respecto a la alegación de esa forma defensiva en el segundo proceso, ni su estudio en la sentencia cuestionada.

2.3. Acerca de la forma en que tienen que invocarse las causales de revisión en la correspondiente demanda, la Corte ha reiterado que:

... desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (Se resaltó. CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).

3. Debe precisarse la sentencia que se recurre, pues la demanda fue dirigida contra una del Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, pero según aparece en el mismo escrito y lo afirmado por el Tribunal Superior de Montería, esa decisión fue conocida en segunda instancia por tal corporación (art. 357, numeral 3º).

4. También falta el aporte de la demanda en mensaje de datos o en medio electrónico (art. 89, inciso 2º ídem).

Sobre el punto debe tenerse en cuenta que con la demanda se allegó un disco compacto (CD) con varios archivos electrónicos, pero estos son algunos del proceso en cuestión, mas no de lo requerido en norma antes citada.

5. De otra parte, para evitar irregularidades, es necesario que la parte recurrente informe qué actuaciones ha adelantado para averiguar el paradero de la demandada determinada, porque los preceptos 82, parágrafo 1º, 293 y concordantes del código nombrado, requieren la manifestación del interesado sobre desconocimiento del lugar donde puede ser notificado el demandado, para que se proceda a su emplazamiento, pero este no puede efectuarse a la ligera.

Es que como ha dicho la jurisprudencia de la Corte, debe haber un despliegue mínimo tendiente a ubicar al citado, porque a pesar de la simplificación de actuaciones para notificar personalmente o emplazar a personas en los procesos judiciales, con los cambios normativos de los últimos lustros, es necesaria cierta “diligencia, verificación y cuidado que implica aseverar que de alguien se ‘ignora la habitación y el lugar de trabajo’, pues, es claro, que a la luz de las herramientas tecnológicas que hoy en día se ofrecen, es viable localizar a un individuo no sólo con el ‘directorio telefónico’, bien en papel o digital, sino también con los ‘motores de búsqueda’ que ofrece internet”(1). En esa ocasión reiteró lo expuesto en la sentencia de 24 de octubre de 2011 (Exp. 2009-01969-00), que es aplicable con el nuevo estatuto procesal, pues,

… sabido que el artículo 30 de la Ley 794 de 8 de enero de 2003 –la cual empezó a regir a partir del mes de abril de esa anualidad– derogó el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y, entre otras connotaciones, suprimió la carga de aseverar que el sujeto a notificar no aparece en el directorio telefónico, es que, en principio, en virtud a que esa modificación normativa ya era obligante a la sazón de la petición de emplazamiento de que aquí se trata, pudiera entenderse que la ligera manifestación en ese sentido realizada por los allí demandantes no implicaría quebranto alguno de cara a la validez del trámite de intimación de tal modo surtido; empero, no puede olvidarse que la norma en comento lejos estuvo de eliminar el deber procesal específico que se desprende de la manifestación que es menester elevar en el sentido de que se ‘ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien deba ser notificado’, es decir, que, con todo, la parte litigiosa que así pide, ni más faltaba, aún soporta la exigencia de asumir las anejas cargas procesales que dicho ejercicio judicial impone, puesto que al ejercitarla surge el inaplazable e imperioso deber de constatar escrupulosa y acuciosamente lo que se afirma, a fin de efectuar dicha actuación correctamente por cuanto que sólo así se obtiene el adelantamiento de un litigio impoluto. En ese orden de ideas, los imperativos de corrección y lealtad procesales le imponen al demandante acceder a medios de información más asequibles, como puede ser, por vía de ejemplo, el listado de las personas que se encuentran en los directorios telefónicos, con miras a poder decir de manera contundente que desconocían realmente el lugar donde recibían notificaciones los demandados; por supuesto que, como ya lo pusiera de presente la Corte, no le es dado a la parte hacer valer en su favor su propia negligencia e, igualmente, que no averiguar lo que está allí evidente, es decir la ignorancia supina, es tanto como incurrir en engaño.

6. Se arrimarán copias del memorial con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).

Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:

1. Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.

2. Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para ello, so pena de rechazo.

Notifíquese.

Magistrado: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

1 Sentencia de revisión de 4 de julio de 2012, Exp. 1100102030002010-00904-00.