Auto AHP4260-2016/48403 de julio 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AHP4260-2016

Rad.: 48403

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil dieciséis

«EXTRACTOS: V. Consideraciones del despacho

1. Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de habeas corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

Así, entonces, el habeas corpus, según el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 4º de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria sobre Estados de Excepción), es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política, y reconocido como tal en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.

En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Es allí donde la Constitución asigna a la ley la función de regular la garantía fundamental, esto es, fijar las condiciones dentro de las cuales aquella puede ser restringida.

Se sigue de lo anterior que el derecho a la libertad, pese a su indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 Superior, pues aun cuando es cierto que el habeas corpus es el medio por excelencia para su protección, no lo es menos que su aplicación está sujeta al debido proceso, constitucionalmente consagrado y desarrollado en la ley.

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe recordar que el habeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:

a) Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (C.N., art. 28 y L. 906/2004, arts. 2º, 297), la flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y L. 906/2004, art. 301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, art. 348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 21).

b) Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución, en la ley y los tratados públicos vigentes suscritos por Colombia.

2. Ahora bien, cuando —como sucede en este caso— la privación de la libertad tiene lugar con ocasión del trámite de extradición, las normas que regulan la captura y la privación de la libertad, así como las que establecen los motivos que dan lugar a la libertad, no son las que operan en el curso de un proceso penal ordinario (CPP, arts. 298 y 317); en tales casos se aplican los lineamientos previstos en la normatividad especifica que regula este tipo de trámites, en particular el tratado internacional que regule la materia y, en su defecto, la ley.

Para el caso que ocupa la atención del despacho, los motivos de libertad que proceden en el trámite jurídico administrativo de la extradición se encuentran regulados “de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo sobre extradición, suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911 y respectivo canje de notas aclaratorias”. Según estos instrumentos internacionales, “la extradición debe solicitarse formalmente y con todos los requisitos pertinentes en el término de 90 días siguientes a la detención”, tal como lo precisa el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo gubernamental que determina las normas, tratados internacionales, instrumentos públicos y leyes internas aplicables en cada trámite de extradición.

Ahora bien, es cierto, como lo indica el accionante, que el artículo 511 de la Ley 906 de 2004, fija en 60 días el término para que el Estado reclamante formalice el pedido de extradición. Así lo señala la norma:

“Causales de libertad. La persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, este no procedió a su traslado”.

Pero no lo es menos que en casos como este, en los que existe un tratado que regula la materia, el precepto legal se aplica de manera subsidiaria al instrumento internacional, de suerte que este último es el que prevalece. La propia ley procesal penal, Ley 906 de 2004, artículo 490, así lo consagra: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley” (resalta el Despacho)”.

Por tanto, se insiste, el plazo de que dispone, en este caso, el Gobierno Extranjero para formalizar la extradición es de 90 días, según lo precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, con sustento en el acuerdo sobre de extradición del 18 de julio de 1911 y, en especial, la nota interpretativa de su artículo 9º del 6 de septiembre de 1928, que, en lo pertinente, dispone lo siguiente: “… mi Gobierno (Colombia) acepta que se establezca definitivamente la interpretación de ‘que la extradición debe solicitarse en el término de 90 días, dejando a salvo el caso fortuito o de fuerza mayor’”.

Comoquiera, además, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia comunica que el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Venezuela al que hace alusión el accionante, suscrito el 25 de agosto de 1985, “no se encuentra vigente”, no es del caso aplicar el término de 60 días, que allí se menciona, como plazo para formalizar la extradición.

En conclusión, no existe la prolongación ilícita de la libertad del ciudadano extranjero, porque el plazo para formalizar la solicitud de extradición no es de 60 días, como lo asegura el accionante, sino de 90, como lo consagran los instrumentos internacionales que regulan la materia.

Como corolario de lo anterior, el despacho encuentra que no es procedente el amparo constitucional invocado, motivo por el cual la determinación apelada será confirmada en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión del 30 de junio anterior, a través de la cual un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo de habeas corpus solicitado en representación del ciudadano venezolano J. G. P. A.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cúmplase».