Auto AHP6894-2014 de noviembre 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45.000

AHP6894-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El suscrito magistrado es competente para conocer de la impugnación interpuesta contra la decisión de 5 de noviembre de 2014, proferida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual negó la solicitud de habeas corpus interpuesta a nombre de Ricardo Alcendra Gutiérrez, atendiendo la previsión contenida en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, el cual indica:

[C]uando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del habeas corpus.

2. La referida ley establece en su artículo 1º que el habeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) esta se prolonga ilegalmente.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos:

(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial(4).

3. Por su parte, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando hay un proceso judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad, (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal, (iii) desplazar al funcionario judicial competente, y (iv) obtener una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, como el ámbito de aplicación de esta acción constitucional se restringe a los casos expresamente referidos en el numeral anterior, la cuestión examinada no tiene vocación de prosperidad, tal como lo concluyó el magistrado en primera instancia.

Resulta evidente que el actor se encuentra privado de la libertad por virtud de una decisión judicial válidamente proferida dentro del proceso que se le adelanta por la presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

En consecuencia, el 21 de mayo del año en curso, luego de haber sido aprehendido en flagrancia, al implicado le fue legalizada la captura, misma fecha en la que le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, sin que dichos actos hayan sido objeto de impugnación, encontrándose actualmente a disposición del Juzgado 50 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, estando pendiente por realizar la audiencia de formulación de acusación.

Situación que no evidencia irregularidad alguna, ya que conforme al artículo 317 de la Ley 906 de 2004, las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante toda la actuación, en este evento, restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario.

Bajo tales condiciones, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, tratándose de una actuación en curso, las solicitudes de libertad provisional deben ser presentadas al interior de la misma en cuanto se trataría de situaciones que eventualmente se consolidan durante su desarrollo. Ello, debido a que la acción de habeas corpus tiene como características la residualidad y subsidiariedad, tratándose de procesos en curso, aunque excepcionalmente puede ser promovida en los casos en que de manera manifiesta el funcionario judicial incurre en alguna vía de hecho.

5. En el presente caso, el actor si bien acudió al reclamo de la libertad provisional por vencimiento de términos dentro de la causa penal seguida en su contra, siéndole negada por el juez 30 penal municipal con funciones de control de garantías, también lo es que ante eventuales inconformidades tuvo la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra esa determinación, del cual desistió a través de apoderada, renunciando así a cualquier controversia al respecto, tal como se desprende del propio dicho del recurrente.

Y es que si no agotó los medios judiciales que al interior del proceso se han dispuesto a su favor para lograr la libertad que ahora pretende por esta senda, esa sola circunstancia es desconocedora del carácter subsidiario de la acción de habeas corpus, y per se, es suficiente e impide a este despacho darle mérito a la pretensión formulada a nombre de Alcendra Gutiérrez.

6. Es más, se observa que la censura constitucional presentada por el actor está destinada a fracasar, en la medida en que el lapso invocado no constituye causal de libertad. Al respecto, alega el accionante que desde la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, esto es, 29 de abril de 2014, a la fecha de radicación de esta acción, aún no se ha celebrado la audiencia de formulación de acusación, circunstancia que lo ha mantenido privado ilegalmente de su libertad, aduciendo el desconocimiento de la causal prevista en el numeral 5º artículo 317 de la Ley 906 de 2004, la cual se configura:

Cuando trascurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la formulación de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.

No obstante, resulta evidente que dicho término debe contabilizarse a partir de la formulación de acusación propiamente dicha, sin que pueda hablarse de ella hasta que culmine el acto procesal, porque es a partir de allí que comienza el conteo de los 120 días para que el juzgador inicie la audiencia de juzgamiento.

En este caso, salta a la vista que la circunstancia prevista en la norma para otorgar la libertad no se amolda a lo solicitado a nombre de Ricardo Alcendra Gutiérrez, ya que dentro del asunto penal aún no se ha formulado acusación. En efecto, desde el recibo de las diligencias por el Juzgado 50 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en dos oportunidades se ha fijado fecha para lograr su realización, tales como el 21 de agosto y el 20 de octubre del año en curso, siendo aplazadas por falta de remisión del preso por parte del Inpec y por el cese de actividades judiciales, que impidió el ingreso del funcionario judicial a las instalaciones, eventos insuperables por el juez de conocimiento.

7. Ahora, si lo pretendido por el actor era lograr la libertad del enjuiciado por no haberse iniciado el juzgamiento, dado que en la solicitud de habeas corpus refirió el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, ese reclamo tampoco encuentra acogida, pues tal como lo refirió el a quo, en la actualidad para la contabilización de los 120 días allí consagrados, debe haberse surtido el acto de formulación de acusación, el cual —se reitera— no ha sido efectuado.

No se desconoce que la Corte Constitucional en la Sentencia C-390 de 26 de junio de 2014, declaró exequible la expresión “la formulación de acusación”, contenida en el numeral 5º del artículo 317 ibídem, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación, comprendido este como el primer acto procesal del acto complejo que constituye la acusación. No obstante, los efectos de dicha providencia, fueron diferidos por el propio órgano constitucional hasta el 20 de julio de 2015, esto es, “hasta tanto el legislador regule, si así lo considera, el periodo máximo que puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo”.

Entonces, por disposición expresa de la Corte Constitucional, todavía no puede darse aplicación a la citada sentencia de constitucionalidad, es decir, que hasta tanto la misma no genere efectos jurídicos, no podrá iniciarse el conteo del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, (120 días) desde la presentación del escrito de acusación, sino que deberá hacerse desde el acto de formulación de acusación, tal como ha venido siendo interpretado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Cfr. CSJ AP, 2 oct. 2013, rad. 42383, CSJ AP, 9 oct. 2013, rad. 42427, CSJ AP, 12 jun. 2014, rad. 43952 y CSJ AP, 11 ago. 2014, rad. 44366, entre otros)

8. Corolario de lo expuesto, atendiendo a que no se cumple con ninguno de los presupuestos que habilitan la procedencia de la acción de habeas corpus y que el actor se encuentra privado de la libertad en virtud de decisión válidamente proferida por autoridad judicial competente, sin que pueda predicarse que se ha prolongado ilícitamente, la acción constitucional no está llamada a prosperar, como bien lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará la decisión impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la decisión impugnada por medio de la cual un magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó por improcedente el amparo de habeas corpus deprecado a nombre de Ricardo Alcendra Gutiérrez, de conformidad con las razones expuestas en la anterior motivación.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(4) Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 1999.