Auto AL3284-2014 de abril 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL3284-2014

Radicación 54502

Acta 12

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

Resuelve la Corte sobre la demanda ordinaria laboral promovida por Nataly Restrepo Betancur contra Antonio José Picón Amaya (cónsul honorario de México), la cual fue remitida a esta corporación por el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

I. Antecedentes

Con la demanda citada, pretende la actora que se declare respecto del convocado a juicio, la existencia de un contrato de trabajo, y en consecuencia, se le condene al pago de los aportes al sistema general de pensiones causados durante la vigencia del vínculo laboral.

En apoyo de sus pedimentos refirió que laboró en la residencia del señor Antonio José Picón Amaya (cónsul de México), desde el 13 de junio de 2005 hasta el 18 de julio de 2008, devengando un salario mínimo legal mensual vigente y cumpliendo un horario de 8 horas diarias; que durante dicho lapso desarrolló funciones de secretaría y mensajería al servicio personal del accionado.

Afirma que durante la vigencia de la relación laboral, el citado demandado no la afilió al sistema general de pensiones y riesgos laborales, razón por la que se vio obligada a dimitir de su empleo.

Por reparto correspondió al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, despacho que por competencia en razón de la cuantía, la remitió a la oficina de apoyo judicial para su reparto a los jueces municipales de pequeñas causas laborales. Efectuado este, correspondió su conocimiento al Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, quien a su turno decidió remitirla por competencia a la Corte Suprema de Justicia, en razón a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 ibídem.

II. Consideraciones de la Corte

1. Si bien es cierto que conforme al numeral 5º del artículo 235 de la Carta Política, es atribución del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, entre otras, “conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional”, también lo es que dicha competencia subjetiva lo es para conocer de los asuntos en los cuales se encuentre involucrado un agente diplomático, y no un funcionario consular.

Aunque en la práctica suelen confundirse ambas categorías de funcionarios, lo cierto es que entre ellos existen amplias diferencias(1), tanto desde el punto de vista de las normas que le son aplicables y su régimen de inmunidades y privilegios, como del de sus funciones y cometidos.

2. Así, mientras que el régimen jurídico de los agentes diplomáticos se encuentra en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, aprobada mediante la Ley 6ª de 1972; el de los funcionarios consulares es el establecido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, incorporada mediante la Ley 17 de 1971.

3. En cuanto a las funciones de las representaciones y órganos a los cuales se encuentran adscritos, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas señala que son funciones de la misión diplomática, representar al Estado acreditante ante el Estado receptor para: i) proteger los intereses del país y de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; ii) negociar con el Estado anfitrión; iii) informarse por todos los medios lícitos sobre las condiciones y evolución de la actividad política, económica, comercial, cultural y científica del Estado receptor; iv) fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones políticas, económicas, científico-técnicas y culturales con los gobiernos extranjeros.

De su lado, Convención de Viena sobre relaciones consulares establece como cometidos del servicio consular, además de las referidas para las misiones diplomáticas —con excepción de la negociación con el Estado de residencia— las siguientes: i) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; ii) actuar en calidad de notario y de registro civil; iii) representar a los conciudadanos en los procedimientos judiciales; iv) velar por los intereses de sus nacionales en los casos de sucesión por causa de muerte y cuando sean menores; v) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y ejecutar comisiones rogatorias; vi) ejercer las formas de control e inspección previstas por las leyes en los buques o aeronaves que tengan su nacionalidad, y colaborar con las tripulaciones respectivas para intentar resolver las controversias entre sus miembros.

4. En lo concerniente a la inmunidad del agente diplomático, este disfruta de inmunidad de jurisdicción penal absoluta, y en lo que concierne a las inmunidades civiles y administrativas, no puede ser llamado a juicio (inmunidad ratione personae), salvo en los casos de acciones reales relativas a inmuebles situados en el territorio del Estado receptor, acciones de sucesión, cuando se trate de demandas de reconvención provocadas por una acción judicial entablada por él y las relativas a una profesión liberal o de una actividad comercial que el agente ejerza independientemente de sus funciones oficiales.

Por su parte, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 establece a favor de los cónsules una inmunidad más restringida con respecto a la de los diplomáticos, pues mientras para los segundos es la regla general, para los primeros es la excepción.

En efecto, los funcionarios y empleados consulares gozan de inmunidad de jurisdicción únicamente respecto de los actos realizados en ejercicio de sus funciones consulares (inmunidad ratione materiae), y dentro de este supuesto se excluyen los procedimientos civiles relativos a contratos no realizados en calidad de agente del Estado y a daños causados como consecuencia de un accidente de tránsito —lo que es aplicable igualmente a los cónsules honorarios—.

Lo dicho puede verse en el cuadro que se muestra a continuación:

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963
Artículo 31
1. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata:
a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión;
b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario;
c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.
Artículo 43
Inmunidad de jurisdicción
1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán en el caso de un procedimiento civil:
a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, o el empleado consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente del Estado que envía, o
b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado receptor.

Lo anterior importa también para precisar que la inmunidad consagrada en las convenciones de Viena sobre relaciones consulares y diplomáticas se erigen a favor de las personas naturales de los agentes diplomáticos y cónsules, más no en favor de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, en tanto que estas, al ser representantes y órganos periféricos de la administración exterior del Estado, no pueden tener una inmunidad diferente a la de los Estados, y por ende, una acción legal en su contra es en realidad una actuación en contra del Estado que representan o del que son una extensión.

Igual consideración cabe respecto a los procesos promovidos contra los jefes de las misiones diplomáticas y oficinas consulares en razón de sus actos oficiales, ya que dichas acciones son esencialmente contra el Estado, ello en la medida que no puede concebirse ni afirmarse que el personal contratado en razón de las funciones de las oficinas consulares o misiones diplomáticas sean empleados propios del agente diplomático o consular.

Para finalizar, y por ser un documento de importancia en cuanto al tema objeto de estudio, valga remitirnos a los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas al proyecto definitivo de articulado sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes(2), cuando al analizar qué se entiende por Estado, dijo:

“Un soberano o un jefe de Estado, su capacidad de derecho público como órgano principal de un Estado, tiene el mismo derecho a gozar de la inmunidad que el propio Estado, puesto que la corona, el monarca reinante, el soberano o ciertamente un jefe de Estado puede equipararse al gobierno central.

El Estado está representado generalmente por el gobierno en todas y casi todas sus relaciones y transacciones internacionales. Por eso, una acción interpuesta contra el gobierno eo nomine no puede distinguirse de una acción promovida directamente contra el Estado. La práctica de los Estados desde hace mucho tiempo ha reconocido que el efecto práctico de un procedimiento promovido contra un gobierno extranjero es idéntico al de un procedimiento promovido contra el Estado mismo.

De la misma manera que el Estado está representado por su gobierno, que se identifica con el Estado para la mayoría de los efectos prácticos, el gobierno frecuentemente está integrado por órganos del Estado y departamentos o ministerios que actúan en su nombre. Esos órganos del Estado y departamentos del gobierno pueden y suelen estar constituidos como entidades jurídicas separadas dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado.

Si bien carecen de personalidad jurídica internacional como entidad soberana, pueden no obstante representar al Estado o actuar en nombre del gobierno central del Estado, del cual son en realidad parte integrante. Esos órganos estatales o departamento del gobierno comprenden los distintos ministerios del gobierno, incluidas las fuerzas armadas, las divisiones o departamentos subordinados de cada ministerio, como las embajadas, las misiones especiales, las oficinas consulares, y las oficinas, comisiones o consejos, que no forman parte necesariamente de ningún ministerio, pero que son por sí mismo órganos autónomos del Estado que responden ante el gobierno central o ante uno de sus departamentos, o son administrados por él.

[...].

La quinta y última categoría de beneficiarios de la inmunidad estatal comprende todas las personas naturales que están autorizadas a representar al Estado en todas sus manifestaciones, comprendidas en las cuatro primeras categorías mencionadas en los incisos i) a iv) del apartado b) del párrafo 1). Así, los soberanos y jefes de Estado, en su carácter público quedarían incluidos tanto en esta categoría como en la primera, por ser órganos de gobierno del Estado en su sentido más amplio. Otros representantes comprenden los jefes de gobierno, los jefes de los departamentos ministeriales, los embajadores, los jefes de misión, los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares en su carácter representativo. La referencia incluida al final del inciso v) del apartado b) del párrafo 1 a que actúen “en tal carácter” tiene por objeto esclarecer que tales inmunidades se les conceden su carácter representativo “ratione materiae”.

Hay que señalar que, en la práctica cabe que el proceso se promueva, no solo contra el departamento u oficina gubernamental de que se trate, sino también contra sus directores o representantes permanentes en su carácter oficial. Las acciones promovidas contra esos representantes o agentes de un gobierno extranjero por razón de sus actos oficiales son esencialmente acciones contra el Estado al que representan. Al Estado extranjero, al actuar por conducto de sus representantes, goza de inmunidad ratione materiae. Las inmunidades que entran dentro de la categoría de inmunidades ratione materiae se otorgan en beneficio del Estado, y la modificación o terminación de las funciones oficiales de los representantes de que se trate no tiene sobre ellas ningún efecto...”.

A la luz de lo expuesto, en el sub examine se advierte que: i) quien se encuentra en el extremo pasivo de la litis ostenta la calidad de cónsul Honorario de México, luego esta Corte carece de competencia; ii) al demandado se le convoca a proceso por las obligaciones emanadas de un contrato laboral que redundó en su beneficio personal, luego la jurisdicción ordinaria se encuentra habilitada para conocer de este asunto a través de los jueces del trabajo.

Por lo anterior, se dispondrá devolver las diligencias al juzgado de origen, para que le dé el trámite de rigor a la demanda impetrada por la ciudadana Nataly Restrepo Betancur.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARA su falta de competencia para conocer de la presente controversia jurídica.

2. REGRESE el expediente al Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1972 señala que se entiende por agente diplomático «el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión». De su lado, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1971 enseña que es funcionario consular “toda persona, incluido el jefe de la oficina consular, encargada con ese carácter del ejercicio de funciones consulares”.

(2) Documentos oficiales cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento 10 (A/46/10).