Auto AHP4592-2016/48469 de julio 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 48469

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciséis

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. El suscrito magistrado es competente para conocer del recurso interpuesto contra la decisión a través de la cual se negó la solicitud de hábeas corpus presentada a favor de la libertad personal de los ciudadanos B. J. T. C. y J. A. H. S., de acuerdo con lo señalado por el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que dispone que “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual”.

2. Resulta oportuno resaltar que la acción de hábeas corpus es el mecanismo constitucional erigido para proteger la libertad personal frente a las amenazas o atentados que contra ella producen autoridades judiciales o policivas, tal como se desprende del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, y como lo ha precisado la reiterada jurisprudencia de esta corporación:

1. El hábeas corpus, consagrado como una acción constitucional en el artículo 30 de la Carta Política y reglamentado a través en la Ley 1095 de 2006, es una acción pública encaminada a la tutela de la libertad en aquellos eventos en que una persona es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales y legales, o ésta se prolongue ilegalmente.

Se edifica o se estructura básicamente en dos eventos, a saber:

1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas o especies constitucional y legalmente previstas para ello, como son: con orden judicial previa (C.N., art. 28 y L. 906/94, arts. 2º, 297), flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y L. 906/2004, art. 301), públicamente requerida (L. 600/2000, art. 348) y administrativa (C-24 ene. 27/94), esta última con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió —y ocurre— en vigencia de la Ley 600 de 2000.

2. Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a cabo la actividad a que está obligado (escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del término, ordenar la libertad frente a captura ilegal —arts. 353 L. 600/2000 y 302, L. 906/2004— entre otras) (CSJ SP, nov. 7/2008, rad. 30772).

3. El peticionario insiste en la procedencia de la libertad provisional de sus representados porque, afirma, contados los términos desde la fecha de presentación del escrito de acusación, hasta el 25 de mayo de 2016, habían trascurrido 456 días sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio oral.

El punto en cuestión, eso es claro, no es la privación de la libertad sino su prolongación ilegal causada, en virtud de la hipótesis consagrada en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015.

4. Con anterioridad a la reforma introducida por el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015, el lapso mínimo para la procedencia de la libertad provisional por vencimiento de términos consagrada en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se contabilizaba a partir del “acto complejo de la acusación”, entendido como la radicación del escrito de acusación y la celebración y culminación de la audiencia de acusación, los cuales, como en reiteradas oportunidades ha aclarado esta corporación, son dos momentos procesales diferentes(11).

Desde el 6 de julio de 2015, día en la cual entró a regir la mencionada reforma(12), dicho término se cuenta desde la presentación del escrito de acusación.

En ese orden, en lo que concierne a la causal invocada por el accionante, la libertad del imputado procederá cuando “… transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio”.

Adicionalmente, de acuerdo con los parágrafos del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el referido término se duplicará cuando “… el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011”, se restablecerá en los casos en que “… hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad” y no se contabilizará si “… la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor…” o “… no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia…”.

Aunque el Fiscal Veintiuno Seccional, adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla, radicó el escrito de acusación el 27 de marzo de 2015, el presente caso se resolverá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1760 de 2015, en virtud del principio de favorabilidad(13).

5. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha reiterado que si bien el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas (CSJ AP, jun. 26/2008, rad. 30066 y CSJ AP, ago. 25/2008, rad. 30438).

Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

Ello es así excepto cuando, como lo ha reiterado la Corte, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho(14).

Esa hipótesis, poco frecuente en la práctica, se evidencia en el caso bajo estudio, respecto de la vía de hecho en que incurrió el juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, de la misma ciudad, en el marco de la audiencia de libertad provisional por vencimiento de términos, realizada el 25 de mayo de 2016.

Esa situación, como se indicará más adelante, habilita el análisis de fondo sobre la solicitud de protección constitucional.

Pero, previo a realizar ese análisis, se expondrá los hechos y circunstancias de esa irregularidad.

6. Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia, la defensa de los procesados solicitó la libertad provisional por vencimiento de términos, asunto que fue asignado el 25 mayo de 2016 al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla.

Los pormenores de esa diligencia ponen en evidencia un claro e infortunado ejemplo de vía de hecho, frente al cual ningún juez constitucional, con un claro entendimiento de lo que significan las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política y de los principios que informan el Estado de derecho, debería guardar silencio.

Los principales hitos de esa audiencia fueron los siguientes:

6.1. Solicitud del apoderado judicial de los procesados.

La defensa alegó que el escrito de acusación fue presentado el 27 de marzo del 2015 y asignado el 8 de abril de 2015 al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de control de garantías de Barranquilla.

Acto seguido, citó cada una de las actas que daban cuenta de las actuaciones procesales y los motivos de aplazamiento, en el siguiente orden:

i) De 10 de agosto de 2015, porque los sujetos procesales no comparecieron y los imputados no fueron remitidos por la cárcel de Sabanalarga ni la del Bosque.

ii) De 17 de septiembre de 2015, por esa misma razón.

iii) De 26 de octubre de 2015, porque la Fiscalía no se presentó y los imputados no fueron remitidos por la cárcel del Bosque.

iv) De 24 de noviembre de 2015, porque la Fiscalía solicitó aplazamiento para la recolección de elementos materiales probatorios.

v) De 20 de enero de 2016, porque la Cárcel del Bosque no remitió a los imputados.

vi) De 23 de febrero de 2016, porque los imputados no fueron remitidos a la sala de audiencia.

vii) De 28 de marzo de 2016, por esa misma razón.

vii)(sic) De 26 de abril de 2016, porque la Fiscalía solicitó aplazamiento para terminar el estudio del preacuerdo. Aunque, aclaró que esas negociaciones no tenían relación con sus defendidos sino con los otros dos procesados, puesto que sus representados insisten en que son inocentes de los cargos imputados.

ix) Por último, de 23 de mayo de 2016, porque la audiencia estaba programada para las 3:30 p.m. y el horario de atención era hasta las 4:00 p.m., siendo aplazada para el 1º de julio. También informó que no le habían entregado el acta respectiva.

Sostuvo, finalmente, que habían trascurrido 423 días contados desde el 27 de marzo de 2015 hasta el 25 de mayo de 2016, sin que se le permitiera probar que sus defendidos no fueron las personas que “atracaron” a las victimas.

Se destaca que el defensor facilitó a la Fiscal y al Juez los elementos materiales, consistentes en el escrito de acusación, como de cada una de las actas y certificaciones de que disponía, al igual que los apuntes donde había calculado los términos.

6.2. Intervención de la delegada de la Fiscalía.

La dra. Adalcy Brito Carrillo, Fiscal Veintitrés Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla, Unidad de Delitos Contra la Seguridad y Salud Pública, se opuso a la solicitud de libertad, para lo cual expuso los siguientes alegatos:

i) Dado que se imputó cargos a 4 personas, el término inicial de 120 días se duplica, siendo entonces de 240 en el presente caso.

ii) Realizado los cómputos desde el 27 de marzo de 2015 (presentación del escrito de acusación) son 426 días a favor del término de excarcelación.

iii) Sin embargo, dada la unidad de defensa, son atribuibles a los procesados 240 días de dilación, obteniéndose como resultado 186 días.

6.3. Decisión del Juez Séptimo Penal del Circuito con función de control de garantías de Barranquilla.

El dr. Alberto Oyaga Machado decretó la libertad provisional por vencimiento de términos, con fundamento en las siguientes motivaciones:

i) El tiempo que la carpeta permaneció en el centro de servicios debía ser contabilizado en favor de quien solicita la libertad por vencimiento de términos, sin embargo, manifestó que no tendría en cuenta esos días porque “simplemente” estaba “haciendo un análisis didáctico”.

ii) Advirtió que existía una “situación irregular por parte del Estado” al no construir a tiempo “un aula o una oficina o una sala”, situación que dilató el inicio de las audiencias, pero igualmente, afirmó que tampoco contabilizaría ese lapso porque “la defensa no vino”.

iii) Aclaró, entonces, que empezaría a contar del 17 de septiembre de 2015 en adelante, concluyendo que habían trascurrido 248 días y solo se necesitaban 240.

iv) Resaltó que entre abril y mayo de 2016 el término se contabilizaba a favor del defensor porque “… la Fiscalía fue la que pidió el aplazamiento (…) además, la Fiscalía pidió el aplazamiento pero no se trata de hacer preacuerdo con ninguna de estas personas de las que están hoy solicitando (…) sino para hacer un preacuerdo con un tercero (…) ese término yo se lo cuento en favor de los hoy solicitantes…”. Según su criterio, lo correcto era continuar con la actuación y presentar el preacuerdo cuando se hubiese concretado.

6.4. Sustentación del recurso de apelación impetrado por la delegada de la Fiscalía General de la Nación.

Contra esa determinación la delegada de la Fiscalía formuló el recurso de apelación, esgrimiendo las siguientes razones de inconformidad:

i) El Juez computó algunos días a favor de la Defensa porque solo era imputable a uno de los defensores, pese a que debe predicarse la unidad de defensa.

ii) La ley dice que se suspenden los términos por negociaciones o preacuerdos, en cuyo caso, “lo importante aquí es establecer si el preacuerdo se realizó, se llevó a cabo, está pendiente o está en trámite, porque interrumpe los términos…”.

iii) Revisado las actas o copias allegadas por la defensa, la del 23 de mayo de 2016 no aparece, tampoco la constancia de que el defensor haya requerido al juez de conocimiento para que certifique quiénes están preacordando, en qué estado está el preacuerdo y hacer la salvedad de que sus dos procuradores judiciales no solicitaron negociación.

iv) El juez de primera instancia no tenía los elementos de juicio suficientes para adoptar la decisión.

6.5. La “retractación” del Juez Séptimo Penal del Circuito con función de control de garantías de Barranquilla.

De forma exótica, valga el eufemismo, el juzgador cambió la determinación adoptada, pretextando la ausencia de un “elemento material probatorio” y haber sido asaltado en su buena fe. Se trascriben las razones expuestas por su relevancia:

… [Q]uiero hacer una aclaración, si no está, aquí esta audiencia no se ha terminado, repito (…), si no está una constancia de que se celebró una audiencia el día 23 de mayo, tiene que traerme una constancia, yo confiando en la buena fe y en las anotaciones que me dieron los señores, el señor defensor y que fue en cierta forma (…) como aprobado de la existencia me esforcé solamente en contabilizar esos términos, pero yo no puedo tomar una decisión faltando un elemento material probatorio y eso me hace caer la señora (sic) y entonces revocaría mi propia decisión porque me hace falta el elemento material probatorio, que yo lo hice de buena fe. Tomé de que (sic) si existía esa acta o por lo menos una constancia de que se citó a las partes, por lo demás me ratifico en todo lo que he dicho y en la contabilización de los términos, también me ratifico. La defensa, pero sino está ese elemento material probatorio, de ninguna manera, ¿porque bajo qué fundamento voy a sostener eso? Entonces le doy traslado del recurso de apelación al señor defensor para que le riposte a la señora Fiscal e igualmente me haga claridad a mí del acta del 23 de marzo (sic) que yo di por descontado de que se había hecho, pero que no tengo el elemento material probatorio y que lo di por buena fe y por lógica, entonces, yo puedo retrotraer mi decisión cuando considero que se está violando una disposición legal, entonces sin elemento material probatorio no puedo tomar esa decisión que tomé, faltándome ese elemento, por lo demás, me sostengo en la misma decisión, así que señor defensor le doy el uso de la palabra, haga lo que tenga que hacer (resalta el despacho).

El apoderado judicial censuró los argumentos de la Fiscalía e insistió en que sus defendidos no solicitaron preacuerdo, además señaló que la representante del ente acusador se presentó en la audiencia “sin traer la carpeta” en la cual se encontraban los elementos probatorios echados de menos.

Solicitó por último, un plazo para dirigirse a la sede del juzgado de conocimiento, que está ubicado en el mismo recinto, y solicitar una copia del acta.

El juzgador insistió en que faltaba el elemento material probatorio y con el fin de garantizar “el principio de acceso a la justicia” decretó un receso de 10 minutos, previniendo al defensor de que si en 10 minutos no aportaba el referido documento, “… retrotraigo la decisión que ya he tomado y en consecuencia, queda sin efecto la decisión que yo mismo había tomado por falta de ese elemento material probatorio”.

6.6. La finalización de la audiencia.

Reanudada la actuación y dado que la defensa no pudo obtener el acta de la audiencia de 23 de mayo de 2016, el dr. Alberto Oyaga Machado, concluyó:

… [C]omo quiera que no tengo el elemento material probatorio que se requiere para esta audiencia, yo no puedo tomar una decisión con base en una suposición, ni tengo por qué estar buscando carpeta para yo estudiarla porque eso es carga del solicitante, como no tengo el elemento material probatorio me retracto de la decisión que tomé, de buena fe y no voy a acceder a la libertad por falta del elemento material probatorio que no acreditó la defensa.

Contra esta decisión no cabe ningún recurso. Hemos concluido (resalta el despacho).

6.7. La vía de hecho por vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Si bien el juzgador negó la solicitud de libertad provisional formulada por la defensa de los procesados, resulta excesivo, como lo hizo el magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la providencia de primera instancia, reprocharle no haber impugnado la decisión contraria a los intereses de sus representados porque los mecanismos de impugnación no se activaron debido a que la autoridad judicial señaló que contra su determinación no procedían recursos.

Esa situación constituyó una vía de hecho, consistente en la vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, a partir de la cual no es posible afirmar que la solicitud de libertad fue resuelta en su integridad por los jueces competentes.

7. En ese orden, resulta procedente evaluar, de conformidad con el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015, el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la libertad provisional por vencimiento de términos.

7.1. El escrito de acusación fue radicado por el Fiscal Veintiuno Seccional, adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Seguridad y Salud Pública de Barranquilla, el 27 de marzo del 2015, fecha a partir de la cual se contabilizará el término de 240 días, por tratarse de más de tres imputados.

7.2. El expediente fue asignado al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con función de control de garantías de Barranquilla, el 8 de abril de 2015. Transcurriendo 12 días en los que la carpeta permaneció en el centro de servicios, tiempo que se computa a favor de los procesados. Porque no son imputables a maniobras dilatorias de la defensa ni justificados en una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor.

7.3. La audiencia de acusación fue programada para el 10 de agosto y 17 de septiembre de 2015, sucesivamente, la cual no pudo realizarse porque los sujetos procesales no comparecieron y los imputados no fueron remitidos por la cárcel de Sabanalarga ni la del Bosque. Este lapso, debido a la unidad de defensa, no se computa.

7.4. La mencionada audiencia fue reprogramada para el 26 de octubre y 24 de noviembre de 2015, la primera no pudo realizarse porque la Fiscalía no se presentó y la segunda, porque solicitó aplazamiento para la recolección de elementos materiales probatorios. Trascurriendo 68 días no imputables a maniobras dilatorias de la defensa ni justificados en una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor.

7.5. Del 20 de enero al 28 de marzo de 2016, se intentó, en tres oportunidades, realizar la audiencia de formulación de acusación, todas infructuosas debido a que los imputados no fueron remitidos por los establecimientos carcelarios. Trascurriendo 125 días no imputables a maniobras dilatorias de la defensa ni justificados en una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor.

7.6. El 26 de abril de 2016, fue aplazada la diligencia porque la Fiscalía solicitó aplazamiento para terminar el estudio del preacuerdo, sin embargo, esa situación no suspendió los términos en relación con los solicitantes del amparo debido a que no los involucraba, puesto que correspondía a esa entidad continuar con la actuación o acudir a la ruptura de la unidad procesal.

Las negociaciones respecto de uno o varios de los imputados no es un pretexto válido para suspender el proceso de forma indefinida, afectándose el derecho de los demás procesados a obtener una decisión en un plazo razonable.

Trascurriendo, entonces, 29 días no imputables a maniobras dilatorias de la defensa ni justificados en una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor.

7.6. Finalmente, el 23 de mayo de 2016 tampoco pudo realizarse la audiencia porque el juez de conocimiento la aplazó, por un asunto de coordinación de horarios. Trascurriendo, 27 días no imputables a maniobras dilatorias de la defensa ni justificados en una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor.

En conclusión, desde que el delegado de la Fiscalía radicó el escrito de acusación, el 27 de marzo del 2015, hasta el 23 de mayo de 2016, trascurrieron 261 días, sin que se hubiese dado inicio a la audiencia de juicio, superándose el término señalado en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015.

Frente a esas condiciones, se impone el amparo constitucional de habeas corpus.

Esa determinación, adicionalmente, está justificada en la persistencia de la vulneración, porque según lo manifestado por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas de Barranquilla, la diligencia aún no se ha realizado, pues apenas ha sido programada la audiencia preparatoria para el próximo 25 de julio.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión impugnada.

2. RECONOCER el habeas corpus a favor de B. J. T. C. y J. A. H. S. por prolongación ilícita de la privación de su libertad.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR la libertad inmediata de B. J. T. C. y J. A. H. S., imputados de los delitos de hurto calificado y agravado y tráfico y porte de armas de fuego o municiones, si otros motivos legales no lo impiden.

Líbrense las comunicaciones que sean necesarias.

4. COMPULSAR copias penales, conforme lo impone el artículo 9º de la Ley 1095 de 2006, para que la Fiscalía General de la Nación inicie la indagación a que haya lugar.

5. ADVERTIR que contra el presente auto no procede recurso alguno. Y,

6. DISPONER la devolución del expediente al Tribunal de origen».

11 CSJ AP, ene. 15/2016, AHP049-2016, rad. 47346

12 Ese cambio normativo acogió lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-390 de 2014, en la cual el esa corporación le exigió al legislador claridad sobre término de privación de la libertad que debía correr entre el escrito de acusación y el inicio del juicio oral.

13 Se aplica el criterio empleado por la Sala Penal de esta corporación para resolver las dudas sobre la aplicación del principio de favorabilidad frente a un cambio normativo inverso al ocurrido en el presente caso. Como se recordará, el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 fue reformado por el artículo 30 de la Ley 1142 del 28 de junio de 2007, estableciendo como punto de partida para contabilizar el vencimiento de términos “la fecha de la presentación del escrito de acusación”, disposición a su vez modificada por el artículo 61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, restableciendo la formula inicial de “a partir de la fecha de la formulación de acusación”. La Sala diferenció dos tipos de normas contenidas en la Ley 1453 de 2011: “Las unas de clara estirpe procedimental, sin ningún efecto sustancial; y las otras, también reguladoras del trámite, pero contentivas de efectos claramente favorables al procesado”. Aclarando que la “que modifica el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, reseña las causales de libertad y, en particular, como antes se anotó, incrementa a 120 días, contados desde la formulación de acusación, el lapso que debe discurrir, sin que se abra la audiencia de juicio oral, para obtener la libertad por vencimiento de términos”, corresponde al segundo grupo. En concordancia, procede la aplicación del principio rector consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en el Código Penal y de Procedimiento Penal, (art. 6º, inc. 2º), de donde surge el imperativo de preferir la ley más benigna, aun cuando sea posterior, a aquellas que hagan más gravosa la situación del procesado o condenado, por virtud de la retroactividad.

14 Cfr. CSJ AP, oct. 9/2013, rad. 42427; CSJ AP, abr. 22/2013, rad. 41173; CSJ AP, feb. 14/2013, rad. 40664; CSJ AP, feb. 14/2013, rad. 40686; CSJ AP, ene. 30/2013, rad. 40574; CSJ AP, nov. 21/2012, rad. 40283; CSJ AP, sep. 14/2011, rad. 37412; CSJ AP, ago. 8/2011, rad. 37143 y CSJ AP, mayo 17/2011, rad. 36486, entre otras más antiguas.