Auto AC6313-2016/2016-01770 de septiembre 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

AC6313-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2016-01770-00

Bogotá D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de San Gil (Santander) y Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá.

I. Antecedentes

1. Industria Nacional de Gaseosas Indega S.A., formuló demanda ejecutiva contra Nelsa Tapias Murillo y Sergio Bueno Tapias, con el fin de obtener el pago de las sumas de dinero incorporadas los pagarés Nº 3359 y 5127, que allegó como base de la ejecución. [fl. 12, cdno. 1]

2. En el libelo incoativo se manifestó que la acción se radicaba ante los Jueces de la capital, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, y se indicó que los demandados se encontraban domiciliados en San Gil, Santander. [fls. 1 y 2, cdno. 1]

3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, autoridad que mediante auto de 11 de abril de 2016, rechazó de plano la demanda por falta de competencia al considerar que el domicilio de los ejecutados era San Gil, por lo tanto, el conocimiento de las diligencias pertenecía a los despachos de esa localidad. [fl. 17, cdno. 1]

4. Al ser reasignado el proceso, su tramitación concernió al Juzgado Promiscuo municipal del referido lugar, que en auto de 19 de mayo de 2016, suscitó el presente conflicto, con fundamento en que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, tratándose de títulos ejecutivos hay concurrencia de fueros, entre la vecindad de la parte y el lugar del cumplimiento, de manera que en el caso el fallador elegido por la demandante, debía asumir la instrucción de la controversia. [fl. 19 a 20, cdno. 1]

II. Consideraciones

1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, “en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante”.

A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: “En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita” (resaltado fuera del texto).

De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie de éstos, “los títulos valores”, específicamente, es competente el juez del lugar de su cumplimiento.

Y es que si bien no se puede confundir la noción de “título ejecutivo con título valor”, pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta corporación, “todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales. (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)

En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del título valor, para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (C. de Co., art. 780 y ss.), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.

Además, la regla general de la negociabilidad o circulación del instrumento cambiario según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (art. 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.

Por su parte, como ya se indicó, el título ejecutivo es aquél que reúne los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para su cobro por vía de ejecución, esto es, un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, en el que no se requiere la concurrencia de las características antes enunciadas de un título valor, tales como su legitimación o la autonomía; además, puede contener o no obligaciones puras o simples o sujetas a condición y tiene formas diversas de negociación como la cesión (C.C., art. 1959 y ss.).

En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.

De ahí, en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario debe aplicarse la regla contenida en el numeral 3º del artículo 28 de la norma adjetiva civil, esto es el criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante el juez del domicilio del demandado o ante el del lugar del cumplimiento de la obligación.

3. El caso sub judice versa sobre el cobro de la obligación contenida en un pagaré, por lo que es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales primero y tercero.

De la revisión del título que dio origen a la ejecución, se encuentra que las partes no pactaron algún lugar para el cumplimiento el pago de las sumas incorporadas en los cartulares, por lo que no se podía hacer uso de la segunda alternativa dispuesta por el legislador. [fl. 5].

Ahora bien, el domicilio de la parte demandada, según se indicó en la demanda, corresponde al municipio de San Gil, Santander.

De ahí, que aunque la sociedad demandante decidió presentar su demanda ante el Juez Civil Municipal de Bogotá, tal elección no puede atenderse, como quiera que no se acreditó, ni existe alguna evidencia que esta ciudad sea el lugar de cumplimiento de la obligación, ni tampoco corresponda al domicilio de los demandados.

En ese orden, si en este caso no se puede acoger la opción ejercida por el actor, y como únicamente se conoce que el sitio de vecindad de la parte ejecutada es San Gil, se asignara la competencia al funcionario de esa localidad.

4. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil, Santander, de lo cual se dará aviso al juez que inicialmente conoció del asunto y a la demandante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de San Gil, Santander, es el competente para asumir el conocimiento del proceso ejecutivo de la referencia.

2. Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.

3. Comunicar esta decisión al Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, y la demandante.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.