Auto ACU-035 de noviembre 6 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

IMPUGNACIÓN DEL AUTO QUE RECHAZA LA SOLICITUD

EXTRACTOS: «En relación con la procedencia de la impugnación contra el auto que rechaza la solicitud de cumplimiento de leyes o actos administrativos se han producido en esta corporación decisiones opuestas. Así, algunas Secciones(1) han optado por declararse inhibidas para conocer de la misma, por considerar que del texto del artículo 16 de la Ley 393 de 1997 se infiere que dicho auto no es recurrible; en tanto que la Sección Cuarta(2) consideró que el mencionado artículo hace referencia a los autos que se dicten en el trámite de la acción y como el que rechaza la solicitud es anterior a la iniciación del trámite, hay lugar a la aplicación del artículo 232 del Código Contencioso Administrativo (por remisión del artículo 30 de la ley citada), en el cual se admite la procedencia del recurso de apelación contra el auto inadmisorio de la demanda.

(1) Ver, por ejemplo, ACU-007, M.P. Miren de la Lombana de Magyaroff; ACU-010, M.P. Clara Forero de Castro; ACU-014, M.P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía; ACU-018, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; ACU-029. M.P. Miren de la Lombana de Magyaroff.

(2) ACU-006, M.P. Julio E. Correa Restrepo.

Para esta Sala, el auto que rechaza la solicitud de cumplimiento sí es susceptible de impugnación, por las siguientes razones:

a) La acción de cumplimiento es un acción de origen constitucional (art. 87) consagrada como un mecanismo de protección y aplicación de derechos, que permite hacer efectivo el cumplimiento de los deberes y obligaciones contenidos en una ley o acto administrativo. Dicha acción está vinculada con el cumplimiento de los fines del Estado y de las autoridades previstos en el artículo 2º de la Carta.

En tanto que acción constitucional susceptible de ser ejercida por cualquier persona, la de cumplimiento debe estar provista al máximo de garantías que la hagan eficaz. Por ello, al resolver sobre la admisión de la solicitud, el juez debe inadmitir sólo aquellas peticiones que no reúnan los requisitos mínimos, indicando con claridad al interesado la manera de salvar sus deficiencias y proceder al rechazo cuando el solicitante no atienda las observaciones o falte la prueba mínima de la renuencia del funcionario al cumplimiento del acto o la ley en cuestión.

Si bien, proceder al rechazo de la solicitud es una opción del juez ante quien ella se presenta, el dejar a su mero arbitrio la elección de las razones que hacen o no admisible dicha solicitud, sin una posibilidad de control posterior, podría hacer inocua la acción. Una actitud en extrema formalista de un juez determinado que motivara el rechazo reiterado de las solicitudes, haría inoperante el ejercicio de la acción, pues por razones de competencia siempre será el mismo funcionario el que resolverá sobre las solicitudes, sin que el juez de segunda instancia pueda modificar tales decisiones.

Por tanto, la posibilidad de que haya una segunda instancia para conocer de los autos que rechazan la demanda constituye una garantía de eficacia de la acción de cumplimiento.

b) El derecho a acceder a la administración de justicia implica según lo dijo la Corte Constitucional(3), “la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de las derechos amenazados o vulnerados”.

(3) C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

En estos términos, la efectividad del derecho a la administración de justicia en relación con la acción de cumplimiento no se concreta en la simple oportunidad de presentar la solicitud ante el juez, sino en el estudio serio del asunto planteado que culmine con una decisión de fondo legal, razonada y justa, salvo que por carencia de requisitos mínimos no se pueda llegar a ella.

El auto mediante el cual se rechaza una solicitud de cumplimiento de una ley o acto administrativo tiene el efecto de impedir que el fondo del asunto sometido a la consideración del juez sea estudiado, lo cual puede convertirse en un obstáculo al libre acceso a la administración de justicia. De ahí, que sólo otorgando al solicitante la posibilidad de insistir sobre su petición pueda protegerse ese derecho fundamental.

Si bien es cierto que la solicitud de cumplimiento puede ser presentada nuevamente, no obstante su rechazo en acatamiento a los principios de economía y eficacia de la acción consagrados en el artículo 2º de la Ley 393 de 1997, esa situación puede obviarse si el juez de segunda instancia resuelve sobre el particular.

Debe advertirse que los motivos aducidos por el juez para no proceder a su admisión pueden reiterarse y el ciudadano considerar que tiene razones fundadas para insistir, sin que exista una instancia superior que resuelva las diferencias entre el interesado y el juez, dejando al primero sin alternativa. La lectura del artículo 16 de la citada ley no puede ser entonces restrictiva, so pena de vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia.

c) Por tratarse de una acción nueva en el ordenamiento jurídico, sin desarrollo legal ni jurisprudencial, cuya competencia ha sido atribuida en principio a los jueces contencioso administrativos (legalmente previstos) y en segunda instancia a los tribunales, sin una instancia unificadora, habrá tantos criterios para resolver las acciones cuantos jueces conozcan de las mismas. Por eso es importante que así sea de manera transitoria, en defensa de los principios de la igualdad y la seguridad jurídica, esta corporación establezca unos derroteros que sirvan en el futuro de guía a los jueces. Objetivo que se cumplirá en mejor forma si se admite el recurso de apelación contra el auto que rechace la solicitud».

(Auto de noviembre 6 de 1997. Expediente ACU-035. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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