Auto AHP601-2016/47517 de febrero 10 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AHP601-2016

Radicación 47517

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

De tiempo atrás esta corporación ha aclarado que “las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas constitucional y legalmente con el propósito de preservar y amparar el derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, postulado que alcanza la categoría de fundamental al estar inscrito en el elenco de garantías contenidas en los artículos 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (CSJ AP, 01 Sep. 2013, Rad. 42182).

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-187 de 2006, dejó claro que la causal de impedimento consagrada en el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006, “pretende amparar a las partes que intervienen en el proceso al garantizar en él los principios de imparcialidad e independencia que gobiernan la actividad judicial”. Esto bajo el entendido de que “la libertad personal a través del hábeas corpus no solo se garantiza por la celeridad del término en que se decide, sino también cuando se asegura que el funcionario judicial que ha de resolver es en realidad imparcial. Ningún servicio prestaría la premura al derecho fundamental de la libertad, si aquella no va acompañada de la certeza de imparcialidad; pues la respuesta oficial a la petición de hábeas corpus se legitima más por la serenidad y ecuanimidad del juez, que por la rapidez con que se decide” (CSJ AP, 18 Ago. 2004, Rad. 22722).

De otro lado, la Corte Constitucional ha resaltado que los impedimentos deben interpretarse de manera restrictiva, en orden a lograr su armonización con el derecho al acceso a la administración de justicia:

Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (art. 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida (T-176/2008, reiterada en la Sentencia C-811/2011).

En consonancia con lo anterior, esta corporación, al analizar la causal de impedimento prevista en el artículo 335 de la Ley 906 de 2004 (del juez de conocimiento que ha conocido de la solicitud de preclusión), que tiene una semejanza notoria con lo estatuido en el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006, ha precisado que

[E]l motivo de impedimento no surge automático del solo hecho de que el juez o corporación hayan intervenido en la decisión anterior de preclusión, pues, se hace menester consultar no solo el tipo de intervención realizado, de cara a la nueva decisión o participación de la cual buscan apartarse, sino la teleología del instituto, para, finalmente, verificar si objetiva y materialmente se pone en tela de juicio la imparcialidad y neutralidad de los funcionarios o la confianza de la comunidad en la administración de justicia (CSJ AP, 22 Ago. 2012, Rad. 39687, reiterada en CSJ AP, 22 Abr. 2015, Rad. 45822).

En la misma línea, la Sala precisó que

[N]o tiene cabida que el funcionario sea separado del proceso a partir de la audiencia preparatoria y particularmente del juicio —cuyo objeto es examinar las pruebas para conocer lo ocurrido con el fin de juzgar la conducta del procesado— si: (i) no ha llevado a cabo valoración alguna de los elementos materiales de prueba, evidencia física o información relacionada con el caso, y (ii) no se ha pronunciado respecto de los hechos objeto de juzgamiento; pues frente a estas situaciones no se advierte por qué podría originarse en el juez algún prejuicio que vicie su ecuanimidad, máxime si tampoco el líbelo del impedimento da cuenta de ello (CSJ AP, 11 Mar. 2015, Rad. 45419).

Así, es claro que la causal de impedimento prevista en el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 no opera automáticamente, máxime si se tiene en cuenta que el trámite de hábeas corpus debe adelantarse con celeridad y debe estar exento de formalismos innecesarios. Por ello, en cada caso debe verificarse si la participación que haya tenido el Juez o el Magistrado en el proceso ordinario afecta su imparcialidad para resolver la acción consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política.

Bajo las anteriores pautas, no es de recibo lo planteado por el impugnante en el sentido de que el Magistrado que conoció de la acción de hábeas corpus debió declararse impedido porque había decidido, en segunda instancia, la solicitud de práctica de pruebas presentada por la defensa en la audiencia preparatoria.

Ello por cuanto no se avizora ninguna relación entre esa decisión y las actuaciones judiciales que a juicio del accionante afectaron o pusieron en riesgo la libertad de M.A.P.B., concretamente la decisión del juez de conocimiento de no pronunciarse frente a las solicitudes de revocatoria y/o solicitud de la medida de aseguramiento y de preclusión, presentadas luego de haberse emitido el sentido del fallo, de carácter condenatorio.

Lo anterior es suficiente para denegar la solicitud de nulidad impetrada por el impugnante a título de pretensión principal.

Aclarado lo anterior, la Sala se ocupará de analizar los motivos de disenso presentados por el censor frente a la decisión de primera instancia.

El punto central de debate es si la libertad personal puede afectarse, de una manera relevante a la luz de la acción constitucional de hábeas corpus, cuando un juez de conocimiento se abstiene de pronunciarse frente a la solicitud de revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento, así como frente a una solicitud de preclusión, presentadas luego de la emisión del sentido del fallo de carácter condenatorio.

Razón le asiste al Magistrado que resolvió en primera instancia, en cuanto concluye que las solicitudes de libertad y de preclusión presentadas por el defensor de M.A.P.B. fueron extemporáneas, pues ya el juez de conocimiento había anunciado el sentido del fallo de carácter condenatorio.

Frente a la solicitud de revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento, debe tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 450 y 451 de la Ley 906 de 2004, que regulan lo atinente a la libertad luego de emitido el sentido del fallo de carácter condenatorio. La primera de las normas en cita se refiere a los acusados no privados de la libertad y fija las pautas para decidir si se mantiene dicha situación o si debe ordenarse inmediatamente el encarcelamiento. Por su parte, el artículo 451 precisa que cuando el acusado está privado de la libertad (como en el caso que se analiza), “el juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal”.

En consecuencia, si las partes tienen alguna solicitud puntual frente a la libertad del acusado, una vez emitido el sentido del fallo de carácter condenatorio, deben expresarla al finalizar el juicio oral, cuando el juez ha tomado su decisión en torno a la responsabilidad penal. Por demás, la audiencia regulada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 es el escenario dispuesto por el legislador para que las partes expresen lo que consideren pertinente sobre “las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, y si lo consideran conveniente, “podrán referirse a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado”.

Las normas en cita no dejan dudas en torno al escenario procesal en el que puede discutirse la libertad del procesado luego de emitido el sentido del fallo de carácter condenatorio, lo que hace palmaria la improcedencia de la solicitud de revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento presentada por el defensor de P.B. luego de que el Juez de conocimiento se había pronunciado sobre la responsabilidad penal del procesado.

Aunque lo anterior es suficiente para denegar la solicitud del accionante, se tiene que este, además, no explica de qué manera pudo verse afectada la libertad de su defendido con la no realización de la audiencia atrás descrita, pues el artículo 451 establece que la libertad del acusado, una vez emitido el sentido del fallo de carácter condenatorio, solo procede si se avizora el otorgamiento de un subrogado penal, y el delito por el que fue condenado P.B. (acto sexual con menor de 14 años), no admite ese tipo de beneficios, bien por los ámbitos punitivos previstos por el legislador, ora por las prohibiciones expresas frente a este tipo de conductas, consagradas, entre otros, en los artículos 38 B y 68 A del Código Penal.

De otro lado, frente a la solicitud de preclusión, tiene razón el Magistrado de primera instancia en cuanto afirma que era más que evidente su improcedencia, no solo porque en la fase de juzgamiento únicamente pueden alegarse las causales 1 y 3 del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, según lo dispone expresamente el parágrafo de esta norma, sino además, y principalmente, porque una vez emitido el sentido del fallo el debate sobre la responsabilidad penal debe darse en sede del recurso ordinario de apelación y el extraordinario de casación, según las decisiones que al respecto tomen las partes e intervinientes.

Finalmente, cabe resaltar que el accionante se refiere a un sinnúmero de situaciones del proceso seguido en contra de P.B., según él irregulares, a todas luces impertinentes en el contexto de la acción constitucional de hábeas corpus. Dijo, por ejemplo, que había transcurrido muy poco tiempo entre la audiencia preparatoria y la de juicio oral, que “las pruebas practicadas contra mi defendido en la etapa de indagación y en el juicio oral como dicha información legalmente obtenida por el suscrito, constituye una especie de prueba sumaria o sobreviniente al indicado judicial oral...”, etcétera.

En síntesis, como bien lo resalta el funcionario de primera instancia, M.A.P.B. está privado de la libertad en virtud de las decisiones tomadas por funcionarios competentes, dentro del trámite previsto por la ley. El accionante no demostró que la privación de la libertad de su representado sea producto de una irregularidad, y mucho menos que se trate de aquellas situaciones que deben corregirse a través de la acción de hábeas corpus, según lo dispuesto en la Ley 1095 de 2006.

Estas razones son suficientes confirmar la decisión de primera instancia.

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto del dos de febrero de 2016, mediante el cual se resolvió la acción de hábeas corpus impetrada por el defensor del procesado M.A.P.B.

Contra esta decisión no proceden recursos.

CÚMPLASE».