Auto AHP45038-2014 de noviembre 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AHP45038-2014

Rad.: 45038

Magistrado Ponente

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D. C., veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El suscrito magistrado es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra la decisión a través de la cual se declaró “improcedente la acción de habeas corpus” promovida por Víctor Hugo Fajardo Vargas a favor de David Santiago Torres Penagos, de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone: “cuando el superior jerárquico (sic) sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual”.

Requisitos de procedibilidad del habeas corpus

La Ley Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) esta se prolonga ilegalmente.

También procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos(2):

“(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial”.

La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando hay un proceso judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas (CSJ, AHP 11 sep. 2013, Rad. 42220; AHP 4860-2014, Rad. 4860).

“Ello es así, excepto cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el habeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”(3)” (CSJ, AHP 11 sep. 2013).

Análisis del caso concreto

1. La demanda fue formulada con el fin de que el juez constitucional conceda el habeas corpus, y decrete la libertad por vencimiento de términos a favor del imputado David Santiago Torres Penagos, con base en lo señalado en el numeral 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

2. Para resolver la impugnación es necesario determinar si (i) la presente solicitud de habeas corpus es procedente; y (ii), en caso afirmativo, verificar si el detenido satisface los presupuestos legales para acceder a la libertad por vencimiento de términos.

2.1. Ciertamente, como viene de verse, así como también lo expuso la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la acción de habeas corpus no reemplaza ni suple la discusión del derecho a la libertad provisional que debe surtirse ante el juzgado de control de garantías, pues este constituye el escenario natural e ideal para satisfacer las cargas probatorias correspondientes y brindar la participación de todos los intervinientes interesados en la cuestión; además la causal invocada —vencimiento de los términos— no opera objetiva ni automáticamente, sino que tiene un condicionamiento previsto en el parágrafo del mismo canon aducido en la demanda, orientado a la valoración de las razones de la mora en la actividad investigativa o judicial, según sea el caso.

Sin embargo, el criterio de subsidiariedad precitado supone que el detenido efectivamente cuenta con el medio de defensa ordinario, pues de no ser así acudir a este parámetro, implica quebrantar su derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, pues no tiene sentido que el Estado lo remita a ejercer otro medio de defensa, cuando realmente no brinda tal mecanismo.

Obsérvese adicionalmente, por ejemplo, que en tratándose de la acción de tutela —de la cual los jueces tomaron analógicamente el parámetro de la subsidiariedad para verificar la procedencia de la acción de habeas corpus, pues la Ley 1095 de 2006 no lo contiene—, tanto el Decreto 2591 de 1991 como la jurisprudencia constitucional acogieron el mencionado criterio con el fin de racionalizar el instrumento constitucional, evitar el desquiciamiento de las diferentes jurisdicciones y respetar, en lo posible, las competencias atribuidas en el ordenamiento jurídico a los órganos que las conforman, así como el debido proceso de los interesados o llamados a participar en la actuación ordinaria, pero no de modo absoluto, pues en todo caso la existencia del otro medio de defensa judicial, debe apreciarse “en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante” (art. 6º.1 ídem).

2.2. En el presente caso la razón que invoca el libelista —defensor del imputado en la actuación ordinaria—, para ejercer la acción de habeas corpus, es precisamente la imposibilidad de acudir al mecanismo ordinario dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 2004, por cuanto no tiene manera alguna de radicar su solicitud de libertad por vencimiento de términos, debido al paro de labores de empleados de la rama judicial.

Ciertamente su afirmación fue corroborada por la juez coordinadora del centro de servicios judiciales, al indicar que “es de público conocimiento, que la rama judicial se encuentra en cese de actividades” y que las audiencias de carácter programado, “a partir del 9 de octubre de año en curso no se han realizado en razón a que el Complejo Judicial de Paloquemao se encuentra bloqueado en todos los accesos y no se permite la entrada a particulares, funcionarios y empleados”.

Ahora, si bien la servidora pública precitada ofreció como solución, que la audiencia se realice de manera inmediata —no programada— ante un juez de apoyo de las sedes descentralizadas, reconoce que esto supone exigirle al solicitante hacer “comparecer a las partes” y la renuncia del detenido a su derecho de asistir a la audiencia.

Esta posibilidad, —extrañamente aceptada en la providencia impugnada— no es una alternativa en la cual el juez de habeas corpus se pueda excusar para relevarse de resolver de fondo la solicitud de amparo a la libertad, toda vez que: (i) las citaciones a audiencia requieren de orden judicial (art. 171 —inc. 2º); (ii) es el juez, no el privado de la libertad ni su defensor, quien cuenta con la autoridad conferida en la ley (art. 172 —inc. 2º del CPP de 2004) para lograr “el cumplimiento de las citaciones”; y (iii) supeditar la realización de la audiencia a que el detenido renuncie a asistir, es violatorio de su derecho fundamental al debido proceso, el cual comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación, juzgamiento de los hechos punibles y trámite de los recursos, con miras, precisamente, a la protección de la libertad de las personas y otros derechos que puedan verse afectados.

Las aludidas garantías configuran, conforme con el artículo 29 de la Constitución, los siguientes principios medulares que integran su contenido esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Adicionalmente, no sobra recordar, de una parte, que de conformidad con el literal d) del numeral 2º del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ejercer su defensa personalmente(4) y, de otra, que es un fin esencial del Estado colombiano “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” (art. 2º de la Constitución Política).

Las anteriores garantías son de gran relevancia en un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y observante de los tratados internacionales sobre derechos humanos, por cuanto estas se constituyen en límites a la actividad pública en general y especialmente al ejercicio de su poder punitivo y por lo mismo, no cabe duda que el uso del medio de defensa ordinario no puede estar supeditado a que el detenido renuncie a sus derechos.

2.3. En este orden de ideas, se determinará si David Santiago Torres Penagos satisface los presupuestos legales para acceder a la libertad por vencimiento de términos.

2.3.1. El artículo 317 numeral 4º de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 61 de La Ley 1453 de 2011, señala:

“Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

(…)

4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.

(…).

PAR. 1º—En los numerales 4º y 5º se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. (…).

Los términos previstos en los numerales 4º y 5º se contabilizarán en forma ininterrumpida.

(…)” (resaltado fuera de texto).

2.3.2. La imputación en el presente caso, según se observa de lo indicado por el fiscal y la juez que la presenció, fue exclusivamente contra Torres Penagos por hurto calificado agravado y tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014; en consecuencia, transcurrieron más de 60 días sin que el fiscal hubiese presentado escrito de acusación “ante el juez de conocimiento”, lo cual no se entiende llevado a cabo por el hecho de que lo hubiese remitido al centro de servicios judiciales a través de “Servientrega”, pues la juez coordinadora informó que a la fecha de su respuesta a la demanda de habeas corpus (7 de noviembre de 2014) “el ente acusador (…) no (…) ha (sic) radicado escrito de acusación en contra del mencionado”, y no se advierte superada esta falencia; por tanto se encuentra satisfecho el requisito temporal del inciso 4º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

Adicionalmente, el motivo que ha impedido al fiscal presentar ante el juez el escrito de acusación, no es atribuible al detenido ni a hechos externos ajenos a la administración de justicia, sino al Estado, es decir, al cese de actividades de sus agentes —funcionarios y empleados— pertenecientes a la rama judicial.

En esas circunstancias, es evidente que la prolongación de la detención de David Santiago Torres Penagos por un lapso superior a 60 días, es ilegal y violatorio de su derecho fundamental a la libertad, el cual debe ser amparado y por lo mismo, se revocará la decisión impugnada.

En este sentido, se dispondrá que el detenido sea puesto en libertad inmediatamente, para lo cual se librarán las comunicaciones correspondientes a la Cárcel Distrital de Varones, lugar en el cual se encuentra recluido, pues de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1095 de 2006, son ineficaces las medidas restrictivas que persigan impedir la libertad del amparado.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Revocar la decisión impugnada.

2. Reconocer el habeas corpus a favor de David Santiago Torres Penagos por prolongación ilícita de la privación de su libertad.

3. Disponer su libertad inmediata, si otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones que sean necesarias.

4. Compulsar copias penales, conforme lo impone el artículo 9º de la Ley 1095 de 2006, para que la Fiscalía General de la Nación inicie la indagación a que haya lugar.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-260 de 1999.

(3) Impugnación de habeas corpus de 26 de junio de 2008, Radicado 30066.

(4) (…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) (…) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección (…).