Auto AC872-2018 de marzo 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Margarita Cabello Blanco

AC872-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2018-00111 -00

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Se decide lo que corresponda en relación con el «conflicto especial de competencia» formulado por María Elisenia Torres Olarte, el que se suscita entre los juzgados Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander) y el Diecinueve Civil Municipal de Bogotá D.C., quienes vienen conociendo de sendos procesos de sucesión intestada del causante Luis Humberto Sierra Hurtado.

ANTECEDENTES

1. En la demanda presentada ante el «JUZGADO DE FAMILIA DE VELEZ – SANTANDER (REPARTO)», por Edgar Humberto Sierra Camacho, Mariluz Sierra Duque y Víctor Hugo Sierra Duque, donde aparece como «DEMANDANDO» María Elisenia Torres Olarte, «HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR LUIS HUMBERTO SIERRA HURTADO», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción que se «declare abierto el proceso liquidatorio de sociedad conyugal y sucesión intestada del señor LUIS HUMBERTO SIERRA HURTADO, quien falleció en Barbosa - Santander, el día 26 de marzo de 2016 [...]», también, pidió que se «reconozca como herederos del causante a los señores EDGAR HUMBERTO SIERRA CAMACHO, MARILUZ SIERRA DUQUE Y VICTOR HUGO SIERRA DUQUE», adicionalmente, se «ordene la partición de la sociedad conyugal y la herencia de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente» (fls. 58 a 70, cdno. Nº 1).

Además, aseveró, que el «último domicilio del causante fue la ciudad de Barbosa – Santander», y, que el «asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá», en ese mismo sentido manifestó que es «usted señor Juez competente para conocer del presente proceso, por los derechos que se discuten y la cuantía que se estima en TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOSIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 239.297.821)» (fls. 58 a 70, cdno. Nº 1).

2. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Despacho Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander) que declaró «abierto y radicado el juicio de sucesión intestada del causante [...], quien tuvo su último domicilio en Barbosa Santander y asiento principal de sus negocios en la ciudad de Bogotá D.C.» reconociendo a los demandantes como herederos del «causante», subsiguientemente, resolvió notificar «a MARÍA ELISENIA TORRES OLARTE como cónyuge supérstite y a DANIEL FELIPE SIERRA TORRES como heredero de igual derecho hijo legítimo del de cujus», así mismo, ordenó emplazar «a los herederos indeterminados de LUIS ALBERTO SIERRA HURTADO y a todos los que se consideren con derecho a intervenir en este proceso [...]» (fls. 74 a 76 Ídem).

En efecto, de acuerdo con las pretensiones, por auto del 14 de junio de 2017, se decretó el «embargo y posterior Secuestro del vehículo automotor [...]» y, así mismo, negó «las medidas solicitadas respecto al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 324-32376 de la Oficina de registro de instrumentos públicos de Vélez [...]» (fls. 81 a 82 ídem).

Posteriormente, en escrito presentado el 5 de septiembre de 2017, la parte «demandada» realizó la contestación del libelo, y mencionó que «el último domicilio del causante fue la ciudad de Bogotá; pese a que su muerte se haya dado en [Barbosa], lugar que nunca fue ni su domicilio principal y mucho menos el asentamiento principal de sus negocios, con lo que la competencia de su Despacho, ciertamente no se da»; asimismo, «al igual que su domicilio el asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá [...]» (fls. 96 a 100 Ídem).

En igual fecha, la señora María Elisenia Torres Olarte como cónyuge supérstite y en representación de XXXX(1), planteó ante el Juzgado de Vélez (Santander) «CONFLICTO ESPECIAL DE COMPETENCIA», pues consideró que «el asiento principal de los negocios del causante [...] era la ciudad de Bogotá D.C. [...]», además que «el causante tenía como último domicilio la ciudad de Bogotá D.C. junto con su núcleo familiar conformado por su esposa [...] y su menor hijo», en ese orden, explicó que «si bien el [causante] falleció en el municipio de Barbosa, Santander, esto no implica ni demuestra que aquel fuera su domicilio pues solamente frecuentaba dicha localidad en temporadas de descanso como en vacaciones o puentes festivos, ello solo en algunas ocasiones», lo que sustentó con las declaraciones «de María del Pilar Téllez Santos, Luz Mayerly Rojas Quiñones y José de Jesús Tavera quienes son enfáticos en manifestar que el causante y su núcleo familiar tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá».

Por otro lado, manifestó que «debido al domicilio y asiento de los negocios de cujus, se había instaurado previamente demanda de sucesión intestada del mismo, [...] en la ciudad de Bogotá en el Juzgado Diecinueve Civil Municipal bajo el radicado Nº 110014003019201700523-00; la cual ya fue admitida, ya se decretaron y practicaron las medidas cautelares [...]».

Por último, señaló que «por el fuero territorial debido al último domicilio del causante, el asiento de sus negocios y la ubicación allí de algunos de los bienes de la masa sucesoral, resulta ser el competente el Juez de la ciudad de Bogotá como tal se infiere de la presentación y posterior admisión de la demanda en dicha ciudad y no su despacho, que actuó con base en lo manifestado por la parte demandante», por tanto, de «conformidad con lo establecido en el artículo 521 del Código General del Proceso con relación al conflicto especial de competencia de manera respetuosa me permito solicitar se abstenga de continuar conociendo del trámite del proceso de la referencia toda vez que la competencia para conocer del proceso de sucesión como ya se manifestó es el de la ciudad de Bogotá, en razón a lo previamente argumentado donde ya se encuentra iniciado el mismo; en el presente caso el Juez Diecinueve Municipal de dicha ciudad en aplicación de los incisos 2º y 4º del artículo 139» (fls. 1 a 3, Cdno de Incidente).

3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander), en auto del 7 de diciembre de 2017, consideró que carecía de competencia, y, entonces, promovió el conflicto que ocupa la atención de la Corte, determinó que «se dio trámite de incidente a la petición con el consiguiente traslado a los demás interesados reconocidos y posterior decreto y práctica de pruebas; empero, al examinar con detenimiento el caso para resolverlo de fondo, advierte el despacho que fue encausado erróneamente como quiera (sic) que la disposición aplicable no es el artículo 521 del Código General del Proceso sino el artículo 522 siguiente, el cual dispone que “(c)uando se adelanten dos o más procesos de sucesión de un mismo causante, cualquiera de los interesados podrá solicitar que se decrete la nulidad del proceso inscrito con posterioridad en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. La solicitud se presentara con la prueba del interés del solicitante, los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado en que se encuentren, y se tramitará como incidente después de recibidos los expedientes cuya remisión ordenará el juez o tribunal”».

Así mismo, arguyó que «lo que se evidencia es un conflicto positivo de competencia con el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, por encontrarse simultáneamente en trámite dos procesos de sucesión intestada del causante Luis Humberto Sierra Hurtado; de ahí que no sea viable la declaración de incompetencia y nulidad de lo actuado para remitir el expediente al juez que corresponde, como lo pretende el promotor del incidente, porque esa solución ha sido prevista por el artículo 521 del Código General del Proceso para aquellos casos en los que existe un único proceso de sucesión en trámite. En el presente asunto, el expediente debe ser enviado a la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, competente por disposición del segundo inciso del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7° de la Ley 1258 de 2009, para resolver “... los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre salas de un mismo Tribunal, o entre Tribunales, o entre éstos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos”, concordante con el artículo 18 ibídem» (fls. 63 a 66 ídem).

4. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a analizar el tópico en cuestión.

CONSIDERACIONES

1. Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, entre otros. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.

En ese orden, si bien parecen concepciones estrictamente instrumentales, resultan para el ordenamiento nacional garantías constitucionales, materializables bajo determinadas pautas que permiten al funcionario solucionar los temas objeto de debate; «para ello, la competencia se ordena por normas imperativas concretas, contentivas de reglas de orden público e interés general que en principio se predican inmodificables, improrrogables, indelegables y susceptibles de sanción por vía de anulación de las conductas que vulneran la prerrogativa constitucional del debido proceso» (CSJ AC8155-2017, 4 Dic. de 2017. Rad. 2017-02078-00).

2. Bajo las regulaciones establecidas para los conflictos de competencia, el legislador ha optado por ir excluyendo de las normas de procedimiento aquellos escenarios donde se presenten eventos de colisión positiva, lo que genera, particularmente, que sean regulados estrictamente, los eventos donde se presenten conflictos de competencia negativos, siendo la disposición general.

3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso relevar lo siguiente:

3.1. Se encuentra acreditado que frente al causante Luis Humberto Sierra Hurtado se siguen procesos de sucesión en los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander) y el Diecinueve Civil Municipal de Bogotá D.C., simultáneamente.

3.2. En ese sentido, para este particular aspecto, el artículo 522 del Código General del Proceso, regula esta situación, y en ese orden, dispone:

«[c]uando se adelanten dos o más procesos de sucesión de un mismo causante, cualquiera de los interesados podrá solicitar que se decrete la nulidad del proceso inscrito con posterioridad en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. 

La solicitud se presentará con la prueba del interés del solicitante, los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado en que se encuentren, y se tramitará como incidente después de recibidos los expedientes, cuya remisión ordenará el juez o tribunal. 

Si el juez tiene conocimiento de que el mismo proceso de sucesión se adelanta ante notario, le oficiará a este para que suspenda el trámite» (se resalta).

3.3. Refulge de la norma transcrita, las sustanciales modificaciones respecto de aquello preceptuado por el artículo 624 del Código de Procedimiento Civil, que brindaba para situaciones como la que ahora se ve, un proceso disímil como el planteado por el Código General del Proceso.

En consecuencia, frente a la solicitud que realice cualquiera de los interesados, el Código de Procedimiento Civil, le daba la facultad al «juez o tribunal», que dentro de trámite incidental, determinara la competencia respectiva, cuando existan, a la vez, sendos procesos de sucesión, «declarando nulo lo actuado ante el juez incompetente»; así las cosas, el legislador permitía que a petición de parte y siempre cuando no existiese sentencia ejecutoriada en la repartición de bienes del causante, se trabara conflicto de competencia en lo respectivo.

3.4. El actual estatuto procesal, regula de forma distinta el trámite en mención, pues sin perjuicio del conflicto positivo que puede suscitarse, con base en lo planteado en el art. 521 del Código General del Proceso —«[a]bstención para seguir tramitando el proceso» (antes 623 CPC)—, la norma vigente suprimió la apertura de conflictos de competencia para resolver aquellos eventos donde se «[...] adelanten dos o más procesos de sucesión de un mismo causante [...]».

En ese sentido, la nueva ley procesal instituyó que los interesados en la sucesión tienen el derecho a interponer ante el juez cognoscente la solicitud de nulidad de aquel proceso que fue presentado con posterioridad dentro del «Registro Nacional de Sucesión»; para lo cual, señala la norma que la parte deberá acreditar ante el Juzgado el interés en dicho trámite, y, asimismo, aportar «los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado en que se encuentren», para lo cual, el despacho judicial respectivo conocerá a través de trámite incidental.

Bajo lo preceptuado, resulta novedoso la responsabilidad de la inscripción del proceso que se adelanta en el «Registro Nacional de Sucesión», herramienta que permitirá la publicidad de los trámites sucesorales y, que de acuerdo con lo mencionado por el parágrafo 2° del artículo 490 del Código General del Proceso, «deberá estar disponible en la página web del Consejo Superior de la Judicatura».

3.5. Siendo así, ante la eventualidad de que se «[...] adelanten dos o más procesos de sucesión de un mismo causante [...]», no será entonces, itérese, un conflicto de competencia el que determiné el juez que deba conocer del asunto, sino que bajo el actual estatuto procedimental, estará sujeto al régimen de nulidades, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos anotados previamente.

3.6. Ha mencionado la Corte, en un caso de similar temperamento que

“A diferencia, y sin perjuicio de la colisión que puede suscitarse con ocasión de la petición sobre «abstención para seguir tramitando el proceso» (art. 521, CGP, antes 623 CPC), la nueva regulación descartó la presencia del conflicto de competencia y por lo mismo la intervención del superior jerárquico funcional común, en la determinación de la aptitud legal. 

Ciertamente, en principio, la solución fue dejada en manos de los interesados en la sucesión, a quienes facultó para solicitarle directamente al juez respectivo, que decrete la nulidad del proceso inscrito con posterioridad en el Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. 

Para este propósito el solicitante debe presentar la prueba de su interés, junto con los certificados sobre la existencia de los procesos y el estado de los mismos, luego de lo cual, el juez o el tribunal, si el juicio inscrito con posterioridad se halla en éste y a él se le presenta la petición, deberá tramitar ésta como incidente, después de haber dispuesto y recibido los correspondientes expedientes” (CSJ AC8155-2017, 4 Dic. de 2017. Rad. 2017-02078-00).

4. Por lo tanto, resulta errado lo manifestado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander), al resolver remitir el expediente a esta Corporación, sin tener presente el claro procedimiento que en este puntual sentido establece el artículo 522 del Código General del Proceso.

En ese orden de ideas, analizado lo anterior, no existe conflicto de competencia que pueda suscitarse, por lo que es dable llegar a la conclusión de no haber lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia en este aspecto, y, en consecuencia, se dispone el envío del expediente al despacho judicial del que provino, para que con base en lo analizado, señale a la parte interesada lo previsto por el canon ibídem.

5. En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE

1. DECLARAR IMPROCEDENTE el «conflicto especial de competencia» planteado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Vélez (Santander), por las razones anotadas previamente.

2. ADVERTIR a la parte interesada que para superar lo planteado, podrá llevar a cabo el trámite instituido por el artículo 522 del Código General del Proceso.

3. REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.

4. LIBRAR, por secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.

Notifíquese.

Magistrada: Margarita Cabello Blanco.

1 En virtud del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7º de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de los menores.