Auto AC6657-2014 de octubre 29 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC6657-2014

Radicación: 19001-31-03-006-2005-00122-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Aprobado en Sala de siete de octubre de dos mil catorce

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Se decide sobre la admisión de la demanda presentada por Raúl Enrique Varona Hurtado, Sixta Tulia López de Varona, Marlene Castro Becerra y Nicole Varona Castro, padres y compañera permanente e hija del causante Pablo Enrique Varona López, para sustentar el recurso de casación que interpusieron, respecto de la sentencia de 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes, y Raúl Alfredo, María Eugenia, Guillermo Darío, Regina de Belén, Nubia Rosa y María Claudia Varona Hurtado, hermanos del interfecto, contra Expreso Bolivariano S.A. y Leasing del Valle S.A., Compañía de Financiamiento Comercial, con llamamiento en garantía de la Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada Entidad Cooperativa.

I. Antecedentes

1.1. Los demandantes, a raíz de la muerte, en accidente de tránsito de Pablo Enrique Varona López, cada uno en las calidades dichas, solicitaron se declarara a los convocados civilmente responsables de los perjuicios causados y como consecuencia se impusieran las condenas respectivas.

1.2. Tramitado el proceso, con oposición del extremo pasivo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito Adjunto de Popayán, mediante sentencia de 20 de abril de 2012, negó las pretensiones de Marlene Castro Becerra y de la menor Nicole Varona Castro, al encontrar que estas, en virtud de una transacción, habían recibido de la Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada Entidad Cooperativa, el “(...) pago total y único (...)” de la indemnización.

Igualmente, las reclamaciones elevadas por los demás demandantes, ante la ausencia de prueba de los daños ocasionados.

1.3. El tribunal, al resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora, confirmó lo resuelto respecto de los padres, hermanos, compañera e hija del accidentado, salvo el punto de los daños morales, el cual revocó.

1.3.1. En cuanto a estas últimas, porque efectivamente Marlene Castro Becerra, al momento de recibir el pago de los perjuicios irrogados, “(...) en su nombre y el de su hija (...)”, asumió el compromiso de no demandar y declaró a paz y salvo a la aseguradora, a la empresa de transporte, al propietario del vehículo y a su conductor.

Si bien la citada negó haber declarado a paz y salvo a los contendientes y no demandarlos, el hecho resultó confirmado por el testigo Asdrúbal Torres Triana, empleado del fondo de contingencias de Expreso Bolivariano.

En su actuación, entre otros documentos, aparece un escrito dirigido a la compañía de seguros, donde dice que obraba en “(...) calidad de compañera permanente y en representación de nuestra hija Nicole Varona Castro (...)”.

Además, su apoderada judicial, al contestar las excepciones, “(...) aceptó, confesó, haber recibido la (...) indemnización por la muerte de Pablo Enrique Varona, compañero y padre de su hija (...)”.

En ese orden, la “(...) demandante sí recibió una suma de dinero en su nombre y en el de su hija, y especialmente, porque está probado que certificó estar a paz y salvo y por ese concepto y además asumió el compromiso de no demandar por ese mismo hecho”.

Y la alegada inexistencia de la transacción, en cuanto la madre de la menor no podía disponer de los derechos de su hija, no es de recibo, puesto que nadie puede resultar beneficiado de su propio dolo o fraude. Fuera de esto, en ejercicio de la patria potestad, salvo para enajenar o gravar inmuebles, los padres se encuentran facultados para actuar y representar a sus hijos menores.

1.3.2. Con relación a los daños materiales reclamados por los progenitores y hermanos del de cujus, porque los argumentos expuestos para negarlos eran acertados.

1.3.3. Respecto de los perjuicios morales, condenó a la empresa transportadora a pagar a los ascendientes y a los hermanos del causante, a cada uno, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, para los primeros 15 y para los segundos 8, debido a que siendo familiares cercanos, se presumen, en tanto el monto corresponde al arbitrio iudicis.

1.4. Concedido el recurso de casación contra lo así decidido, en la demanda presentada para sustentarlo un único cargo fue propuesto, encauzado por violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho cometido en la apreciación del recibo de finiquito y del escrito de reclamación del seguro.

1.4.1. El documento de pago, representativo de la transacción, porque según el sentenciador, involucraba a la menor Nicole Varona Castro, cuando en ninguna parte de su contenido, quien lo suscribe, Marlene Castro Becerra, hizo alusión a su hija, simplemente intervino a título personal, en nombre propio, y como beneficiaria del contrato de seguro de accidente de pasajeros.

1.4.2. La solicitud de reclamación, dado que la voluntad allí expresada por Marlene Castro Becerra, hacía relación a los perjuicios causados por la muerte de Pablo Enrique Varona López, su compañero permanente. No obstante, el juzgador entendió que contenía “(...) en sí misma una solicitud de transacción (...)”.

1.4.3. Según los recurrentes, el error consistió en atribuir al recibo de finiquito alcances contra la menor citada, cuando no los tiene, pues no la menciona, y es indebido integrarlo al memorial de reclamación.

Esto, porque “(...) ambos documentos tienen origen en situaciones diferentes, como lo son la responsabilidad contractual originada en el incumplimiento del contrato de transporte con la consecuente muerte de Pablo E. Varona, y por otro lado, la responsabilidad extracontractual con génesis en este mismo hecho, es decir, la muerte del mencionado señor, pero con unos rubros distintos a indemnizar”.

Así, dicen, el “proceso que nos ocupa es (...) de responsabilidad extracontractual”, mientras el dinero recibido por la madre de la menor “(...) nunca lo fue en relación a una responsabilidad civil extracontractual”.

En ese orden, afirman, no se podía concluir en la existencia de una transacción, toda vez que el pago realizado “(...) no priva los derechos que en el presente proceso se persigue”. Menos, ver en ese documento la “(...) participación de la menor Nicole Varona (...)”, y entender que Marlene Castro Becerra “(...) renunció a la reclamación total de los perjuicios (...)”.

1.5. Siendo ese, en lo esencial, el contenido del ataque, se procede a examinar su idoneidad formal.

2. Consideraciones

2.1. En la posición de la parte recurrente, el pago realizado por la compañía de seguros, derivada de la muerte de Pablo Enrique Varona López, tuvo su origen en el incumplimiento de un contrato de transporte de pasajeros.

Lo anterior explica el motivo por el cual sostiene, en términos generales, que la transacción reconocida por el tribunal, incluyendo sus consecuencias, verbi gratia, extenderla, así sea de manera equivocada, a la menor Nicole Varona Castro, no aplicaba en el sub judice, por tratarse de un litigio de índole extracontractual.

Significa lo expuesto, en la lógica del cargo, si la actuación de la señora Marlene Castro Becerra, inclusive como representante o no de su menor hija, se entroncaba con una controversia de carácter convencional, a lo cual apunta, precisamente, el recibo de finiquito y la carta de reclamación del seguro, surge diáfano, las razones que llevaron al juzgador de segundo grado para dar al traste con las pretensiones, necesariamente tuvieron que ser otras.

Por ejemplo, no obstante entender al comienzo que el pleito involucraba una responsabilidad extracontractual, opuso, con efectos enervantes, hechos de carácter volitivo. En esencia, una transacción que aunque en el contorno efectuada por la madre de la menor Nicole Varona Castro, fuera inoponible a esta, y vinculante únicamente en el plano contractual, en todo caso, se considera inexistente en aquel otro ámbito.

2.2. En lo formal, para recibir a trámite una demanda de casación, se necesita, entre otras exigencias, que la censura se haya formulado de manera precisa (CPC, art. 374, num. 3º), requisito que como tiene sentado esta corporación, se relaciona con la simetría o con la plenitud del ataque(1).

Esto, porque si la acusación, en su conjunto, es desenfocada o incompleta, la Corte no tendría que entrar a realizar ningún análisis de fondo, pues en general, los argumentos basilares desviados o soslayados le seguirían prestando base firme a la sentencia.

Al fin de cuentas, al decir de la Sala, “(...) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”(2).

2.3. En el caso, acorde con la censura, el dinero recibido por la madre de la menor, en nombre propio y en representación o no de su hija, “(...) nunca lo fue en relación a una responsabilidad civil extracontractual”.

El embate, entonces, desde la perspectiva de la propia parte recurrente, resulta asimétrico, porque si el pago en cuestión se originó en el incumplimiento del contrato de transporte, el problema, en el campo extracontractual, no sería de apreciación del documento de finiquito y de la reclamación del seguro, así inclusive se aceptara, en el plano convencional, su oponibilidad respecto de Marlene Castro Becerra y no de la menor Nicole Varona Castro.

Si el tribunal, por lo tanto, aplicó unos hechos contractuales para negar la responsabilidad demandada, esas resultan ser las reales razones de la decisión. Pero como en el cargo ningún error distinto a la valoración fáctica de los aludidos documentos se propone, el ataque no se aviene a los requisitos formales. Y el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación, desde luego, no autoriza actuaciones oficiosas, bien para llenar vacíos, ya para recrear acusaciones deficientes.

2.4. Así las cosas, no queda otro camino que inadmitir la demanda y proceder de conformidad.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación de que se trata. Consecuentemente, ordena devolver el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese.

Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruiz, en comisión de servicios—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez, ausencia justificada—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Cfr. Auto 34 de 12 de marzo de 2008, expediente 271, reiterando doctrina anterior.

2 Auto de 26 de abril de 2011, expediente 354.