AUTO AL1237-2018/78353 DE MARZO 21 DE 2018

 

Auto 1237-2018/78353 de marzo 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

AL1237-2018

Rad.: 78353

Acta 10

Bogotá D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Decide la Sala sobre el recurso de queja presentado por Orlando Gustavo Morillo Santacruz, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones Cesantías Porvenir S.A., y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

No se acepta el impedimento manifestado por el Dr. Fernando Castillo Cadena.

I. Antecedentes

Orlando Gustavo Morillo Santacruz, pretendió la declaración de nulidad de su afiliación y/o traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por Provenir S.A., y que por tanto se le condenara a Colpensiones a:

“(…) 2. (…) recibir de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías - Porvenir S.A. el bono pensional recibido del Fondo Prestacional de la Universidad de Nariño en su momento, a nombre de Orlando Gustavo Morillo Santacruz, por el periodo de cotizaciones comprendido del 23 de mayo de 1980 al 31 de diciembre de 1997, con la indexación pertinente e intereses de mora.

3. (…) recibir de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías-Porvenir S.A todas y cada una de las cotizaciones realizadas para pensiones a nombre de Orlando Gustavo Morillo Santacruz a favor del régimen de ahorro individual, desde el 1º de enero de 1998 hasta la fecha que se realice su retorno definitivo a Colpensiones, con la indexación pertinente e intereses de mora.

4. (…) reconocer a Orlando Gustavo Morillo Santacruz el derecho a pertenecer al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

5. (…) reconocer a Orlando Gustavo Morillo Santacruz la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con el régimen pensional más favorable al aplicable.

6. (…) reconocer los perjuicios materiales y morales a él causados.

7. Condenar en costas a las demandadas”.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, a quien correspondió el trámite en primera instancia, con fallo del diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017), declaró la nulidad de la afiliación efectuada por el demandante al Fondo de Cesantías y Pensiones-Provenir S.A., y estipuló:

“(…) 2. CONDENAR al Fondo de Cesantías y Pensiones Porvenir S.A. a realizar el trasladado a Colpensiones de la totalidad de lo ahorrado por el demandante en su cuenta de ahorro individual, el bono pensional, los rendimientos, y demás sumas de dinero recaudadas desde el tiempo de vinculación del demandante hasta la fecha en que se traslade a Colpensiones las sumas indicadas.

3. ORDENAR a Colpensiones que proceda a recibir por parte de Porvernir S.A. la totalidad de lo ahorrado por el demandante en su cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos, en caso que resulte inferior al monto del aporte legal correspondiente, si hubiese permanecido en el régimen de prima media, se ordena a Colpensiones se otorgue la oportunidad en tiempo prudencial para que se cancele dicha diferencia.

4. DECLARAR que el demandante Orlando Gustavo Morillo Santacruz cumplía con el requisito de edad y tiempo de servicios para acceder al régimen de transición para el 30 de junio de 1995, fecha en la cual entro en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos del nivel departamental según el artículo 151 de la misma.

5. ABSOLVER de las restantes pretensiones a las demandadas.

6. DECLARAR probada la excepción de buena fe respecto de Porvenir S.A., y declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas.

7. CONDENAR a Colpensiones a pagar las costas de este proceso (…).

8. DECLARAR la falta de competencia de este juzgado para decidir de fondo respecto del reconocimiento de la pensión de vejez a que el demandante aspira con base en la Ley 33 de 1985 por tratarse de un empleado público beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.En consecuencia se ordena remitir copias auténticas del expediente y de los audios ante la Oficina Judicial de Pasto para que el asunto sea repartido entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Pasto, para lo de su cargo.

9. (…)”.

Al conocer en grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante fallo del once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017), revocó la sentencia proferida en primera instancia, y en su lugar, absolvió a las demandadas de los cargos formulados en su contra.

Inconforme con la precitada decisión, la apoderada de la parte demandante, formuló recurso extraordinario de casación, el que le fue denegado mediante providencia del 22 de mayo del 2017, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, habida cuenta “(…) se desprende del libelo de postulación, que lo pretendido por el promotor de la acción, se concentra en que se declare la nulidad de la afiliación a Porvenir S.A., que se condene a Colpensiones a recibir el bono pensional del Fondo Prestacional de la Universidad de Nariño y de todos los aportes realizados en el fondo privado, que se declare el derecho en cabeza del accionante al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 d 1993, y como consecuencia de ello, se reconozcan los perjuicios morales y materiales, estos últimos representados según la demanda en función del valor de las mesadas pensionales (…)”.

Y a reglón seguido adujo “(…) es menester concluir que el demandante, no tiene interés económico para recurrir en casación, puesto que las pretensiones formuladas son eminentemente declarativas y referentes a la nulidad de traslado de régimen pensional, siendo entonces que no pueden cuantificarse o concretarse en específicas sumas de dinero, más aún cuando las mismas no pueden ser entendidas como la ambición del derecho pensional propiamente dicho (…) ”.

Contra el anterior proveído, dentro del término legal, se interpuso recurso de reposición, y en subsidio de queja, el que tuvo como sustento, que si bien el tribunal basó su decisión en el hecho de la inexistencia del interés económico para recurrir, esto no coincide con lo estipulado en los numerales segundo, tercero y sexto del acápite de pretensiones de la demanda, en las que se solicita “la imposición de obligaciones valorables en términos económicos”.

Precisó, que tanto la segunda como la tercera pretensión estaban encausadas a condenar a Colpensiones a recibir de Porvenir S.A., los bonos pensionales, junto con todas las cotizaciones, indexaciones e intereses de mora pertinentes, que fueron calculados en el capítulo de cuantía, y que condujeron a afirmar que del extracto de la cuenta pensional del demandante, los valores a restituir por parte de Porvenir S.A. a Colpensiones, equivalían a la suma de $197.166.444, por lo que a su juicio se demuestra, que dichas pretensiones arrojan una suma determinable en dinero.

En relación con lo anterior, aduce que, no se trata del derecho pensional, sino de una suma de dinero consolidada en la cuenta pensional del demandante en Porvenir S.A., y que en caso de que su cuantificación no fuese correcta, es deber del juez por medio de un perito actuario, cuantificar el monto, y de esta forma poder determinar si supera la suma para recurrir en casación.

Por otro lado, señala que solicitó condenar a Colpensiones a pagar los perjuicios materiales y morales causados al demandante, y que estos últimos pueden ser tasados por el juez hasta en 100 smmlv ($88.525.920), suma que aduce debe ser tenida en cuenta para efectos de determinar el interés económico para recurrir en casación.

Finalmente, reafirma que el tribunal debió conceder el recurso interpuesto por el demandante, bajo el supuesto de que lo cuantificado en las pretensiones, supera lo requerido por la ley, pues considera que existen parámetros “(…) para que las pretensiones de la demanda sean al menos, determinables en dinero, y cuantificables pecuniariamente(…)”, afirmación que sustenta en los autos AL5290-2016, AL2977-2017-2017, AL2263-2017 -2017.

El juez colegiado, mediante auto del 20 de junio del 2017, decidió no reponer la precitada providencia, para lo cual tuvo como fundamento el proveído CSJ 29 jul. 2015, rad.67272, en el que se indicó:

“(…) las pretensiones formuladas, como lo advirtiera el Tribunal, son eminentemente declarativas, entrañando tal situación que, en principio, no pueda cuantificarse o concretarse en especificas sumas, menos cuando quiera que la sola afirmación del recurrente de que fue viciado su consentimiento para obtener el referido traslado no es suficiente para establecer que el monto del interés jurídico que le asiste para acudir al recurso extraordinario (…).

En síntesis, no contándose con un sustento económico que se refleje de las pretensiones de la demanda que le fueron adversas en la sentencia que ataca, bien procedió el Tribunal al denegar al recurrente en queja el acceso al recurso extraordinario”.

Y en lo que tiene que ver con el segundo argumento planteado por la impugnante, el juez colegiado adujo que el concepto de indexación de aportes y bono pensional “(…) debió estar acreditado en el expediente, para ser posible adicionarse a la suma ya establecida por esta Corporación y lograr el interés económico para recurrir en casación, sin embargo al no ser aportada dicha suma, no existía prueba alguna que permitiera realizar el cálculo, al momento de cuantificar el interés para recurrir, el cual tampoco puede efectuarse en este momento”.

Así mismo, señaló que lo afirmado por el recurrente es errado, ya que las pretensiones son eminentemente declarativas en virtud de la nulidad de traslado del régimen pensional, y bajo los preceptos jurisprudenciales mencionados previamente, reitera el argumento que estas no se pueden cuantificar o concretar en sumas de dinero específicas, pues las mismas no pueden ser entendidas como la ambición del derecho pensional propiamente dicho.

Por otro lado, en cuanto a las pretensiones quinta y sexta, relativas al reconocimiento de la pensión de jubilación, y los perjuicios morales y materiales, dijo que tampoco procedía la concesión del recurso de casación, debido a que las entidades demandadas fueron absueltas respecto a las mismas, a través del fallo proferido por el juzgado sin que el demandante hubiera expresado inconformidad alguna al respecto.

En respaldo de la anterior afirmación, citó la providencia CSJ SL 23 agt. 2001, rad. 16201, en la que se concluyó:

“No puede olvidarse, que dentro de los presupuestos para recurrir en casación se encuentra el de la legitimidad para interponer el recurso, que se deriva tanto de la calidad de los litigantes como de la postura que hayan adoptado frente al fallo de primer grado, puesto que tratándose del trabajador si aquel le fue parcialmente favorable es necesario que apele respecto de aquello que le resulto adverso a sus intereses, única manera de mantener o conservar legitimidad jurídica para hacer uso a posteriori del recurso extraordinario en cuanto a ese segmento, porque si no lo hace pierde dicho interés, que es lo que acontece en esta oportunidad”.

II. Consideraciones

Conforme al artículo 86 del CPTSS, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía excedan de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente, presupuesto que jurisprudencialmente se ha denominado como el interés económico para recurrir en casación.

En relación con lo anterior, debe recordarse que en incontables decisiones, esta Corporación, respecto del interés económico también ha señalado que está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, el que tratándose del demandante como sucede en el caso bajo estudio, se traduce en el monto que representa la desmejora de sus intereses por la modificación efectuada por la sentencia de segunda instancia, o en la cuantía de las pretensiones que hubiesen sido negadas por el juez colegiado en el fallo que se pretende controvertir.

En consecuencia, y con referencia en lo anterior, se tiene que el aquí recurrente, no interpuso recurso alguno en contra del fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto, y que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, al emitir la sentencia de segunda instancia, revocó lo decidido por el juzgado, absolviendo a las entidades demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra, por lo que el agravió que le causó al recurrente el proveído del Tribunal, se concreta única y exclusivamente a las condenas que había proferido el primer sentenciador y que fueron revocadas por el sentenciador de alzada, para en su lugar absolver, esto es, los ordenamientos hechos con ocasión de la nulidad del traslado al régimen de ahorro individual, que consistieron básicamente en que Porvenir debe devolver a Colpensiones la totalidad de lo ahorrado por el demandante en su cuenta individual, junto con los rendimientos financieros, y por ende la recuperación del régimen de transición.

Ahora bien, en lo que tiene que ver los perjuicios materiales y morales que se pretendieron con la demanda inicial, los mismos no pueden ser tenidos en cuenta para determinar el interés económico del recurrente, por cuanto el juez de primera instancia absolvió de ellos, sin que la decisión en ese puntual aspecto hubiera sido impugnada por la parte actora.

En ese orden se advierte, que si bien es cierto las pretensiones denegadas por el Tribunal, fueron exclusivamente declarativas, en tanto se concretaron a la nulidad del traslado de régimen y las consecuencias que tal decisión acarrea, la cuantía para recurrir en casación de la parte demandante en estos casos, debe examinarse en torno a la expectativa que tiene el afiliado de recuperar el régimen de transición, y así poder acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, con los requisitos que tales normativas disponen.

Así las cosas, si según la información suministrada en el escrito de demanda, el natalicio del demandante se produjo el 4 de julio de 1954, el eventual derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima medida con prestación definida, bajo el supuesto de recuperar la transición, lo adquiriría en ese mismo día y mes del año 2014, siempre y cuando, claro está, tenga la densidad de semanas exigidas. Obsérvese además, que en el sub judice, el actor también pretendió el reconocimiento de la pensión a cargo de la entidad Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, teniéndole en cuenta el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, si como se dejó visto, el promotor del proceso cumplió la edad mínima exigida en dicho régimen para la calenda ya mencionada, claramente se infiere que tenía para ese momento una expectativa de vida de 23 años, según la Resolución 1555 del 30 de julio de 2010 de la Superintendencia Financiera. De ahí que, calculada la incidencia futura por la vida probable del demandante, al menos con el salario mínimo mensual de la época ante el desconocimiento del respectivo IBL que debía de corresponder, surge como conclusión inevitable que si le asiste interés económico para recurrir en casación.

Luego entonces, con la anterior posición de la Sala, se recoge cualquier otro criterio que en sentido contrario se hubiese proferido en torno al interés económico del demandante, en tratándose de controversias donde se reclama la nulidad del traslado al RAIS para recuperar la transición.

Por consiguiente, habrá de declararse mal denegado el recurso de casación por parte del tribunal.

I.(sic) Decisión

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

RESUELVE:

1. DECLARAR mal denegado el recurso extraordinario de casación, interpuesto por Orlando Gustavo Morillo Santacruz, dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra la Sociedad Administradora de Fondos y Pensiones Cesantías Porvenir S.A., y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

2. ORDENAR al Tribunal de origen remitir el expediente a esta corporación para los fines legales consiguientes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.