Auto de agosto 25 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDAD DE HECHO ENTRE CONCUBINOS

DIFERENCIA CON LA UNIÓN MARITAL DE HECHO

EXTRACTOS: «2. Con mucha anticipación a la vigencia de la Ley 54 de 1990, la jurisprudencia permitía la declaración judicial de existencia de sociedades de hecho entre concubinos, no sobre la hipótesis de ser reales esas relaciones concubinarias, que para tal efecto fueron intrascendentes, sino merced a la concurrencia de un consentimiento recíproco de asociarse entre los concubinos, que aunado al suministro de aportes hechos por ambos permitieran la explotación económica de una actividad lucrativa, tendiente al reparto de utilidades. Sobre esa hipótesis específica procedía, pues, la declaración de existencia de la sociedad en mención y, por ende, la pretensión del actor debía estar orientada no sólo a la declaración de esa relación patrimonial, sino que su actividad procesal tenía que moverse en orden a la comprobación de los supuestos fácticos ya dichos.

Bajo el sistema de la Ley 54 de 1990, al concubino actor le basta probar la prolongación de sus relaciones concubinarias en el tiempo para que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial, supuesto que envuelve una situación sustancialmente diferente a la anterior, y ha conducido a la Corte a aseverar que “... su decreto conlleva el reconocimiento legal de un núcleo familiar, con las obligaciones y derechos que de él dimanan"; es decir, que mientras para el régimen que pudiera llamarse jurisprudencial las relaciones concubinarias no eran aptas para denotar la existencia de una sociedad civil o comercial de hecho, para éste son la fuente misma de la comunidad patrimonial, llamada unión marital.

Sin duda, entonces, cuando se invoca el derecho consagrado en la Ley 54 de 1990, la pretensión gira alrededor de una relación de contenido familiar, distinta del entorno en que se mueve la acción de origen jurisprudencial conformada, como se dijo, por relaciones de contenido eminentemente patrimonial. Esto explica que aquella acción haya sido asignada al conocimiento de los jueces de familia y evidencia al mismo tiempo las razones que no permiten igual giro para la segunda, que continúa adscrita en su conocimiento a los jueces ordinarios.

Esa la razón para que esta Sala haya indicado que “... es del resorte exclusivo de los jueces civiles el reconocimiento del otro tipo de sociedad que busca efectos patrimoniales o económicos, aun entre concubinos, quienes, por no reunir quizás los presupuestos requeridos para convertirse en núcleo familiar reconocido legalmente, o. . . por interponer la acción antes de que existiera la Ley 54, acudieron a esas otras modalidades”.

Desde luego que si de los beneficios de la ley en comento sólo pueden valerse los concubinos a partir de su vigencia, es necesario entender que las acciones tendientes a obtener la declaración de existencia de sociedades de hecho iniciadas con anterioridad, no pueden enderezarse ni en lo sustancia! ni en lo adjetivo a los dictados de esa normatividad, lo primero porque se estarían modificando oficiosamente las pretensiones del actor, y lo segundo porque se llegaría a un vicio de incongruencia al decidirse respecto de distintas pretensiones a las formuladas por el actor. De ahí también, lo ha puntualizado esta Sala, que “Unas y otras sociedades, sin embargo, no puedan ser confundidas; como se anunció, cada una de ellas tiene sus propios perfiles, y por ello no pueden subsumirse en el género de la “unión marital” para asignarlos en su conocimiento, sin distingo a la jurisdicción de familia”.

Ese igualmente el criterio para haber aseverado que “...a raíz de la expedición de la Ley 54 de 1990, puede afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la “unión marital de hecho”, cada una con presupuestos legales autónomos tanto en el plano sustantivo como en el procesal” (auto de 16 de julio de 1992).

3. El proceso ordinario originante de este conflicto de jurisdicción se inició antes de la expedición de la Ley 54 de 1990, pretendiéndose por la actora la declaración judicial de existencia de una sociedad comercial de hecho entre ella y su concubino, a la que sumó otras peticiones consecuenciales, determinada desde luego por una relación de carácter patrimonial. Bajo las perspectivas trazadas, fácil es colegir, primero por la fecha de iniciación del proceso, y luego por la orientación del petitum, que Zoila Rosa Hernández Pedraza no ejerció el derecho que hoy le otorga el estatuto en mención, conclusión corroborada por el fundamento jurídico del libelo, razones todas éstas para que se deduzca, sin asomo de duda, que de su petición debe conocer la jurisdicción civil, sentido en el que habrá de solucionarse el conflicto».

(Auto de agosto 25 de 1992. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).

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