Auto AC7245-2016/2016-02866 de octubre 25 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

AC7245-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2016-02866-00

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.

Se decide lo que corresponda frente a la demanda presentada por Luz Jinneth Páez Reyes, Néstor Felipe Acuña Páez y Rosalbina Reyes de Páez, contra Rosangel Vera Morales y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta responsabilidad civil extracontractual derivada del fallecimiento de Jhon Anderson Firacative Páez.

Consideraciones

1. Promueven los actores un proceso declarativo para que se condene a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia y a uno de sus agentes diplomáticos, al pago del lucro cesante, daño moral y perjuicios a la vida de relación, causados por el fallecimiento de uno de sus familiares en el accidente de tránsito ocurrido el 1º de noviembre de 2014 y en el que intervino un vehículo que era de propiedad de la citada embajada.

2. De forma previa a dar impulso a la actuación, es menester verificar si la Corte tiene jurisdicción para conocer del asunto, en tanto se pretende la vinculación de un gobierno extranjero y de uno de sus representantes reconocidos en Colombia, a pesar de existir un régimen especial de inmunidades diplomáticas.

2.1. Sobre el punto, el numeral 6 del artículo 30 del Código General del Proceso dispone que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de conocer “[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional” (negrita fuera de texto).

Luego, este órgano de cierre puede asumir el conocimiento de controversias civiles, comerciales y agrarias en las que se pretenda la intervención de una nación foránea o de uno de sus agentes, siempre que así lo permitan los instrumentos internacionales suscritos por Colombia o sea admito conforme a la costumbre internacional.

En el caso de los agentes diplomáticos(1) resulta aplicable la “Convención sobre Relaciones Diplomáticas” de la Organización de las Naciones Unidas, firmada en Viena el 18 de abril de 1961, aprobada en nuestro país por la ley 6ª de 1972 y en vigor desde el 5 de abril de 1973, en cuyo numeral 1 del artículo 31 establece:

El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata: a) de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático lo posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c) de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales (negrita fuera del texto).

De acuerdo con lo anterior, es claro que la Corte tiene circunscritas sus atribuciones a los asuntos relativos a derechos reales, sucesorales y propios de actividades profesionales o comerciales de los delegados foráneos, sin que pueda conocer de otros, pues carece de jurisdicción para ello, como sucede precisamente con temas de responsabilidad civil extracontractual.

En cuanto se refiere a los estados, es admitida la existencia de una costumbre internacional que impide que cualquiera de ellos pueda ser sometido a la justicia de otro, pues de ser así estaría en entredicho su soberanía, al suponer una especie de sometimiento entre ellos.

Tal prohibición ha sido recogida en la máxima “par in parem non habet imperium(2), esto es, los iguales no tienen autoridad sobre los otros, con lo cual se evita que un estado se abrogue la facultad de intervenir en las decisiones de sus pares o busque limitar las actuaciones que puedan realizar en el concierto internacional.

Sobre la hermenéutica de estas reglas, la jurisprudencia patria tiene por admitido que se consagró una inmunidad jurisdiccional, la cual impide a los jueces locales conocer o juzgar los actos de estado (iure imperii) de otras naciones o de sus diplomáticos. Y es que los países deben actuar con autonomía en sus decisiones, aunque lo hagan dentro del territorio de otro, excluyéndose cualquier forma de injerencia a través del control judicial.

Por ejemplo, la Corte en providencia de 23 de septiembre de 2002 puntualizó que “…la Embajada de Ecuador goza de inmunidad de jurisdicción y en virtud de ello no la tiene la Corte para conocer del… asunto, por lo que, precisamente por falta de jurisdicción debe rechazarse la… demanda, en los términos del artículo 85 código de procedimiento civil” (AC, rad. 2002-00175-01).

El 26 de octubre de 2009 dijo:

Por cuanto el caso aquí planteado no se amolda a ninguna de las tres excepciones mencionadas [se refiere al numeral 1 del artículo 31 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas], es claro que en virtud de la inmunidad diplomática que cobija a la Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, según la citada regla de derecho internacional, carece la Corte de jurisdicción para juzgarla (AC, rad. 2009-01781-00).

Igual tesis se encuentra en el auto de 12 de enero de 2012:

Dado que la providencia atacada rechazó el libelo porque ‘el asunto al que se contrae (…) no encaja en ninguna de las tres excepciones anotadas’ comportando falta de ‘jurisdicción’, se impone señalar que en razón de la inmunidad diplomática que cobija al Estado accionado, de acuerdo con la citada regla de derecho internacional, tal demanda se debe rechazar, habida cuenta que la promovida no corresponde a una acción real, ni sucesoria, como tampoco referida a una ‘actividad profesional o comercial’ ejercida por ‘agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales’; y según lo acabado de exponer, los referidos tres eventos son los únicos que exceptúan la inmunidad jurisdiccional que ampara a los aludidos agentes (AC, rad. 2011-02466-00)

La misma ratio decidendi está contenida en la providencia de 8 de marzo de 2013:

Al citar como parte a la Embajada Americana en Colombia, lo que quiere decir es que la litis se pretende trabar directamente con los Estados Unidos de Norteamérica, razón por la cual no existe competencia funcional, en atención a la inmunidad jurisdiccional de que goza dicho país…

Por lo tanto, no se admitirá el escrito introductor por la inmunidad judicial de que es titular Estados Unidos de Norteamérica. (AC, rad. 2013-00256-00).

Empero de lo expuesto y amén de la evolución del derecho internacional, se ha admitido un caso adicional para que los países puedan conocer de asuntos en que se vincula a otro estado o a uno de sus diplomáticos, consistente en la renuncia voluntaria que el interesado haga de su fuero y, como consecuencia de ella, el sometimiento a la justicia nacional.

Y es que en virtud de la autonomía de la voluntad se puede declinar la protección derivada de la exención jurisdiccional, con el objeto de promover una acción civil, o para atender una demanda en la que se pretenda su vinculación.

Claro está, para que la renuncia produzca plenos efectos jurídicos, debe satisfacer los requisitos que se precisan a renglón seguido:

(a) Estar referida a un acto “iure gestionis”, valga decirlo, a una actuación en la que el estado se comporta como un particular. No puede juzgarse, de ninguna manera, los actos de estado, ya que su único control es el interno de cada país; y

(b) Requiere ser expresa, en tanto supone la inaplicación de una prerrogativa estatal que constituye uno de los pilares del derecho internacional público. Excepcionalmente se admite la renuncia tácita, como cuando el estado o el agente diplomático actúan como demandantes, siempre que no adviertan sobre su inmunidad.

Estos requerimientos se encuentran reconocidos en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 32 prescribe:

1. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al Artículo 37.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa.

3. Si un agente diplomático o una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia (negrita fuera de texto).

Regla semejante está consagrada en la “Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes”(3), a saber:

ART. 7º—Consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción.

1. Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relación con una cuestión o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión o ese asunto: a) por acuerdo internacional; b) en un contrato escrito; o c) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso determinado (…)

ART. 8º—Efecto de la participación en un proceso ante un tribunal.

1. Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso ante un tribunal de otro Estado: a) si él mismo ha incoado ese proceso; o b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro acto en relación con el fondo. No obstante, el Estado, si prueba ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de hechos en que pueda fundarse una demanda de inmunidad hasta después de haber realizado aquel acto, podrá hacer valer la inmunidad basándose en esos hechos, con tal de que lo haga sin dilación.

2. No se entenderá que un Estado ha consentido en que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdicción si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto de: a) hacer valer la inmunidad; o b) hacer valer un derecho o interés sobre bienes objeto de litigio en el proceso (…) (negrita fuera de texto).

Esta Corte reconoció la posibilidad de la renuncia a la inmunidad, como se advierte en decisión de 28 de julio de 2011, en los siguientes términos:

(…) si la inmunidad de jurisdicción se torna relativa en tratándose de actos “iure gestionis”, por no obedecer al cumplimiento de funciones de carácter estrictamente oficial, debe entenderse que, en tratándose del juzgamiento de ese tipo de actos es posible la renuncia de la inmunidad, pues el sometimiento de los miembros del cuerpo diplomático a los jueces nacionales, por efectos prácticos y para materializar el principio de eficacia de los derechos, no entrañaría un irrespeto a la soberanía extranjera, ni podría generar un conflicto político entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por el contrario, con tal medida se abona terreno para lograr la realización del derecho sustancial, de manera pronta y con respeto a las formalidades adjetivas internas, cuestión que, por demás, garantiza de mejor manera las posibilidades de contradicción y defensa para el demandado.

De hecho, el numeral 3º del artículo 32 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece que “si un agente diplomático o una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal”, de donde se infiere que en aquellos casos en que la inmunidad no es absoluta, tal prerrogativa puede ser declinada por su titular con el fin de ejercer las acciones que considere pertinentes en el Estado receptor, sin que luego le sea admisible valerse de la inmunidad para repeler la contrademanda que le puedan llegar a formular (AC, rad. 2011-00521-00).

Este antecedente fue reiterado en providencia de 23 de marzo del año siguiente:

A partir de la Segunda Guerra Mundial y en razón del incremento de las relaciones comerciales y económicas a nivel global, comenzó a perfilarse un régimen de inmunidad restringida por cuya virtud la norma de derecho internacional general o consuetudinario siguió siendo la de la inmunidad de jurisdicción; pero se admitieron casos en los cuales ésta no es observada y los Estados extranjeros quedan en la misma situación de los particulares y como tales pueden ser juzgados.

La piedra de toque de esa excepción y, por lo tanto, del régimen general de inmunidades en el sistema de derecho internacional público, la constituye la distinción entre las especies de actos que realizan los Estados: cuando actúan como Estado soberano (acta iure imperio), y cuando obran como particulares (acta iure gestionis).

La primera clase de actos sigue cobijada por el sistema de inmunidad jurisdiccional absoluta, en tanto que la segunda implica excepciones taxativas a dicha inmunidad, con la consecuencia de que el Estado del foro puede ejercer en estos últimos casos jurisdicción sobre el Estado extranjero sin violar por ello el derecho internacional.

Según las normas del derecho internacional, los Estados pueden invocar o renunciar a su inmunidad, la cual ha de ser o bien expresa, ora tácita, como cuando el Estado comparece en juicio ante los tribunales del Estado del foro.

(…).

Todo lo anterior no es más que el reflejo del sometimiento del Estado extranjero a la jurisdicción del Estado del foro, cuando el primero ha renunciado a su inmunidad por ser sujeto de la relación jurídica que es materia del litigio, sea como demandante o como demandado (AC, rad. 2011-00521-00).

Recientemente se volvió sobre la materia, al resolverse la acción de tutela promovida por la República Árabe de Egipto en Colombia contra la negativa judicial de tramitar una demanda por ella promovida. Dijo la Sala:

En criterio de esta Sala de Casación Civil las inmunidades jurisdiccionales otorgadas a las sedes extranjeras de otro país no pueden ser absolutas (…).

De esa manera, el mencionado privilegio puede ser declinado por el titular del Estado acreditante cuando éste decide ejercer las acciones que considere pertinentes en el país receptor, como en este caso ocurre, sin resultarle luego admisible valerse de la inmunidad para atacar la contrademanda que le puedan llegar a formular (STC004, 13 en. 2016, rad. 2015-02659-00).

Corolario de lo expuesto es que, por regla general, este órgano de cierre no podrá adelantar causas en que se vinculen a estados o agentes diplomáticos, salvo que:

(a) en los procesos los aforados hayan renunciado de forma expresa a su inmunidad, a través de instrumentos internacionales, contratos o manifestaciones de voluntad realizadas en los respectivos procesos;

(b) las actuaciones sean impulsadas por los estados o agentes diplomáticos, en calidad de demandantes o intervinientes, al evidenciarse de dicho comportamiento una renuncia tácita a su exención; y

(c) los asuntos en litigio estén vinculados a derechos reales, aspectos sucesorales o controversias en desarrollo de actividades comerciales o profesionales.

3. La inmunidad así consagrada, adquiere la condición de límite al acceso a la administración de justicia para los nacionales colombianos, pues los reclamos que no se subsuman dentro de los casos de excepción no podrán ser ventilados frente a jueces locales, sino que deberán promoverse en el país extranjero, con los costos que ello supondría, así como el sometimiento a un régimen normativo diferente.

Ante esta situación, corresponderá al estado colombiano reparar a las víctimas por el daño antijurídico derivado del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, pues estas erogaciones se generan del hecho de admitir la inmunidad diplomática, lo cual es imputable a una decisión soberana de nuestro país. La Corte Constitucional al analizar el punto subrayó:

(…) la Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (C.P. art. 90) (C-315/2004).

La Sala ya ha puesto de presente esta posibilidad, en decisiones de 25 de agosto de 1998 (exp. IJ-001), 20 de enero de 1999 (exp. 7434), 23 de septiembre de 2002 (rad. 2002-00175-01), 26 de octubre de 2009 (rad. 2009-01781-00), entre otras.

El Consejo de Estado también ha remarcado esta posibilidad, al sostener:

(…) de cara la imputación del daño cuya indemnización pretende la parte actora, se observa que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha admitido que aquélla se atribuya a cargo de la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores, en la medida en que la imposibilidad de reclamar el pago de ciertas indemnizaciones que en derecho le incumbiría sufragar a los cuerpos y agentes diplomáticos presentes en el territorio nacional, implica un rompimiento en las cargas públicas que los ciudadanos deben soportar en condiciones de igualdad, lo que a su vez es producto de una actividad legal del Estado, como lo es el desarrollo de las relaciones internacionales (negrita original, CE, Sección 3ª, 9 ago. 2016, rad. 2002-01720-01).

4. Aplicadas las anteriores consideraciones al caso, se tiene que la Corte debe rechazar la demanda interpuesta, por cuanto los accionados están cobijados por un régimen de inmunidad jurisdiccional y no se acreditó la renuncia a la misma.

4.1. En efecto, el líbelo introductorio convoca al proceso a la “Honorable Embajada de la República Bolivariana de Venezuela” y a “Rosangel Vera Morales… en calidad de… diplomática como segundo secretario de la Embajada” (fl. 32).

La embajada no es un sujeto diferente a la República Bolivariana de Venezuela, pues constituye su representante en otra nación, por lo que la acción dirigida contra aquélla equivale a accionar contra la república hermana, por lo que se encuentra cobijada por el fuero jurisdiccional.

Otro tanto sucede con la señora Rosangel Vera Morales, quien es citada en su condición de agente diplomático, en prueba de lo cual se allega copia del pasaporte (fls. 25-27), carné del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 28-29) y la visa (fl. 30).

Frente a esta situación, la Sala únicamente tendría jurisdicción en caso que se hubiera acreditado alguno de los supuestos de excepción para la inoperancia de la inmunidad, lo cual se echa de menos en el caso.

Justamente, no hay evidencia en el plenario que la República Bolivariana de Venezuela o la señora Veras Morales, hubieran renunciado expresamente a su privilegio; tampoco fungen como demandantes, por lo que no es dable presumir el abandono tácito de su fuero; y no se trata de un asunto en que se discutan temáticas sobre derechos reales, aspectos sucesorales o el ejercicio de actividades comerciales o profesionales.

Por lo anterior, se concluye que la Corte carece de jurisdicción para conocer de la acción promovida por Luz Jinneth Páez Reyes, Néstor Felipe Acuña Páez y Rosalbina Reyes de Páez, por lo que deberá rechazarse la demanda presentada el 28 de septiembre de 2016.

En todo caso, se pone de presente a los promotores que, conforme a la jurisprudencia vigente sobre la materia, podrán accionar contra el estado colombiano por el daño antijurídico derivado de la ausencia de jurisdicción para conocer del caso, por la inmunidad diplomática existente.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. RECHAZAR la demanda a que se hace mención en la parte considerativa por carecer de jurisdicción, en virtud del fuero de que son beneficiarios los demandados.

2. RECONOCER personería al abogado Carlos Fernando Gómez Buitrago como apoderado judicial de los demandantes, en los términos del poder que reposa a folios 1-2.

3. Por secretaria dese cumplimiento al artículo 90 del Código General del Proceso.

Notifíquese.

Magistrado: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

1 Por agente diplomático se entiende todas las personas designadas en tal condición por un Estado, siempre que el receptor acepte dicha calidad, lo cual incluye no sólo al jefe de la misión, sino a todos los miembros oficiales que lo acompañan (CSJ, AC, 19 dic. 2013, rad. 2013-02947-00).

2 Dinstein, Y. (1966) Par in Parem non Habet Imperium. En Israel Law Review, 1(3), pp. 407–420.

3 La Convención fue aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 30 de noviembre de 2004 y abierta a firmas el 17 de enero del año siguiente. No ha sido aprobada por el estado colombiano; sin embargo, por recoger la costumbre internacional sobre la materia, es posible utilizarla como ejemplificación de los estándares aceptados universalmente (C. Const., T-462/2015).