Auto AL249-2018 de enero 24 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Clara Cecilia Dueñas Quevedo

AL249-2018

Rad.: 79035

Acta 02

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Se pronuncia la Corte respecto a la solicitud de adición de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2017, en el proceso especial de calificación de huelga que la empresa GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A., GIT MASIVO S.A. adelanta contra la ASOCIACIÓN SINDICAL SINTRA GITMASIVO.

I. ANTECEDENTES

Mediante fallo de 7 de noviembre de 2017, notificado por edicto el 16 de igual mes y año, esta Sala de la Corte confirmó la sentencia proferida el 2 de octubre de 2017, por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de la cual se negó la pretensión de la empresa accionante encaminada a obtener la declaratoria de ilegalidad del cese colectivo de actividades que ejecutó la agremiación sindical Sintra Gitmasivo el 24 de julio de 2017.

Dentro del término legal, la empresa accionante solicitó la adición del fallo, con fundamento en que esta Corte al momento de resolver el recurso vertical, omitió pronunciarse «sobre la totalidad de los demás medios de prueba diferentes al acta de constatación del inspector del trabajo, aportados en la etapa procesal oportuna, que hacían parte del acervo probatorio y como consecuencia al no requerirse prueba solemne o ad substantian actus dentro de esta clase de proceso, también debieron ser objeto de valoración». Destacó que en el recurso de apelación puso de presente que la decisión combatida «hacía una valoración errada de las pruebas», motivo por el cual, la Sala se encontraba en la obligación de analizar los demás elementos de persuasión.

En tal dirección, señala que se dejaron de apreciar o se valoraron equivocadamente el comunicado en el que Sintra Gitmasiva incita al cese colectivo, el comunicado de la gerencia general sobre la suspensión de actividades anunciado por el sindicato, el informe de la Policía Nacional, las notas periodísticas del Diario El País, BluRadio, W Radio, Caracol y 92 Minutos, y las misivas de Git Masivo en las que solicita la postergación de la diligencia de descargos.

II. CONSIDERACIONES

En el recurso de apelación propuesto ante el juez de primer nivel, el apoderado de la parte demandante expuso:

Comete un error el fallador en el sentido de que valora las pruebas de una manera errada en el sentido de que analiza el acta de constatación y no tiene en cuenta que estamos hablando de un documento público emitido por un funcionario del Ministerio del Trabajo. No compara y le da mayor valor probatorio a un documento privado proveniente del particular supervisor de Metrocali Jerry Slee Castillo. Ahí menciona que hay confusión entre lo dicho por este particular a lo dicho por el funcionario público, olvidándose también a su vez que este documento, acta de constatación, en ningún momento fue objetado por parte demandada, y en este documento dice el funcionario inspector de trabajo Alejandro Giraldo «puedo constatar que a las 6:30 por la presencia intervención del ESMAD fue desbloqueada la vía y paulatinamente se normalizó la salida de vehículos del patio taller». Es decir, el funcionario está dando fe pública que efectivamente lo que está narrando ahí fue lo que pudo constatar. Construyó la prueba él en su autoridad de funcionario público y así mismo emitió un concepto y cumplió el requisito procesal exigido por la norma. Entonces ese es uno de las inconformidades concretas en cuanto a la valoración probatorio que equipara un documento público con las declaraciones testimoniales y con un documento emitido por un particular.  

Otra inconformidad respecto al fallo es que nada se dice respecto a las demás cumplimientos de condiciones por parte de la parte demandada, en el sentido de que debió cumplir unos requisitos formales para efectivamente ir al cese de lo que nosotros denominamos ilegal. Esas condiciones como por ejemplo era la citación a la totalidad de los trabajadores de la empresa, la votación de la mitad más uno mediante acta de asamblea o de junta directiva, es decir, se omitieron por parte de la entidad demandada, de la Sintra Gitmasivo unas falencias a las condiciones legales para que efectivamente ese cese fuera legal.  

Otra de las inconformidades es que no se le dio el tinte, digamos la valoración o la importancia necesaria al tema de que efectivamente se trataba de un servicio público esencial. Y en materia de huelga o ceses la jurisprudencia ha dicho que el derecho a manifestarse no es absoluto, es decir, debe cumplir algunos requisitos legales para que efectivamente en tratándose de servicios públicos esenciales, ese derecho que tienen los trabajadores debe cumplir algunos requisitos.  

Esta es las inconformidades [sic] al fallo […]. 

Como se puede advertir, la sustentación de la impugnación se centró en 2 aspectos: (i) el acta de constatación de actividades se ajusta a la legalidad; y (ii) el juez a quo debió verificar el cumplimiento de los requisitos de votación mayoritaria de la huelga y no afectación de un servicio público esencial.

Para dar respuesta a lo primero, la Corte, tras resaltar la importancia del acta de constatación de cese de actividades de cara a las libertades sindicales y al debido proceso, adujo, en síntesis, que la aportada por la empresa no gozaba de valor probatorio debido a que fue construida irregularmente, ya que, en primer término, el funcionario del Ministerio del Trabajo no constató personalmente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la jornada de protestas, como tampoco verificó si, en efecto, la manifestación originó una suspensión o parálisis en la producción; y en segundo lugar, en su elaboración no se garantizó la participación de los voceros del sindicato.

En cuanto a lo segundo, la Corte expuso que «la inobservancia del debido proceso y el incumplimiento de las exigencias reglamentarias durante la diligencia de constatación de actividades por parte del inspector del trabajo, sumada a las contradicciones probatorias respecto a los hechos ocurridos el 24 de julio de 2017, no permitió establecer, con la precisión requerida, si hubo o no una parálisis en la prestación del servicio público de transporte, el tiempo en que eventualmente transcurrió, las condiciones en que se dio y demás circunstancias que, en un juicio de esta naturaleza, deben aparecer debidamente probadas».

Puntualizó, así mismo, que el proceso de calificación de legalidad de huelga exigía de la parte actora «la comprobación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la acción sindical», dado que no era posible dictar una decisión de ilegalidad «con base en especulaciones o suposiciones respecto a las realidades en que se ejecutó la protesta; con mayor razón, si se tiene en cuenta que este tipo de determinaciones comportan una restricción a una de las libertades sindicales fundamentales».

Con todos estos argumentos, concluyó que no había claridad frente a si lo que se había ejecutado era una manifestación pública, amparada por el derecho a la libre expresión y sin un efecto paralizador de la producción o, por el contrario, una huelga «entendida en su acepción tradicional», esto es, una suspensión o interrupción del trabajo, parcial o total, susceptible de ser calificada de legal o ilegal.

De este breve recuento, resulta claro que la Corte no omitió pronunciarse de las materias objeto del recurso de apelación, conforme lo preceptúa el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ahora bien, el recurrente asegura que la Sala no valoró los elementos de persuasión diferentes al acta de constatación de cese de actividades que obraban en el expediente, lo cual no es de recibo dado que la impugnación se centró exclusivamente en la validez de este último documento, en la regularidad procedimental de la huelga y su afectación a un servicio público esencial.

Y si bien al inicio de su disertación señaló que el fallador cometió un error en la valoración de las pruebas, ello era «en el sentido de que analiza el acta de constatación y no tiene en cuenta que estamos hablando de un documento público emitido por un funcionario del Ministerio del Trabajo». Es decir, el apelante restringió su inconformidad global de valoración probatoria a tan solo uno de los medios de convicción: el acta de constatación de cese de actividades.

En consonancia con lo dicho, la Sala no obró con defecto al circunscribir su competencia funcional al análisis selectivo y excluyente del acta de constatación de cese de actividades, pues así se lo planteó el propio demandante. Por lo tanto, se negará la petición de adición del fallo.

III. DECISIÓN

1. NEGAR la adición del fallo emitido el 7 de noviembre de 2017, en el proceso especial de calificación de huelga que la empresa GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A., GIT MASIVO S.A., adelanta contra la ASOCIACIÓN SINDICAL SINTRA GITMASIVO.

2. Remítase el expediente al tribunal del origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.