Auto AL4824-2016/44261 de julio 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL4824-2016

Rad.: 44261

Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

Sería del caso resolver el recurso de casación interpuesto por la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien asumió las obligaciones del extinto Instituto Nacional de Adecuación de Tierras —INAT— contra la sentencia proferida por la Sala laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009, en el proceso que adelanta Guillermo Sánchez Gómez, frente a la sociedad Sodeic Ltda. y solidariamente contra la Compañía Mundial de Seguros S.A. y la recurrente INAT, si no fuera porque en este momento la Sala avizora la existencia de una causal de nulidad procesal, con carácter insaneable, que de haberse advertido oportunamente habría impedido su admisión inicial y el adelantamiento de la actuación por parte de esta corporación.

Antecedentes

Guillermo Sánchez Gómez llamó a juicio a las mencionadas demandadas, para que fueran condenadas a reconocerle y pagarle, debidamente indexada, la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa; los salarios de octubre a diciembre de 1998 y de enero a febrero de 1999; las cesantías y sus intereses por todo el tiempo laborado; la prima de servicios del año 1998; las vacaciones causadas durante el período comprendido entre el 26 de diciembre de 1997 y el 25 de diciembre de 1998; la indemnización moratoria por la no consignación de la cesantía y por el retraso en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del nexo laboral y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones básicamente, en que fue contratado por la sociedad Sodeic Ltda., el 26 de diciembre de 1995; que se desempeñó como administrador en la ejecución del contrato 227 de 1995, para el desarrollo de los estudios de factibilidad y pre factibilidad del proyecto de adecuación de tierras, en el departamento de Córdoba, entre Sodeic Ltda. (Consorcio CPT Ltda. y CPI Ltda.) y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras —INAT—, cuyos riesgos y cancelación de salarios y prestaciones sociales, fueron amparados con la póliza de cumplimiento Nº 000225 de 1995, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A., “razones por las cuales son responsables solidariamente del pago de salario y prestaciones sociales adecuadas”; que el último salario fue de $ 720.000 mensuales; que le terminaron el contrato de trabajo sin justa causa; que ha realizado las reclamaciones correspondientes; que la póliza de cumplimiento que ampara los riesgos de pago de salarios y prestaciones sociales, tiene vigencia en el tiempo de duración del contrato de trabajo y tres años más; y que las demandadas deben ser condenadas de acuerdo a lo implorado en el escrito de demanda.

El juzgado décimo laboral de descongestión del circuito de Bogotá, profirió sentencia el 29 de febrero de 2008, por medio del cual declaró que entre la sociedad Sodeic Ltda. y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras —INAT— existe solidaridad; declaró no probada la solidaridad en relación a la Compañía Mundial de Seguros S.A.; condenó a las demandadas sociedad Sodeic Ltda. e INAT a cancelar a favor del actor: (i) $ 350.000 por concepto de cesantía; ii) $ 24.500 por intereses sobre la cesantía; (iii) $ 20.000 diarios desde el 26 de julio de 1996 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, por indemnización moratoria y (iv) las costas del proceso.

Apeló el demandante y la Sala laboral de descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante Sentencia del 30 de septiembre de 2009, dispuso adicionar el fallo recurrido en apelación “en el sentido de condenar solidariamente a la Compañía Mundial de Seguros S.A., a las sumas motivo de condena, limitando su responsabilidad a treinta y nueve millones ($ 39.00.000)” e impuso las costas de primera instancia a todas las demandadas y se abstuvo de condenarlas en la alzada. Omitió revisar la providencia en grado de consulta que operó por ministerio de la ley en favor de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El 6 de octubre de 2009, la Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural interpusieron recurso de casación, el cual fue concedido por el tribunal, solamente respecto del ministerio, el 25 de octubre de 2009 y admitido por esta Sala el 10 de marzo de 2010.

Una vez surtidos los traslados pertinentes, el expediente entró al despacho para fallo.

Consideraciones

Al hacer el respectivo estudio de fondo, observa la Sala que el juez de alzada no tramitó ni resolvió el grado jurisdiccional de consulta que operó por ministerio de la ley en favor de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la luz de lo estatuido en el artículo 69 del CPT y de la SS, habida cuenta que centró su estudió en el recurso de apelación interpuesto por el demandante Guillermo Sánchez Gómez.

Lo precedente afecta la competencia funcional de la Corte Suprema de Justicia, no obstante haberse admitido y tramitado el recurso de casación, por lo que se impone hacer uso del remedio procesal pertinente, que no es otro que el de declarar la nulidad de todo lo actuado ante esta corporación.

Así las cosas, al estar frente a una nulidad insubsanable, tal y como lo precisa el numeral 5º y el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, hoy establecido en el parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso, aplicables en el procedimiento laboral por la integración procesal que dispone el artículo 145 del CPT y la SS., se itera, es nula la actuación adelantada por esta corporación.

En virtud de lo asentado, es palmario que se configuró una pretermisión íntegra y objetiva de la segunda instancia, al pasar inadvertido el juzgador que debía surtirse el grado de consulta en favor de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien a asumió las obligaciones del extinto Instituto Nacional de Adecuación de Tierras —INAT—, de conformidad con los decretos 1291 de 2003 y 2461 de 2006, lo que genera una nulidad procesal, al tenor de lo dispuesto en la parte final del numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 133 del Código General del Proceso, igualmente aplicables a los juicios del trabajo por así permitirlo el artículo 145 del estatuto adjetivo laboral y de la seguridad social. Pero como la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, no tiene competencia para declarar dicha nulidad suscitada en las instancias, habrá de declararse improcedente por anticipado el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ordenar que regresen las diligencias al tribunal de origen para que, de ser necesario ex oficio, adopte los correctivos procesales pertinentes que permitan surtir en debida forma la segunda instancia.

En este caso, es procedente traer a colación lo resuelto recientemente por la Sala en providencia CSJ AL2792-2016, en un caso similar, en el cual también se omitió adelantar el grado de jurisdiccional de consulta que había operado por ministerio de la ley, allí se expuso:

Del relato sucinto del acontecer procesal se desprende, sin dubitación, que el tribunal se ocupó de resolver exclusivamente la alzada interpuesta por Álcalis, en su calidad de demandante en reconvención, pero omitió absolutamente pronunciarse en sede del grado jurisdiccional de consulta, sobre las pretensiones de los demandantes principales, que fueron totalmente desestimadas por el juzgador de primer grado.

De tal suerte, es ostensible que se pretermitió en su integridad la segunda instancia en lo que a los accionantes concierne, dado que tenían derecho a ella en virtud de la preceptiva del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo.

En ese orden, se configura la causal de nulidad consagrada en el numeral 3º, in fine, del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral, por autorización expresa del artículo 145 del procesal del trabajo, que tiene el carácter de insubsanable, tal cual lo contempla la parte final del artículo 144 de aquél ordenamiento instrumental.

Así lo ha resuelto esta Sala de la Corte en forma reiterada; baste citar las providencias AL4088-2014, 58918 de 24 de abril de 2013, 53733 de 22 de agosto de 2012, 40201 de 1º de febrero de 2011, 43248 de 9 de febrero de 2010 y 36145 de 28 de octubre de 2008, entre otros.

Las razones para no poder incursionar, por ahora, en el análisis y decisión del recurso de casación no son solamente de orden jurídico, sino que pasan también por la imposibilidad lógica de no contar con el insumo esencial en perspectiva de verificar la legalidad de una sentencia inexistente, simplemente porque el ad quem dejó de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda inicial.

Sin embargo, como la Corte carece de competencia para emitir una eventual declaratoria de nulidad que se pudiere haber presentado en segunda instancia, lo que procede es declarar sin valor ni efecto el auto que dispuso dar curso a la demanda de casación, así como la consecuente nulidad de lo actuado a partir de ese momento.

Como natural efecto de lo expuesto en precedencia, se torna evidente que este mecanismo extraordinario fue admitido sin haber lugar a ello, pues resulta improcedente por anticipado el recurso de casación interpuesto por los demandantes principales; consecuente con lo anterior, se regresará el expediente al tribunal de origen para que adopte el remedio procesal que considere pertinente y surta debidamente la segunda instancia, a efecto de que resuelva no solo la apelación de la accionada, sino además el grado jurisdiccional de consulta a favor de los promotores del litigio.

Aquí y ahora, resulta pertinente recordar no solamente que la circunstancia de soslayarse el grado de consulta impide la firmeza o ejecutoria de la sentencia, sino también rememorar lo adoctrinado por esta corporación en torno a que la solución adoptada “no afecta el principio de prevalencia del derecho sustancial reconocido en el artículo 228 de la Constitución, sino que, antes bien, permite realizarlo cabalmente, en la medida en que, por mandato de la propia Carta Política y con rango de derecho fundamental, toda persona tiene derecho a un debido proceso (art. 29), cuyo observancia resulta necesaria para legitimar el pronunciamiento judicial que dirima el litigio. En este sentido, con el pretexto —o argumento— de administrar cumplida justicia y de hacer efectivo un derecho, no pueden los Jueces hacer tabla rasa de las formas procesales, pues aunque el derecho se satisficiere, la solución judicial no tendría legitimidad, la que sólo puede predicarse si la decisión del juez se ha adoptado “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado desde el auto que admitió el recurso de casación formulado por el apoderado del Instituto de Seguros Sociales.

2. DECLARAR improcedente por anticipado el recurso de casación concedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3. ORDENAR que, en consecuencia, regresen las diligencias al tribunal de origen para que, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia, y de ser necesario ex oficio, adopte las correctivos procesales pertinentes que permitan surtir en debida forma la segunda instancia en el proceso promovido por Guillermo Sánchez Gómez, contra frente a la sociedad Sodeic Ltda. y solidariamente contra la Compañía Mundial de Seguros S.A. y la recurrente INAT, hoy la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Áleman—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.