Auto AL4628-2014 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL4628-2014

Rad.: 64201

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta Nº 23

Bogotá, D. C., dos de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En atención a la solicitud de 18 de marzo de 2014, esta Sala constata que efectivamente el CD que debe contener la grabación de la audiencia de juzgamiento de 28 de mayo de 2013, surtida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., no contiene ningún audio. Dado que esta situación evidentemente imposibilita la sustentación del recurso extraordinario de casación, se solicitará al tribunal en comento que remita copia idónea del medio electrónico contentivo de la audiencia arriba mencionada, para luego ser incorporado al expediente.

Ahora bien, con referencia a la sugerencia del solicitante, en el sentido de “impartir una orientación para que los jueces y magistrados de los tribunales acojan lo previsto en el artículo 17.4 (sic) del Acuerdo para la promoción comercial Colombia - Estados Unidos”, la Corte manifiesta lo siguiente:

1. El CPT y SS., artículo 46, modificado por la Ley 1149 de 2007, artículo 6º, que trata de lo correspondiente a las actas y grabaciones de audiencias, establece que:

“Las audiencias serán grabadas con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro, los cuales deberán ser proporcionados por el Estado, o excepcionalmente, con los que las partes suministren.

“Si la audiencia es grabada, se consignará en el acta el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia.

“El acta será firmada por el juez y el secretario y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron.

“Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o del acta, y para su obtención deberá proporcionar los medios necesarios para ello.

En ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones. Las grabaciones se incorporarán al expediente”.

(negrillas fuera del texto).

2. En concordancia con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil, artículo 6º, aplicable a los juicios laborales por remisión del artículo 145 del CPT y SS., dispone que “Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.

3. De lo transcrito puede concluirse que el actual ordenamiento jurídico interno colombiano consagra la prohibición de reproducir por escrito el contenido de las audiencias, incluyendo las sentencias, y sólo con autorización expresa de la ley podrá hacerse reproducción escrita de ellas.

4. Ahora bien, el peticionario propone a la Corte “impartir una orientación para que los jueces y magistrados de los tribunales acojan lo previsto en el artículo 17.4 (sic) del Acuerdo para la promoción comercial Colombia - Estados Unidos”. Por la transcripción textual del precepto que hace el recurrente, la Corte deduce que cita erróneamente la cláusula 17.4, cuando debió referirse a la 17.3, cuyo texto dice:

“Garantías procesales e información pública.

(…).

Cada parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo del caso en tales procedimientos(*):

a) se formulen por escrito, y señalen las razones en las que se basan las resoluciones”.

(Resalta la Sala).

5. El recurrente sugiere entonces que, en aplicación del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América”, se imparta directriz a los jueces y tribunales para que las “resoluciones finales sobre el fondo del caso” (vale decir, sus sentencias), se impartan “por escrito”.

Para verificar la viabilidad legal de acoger la sugerencia, la Corte hace el siguiente análisis:

6. El artículo 23.4 del acuerdo mencionado indica: “Entrada en vigor y terminación. 1) Este acuerdo entrará en vigor 60 días después de la fecha en que las partes intercambien notificaciones escritas certificando que han cumplido sus respectivos requisitos legales, o en la fecha en que las partes así lo acuerden”.

Por parte del Estado colombiano se surtieron en este caso los trámites previstos en la Constitución para el perfeccionamiento de los tratados internacionales, o sea, la aprobación del acuerdo por el Congreso, mediante la Ley 1143 de 2007 (y luego de su protocolo modificatorio, mediante la Ley 1166 del mismo año), la declaratoria de exequibilidad del acuerdo por parte de la honorable Corte Constitucional (sents. C-750 y C-751/2008) y finalmente el canje de notas verificado el 15 de abril de 2012 entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Colombia, según el cual, en cumplimiento del citado artículo 23.4, el acuerdo internacional entró en vigor para ambas partes a partir del 15 de mayo siguiente.

Adicionalmente, el mismo 15 de mayo, fue publicado en el Diario Oficial Nº 48.431, el Decreto 993 de 2012, por medio del cual se promulga el Acuerdo de promoción comercial, su Protocolo modificatorio, sus “Cartas adjuntas” y sus “Entendimientos”. Esto significa que, conforme lo dispone la Ley 7ª de 1944, los instrumentos internacionales señalados se consideran leyes internas en Colombia.

7. Ahora bien, el acuerdo internacional mencionado tiene, en general, una naturaleza comercial. Sin embargo su capítulo diecisiete, titulado “Asuntos laborales”, al constituir la “cláusula social” del tratado, adquiere el status de norma internacional del trabajo, regulatoria de derechos humanos de índole laboral —en este caso de carácter procesal. Y al ostentar dicha característica, ese capítulo —dentro del cual se encuentra el señalado artículo 17.3—, adquiere, desde el momento de entrar en vigor para Colombia y ser promulgado (o sea, desde el 15 de mayo de 2012), la calidad de norma interna, encuadrada en la previsión contenida en el inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución (“Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”).

8. No obstante, a pesar de ser el citado artículo 17.3 del acuerdo una norma revestida de validez interna en Colombia —por efecto de su ratificación— y de obligatoriedad —por efecto de su promulgación en el Diario Oficial—, ella no necesariamente será una norma ejecutable por las autoridades nacionales, es decir, una norma aplicable directamente a casos concretos. En efecto, nótese que el señalado artículo tiene como destinatarios a cada uno de los Estados suscriptores de este, obligándoles a que actúen o hagan lo pertinente para que las sentencias se formulen por escrito. Así se deduce del tenor literal de la cláusula: —Cada parte dispondrá (…)— (resalta la Sala).

9. En efecto, la doctrina ha clasificado las normas de los tratados internacionales de derechos humanos en dos clases, entre otras: normas autoejecutivas (self executing) y normas programáticas o promocionales (non self executing). Si bien este tema ha sido objeto de polémica, para los efectos particulares que aborda en esta oportunidad la Corte, tal clasificación es útil. Las primeras son aquellas que, por la intención de las partes, o por su estructura semántica o gramatical, o por otros factores, constituyen preceptos jurídicos concretos e incondicionales contenidos en un tratado internacional, que pueden ser aplicados directamente a casos concretos por las autoridades nacionales, sean ellas administrativas o jurisdiccionales, una vez dicho tratado ha sido ratificado y sin necesidad de que el respectivo estado las haya desarrollado mediante instrumentos internos. Las segundas son cláusulas que constituyen mandatos u obligaciones para los sujetos que son parte del acuerdo internacional, que les obligan a expedir —con posterioridad a su entrada en vigor—, actos jurídicos, legislación, reglamentos, políticas públicas, etc., encaminados a la realización concreta de esos preceptos en sus jurisdicciones. Es decir, cuando una norma internacional tiene carácter programático, no es aplicable directamente por jueces y funcionarios, a pesar de haber sido previamente ratificada por el estado, pues requiere para su exigibilidad en casos concretos que este las desarrolle o implemente en el orden interno.

10. Pues bien, el precepto 17.3 del Acuerdo de promoción comercial tantas veces citado, no es una norma auto ejecutiva, que tenga la virtud de obligar directamente a los ciudadanos y funcionarios colombianos y que permita su aplicación concreta (en este caso, proferir “resoluciones finales” o sentencias sobre el fondo del asunto). Su evidente carácter programático (“Cada parte dispondrá…”) obliga a cada Estado-parte a adoptar las medidas internas necesarias para que la administración o la jurisdicción puedan concretar los fines de la norma. Y para ello será menester que cada una de ellas, se reitera, produzca los actos internos (expedir las normas jurídicas, emitir las políticas públicas, etc.) requeridos en su ordenamiento para que los funcionarios y las distintas instancias judiciales ejecuten sus previsiones, cuando quiera que en él haya normas preexistentes que pudieran ser contrarias al precepto internacional programático. Mientras eso no suceda, la norma 17.3 del acuerdo internacional ya citado será una norma válida y obligatoria (para el Estado colombiano), pero no justiciable internamente en casos concretos.

11. Lo anterior significa que el Estado colombiano adquirió —al entrar en vigor el 15 de mayo de 2012 el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América”—, la obligación de modificar el artículo 6º de la Ley 1149 de 2007, en el sentido de que las sentencias (“resoluciones finales sobre el fondo del caso”, para utilizar los términos del acuerdo internacional), se formulen por escrito. Con otras palabras, el Estado colombiano está obligado a modificar la llamada “Ley de oralidad del proceso laboral”, de forma que los jueces necesariamente profieran sus sentencias en forma escrita, pues lo dispuesto en el citado artículo 6º es palmariamente contrario al compromiso internacional que ulteriormente adquirió el estado colombiano.

12. Pero evidentemente, y dado el campo de acción acotado por el artículo 235 de la Constitución, no es la Corte Suprema de Justicia la competente para hacer tal modificación, pues ello corresponde al órgano legislativo colombiano (C.N., art. 150, Nº 2 y 23). Menos para —como lo sugiere el recurrente—, “impartir una orientación para que los jueces y magistrados de los tribunales acojan lo previsto en el artículo 17.4 (sic) del Acuerdo para la promoción comercial Colombia—Estados Unidos (TLC) sobre garantías procesales e información pública (…)”.

Por las razones señaladas la Corte transmitirá el planteamiento del recurrente a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas del caso, con el objeto de dar cumplimiento a la obligación internacional adquirida por el Estado colombiano en el artículo 17.3 del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. SOLICÍTESE al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, remitir el CD contentivo de la audiencia de juzgamiento llevada a cabo en el proceso de la referencia el 28 de mayo de 2013, y, una vez recibido y verificada su calidad de ejecutable por la Secretaría de la Sala, incorpórese al expediente y córrase el traslado a la entidad recurrente para que sustente el recurso extraordinario de casación.

2. NO ACCEDER a la petición elevada por el apoderado del demandante recurrente sobre “la posibilidad de impartir una orientación para que los jueces y magistrados de los tribunales acojan lo previsto en el artículo 17.4 (sic) del Acuerdo para la promoción comercial Colombia - Estados Unidos (TLC) sobre garantías procesales e información pública”, por los motivos expuestos en este proveído.

3. Por la Secretaría de la Sala, REMÍTASE COPIA de la presente providencia al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Trabajo, invitándoles para que —en ejercicio de las facultades que les confiere la Constitución en sus artículos 257 Nº 4 y 154, respectivamente—, y en coordinación con esta Corte (C.N., art. 156), formulen una iniciativa legislativa con el objeto de adaptar la legislación colombiana a lo previsto en el artículo 17.3 del “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América”.

Notifíquese y cúmplase».

(*) Anota la Corte que la expresión “tales procedimientos” se refiere a los procesos judiciales de índole laboral.