Auto de ACU-327agosto 25 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

CUÁNDO ES PROCEDENTE EL RECHAZO DE LA SOLICITUD

EXTRACTOS: «Luis Fernando López Páramo ejerce la presente acción para que se dé cumplimiento al “... silencio administrativo positivo sobre los dos actos administrativos de derechos de petición, radicados con los números 172345 de 27 de diciembre de 1995 y 24577 de 29 de julio de 1997,...” cuya protocolización se realizó mediante la escritura pública número 1196 de 23 de junio de 1997, de la Notaría Diecisiete de este círculo (v. fls. 30 a 36), demanda que la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó porque el accionante podía acudir a otras vías de defensa judicial y porque no está demostrada la existencia del perjuicio grave e inminente que reclama el artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

A respecto, señala el artículo 12 de la precitada Ley 393 de 1997:

Corrección de la solicitud. Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la demanda el juez de cumplimiento decidirá sobre su admisión o rechazo. Si la solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de dos (2) días. Si no lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada. En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8º, salvo que se trate de la excepción allí contemplada, el rechazo procederá de plano.

Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto con la información adicional que le proporcione el solicitante”.

De la lectura de la norma transcrita se desprende que existen solamente dos eventos en que el juez puede rechazar una demanda de acción de cumplimiento. Uno, cuando no se corrige la demanda correspondiente dentro de la oportunidad que se señala para el efecto. Dos, cuando el accionante no aporta la prueba de haberse requerido previamente a la autoridad, con el propósito de constituir la renuencia de la misma al cumplimiento solicitado.

Las anteriores causales de rechazo no pueden confundirse con las consagradas en el artículo 10 de la misma Ley 393 de 1997, establecidas para cuando no se hallan reunidos los requisitos formales allí contemplados y que conllevan no el rechazo de la demanda sino su inadmisión para que, una vez subsanados, se admita la solicitud y se le imprima el trámite de rigor, salvo lo dispuesto en los artículos 15 y 19 ibídem, eventos que llevan a impartir la orden de cumplimiento inmediato o a disponer la terminación anticipada del trámite.

En el caso presente se rechazó la demanda, como quedó señalado, al considerar que el accionante dispone de otros instrumentos de defensa judicial, sin que el tribunal administrativo a quo se detuviera a examinar, frente a las pretensiones y al caudal probatorio, si mediante esa acción podía lograr el efectivo cumplimiento del “... silencio administrativo positivo sobre los dos actos administrativos de derechos de petición, radicados con los números 172345 de 27 de diciembre de 1995 y 24577 de 29 de julio de 1997,...” cuya protocolización se realizó mediante la escritura pública número 1196 de 23 de junio de 1997, de la Notaría Diecisiete de este círculo.

Ahora bien, no obstante la eventualidad de la existencia de instrumentos judiciales para lograr el efectivo cumplimiento de lo pedido en la demanda, se hará necesario examinar además si el incumplimiento alegado causa o pueda causar un perjuicio grave e inminente, actividad que, no se cumplió de parte del a quo.

Conforme con lo anterior, correspondía entonces no el rechazo in límine de la demanda, como aconteció, sino el estudio de las pretensiones y la adopción de la decisión de fondo correspondiente, favorable o no.

Por lo expuesto, se revocará la decisión impugnada y, en su lugar, se dispondrá la admisión la demanda, en los términos que consagra el artículo 13 de la Ley 393 de 1997».

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «Implícitamente y en forma injustificada la Sala admite que en efecto existe otra vía judicial para hacer efectivo el silencio administrativo positivo, como lo afirmó el tribunal, con fundamento en el artículo 123 del Decreto-Ley 2150 de 1995.

Olvidó la Sala que lo que dicha norma contempla es un procedimiento administrativo tendiente a hacer efectiva la ocurrencia del mencionado silencio.

En efecto allí se señala que

“Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar al de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto».

Ricardo Hoyos Duque.