Auto AL506-2018/79047 de febrero 7 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL506-2018

Rad.: 79047

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 04

Proceso especial de calificación de cese colectivo de actividades promovido por Aerovías del Continente Americano S.A. –Avianca S.A.– contra la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –ACDAC–.

Bogotá, D. C., siete de febrero de dos mil dieciocho.

Con posterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia en el proceso de la referencia, ante la Corte se presentaron las siguientes peticiones: i) el apoderado de la organización sindical ACDAC solicitó que se decretara la nulidad de la referida providencia, por resultar violatoria del debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica, en la medida en que desconoció el precedente de esta misma corporación sentado en la Sentencia CSJ SL18956-2017; ii) pidió también la aclaración de la decisión, en cuanto a su numeral tercero, “… ya que ofrece verdaderos motivos de duda, respecto del alcance en materia de protección de los trabajadores en cuanto a la estabilidad en el trabajo y garantías de los afiliados a la organización sindical…”, así como su adición, por no registrarse pronunciamiento alguno frente al incumplimiento de las obligaciones del empleador; iii) y, finalmente, la apoderada de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT– exigió que se declarara la nulidad de la sentencia, por violar sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y “... bloque de constitucionalidad...”.

Dentro del término de traslado otorgado por la Sala para tales efectos, el apoderado de Avianca S.A. se opuso a la prosperidad de las referidas solicitudes. En esencia, indicó que no estaba configurada alguna de las causales de nulidad previstas de manera taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso; que la decisión cuestionada no había desconocido algún precedente, además de que el cese de actividades sí había sido constatado, por la confesión de la organización sindical en tal sentido y las diligencias del Ministerio de Trabajo; que no se daban las condiciones necesarias para la adición o aclaración de la sentencia, pues en ella se habían resuelto completamente los puntos de los recursos de apelación y no existía algún fragmento que ofreciera verdadero motivo de duda; y reiteró que no estaban dados los requisitos para admitir la coadyuvancia de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT–.

La Corte resolverá las anteriores solicitudes en el orden planteado.

1. Petición de nulidad presentada por ACDAC.

En primer lugar, debe la Corte recordar que las causales de nulidad de todo o parte del proceso se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (ver CSJ AL6063-2017, CSJ AL3987-2017, CSJ AL6048-2017, CSJ SL879-2017, entre otros), y que dentro de las allí concebidas no se registra la “... violación del precedente jurisprudencial...”, que es lo que alega el apoderado de la organización sindical ACDAC.

Además de lo anterior, en gracia de discusión, para la Corte no le asiste razón alguna al apoderado de ACDAC cuando denuncia un desconocimiento del precedente de la Sala.

En efecto, en la parte que corresponde a la verificación del cese de actividades, la Sala reiteró su línea jurisprudencial en virtud de la cual, fundamentalmente: i) un cese no puede ser calificado, sin antes ser corroborado; ii) en punto a la verificación de ese supuesto, las actas del Ministerio de Trabajo tienen una especial relevancia; iii) y, de cualquier manera, no existe una prueba solemne de tales supuestos, sino libertad probatoria para el juez del trabajo. Con fundamento en lo anterior, la Sala estimó que, en este caso, la validez de las actas del Ministerio de Trabajo no tenía trascendencia, porque la organización sindical había admitido la ejecución de la huelga, luego de la promoción de un conflicto colectivo de trabajo, además de que tal supuesto constituía un hecho notorio.

Ahora bien, en la Sentencia CSJ SL18956-2017, que sirve de referente al memorialista, no se registró un cambio diametral de la jurisprudencia pacífica y consolidada de la Sala frente al punto. Contrario a ello, allí se reiteró que las actas de constatación eran una prueba importante –no la única– de la ejecución del cese y que, por ello, debían revestir un extremo cuidado y garantizar el derecho fundamental al debido proceso de las partes. No se reconsideró expresamente en esta decisión la orientación de la Sala conforme con la cual no existe una prueba solemne de la promoción y ejecución de la huelga, a la vez que el juez puede formar libremente su convencimiento, que, se repite, ha sido refrendada en múltiples decisiones como las CSJ SL, 10 abr. 2013, Rad. 59419; CSJ SL5857-2014; CJS SL11680-2014; CSJ SL9517-2015 y CSJ SL13926-2016, entre otras.

Por ello, para la Sala el apoderado de la demandada se apoya en una lectura descontextualizada de la decisión CSJ SL18956-2017, pues allí sí se había negado la ejecución de una huelga y, en camino de su verificación, las actas del Ministerio de Trabajo y su validez resultaron trascendentales.

Resta decir que la Corte no puede reabrir debates como el propuesto por el apoderado de la organización sindical demandada, pues el punto fue completamente decidido en anterior providencia y, por principio, la sentencia no puede ser modificada por el mismo juez que la dictó.

Con fundamento en lo anterior, se negará la petición de nulidad presentada.

2. Petición de aclaración y adición.

En la sentencia del 29 de noviembre de 2017, al resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad demandante, la Sala consideró que en el marco del proceso especial de calificación de huelga, regulado en los artículos 2º y siguientes de la Ley 1210 de 2008, al juez le está “... vedado imponer reglas concernientes a las consecuencias de la ilegalidad de la huelga, como los despidos, pues tales asuntos deben ser juzgados en otro escenario, por medio de otro procedimiento”. Por lo mismo, revocó la decisión del tribunal que había prevenido a la empresa para no despedir a los trabajadores, salvo que diera aplicación a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2164 de 1959.

A partir de lo anterior, no existe, en lo más mínimo, algún motivo de duda que obligue la aclaración de la sentencia, que, en este punto, está clara e inequívocamente encaminada a determinar que no es posible, en este trámite especial, establecer reglas relativas a los despidos de los trabajadores o a su estabilidad laboral, como lo pretende el petente.

En lo que tiene que ver con la emisión de una sentencia complementaria, vale la pena advertir que, al resolver el recurso de apelación planteado por la organización sindical demandada, la Sala estimó, entre otras cosas, que la huelga analizada se había enmarcado en un conflicto colectivo de trabajo, originado por la presentación de un pliego de peticiones que no había arribado a un acuerdo concertado, por lo que “... todas las alusiones del recurrente, atinentes a la existencia de una huelga por el incumplimiento de las obligaciones del empleador resultan sorpresivas, ajenas al debate y contrarias a la evidencia probatoria”. También indicó la Sala que:

[...] en el específico marco de la discusión sobre la legalidad de la huelga, por recaer sobre un servicio público esencial, no resulta trascedente el hecho de que los huelguistas tuvieran razones de peso para ejecutar el cese de actividades y, a través de esta medida de presión, como lo aduce insistentemente el recurrente, equilibrar las cargas dentro del proceso de negociación colectiva, pues, objetiva y jurídicamente, el servicio está catalogado como esencial y sobre él pesa la prohibición de la huelga, así estuviera justificada desde el punto de vista ético sindical.

Esto es, la Sala sí tuvo en cuenta las alusiones del recurrente relativas al incumplimiento de las obligaciones del empleador, pero no las consideró pertinentes en el específico estudio sobre la legalidad de la huelga.

En tales términos, no es cierto que se hubiera dejado de analizar alguno de los extremos de la litis o algún otro punto que de conformidad con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento, de manera que no procede la adición de la sentencia, en los términos dispuestos en el artículo 287 del Código General del Proceso.

3. Petición de nulidad de la CUT.

Finalmente, la apoderada de la Central Unitaria de Trabajadores insiste, una vez más, en la procedencia de su intervención, en calidad de coadyuvancia, cuestión que fue cabalmente resuelta por la Sala en la providencia del 29 de noviembre de 2017, a cuyos efectos deberán estarse las partes e intervinientes.

No encuentra la Sala, en el interior de la anterior petición, alguna cuestión que se enmarque dentro de las causales de nulidad taxativamente establecidas en el artículo 133 del Código Generaldel Proceso, ni alguna otra circunstancia especial que configure alguna violación al derecho fundamental al debido proceso de dicha organización, sino una reiteración de los argumentos que soportan la petición de coadyuvancia, que, se insiste, ya fueron resueltos completamente por la Sala.

En los referidos términos, también se negará la petición de nulidad presentada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. Negar las peticiones de nulidad de la sentencia emitida por esta sala de la Corte el 29 de noviembre de 2017, presentadas por la organización sindical ACDAC y la Central Unitaria de Trabajadores –CUT–, dentro del proceso especial de la referencia.

2. Negar las solicitudes de adición y aclaración presentadas por el apoderado de la organización sindical ACDAC.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Gerardo Botero Zuluaga—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.