Auto AHP1906-2018/52704 de mayo 11 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 52704

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por XXXX, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá D.C., once de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos

Dentro del término previsto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006(1), que reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, se resuelve la impugnación interpuesta contra el auto de 27 de abril de 2018 mediante el cual, la Dra. G. A. R., Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, negó el amparo de habeas corpus impetrado por el procesado N. E. A. D..

Antecedentes

1. El ciudadano N. E. A. D., en la actualidad, se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá “La Picota”.

2. Por cuenta de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta dentro del proceso 11001-62-00-000-2016-00004-00, adelantado en su contra por los delitos de homicidio agravado consumado y tentado —en concurso homogéneo y sucesivo—, hurto calificado y agravado y rebelión; la privación de la libertad del señor A. D. ha tenido lugar desde el 18 de junio de 2014.

3. Previa petición elevada por el accionante a través de su apoderado judicial, el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao citó a las partes para la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos en varias ocasiones. No obstante, la diligencia no pudo llevarse a cabo.

4. Para el 23 de abril de 2018, conforme la última programación, la audiencia tampoco fue celebrada, atendida la ausencia de los elementos necesarios para que el Juzgado 59 Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad pudiera resolver, pues la actuación no fue remitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, donde cursa en sede de juicio oral.

5. El 26 de abril siguiente, el procesado, alegando vencimiento de los términos acudió a la acción pública de habeas corpus para obtener su libertad.

6. El conocimiento de la acción constitucional correspondió a la Dra. G. A. R., Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien el 27 de abril decidió negar el amparo solicitado.

7. En el acto de notificación, el accionante manifestó su voluntad de impugnar, sin embargo, no expresó argumentos de inconformidad.

Decisión impugnada

El juez a quo declaró la improcedencia de la acción constitucional por considerar que la privación de la libertad se fundamentaba en una medida de aseguramiento, dictada dentro de una actuación judicial penal, y que la solicitud debía por tanto presentarse dentro de esta actuación, ante el juez competente.

Descartó la existencia de una falla administrativa, dado que, según las respuestas de las autoridades vinculadas, los avisos para el envío de la carpeta al despacho asignado para conocer de la solicitud de libertad por vencimiento de términos, llegaron al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca días después de la fecha programada para su celebración.

Consideró igualmente que las razones invocadas para no adelantar la audiencia eran fundadas y que en las referidas condiciones no le era atribuible al Juzgado 59 Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad algún acto que ameritara por esta vía la protección del derecho fundamental.

No obstante lo anterior, advirtió que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao había enviado tardíamente las solicitudes de préstamo del proceso al despacho de conocimiento, y lo requirió para que por el medio más expedido lo hiciera, y una vez aportado, asignara la audiencia a un Juez Penal Municipal con función de control de garantías quien debía, en forma inmediata, efectuarla.

Consideraciones

1. Sobre la competencia.

El suscrito Magistrado es competente para conocer de la impugnación promovida contra la decisión que negó la solicitud de hábeas corpus formulada por N. E. A. D., de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone: “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual”.

2. Requisitos de procedibilidad del habeas corpus. 

La Ley Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente.

También procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos(2):

“(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial”.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha aclarado que ante la existencia de un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede impetrarse para las siguientes finalidades:

i) Sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad;

ii) Reemplazar los recursos ordinarios de reposición yapelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal;

iii) Desplazar al funcionario judicial competente y,

iv) Obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas(3).

Pero excepcionalmente, aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, la acción constitucional puede promoverse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, entre otros eventos, cuando se advierta razonablemente el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio de carácter irremediable, de esperar la respuesta a la solicitud por parte del funcionario

competente o la resolución de los recursos ordinarios. Se ha dicho al respecto:

“(…) cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios.

2. Lo antes anotado se infiere, además, de lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006, que estudió el proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus (convertido posteriormente en la Ley 1095 de 2006), al tratar por vía de ejemplo algunas hipótesis de prolongación ilegal de la privación de la libertad, entre ellas, cuando la autoridad judicial:

omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho”.

Aquello significa —se reitera— que por norma general, siempre que exista proceso judicial en curso las solicitudes de libertad deben presentarse primero ante el funcionario de conocimiento, antes de instaurar la acción pública de hábeas corpus; pues ésta procederá excepcionalmente en los casos antes mencionados; y eventualmente, si la petición no es contestada dentro de los términos legales, o si, a su vez, la respuesta se materializa en un vía de hecho cuyos efectos negativos sea necesario conjurar inmediatamente; y en todo caso, sin perjuicio de los recursos ordinarios cuya promoción es insoslayable”(4) Subrayado de la Sala.

En ese escenario, para rechazar el amparo solicitado a través de esa acción constitucional, no basta señalar la existencia de una decisión judicial que justifique la privación en el marco de una actuación procesal y la consecuente habilitación de recursos ordinarios para rebatir la situación que, se estima, afecta el derecho a la libertad. Es preciso satisfacer, bajo las consideraciones expuestas en el escrito petitorio, si esos mecanismos son idóneos y eficaces o, en el caso de existir una decisión judicial, si esta consulta razonablemente los fundamentos fácticos, probatorios y legales.

Análisis del caso concreto

1. La acción fue formulada con el propósito que el juez constitucional ordene la libertad de N. E. A. D., en atención a la satisfacción del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 y la mora de los jueces competentes para tomar una determinación.

2. Frente a la cuestión planteada, el a quo indicó que la acción de habeas corpus no está instituida para sustituir la vía ordinaria, motivo por el cual y en tanto corresponde al juez con función de control de garantías emitir decisión sobre la procedencia de la causal de libertad, concluyó su abierta improcedencia.

3. Esta decisión será revocada, de un lado, porque el caso se enmarca dentro de aquellas excepciones en virtud de las cuales, pese a la existencia de una vía judicial ordinaria, es imperativo un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, y, en segundo lugar, por cumplirse las condiciones legales y fácticas requeridas para acceder a la libertad por fenecimiento del término para el inicio del juicio.

3.1. En cuanto a la procedencia de la acción constitucional de habeas corpus. 

Para evidenciar lo relativo al primer punto, esto es, la ineficacia de la vía judicial ordinaria para obtener la protección del derecho afectado, es preciso hacer un recuento de la actuación procesal. Conforme la información provista por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao(5) de esta ciudad, se tiene que:

a) El 22 de noviembre de 2017, el apoderado judicial del accionante solicitó ante los Jueces Penales Municipales con función de control de garantías de estaciudad, la libertad por vencimiento de términos.

b) Asignado el conocimiento al Juzgado 78 Penal Municipal, la audiencia preliminar fue programada para el día 7 de diciembre del mismo año. No obstante, por la ausencia del fiscal, la no remisión del interno y la falta de la carpeta original, no fue llevada a cabo.

c) Atendiendo otra solicitud del apoderado, se citó con la misma finalidad para audiencia de fecha 21 de diciembre siguiente. El Juzgado 47 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, por la inasistencia del fiscal y la no remisión del accionante por parte del INPEC, no la celebró.

d) El Juzgado 71 Penal Municipal, finalmente, en sesión de 4 de enero de 2018, negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por motivos que no se expusieron en este trámite.

e) El 26 de enero de 2018(6), se radicó nueva petición en el mismo sentido. La actuación se señaló para el 24 de febrero siguiente, pero según constancia del Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, no se cumplió con la audiencia, en tanto no había sido entregada en préstamo la carpeta original del proceso y no habían sido provistos datos para la citación de las víctimas.

f) El 5 de abril siguiente, el apoderado insistió en la realización de esa audiencia preliminar, siendo programada para el día 23 de abril de 2018. En esta oportunidad, tampoco se llevó a término, nuevamente aduciendo la falta de expediente original.

Planteado ese escenario procesal, no resulta razonable exigirle al accionante que persista en su solicitud ante los funcionarios judiciales competentes, quienes, como se ha visto, de manera reiterada y soslayando la imperativa celeridad que les demanda el ejercicio de su función de protección de garantías de orden fundamental, han postergado la audiencia, en abierta desatención de los términos prescritos en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley 906 de 2004(7) donde se prevé que, tratándose de “decisiones que se refieran a la libertad provisional del imputado o acusado, el funcionario judicial dispondrá máximo de tres días hábiles para realizar la audiencia respectiva”.

De otro lado, contrario a lo esbozado por el a quo, las causas en las cuales se apoyó la negativa de los Jueces de control de garantías para adelantar la audiencia preliminar en varias ocasiones, relativas a la no citación de las víctimas y la ausencia del proceso original, no pueden tenerse por razonables.

Al respecto es preciso destacar, en primer lugar, que la citación a las víctimas así como a todas las partes cuya intervención en la audiencia se precisa, debe ordenarse y verificarse por el Juez según lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 906 de 2004, y no se supedita o depende a la consignación de los datos de ubicación efectuada por el solicitante.

En este punto, la Corte ha indicado:

“De conformidad con esa norma, es un deber del juez de control de garantías ordenar la citación oportuna de las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación, actividad que no está limitada a la mera transliteración de los datos consignados por el solicitante en el formato suministrado por la Oficina o Centro de Servicios Judiciales.

La excusa de la insuficiencia de los datos consignados por el peticionario en el formato de solicitud solo es razonable cuando de la información suministrada no es posible identificar la actuación a la cual se hace referencia o la información necesaria para notificar al convocado no está contenida en el expediente judicial.

(…)

Era deber de la Juez de Control de Garantías, con independencia de lo realizado por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, verificar que las partes, testigos, peritos y demás personas que debían intervenir en la audiencia de libertad por vencimiento de términos fueran debidamente notificados, tal y como lo ordena la norma citada.

La negativa a realizar la diligencia invocada, sustentada en la creencia de que la notificación echada de menos tuvo origen en la simple negligencia del solicitante, difumina el referido deber legal e impone una carga excesiva sobre el peticionario. Además, tal comportamiento es contrario a los principios de lealtad procesal y buena fe (…)”(8) subrayado de la Sala.

Y en segundo lugar, la decisión de exigir exclusivamente el envío de la “carpeta original” del proceso para resolver el asunto sometido a su consideración, no cuenta con soporte legal alguno. Para ese efecto basta la obtención o aducción —por cualquier medio— de documentos físicos o digitales a partir de los cuales pueda corroborarse la veracidad de las afirmaciones del peticionario en cuanto al real desarrollo de la actuación procesal, cuyo establecimiento es el único aspecto forzoso para el agotamiento de una labor que, además de definir la atribución o no de la mora o parte de ella a maniobras de la defensa, resulta eminentemente objetiva.

Adicionalmente, los medios utilizados y los esfuerzos encaminados por las autoridades judiciales y administrativas para materializar esos requerimientos de préstamo de la carpeta al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, fueron los menos idóneos y efectivos, al punto que en la mayoría de las ocasiones, se conocieron por ese despacho días después de la fecha fijada para la celebración de la audiencia preliminar; siendo evidente que no se actuó acorde con la urgencia y trascendencia del asunto orientado al restablecimiento de un derecho cuya válida y previa afectación, no habilitaba demora o tardanza alguna.

Por lo anterior, ninguna justificación atendible obra para que, con posterioridad al único rechazo de su pretensión(9) y pese la presentación de varias peticiones para la celebración de audiencia preliminar para discutir la satisfacción de uno de los supuestos liberatorios previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, a la fecha, por razones ajenas a él y un poco más de dos meses después, no exista un pronunciamiento de fondo por parte de los Jueces con función de control de garantías a quienes se ha asignado su conocimiento.

Ante la absoluta ineficacia de los medios ordinarios a partir de los cuales reclamó la revisión de la pérdida de vigencia de la medida de aseguramiento con implicación en su libertad, no es dable predicar algún interés del accionante en sustituir el proceso penal ordinario y obtener una suplantación del juez competente cuando de él, en varias oportunidades, se ha reclamado la emisión de una decisión que, sin justificación atendible, no se ha proferido(10).

Aun cuando en el presente caso, como ya se dijo, existe una vía judicial ordinaria para reclamar el amparo del derecho fundamental afectado, se materializa la excepción que impone al juez constitucional entrar a realizar un análisis de fondo sobre la configuración de la causal de libertad invocada.

3.2. Sobre el vencimiento del término judicial para el inicio del juicio.

En cuanto a las circunstancias en las cuales procede la libertad del imputado o acusado, el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, (modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016) dispone:

“Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

(…)

5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.

(…)

PAR. 1º—Los términos dispuestos en los numerales 4º, 5º y 6º del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el título IV del libro segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

(…)

PAR. 3º—Cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5º y 6º de este artículo, los días empleados en ellas” subrayado de la sala.

En el presente caso el proceso en contra del accionante se adelanta ante un Juzgado Penal del Circuito Especializado. Esto quiere decir, que el término para la procedencia de la libertad es de 240 días. La información obtenida del proceso indica, por su parte, lo siguiente(11):

i) El escrito de acusación en contra de N. E. A. D. y otros, fue radicado por el representante de la Fiscalía el 8 de febrero de 2016.

ii) Ese despacho programó un total de cinco fechas para llevar a cabo de la audiencia de formulación de acusación y concurrieron los siguientes motivos para su postergación:

a) El 13 de abril de 2016, no se efectuó por solicitud de aplazamiento de la defensa.

b) El 27 de junio de 2016, se instaló la audiencia, sin embargo, ante la presentación de un preacuerdo por parte de uno de los acusados, se resolvió su legalidad y se dispuso ruptura de la unidad procesal. No se continuó con la acusación de los restantes vinculados por petición de suspensión de la defensa.

c) El 14 de julio de 2016, no se continuó con la diligencia pues no fue posible establecer conexión virtual con uno de los Centros de Reclusión; adicionalmente, N. E. A. D. indicó que se encontraba enfermo.

d) El 28 de septiembre de 2016, persistió el problema de salud del acusado por lo cual no accedió a presentarse, por conexión virtual, a la audiencia.

e) El 27 de octubre de 2016, se finalizó la audiencia.

iii) La audiencia preparatoria del juicio, por su parte, infructuosamente se previó para estas fechas:

a) El 17 de enero de 2017, el acusado revocó e poder a su defensora contractual.

b) El 23 de marzo de 2017, el defensor designado por la Defensoría Pública, demandó aplazamiento.

c) El 5 de junio de 2017, el defensor contractual del acusado no compareció.

d) El 30 de agosto de 2017, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, opuso falta de disponibilidad para establecer conexión virtual.

e) El 27 de octubre de 2017, un problema en la red interrumpió la conexión virtual con lugar donde el acusado cumple la medida de aseguramiento.

f) El 9 de enero de 2018, el representante de la Fiscalía solicitó aplazamiento de la audiencia.

g) El 24 de enero de 2018, se presentó una situación administrativa en el Despacho (no especificada) la cual impidió su realización.

h) El 27 de febrero de 2018, el abogado defensor solicitó la fijación de nueva fecha.

i) Se señaló el día 15 de mayo de la anualidad en curso, para agotar el escenario procesal dispuesto, entre otros aspectos, para las solicitudes y el decreto probatorio.

Ese recuento permite advertir que, desde la radicación del pliego de cargos efectuada el 8 de febrero de 2016 hasta el 27 de febrero de 2018 —cuando se programó la última audiencia preparatoria—, el accionante ha permanecido privado de la libertad un total de 749 días.

De ese tiempo, por aplazamientos, nombramiento de apoderado, inasistencia y las demás circunstancias detalladas atrás, se atribuye a la defensa un total de 424 días(12), los cuales, conforme exige el parágrafo 1º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, no pueden contabilizarse a efecto de establecer el vencimiento de términos.

Sin embargo, al descontar ese tiempo, es claro que la privación de la libertad de N. E. A. D. desde la presentación del escrito de acusación y sin que se hubiere cumplido el acto exigido en la norma, esto es, el inicio de la audiencia de juicio oral, ha sido de 325 días(13), que supera sustancialmente el término de 240 que determina la procedencia de la causal liberatoria.

Constatada, entonces, la vulneración del derecho fundamental por la prolongación ilícita de la privación de la libertad así como la prosperidad de la causal prevista en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se dispondrá la libertad inmediata de N. E. A. D., y se librarán, en consecuencia, las respectivas comunicaciones al Establecimiento de reclusión así como a las autoridades vinculadas en el trámite de la acción de habeas corpus, previa advertencia sobre el contenido del artículo 8º de la Ley 1095 de 2006, conforme al cual son ineficaces las medidas restrictivas orientadas a impedir su materialización.

Como consecuencia del reconocimiento del habeas corpus, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º de la citada Ley, se ordenará la expedición de copias a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones a que haya lugar.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. REVOCAR la decisión impugnada por medio de la cual una Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, negó la acción de habeas corpus impetrada por N. E. A. D.

2. RECONOCER la acción constitucional de habeas corpus a favor de N. E. A. D. por prolongación ilícita de la privación de su libertad y, por lo mismo, DISPONER su libertad inmediata si otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones que sean necesarias.

3. EXPEDIR copias de la actuación para que las autoridades competentes inicien la investigación a que haya lugar conforme a las consideraciones de esta decisión.

4. COMUNICAR esta decisión a las autoridades vinculadas al trámite de la acción constitucional.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen

Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Diario Oficial 46.440, del 2 de noviembre de 2006.

2 C. Const., Sent. C-260/99.

3 CSJ, AHP 11 sep. 2013, Rad. 42220; AHP 4860-2014, Rad. 4860.

4 CSJ, AH, 26 jun 2008. Rad. 30066, entre otros.

5 Fl. 3, cdno. Corte.

6 En informe rendido por el Centro de Servicios se consignó que la petición data de 26 de febrero de 2018, sin embargo, confrontada con la respuesta del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca en la cual se menciona que el 15 de febrero de 2018 mediante oficio No. 1382 se recibió comunicación solicitud de préstamo de la carpeta para cumplir con audiencia el día 26 de febrero siguiente, es válido afirmar la presentación de aquella por el apoderado realmente en el mes de enero.

7 Modificado por L. 1142/2007, art. 48.

8 Cfr. CSJ AP5408, 22 ago 2016, Rad. 48.682.

9 Se trata de la decisión de 4 de enero de 2018 proferida por el Juzgado 71 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, para la cual, valga destacar, no se pretextó la no aducción del proceso original o la falta de soportes para efectuar consideraciones de fondo.

10 Sobre este aspecto, la Corte, en decisión de 10 de agosto de 2010 (Radicación 34.737) reiterada en del 14 y 22 de septiembre de 2011, adoptadas en los radicados No. 34.412 y 37499, respectivamente, ha precisado: “Estando de por medio el derecho fundamental a la libertad, en casos excepcionales, el procedimiento arriba señalado [vía común] resulta nugatorio porque los otros mecanismos legales ordinarios son inanes, en la medida en que al no existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos.
(...) De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos para la protección del derecho que ampara la acción constitucional del habeas corpus, sin duda, a los interesados no puede obligarse a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una respuesta oportuna a la posible vulneración del derecho a la libertad por causa atribuible a los funcionarios judiciales que imposibilitan o impiden su resolución”.

11 Fl. 35, cdno. Primera instancia.

12 Los cuales se comprenden los siguientes periodos: i) del 13 de abril al 26 de octubre de 2016, ii) del 17 de enero al 29 de agosto de 2017 y iii) del 27 de febrero de 2018 en adelante.

13 Los 325 días que se tienen en cuenta para la contabilización del término están distribuidos de la siguiente manera: i) entre el 9 de febrero y 12 de abril de 2016, empleado entre la radicación del escrito de acusación y la fijación de la primera fecha para su formulación; ii) entre el 28 de octubre de 2016 y 16 de enero de 2017, el cual corrió desde la efectiva celebración de la audiencia de acusación y la fecha señalada para la audiencia preparatoria —en este se incluye la totalidad del mes de diciembre de 2016 teniendo en consideración que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Estatuaria de Administración de Justicia, no ingresan en vacancia judicial, entre otros, los Juzgados Regionales los cuales en la actualidad (según la modificación introducida por la Ley 504 de 1999), corresponden con los Penales de Circuito Especializado—; y iii) entre el 30 de agosto de 2017 y 26 de febrero de 2018 que comprende las cuatro fechas donde no fue posible agotar la audiencia preparatoria por causa de la Fiscalía, el Despacho y los medios tecnológicos del Establecimiento carcelario.