Auto AC7259-2016/2016-02385 de octubre 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001 02 03 000 2016 02385 00

Magistrada ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá D.C., veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

Procede la Corte a dirimir el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Noveno de Familia de Oralidad de Bogotá y Primero de Familia de Villavicencio, respecto del conocimiento del proceso promovido por Inés Esguerra Mota contra Miriam, Orlando, Gustavo y Manuel Salcedo Carvajal, y los demás herederos indeterminados Manuel Antonio Salcedo Salcedo.

I ANTECEDENTES 

1. La demandante, a través de apoderado constituido para el efecto, instauró demanda en contra de los referidos asignatarios del causante, con quien dijo haber convivido desde el 1° de junio de 1996 hasta su muerte, el 4 de octubre de 2015, como compañeros permanentes.

2. Pretende la declaratoria de la existencia de dicha unión marital y de la subsecuente sociedad patrimonial.

3. El libelo se dirigió a los jueces de familia de esta, puesto que, según se aseveró, aquí siempre tuvieron su domicilio.

4.- Dicho escrito le fue repartido al Juzgado Noveno de la mentada especialidad, pero éste rehusó conocer del asunto en auto 18 de diciembre de 2015 y dispuso remitirlo a los falladores de la capital del Meta porque allí reside el único de los convocados determinados que permanece en el país.

5. El asunto le correspondió al Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, quien planteó la colisión en proveído de 10 de mayo de 2016, pues la actora escogió el criterio del domicilio común, que ella todavía conserva y que también se aplica en estos casos.

II CONSIDERACIONES 

1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Bogotá y Villavicencio, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo señala el artículo 16 de la ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia, reformado como quedó por el artículo 7º de la ley 1285 de 2009.

2. En todos aquellos asuntos tocantes con la resolución de conflictos, en donde corresponda valorar la competencia del funcionario emplazado para tales efectos, habida cuenta que atañen al orden público de la Nación, inexorablemente deben observarse las directrices que la ley ha dispuesto sobre el particular, pues, sin duda alguna, temas de esas características devienen reservados exclusivamente a la normatividad pertinente (Artículo 6º C.P.C.).

3. El tema que ocupa a la Corte, refiere a la declaratoria de la unión marital y su consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, hipótesis ésta que, eventualmente, sólo sería regulada por la regla general del fuero territorial, es decir, el domicilio de la parte demandada como así lo gobierna, expresamente, el numeral 1º del referido artículo 23 del C.P.C., y, a partir de tal análisis, el primero de los jueces tendría razón al declinar la competencia, con mayor razón si el texto del numeral 4º no alude a las uniones maritales entre compañeros permanentes ni a las sociedades patrimoniales que allí surgen.

No obstante, en muchas oportunidades, ya a través de decisiones de Sala ora de ponente (Ley 1395 de 2010), la Corte ha considerado que el numeral 4º del artículo 23 del C. de P.C. regula situaciones como ésta, habida cuenta que el supuesto fáctico deviene similar.

Así lo ha expuesto la Corporación:

(…) ‘evidente semejanza existente entre la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal, tanto en su regulación sustancial como en todo aquello que concierne a los procedimientos judiciales que con fines declarativos o apenas partitivos, deben observarse en uno y otro caso’, es dable aplicar analógicamente la regla que establece la competencia concurrente del juez del domicilio común anterior de la pareja, si el demandante lo conserva, con el del domicilio del demandado (auto de 23 de mayo de 2005, Exp. 2005-00249-00).

Más recientemente se volvió a explicar:

De acuerdo con lo anterior, en los procesos en que se pretenda la declaración de la unión marital de hecho, o la liquidación y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el demandante tiene la potestad de presentar la demanda en el domicilio del demandado o en el común anterior, siempre que aún lo conserve, y una vez incoada la demanda el juez no puede declinar la competencia con el argumento de que existe otro fuero, toda vez que la competencia se convierte en privativa luego de que quien tenía la atribución de escoger entre esas opciones (el demandante), se inclinó por una de ellas (4 de julio de 2013, Exp. 2013-00552-00; reiterado AC363-2014).

4. En el sub-júdice, la promotora incoó el libelo ante los jueces de esta capital, bajo la idea de que acá convivió con su compañero hasta que éste falleció, al sostener que: “desde el inicio de la unión marital de hecho y hasta la muerte de Manuel Antonio Salcedo Salcedo (Q.E.P.D.) el domicilio de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial fue la ciudad de Bogotá” (f. 31, c. ppal). En la demanda también manifestó que ella conserva este domicilio y en el poder recalcó esa indicación (fs. 1 y 33, ibídem).

Bajo esa perspectiva, de manera evidente, como la gestora mantiene el que fuera el común de los compañeros permanentes, se satisface la hipótesis del numeral 4º del mentado artículo 23, que le brinda la potestad de optar por este lugar para impulsar la actuación. Entonces, como así lo hizo, el operador judicial no puede apartarse de esa selección, sino que debe respetarla y asumir el conocimiento del asunto.

Claro, lo anterior no impide que eventualmente, una vez se integre el contradictorio, los convocados discutan el funcionario competente, siguiendo los mecanismos procesales pertinentes.

5. Luego, por las razones antedichas procede, el expediente será enviado a la citada oficina judicial de Bogotá para que conozca de la controversia.

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE 

Primero.- DECLARAR que el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Bogotá es el competente para seguir conociendo del presente proceso.

Segundo. DISPONER, en consecuencia, remitir la actuación al referido despacho y comunicar esta decisión al Juzgado Primero de Familia de Villavicencio.

Notifíquese y cúmplase

Margarita Cabello Blanco, Magistrada