Auto AC6221-2016 de septiembre 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC6221-2016

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.

Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por los demandantes frente al auto de 16 de mayo de 2016, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó la concesión del de casación radicado contra la sentencia de 7 de abril del mismo año, proferida dentro del proceso ordinario promovido por Lorena María Osorio Campo, Nelson Soto Soto, Diana Carolina y Juan Camilo Soto Ocampo contra Nelson Ramírez Beltrán, Roberto Panesso Lineros y la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina Prepagada, la que llamó en garantía a la Promotora Médica Las Américas S.A., entidad que hizo lo propio frente a la Aseguradora Colseguros S.A.

Antecedentes

1. Los accionantes deprecaron se declare a los convocados civil y contractualmente responsables de los daños que padecieron con ocasión de la falla acaecida en la prestación de servicios médicos dada a Lorena María Osorio Ocampo.

Subsidiariamente pidieron se proclame que la referida responsabilidad es de tipo extracontractual.

Como prestaciones dinerarias consecuentes solicitaron se condene a los enjuiciados a pagar las siguientes cantidades, debidamente indexadas:

1.1. Para Lorena María Osorio Ocampo $ 11’827.500 como lucro cesante consolidado y $ 44’614.149 por lucro cesante futuro.

1.2. Por concepto de perjuicios morales 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes para dicha reclamante, 200 SMMLV para Nelson Soto Soto y 100 SMMLV para cada uno de los restantes demandantes.

1.3. Y por daño a la vida de relación las mismas cantidades indicadas en el numeral inmediatamente anterior (fls. 1 a 9, cdno. 1 de copias).

2. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, una vez agotadas las fases de rigor, profirió sentencia el 18 de diciembre de 2013, en la que accedió a las pretensiones, en la modalidad de responsabilidad contractual a favor de Nelson Soto Soto y en la extracontractual respecto de los demás solicitantes.

Por tanto, condenó a los encausados a pagar solidariamente las sumas de $ 37’670.736 para Lorena María Osorio Ocampo a título de lucro cesante —tanto consolidado como futuro— y $ 20’000.000 como daños morales; por este mismo concepto reconoció $ 5’000.000 para cada uno de los otros promotores.

El a quo también accedió a los llamamientos en garantía hechos en el juicio, por lo que ordenó a la Aseguradora Colseguros S.A. reconocerle a la Promotora Médica Las Américas S.A. $ 22’670.736, al paso que ésta debería hacer lo propio en cuantía de $ 83’571.346,98 a favor de Susalud Suramericana Medicina Prepagada (fls. 10 a 29, ibíd.).

3. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, al desatar las alzadas interpuestas por todos los intervinientes, el 7 de abril de 2016 revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar totalmente las súplicas de los accionantes (fls. 45 a 85).

4. Inconforme con dicha resolución los peticionarios interpusieron recurso extraordinario de casación, pero el Tribunal denegó su concesión con auto de 16 de mayo siguiente, tras considerar que ninguno tenía interés que ascendiera a 1.000 SMMLV, conforme al artículo 338 del Código General del Proceso, máxime si se trata de litisconsortes facultativos a los que debe tenérseles como litigantes independientes.

6. La última determinación fue recurrida en reposición por los reclamantes a fin de que se concediera el ataque extraordinario, tras aducir que cuando fue iniciado el proceso la cuantía para recurrir en casación ascendía a 425 SMMLV, que la prueba que generó la desestimación de las pretensiones fue practicada con el Código de Procedimiento Civil por lo que esa misma obra debe aplicarse para estudiar la viabilidad del mecanismo de defensa incoado; y que todo lo pedido en la demanda excede el equivalente a 1.000 SMMLV.

En subsidio solicitaron la expedición de copias para acudir en queja, por lo que la impugnación horizontal fue desatada de manera adversa el 5 de julio último, oportunidad en la que se ordenó la reproducción del expediente para agotar el mecanismo que ahora ocupa la atención de esta Corporación (fls. 121 a 126, ejusdem).

Consideraciones

1. Conforme al artículo 29 del estatuto procesal civil, reformado por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir de su promulgación el 12 de julio, «[c]orresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».

En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala, teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar «que a partir de la vigencia de la mentada ley, atendiendo las previsiones del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, cual fue advertido en esta providencia, la Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) Las sentencias. (…) ii) inadmisión del recurso de casación (CPC, art. 372). (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El Magistrado sustanciador. (…) i) El recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) v) el auto que resuelve la súplica (magistrado que siga en turno —CPC, art. 363—). (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil» (CSJ AC sep. 27/2010, rad. 2010-01055).

2. La naturaleza extraordinaria del recurso de casación justifica las restricciones para concederlo, toda vez que sólo es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este están involucrados los derechos personalísimos irrenunciables y no un componente económico.

Así lo resaltó la Corte en AC abril 20 de 2009, radicación 2008-01910, reiterado en AC4416-2014, al señalar

(…) sólo puede emplearse frente a ciertas y determinadas sentencias, en atención a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emitió y, por regla general, ‘al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente’ (Cfme. CPC, art. 366, modificado por la L. 592/2000).

3. Con base en tal premisa, en relación con el argumento de los reclamantes tendiente a que sea aplicado al sub lite el derogado Código de Procedimiento Civil, menester es indicar que la decisión que acá se adopta debe ajustarse a los preceptos del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, a cuyo tenor «(l)as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Así mismo porque, en concordancia con tal canon, el numeral 5º del 625 del Código General del Proceso señaló que, «(n)o obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones» (resaltado ajeno al texto).

En suma, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto tal reproche, pues una interpretación finalista así lo pone de presente.

Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación frente a la sentencia de segunda instancia fue radicado el 11 de abril del año en curso, esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse, lo que impone la desestimación del primer argumento esbozado por los convocantes.

4. Tampoco desacertó el ad quem al negar la concesión de tal mecanismo de defensa, comoquiera que la pretensión dineraria de cada uno de los demandantes no superó la barrera de 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes establecida en el inciso 1º del artículo 338 del Código General del Proceso.

Efectivamente, este precepto prevé que «(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv).

Sin embargo, de los recurrentes la que mayor pretensión económica deprecó fue Lorena María Osorio Ocampo, esto es, 300 SMMLV por perjuicios morales, otro tanto por daño a la vida de relación, $ 11’827.500 como lucro cesante consolidado y $ 44’614.149 por lucro cesante futuro, ítems que totalizan 681,86 SMMLV.

Por ende, como ninguno de los recurrentes deprecó perjuicios en cuantía superior a 1.000 SMMLV, ni siquiera se habilitaría el medio extraordinario de defensa implorado aplicando el inciso 2º del artículo 338 del Código General de Proceso, el cual regula que «Cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de éste fuere insuficiente».

5. Ahora, como lo ha indicado la Sala, por la naturaleza de la casación el interés para acceder a ella debe determinarse para la fecha en que fue proferida la sentencia impugnada, no para la de iniciación del pleito, puesto que el propósito con el que fue concebida no es el de recrear nuevamente el proceso.

Su finalidad es determinar si la sentencia dictada por el juez de instancia se ajusta o no a la ley sustancial y/o procesal, de allí que se afirme que se trata de un juicio de legalidad frente a la providencia criticada y que, por ende, en aras de concederlo debe indagarse cuál fue el perjuicio que causó al impugnante.

Así lo ha decantado la Corte al señalar:

El análisis atinente a la concesión del recurso de casación, encomendado por mandato del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil al Tribunal que con su fallo clausura las instancias del proceso, exige del ad quem la reflexionada valoración de una serie de factores dirigidos a constatar la oportunidad en la interposición, entre los que se destaca que la sentencia sea de aquellas susceptibles de impugnación por esa vía extraordinaria, y, naturalmente, que quienes la promueven cuenten con legitimidad para ello, concepto que a su vez conduce a verificar la materialización de un perjuicio irrogado con la providencia desfavorable y su estimación económica actual… (CSJ AC jul. 24/2012, rad. 2008-00023-01).

Lo anterior porque «(e)l recurso de casación, bien se sabe, no es el escenario para ensayar una nueva valoración probatoria, actividad propia de las instancias, toda vez que su objeto no es el proceso, en sí mismo considerado, como thema decidendum, sino la sentencia combatida, cual thema decisum, entre otras cosas, por obedecer a precisas causales legales y en las respectivas hipótesis normativas» (CSJ AC4251 jul. 29/2015, rad. 2012-00234-01).

En consecuencia, el interés para recurrir en casación debe calcularse para la época en que fue dictado el proveído fustigado, porque la casación está diseñada para censurar tal decisión, no el proceso.

6. Por último, tampoco es de recibo el alegato de los quejosos según el cual todas sus peticiones dinerarias alcanzan el equivalente a 1.000 SMMLV.

Si bien es cierto que la suma de todas sus súplicas supera la cantidad aludida, no lo es menos que dicha adición es improcedente para determinar la procedencia del recurso extraordinario, toda vez que los promotores conforman un litisconsorcio facultativo, eventualidad en la que sus aspiraciones económicas no pueden ser acumuladas para establecer el mencionado interés.

Lo anterior porque cuando el extremo recurrente está conformado por varias personas, es indispensable precisar si se trata de una sola relación sustancial o si son distintas acumuladas en una sola acción.

De ser lo primero el interés referido será único, por corresponder a un litisconsorcio necesario, pero si de lo segundo se trata el agravio generado con el fallo impugnado deberá individualizarse para cada convocante, por configurarse un litisconsorcio facultativo.

El presente proceso, como se anunció, se enmarca dentro de la segunda eventualidad, es decir que los peticionarios conforman un litisconsorcio facultativo, en la medida en que la relación de cada uno con el extremo demandado es independiente, al punto que pudieron haber elevado sus pretensiones de forma autónoma.

Efectivamente, sobre esta temática la Sala tiene dicho:

La concesión del recurso de casación por el fallador de segundo grado debe estar precedida de un estudio minucioso, con el fin de establecer con claridad que se reúnen los presupuestos de legitimidad e interés que contempla la ley, de tal manera que es menester determinar si quien impugna es singular o plural y, en este último caso, si conforman un litisconsorte necesario o facultativo, así como la participación de cada uno en las reclamaciones elevadas o las condenas impartidas.

La Corte, al respecto, ha señalado que ‘[e]sa cuantía en asuntos en los que se presenta pluralidad de sujetos en la parte demandante —para no extender la explicación a otros casos ajenos al asunto debatido—, supone un estudio cabal que conduzca a establecer, si de litisconsorcio facultativo activo se trata, como en este pleito, si el interés de cada actor recurrente y conformante del prenombrado litisconsorcio, alcanza el límite mínimo que la ley establece para acceder al recurso de casación. Debe recordarse al respecto que en el litisconsorcio facultativo (y en referencia solo al activo), a la pluralidad de partes corresponde también la pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, que sólo por economía procesal o por conveniencia, los sujetos activos de esas relaciones debatidas demandan en un solo proceso que puede culminar respecto de cada uno en forma diversa, de lo cual se deriva que, como lo advierte el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, ‘los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso’. Lo que significa que cada litisconsorte facultativo pudo formular su propia demanda separadamente, o reunirse con otros para formular una sola, podrá impetrar su propio recurso, incidente, en fin cualquier acto sin afectar los derechos o las obligaciones de los otros litisconsortes” (CSJ AC nov. 20/2012, rad. 2004-00197-01).

En suma, los demandantes conforman un litisconsorcio facultativo, de donde su interés para recurrir en casación no se determina sumando las pretensiones dinerarias de todos, como lo alegaron, sino de forma individual, situación que deja al descubierto que ninguno alcanzó la suma equivalente a 1.000 SMMLM.

7. Consecuentemente, los reparos de los quejosos no tienen vocación de éxito, por lo que así se declarará.

Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 7 de abril de 2016, proferida dentro del proceso ordinario promovido por Lorena María Osorio Campo, Nelson Soto Soto, Diana Carolina y Juan Camilo Soto Ocampo contra Nelson Ramírez Beltrán, Roberto Panesso Lineros y la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina Prepagada.

2. Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese.

Magistrado: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.