Auto AL1461-2013 de noviembre 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 41894

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

AL1461-2013

Acta 38

Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Surge del análisis de los antecedentes atrás referidos, que en el proceso puesto a consideración de esta Sala, a más de los sujetos procesales que, en calidad de demandantes y demandados comparecieron al proceso, en diferente condición debieron comparecer los mismos, así como otros, ya como intervinientes ad excludendum y como litisconsortes necesarios por pasiva, o solo en esta última condición, tal y como gráficamente se indica a continuación:

SujetosForma de comparecerFueron convocados
DemandanteDemandadoDenuncia del pleitoAd excludendumLitisconsorcio necesario por pasivo
Josefina Matilde Larios
(cónyuge)
X
Contra AFP, compañera y ARP
     
XXXX y XXXXX XXXXX
(hijos del matrimonio)
   X
Contra XXXX y XXXXX XXXXX a quienes la ARP les reconoció el 50% de la pensión
X
Contra quien Porvenir, e les reconoció el 12,5% de la pensión a cada uno.
No
Yaneth Baloco (compañera)X
Contra la AFP y Drummond
X
Demandada por Josefina M. Laríos Henríquez
  X
Como beneficiaria de la pensión que le reconoció la ARP Colseguros, integrada como litisconsorcio por pasiva
No
XXXX y XXXXX XXXXX
(hijos de unión libre)
    X
Contra Porvenir que les reconoció el 12,5% a cada uno de la pensión
No
Porvenir XX
Contra la ARP Colseguros S.A.
  
ARP Colseguros X
Por denuncia del pleito
  X
Por integración del litisconsorcio necesario por pasiva
Drummond Ltd. X
De Yaneth Baloco Tapia
   

En ese contexto, como quedó visto, no todos fueron convocados en las condiciones procesales indicadas por, lo que, a la luz de las normas adjetivas que regulan el procedimiento civil, al cual por remisión se acude en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, se está ante una nulidad insubsanable, tal y como lo precisa el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Ello es así, por las razones que a continuación se exponen:

1. Del debido proceso.

1.1. Integración del litis consorcio necesario por pasiva de los cuatro menores hijos del causante, respecto de la demandada AFP Porvenir.

Al hacer el respectivo estudio de fondo, observa la Sala que está fuera del debate, que Valmore Locarno Rodríguez falleció el 12 de marzo de 2001 y que lo sobrevivieron cuatro hijos menores, así: (i) XXXX y XXXXX XXXXX, habidos en el matrimonio que lo ligó con la señora Josefina Matilde Larios Henríquez; y (ii) XXXX y XXXXX XXXXX, en unión libre procreados con la señora Yaneth Baloco Tapia.

Se dijo también en los antecedentes, que la AFP Porvenir le reconoció a los cuatro menores el 50% de la pensión de sobrevivientes en un 12.5% para cada uno, mientras que el 50% restante lo dejó en suspenso para que la justicia ordinaria determinara a cuál de las dos reclamantes, cónyuge o compañera, le asiste el derecho a su reconocimiento y pago y que, por esta razón, tanto Josefina Matilde Larios Henríquez en condición de cónyuge supérstite, como Yaneth Ester Baloco, en condición de compañera permanente, demandaron a la AFP Porvenir, pretendiendo cada una para sí el derecho pensional controvertido.

Sin embargo, en esa contienda contra el fondo privado de pensiones entre cónyuge y compañera, en la que no eran parte los menores XXXX y XXXXX XXXXX y XXXX y XXXXX XXXXX, en la decisión judicial proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, que a su vez fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, les fue arrebatada la pensión de sobrevivientes de origen común que a cada uno, en el 12,5%, le reconoció la AFP Porvenir, sin haber sido vinculados, oídos, ni vencidos en juicio.

Para evitar tal improperio procesal, tan pronto el juez a quo convocó a la AFP Colseguros S.A. al proceso en condición de litis consorcio necesario por pasiva, y advirtió que dos entidades del sistema de seguridad social, una del régimen de riesgos profesionales y otra del sistema general de pensiones, estaban reconociendo la pensión de sobrevivientes del mismo causante para algunos de los beneficiarios ya identificados, pese a que el reconocimiento y pago solo podía estar a cargo de una de las dos administradoras, ha debido convocar a los menores en calidad de litisconsortes necesarios por pasiva, a fin de que hicieran valer su derecho otrora reconocido por Porvenir S.A.

Con otras palabras, no obstante merecer esos menores la protección del Estado, fueron ignorados y, en desmedro de sus intereses, se profirió sentencia en su contra, lo que constituye una clara violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, consagrados, en su orden, en los artículos 29 y 44 de la Constitución Política.

1.2. Intervención ad excludendum de XXXX y XXXXX XXXXX, frente a XXXX y XXXXX XXXXX, respecto de la pensión de sobrevivientes de origen profesional que les reconoció la ARP Colseguros S.A., convocada al juicio por Porvenir y Josefina Matilde Larios Henríquez.

Quedó explicado al memorar los antecedentes, que la jurisdicción ordinaria laboral en el circuito judicial de Valledupar, cuya sentencia de segunda instancia no fue casada por esta corporación, (Rad. 23202 del 29 de agosto de 2005), respecto de XXXX y XXXXX XXXXX dispuso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de origen profesional, a cargo de la ARP Colseguros S.A., en un 25% para cada uno.

Siendo ello así, los hijos menores del causante habidos en la unión matrimonial, esto es XXXX y XXXXX XXXXX, habrían podido comparecer al proceso como intervinientes ad excludendum, en aras de solicitar su derecho a la pensión de sobrevivientes reconocida por la ARP Colseguros S.A. únicamente a los hijos de la compañera permanente.

Entonces, la manera adecuada en que pudieron vincularse al proceso, respecto de la ARP Colseguros S.A. y en oposición a XXXX y XXXXX XXXXX, era a través de la intervención ad excludendum, pues, además de que es una forma de intervención principal, cada uno de los cuatro hijos, individualmente considerados, tiene el interés legítimo de pretender para sí el derecho pensional controvertido.

1.3. Integración del litis consorcio necesario por pasiva de Yaneth Baloco Tapia, XXXX y XXXXX XXXXX, respecto de la pensión de sobrevivientes de origen profesional, que les reconoció la ARP Colseguros S.A., convocada al juicio por Porvenir y por Josefina Matilde Larios Henríquez.

Ahora bien, en armónica consecuencia con lo expuesto, observa la Sala que tan pronto como el Juez Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla dispuso convocar al proceso a la ARP Colseguros S.A., quien, se itera, por decisión judicial tiene a cargo y está pagando la pensión de sobrevivientes de origen profesional a favor de la compañera permanente del causante y de los menores hijos habidos en esa unión, debió convocarlos como litisconsortes necesarios por pasiva, a fin de que pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, ya que sus derechos pensionales previamente reconocidos y en pleno usufructo, podrían verse afectados con la nueva controversia judicial.

Habida cuenta que no sería razonable ni jurídico, que pese a que se les reconoció la pensión de sobrevivientes por el siniestro profesional en el que perdió la vida el causante, inusitadamente pudieran llegar a verse privados del derecho que se les reconoció, sin que se les haya dado la oportunidad de discutirlo judicialmente.

Aquí, sin lugar a dudas, en los términos de los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, necesariamente debió integrarse el contradictorio con XXXX y XXXXX XXXXX y con XXXX y XXXXX XXXXX, porque dada su condición especial de menores, la trascendencia del tema y la naturaleza del derecho, no era posible resolver el pleito sin su comparecencia, respecto de la demandada AFP Porvenir S.A.

En igual forma, debió convocarse a Yaneth Ester Baloco Tapia y a sus dos menores hijos XXXX y XXXXX XXXXX, en relación con su derecho pensional ya reconocido por la ARP Colseguros, ya que sería antijurídico que sorpresivamente se vieran privados del derecho pensional que vienen disfrutando, sin que se les diera la oportunidad de discutir judicialmente su prerrogativa. Ahora bien, aunque esta circunstancia configura una nulidad procesal insubsanable, respecto de los dos menores, no ocurre lo mismo con la compañera, en este específico caso, dado que ella desde un principio, fue sujeto procesal y en todas las etapas del juicio estuvo presente para defender sus derechos.

Estas reflexiones de la Sala se acompasan con la línea jurisprudencial que de antaño se tiene sentada, según la cual, hay procesos en los que se hace indispensable la comparecencia de una pluralidad de sujetos, sin cuya presencia procesal se hace imposible decidir, al punto que se torna insoslayable la obligación de integrar el litisconsorcio necesario por pasiva. Entre otras, se citan al efecto la proferida el 31 de agosto de 2010, Rad. 36143, y más recientemente la del 22 de agosto de 2012, Rad. 38450.

Así las cosas, lo precedente lleva a la violación del debido proceso (C.N., art. 29).

2. De la nulidad.

Por lo anterior, en este asunto se está en presencia de una nulidad insaneable tal y como lo precisa el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el procedimiento laboral por la integración procesal que dispone el artículo 145 del estatuto adjetivo del trabajo y de la seguridad social, en relación con los menores a los que se ha hecho mención.

No obstante, como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para declarar la nulidad suscitada en las instancias, habrá de declarar la nulidad de lo actuado desde el auto que admitió el recurso de casación formulado por el apoderado de la señora Josefina Matilde Laríos Henríquez, y se ordenará que regresen las diligencias al tribunal de origen para lo propio.

Por último, es preciso recordar, que esta Sala ha señalado que con decisiones como a la que ahora se adopta, no se afecta “el principio de prevalencia del derecho sustancial reconocido en el artículo 228 de la Constitución, sino que, antes bien, permite realizarlo cabalmente, en la medida en que, por mandato de la propia Carta Política y con rango de derecho fundamental, toda persona tiene derecho a un debido proceso (art. 29), cuyo observancia resulta necesaria para legitimar el pronunciamiento judicial que dirima el litigio. En este sentido, con el pretexto —o argumento— de administrar cumplida justicia y de hacer efectivo un derecho, no pueden los Jueces hacer tabla rasa de las formas procesales, pues aunque el derecho se satisficiere, la solución judicial no tendría legitimidad, la que solo puede predicarse si la decisión del juez se ha adoptado ‘con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio’”(2).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

Primero. Declarar la nulidad de lo actuado, desde el auto que admitió el recurso de casación formulado por el apoderado de la señora Josefina Matilde Larios Henríquez.

Segundo. Declarar prematuro el recurso de casación impetrado por el apoderado de Josefina Matilde Larios Henríquez.

Tercero. Ordenar que las diligencias regresen al tribunal de origen, para que conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia, se adopten las correctivos procesales pertinentes que permitan, en los términos de los artículos 51 y 83 del Código de Procedimiento Civil, integrar el litigio con XXXX y XXXXX, XXXX y XXXXX, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(2) CSJ Laboral, 1º febrero 2011, Sentencia Rad. 40201.