Auto AC7156 -2014 de noviembre 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-015-2007-00593-01

Magistrado Ponente :

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

AC7156-2014

(Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. En lo formal, para recibir a trámite una demanda de casación, se necesita, entre otras exigencias, que las acusaciones se hayan formulado de manera precisa (CPC, art. 374, num. 3º).

Requisito que, como tiene sentado esta corporación, se relaciona con la simetría o con la plenitud del ataque(1), y acorde con el inciso final del mismo precepto, con la demostración de los errores, predicable de “(...) todas las causales señaladas en el artículo 368 del C. de C. P (...)”(2).

2.1.1. Lo primero, por cuanto si la censura, en su conjunto, es desenfocada o incompleta, la Corte no tendría que entrar a estudiar el mérito del discurso impugnativo, pues en general, los argumentos basilares desviados o soslayados le seguirían prestando base firme a la decisión.

Al fin de cuentas, al decir de la Sala, “(...) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”(3).

2.1.2. Lo segundo, porque en casación no basta identificar las falencias cometidas, sino mostrar su trascendencia, esto es, según esta misma Corte, poner de “(...) presente cómo se proyectó en la decisión”(4).

2.2. En el caso, la declaración de prescripción adquisitiva del dominio, en el porcentaje solicitado, para el tribunal, resultaba inatendible por dos razones excluyentes, cada una, por lo tanto, con suficiente poder.

De una parte, así estuviere radicado la totalidad del dominio en cabeza de Edilberto de Jesús Rodríguez Aranguren, la explotación económica del predio, en vida de éste, conjuntamente con Jorge Alirio Rodríguez Aranguren, el actor, se hacía en función de una sociedad de hecho.

Y de otra, el interpelado alegó posesión exclusiva y absoluta, pero a su vez aceptó que convivió en el edificio con su pariente y madre, lo cual llevaba a colegir que “(...) por lo menos hasta el mes de octubre de 2004 (...), no desconoció el señorío que sobre el inmueble en disputa ostentara su hermano (...)”. Por esto, dijo, poco ayudaban las versiones de los “(...) múltiples testigos (...)” y las “(...) demás probanzas (...)” apreciadas en primera instancia.

2.3. En el contexto de la impugnación, el recurrente controvierte la sociedad comercial de hecho, pues aunque la acepta, la desliga del inmueble pretendido, en cuanto sobre el mismo existía un “(...) negocio especial y diferente (...)”, en concreto, un pacto en donde cada consanguíneo se consideraba propietario del 50%.

2.4. Igual cosa, en cambio, no sucede con la otra conclusión basilar. Nadie discute el esfuerzo conjunto de los hermanos Rodríguez Aranguren, respecto de la construcción, conservación, adecuación, vivienda y explotación del edificio, sólo que para el ad quem, las actuaciones del demandante, respecto del titular de toda la propiedad, constituían reconocimiento de dominio ajeno.

Los cargos, empero, se quedan en esos aspectos pacíficos, razón por la cual puede decirse que sobre el particular, en casación, stricto sensu, se echa de menos una acusación propiamente dicha. Ninguno, en efecto, señala esos hechos como ejecutados por el pretensor en forma exclusiva y con repulsión de quien figuraba dueño.

En los términos del libelo, que el fallecido se había desprendido del ánimo de señor y dueño de la mitad del inmueble. Se recaban, por el contrario, producto de un acuerdo, pacto o negocio “(…) especial y diferente (…)”, donde cada hermano se consideraba propietario del 50%.

2.5. Ahora bien, si se acepta que lo ejecutado por los consanguíneos alrededor del bien raíz se hacía en función de una voluntad sui generis y no de la sociedad de facto, los cargos no se demuestran. Simplemente describen el convenio, pero no explican cómo éste había sido determinante para declarar la pertenencia.

Diciéndose desde el escrito incoativo que el otrora lote, hoy con el edificio, fue adquirido proindiviso por los dichos hermanos y en tal condición lo venían ostentando, sólo que el actor no figuró en la compraventa, pues “(...) para la época no portaba libreta militar (...)”, la Corte desconoce el motivo por el cual en casación debe considerársele poseedor material, siendo en realidad propietario de la mitad, por la interpuesta persona de su pariente fallecido, según la tipología jurídica predicable (simulación subjetiva, mandato oculto con o sin representación, en fin).

2.6. En consecuencia, la falta de plenitud del ataque y la ausencia de demostración, son defectos de la demanda de casación que conllevan a su inadmisión.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso extraordinario de que se trata. Consecuentemente, ordena devolver el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese».

(1) Cfr. Auto 34 de 12 de marzo de 2008, expediente 271, reiterando doctrina anterior.

(2) Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 1996-8690; reiterado en autos de 18 de noviembre de 2011, expediente 462, y de 28 de octubre de 2013, expediente 131.

(3) Auto de 26 de abril de 2011, expediente 354.

(4) Vid. Auto de 18 de noviembre de 2009, expediente 35.