Auto AL5290-2016/74170 de agosto 17 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 74170

Acta 30

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D. C., diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

Resuelve la Corte el recurso de queja presentando por Olga Abreo Barrera, María Patricia Álvarez de Martínez, Margoth Becerra Dimas, Luz Marina Carvajal González, Jorge Enrique Chacín Quintana, Hilda Consuelo Estévez de Prieto, Myriam Gaitán de Poveda, María Luisa García Sierra, José Néstor Guavita Cubillos, Cecilia Hernández De Rivera, Stella Hincapié de Fajardo, Genaro Izquierdo Ramos, José Lino Marín Rubiano, Olga Cecilia Martínez de Zuluaga, Francisco Albeiro Martínez Narváez, Marcela Medina Zambrano, Héctor Julio Melo Quintero, Carmen Elisa Nieto Morales, Ana Mercedes Niño de Barbosa, Noel Olaya Satizabal, Graciela Pérez Palacio, José Belisario Prada Abril, Blanca Esperanza Pinilla Benítez, Gabriel Rocha Sarmiento, Silfredo Rodríguez Cortés, Luis Gonzalo Rodríguez García, Esther Rodríguez Vargas, Víctor Hugo Rojas Arias, Luis Hernando Rojas Medina, José Joaquín Salas Rojas, Héctor Suárez Mesa, Leonor Alicia Ubaque de Cárdenas y Rosa Inés Velásquez de Ucros, contra el auto de fecha 10 de diciembre de 2015, dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual se les negó el recurso extraordinario de casación propuesto contra la sentencia de 5 de mayo de 2015, proferida dentro del proceso ordinario que los recurrentes le adelantan a la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Antecedentes

Los demandantes referidos instauraron proceso ordinario laboral contra la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., a fin de obtener, en calidad de ex trabajadores pensionados, el restablecimiento de los derechos pensionales establecidos en la convención colectiva de trabajo suscrita, entre la demandada y Sintraelecol, tales como, los relativos a servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, ortopédicos y cardiológicos, suministro de lentes, monturas, lentes de contacto, audífonos, aparatos ortopédicos y marcapasos, servicio odontológico, auxilios educativos para primaria, secundaria y universidad, descuento por consumo de energía y auxilio especial por gastos fúnebres «mientras estén vigentes las pensiones de jubilación, incluido el derecho de sustitución o sobrevivencia». Así mismo, se ordene el reembolso de todos los valores que hayan debido cancelar desde el 1º de septiembre de 2007 por tales conceptos, lo que resulte extra o ultra petita y las costas del proceso.

En subsidio, «y solo en el evento de que el juez de conocimiento determine que no es posible despachar de manera favorable las pretensiones condenatorias (...) solicito se ordene a favor de cada uno de mis mandantes, el reconocimiento y pago del valor equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

Concluido el trámite de primera instancia, el Juzgado Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 8 de abril de 2015, resolvió:

1. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de los beneficios causados antes de las fechas que se detallan en el numeral tercero de la presente sentencia, respecto de cada demandante y conforme se indicó en la parte motiva.

2. CONDENAR a la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. a CONTINUAR reconociendo a los demandantes los beneficios convencionales relativos a los servicios médicos, al suministro de lentes, monturas, lentes de contacto, audífonos, aparatos ortopédicos y marcapasos, al servicio odontológico, a los auxilios educativos de primaria, secundaria y universidad y al Descuento por consumo de energía así como al Auxilio especial por gastos fúnebres.

3. CONDENAR a la Empresa de Energía de Cundinamarca de BOGOTÁ (sic) S.A. E.S.P. a REEMBOLSAR los valores cancelados por los demandantes por concepto de “Descuento por consumo de energía” así:

NombreDesde
OLGA ABREO BARRERA23/08/2010
MARÍA PATRICIA ÁLVAREZ DE MARTÍNEZ08/08/2010
MARGOTH BECERRA DIMAS07/10/2010
LUZ MARINA CARVAJAL GONZALEZ (sic)09/09/2010
JORGE ENRIQUE CHACÍN QUINTANA07/10/2010
HILDA CONSUELO ESTÉVEZ DE PRIETO09/09/2010
MYRIAM GAITÁN DE POVEDA09/09/2010
MARÍA LUISA GARCÍA SIERRA29/07/2010
JOSÉ NÉSTOR GUAVITA CUBILLOS08/08/2010
CECILIA HERNÁNDEZ DE RIVERAO8/O8/201O
STELLA HINCAPIÉ DE FAJARDO09/09/2010
GENARO IZQUIERDO RAMOS23/08/2010
JOSÉ LINO MARÍN RUBIANO08/08/2010
OLGA CECILIA MARTÍNEZ DE ZULUAGA23/08/2010
FRANCISCO ALBEIRO MARTÍNEZ NARVÁEZ08/08/2010
MARCELA MEDINA ZAMBRANO23/08/2010
HECTOR (sic) JULIO MELO QUINTERO09/09/2010
CARMEN ELISA NIETO MORALES29/07/2010
ANA MERCEDES NIÑO DE BARBOSA08/08/2010
NOEL OLAYA SATIZABAL23/08/2010
GRACIELA PEREZ (sic) PALACIO23/08/2010
JOSE BELISARIO PRADA ABRIL23/08/2010
BLANCA ESPERANZA PINILLA BENÍTEZ08/08/2010
GABRIEL ROCHA SARMIENTO07/10/2010
SILFREDO RODRÍGUEZ CORTES23/08/2010
LUIS GONZALO RODRÍGUEZ GARCÍA07/10/2010
ESTHER RODRIGUEZ (sic) VARGAS09/09/2010
VICTOR (sic) HUGO ROJAS ARIAS23/08/2010
LUIS HERNANDO ROJAS MEDINA23/08/2010
JOSE (sic) JOAQUIN (sic) SALAS ROJAS09/09/20TO
HÉCTOR SUÁREZ MESA09/09/2010
LEONOR ALICIA UBAQUE DE CÁRDENAS08/08/2010
ROSA INÉS VELÁSQUEZ DE UCROS09/09/2010

4. CONDENAR a la encartada a pagar las sumas adeudadas de manera indexada.

5. ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

Al resolver el recurso de apelación propuesto por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 5 de mayo de 2015, revocó la sentencia impugnada y absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Inconforme con la sentencia que se pretende impugnar en casación, los accionantes interpusieron dentro del término de ley, el recurso extraordinario que les fue negado mediante proveído calendado 10 de diciembre de 2015 (fls. 111 a 119). Para el efecto, el Colegiado puntualizó que no existían parámetros que permitieran determinar el cálculo del interés económico para recurrir en casación en cuanto a continuar reconociendo a los demandantes el descuento por consumo de energía «toda vez que es imposible saber a futuro cual será el consumo que se hará mes a mes, y por ende el descuento a realizar».

Por otra parte, en cuanto al reembolso de los valores pagados por concepto de consumo de energía de acuerdo al porcentaje de descuento, procedió a su cuantificación para cada actor, respecto de lo cual tomó en consideración los valores existentes en las facturas aportadas por ellos, junto con la incidencia futura, montos que no alcanzaron la suma de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes para acudir en casación.

Finalmente, respecto de los demás beneficios convencionales reclamados, indicó que no había lugar a efectuar cálculo alguno, por cuanto en el expediente no se encontró prueba de que los demandantes hubieran tenido que sufragar algún gasto adicional, aunado a que «no existe información en relación al número de hijos de los demandantes, si el auxilio educativo es para primaria, secundaria o universitaria».

Contra dicha decisión, los demandantes presentaron recurso de reposición, que fue resuelto mediante auto de 15 de marzo de 2016, a través del cual, el tribunal en mención mantuvo la providencia atacada, al estimar que:

(...) Es claro para la Sala que son esencialmente dos puntos sobre sobre los cuales el recurrente radica su inconformidad a) el pago de perjuicios estimados en 100 (sic) salarios mínimos legales mensuales como pretensión subsidiaria y b) los beneficios convencionales de consumo de energía y servicios médicos son vitalicios, por lo que se debe liquidar hasta la vida probable de cada demandante.

En cuanto al pago de perjuicios estimados en cien (sic) salarios mínimos legales mensuales vigentes como pretensión subsidiaria habrá que decirse que no fue objeto de apelación, por cuanto, lo hizo en relación al reembolso de los valores asumidos por los demandantes Medina Zambrano Marcela y Rodríguez García Luis por gastos médicos, monturas, servicios médicos y en cuanto a las demás se declaró conforme, por tanto, al no mencionarse la pretensión de perjuicios quedó por fuera de su estudio y no resultaría acertado tenerlo como daño para efectos de establecer una cuantía para recurrir en casación.

(...)

En cuanto al argumento de que los beneficios convencionales de consumo de energía y servicios médicos son vitalicios y se deben liquidar hasta la vida probable de cada demandante, no es de recibo por cuanto si se observa en la liquidación vista a flolios 3837 a 3854 a cada uno de los accionantes, incluida la señora Olga Abreo Barrera se les liquidó en relación al consumo de energía hasta la edad probable de vida que es la incidencia futura.

Los gastos por servicios médicos en relación a la señora Marcela Medina Zambrano no se liquidó por su vida probable por cuanto no se tiene certeza que pagos tenga que hacer a futuro por tal concepto, por lo cual (sic) no resultó procedente tal ponderación y, del señor Luis Rodríguez García no se liquidó el reembolso de valores por el (sic) asumidos por gastos médicos, monturas por cuanto como se dejó dicho en el auto recurrido no se encontró prueba de haber realizado algún gasto por tal servicio.

En consecuencia, dispuso expedir las copias para surtir la queja.

Conforme al art. 353 del C.P.G., el apoderado de los recurrentes, interpuso el recurso de queja, para lo cual adujo:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles de recurso de casación, los procesos cuya cuantía exceda los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales.

2. Como lo precisó el tribunal en su decisión la Corte Suprema de Justicia ha definido el concepto de “INTERES (sic) JURÍDICO PARA RECURRIR EN CASACION (sic)”, como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada, y aclara que para el demandante corresponde a las pretensiones que no fueron acogidas en segunda instancia.

3. Mis mandantes, a través de este proceso, solicitaron que se condenara a la demandada a restablecer los derechos convencionales denominados Servicio médicos..., suministro de lentes y monturas..., Servicio odontológico, Auxilios Educativos para primaria, segundaria y universidad, Descuento del Consumo de Energía y auxilio especial por gastos fúnebres, en las mismas condiciones en que los disfrutaban el 31 de agosto de 2007.

4. En forma subsidiaria, en caso de que se considerara por parte del Juez de conocimiento, que no es posible el restablecimiento en la forma solicitada, pidieron el reconocimiento y pago de perjuicios, estimados en la suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales, para cada uno de los demandantes.

5. El fallo de segunda instancia, revocó totalmente el de primera, que había sido completamente favorable a mis mandantes.

6. De acuerdo con lo anterior, es claro que mis mandantes sufren un perjuicio que supera la cifra mínima prevista en la Ley para hacer procedente el recurso extraordinario, si se tiene en cuenta que los beneficios cuyo restablecimiento se pretende, tienen el carácter de vitalicios, razón por la cual, se debe efectuar el cálculo de los valores que cada uno de mis mandantes tiene que asumir por concepto de consumo de energía y servicios médicos, hasta su edad probable de vida (...).

Con tal propósito, solicita a esta Sala «se revoque en su integridad el auto recurrido y en su lugar se conceda el recurso extraordinario de casación parcial, por ser procedente».

Consideraciones

Pues bien, es criterio reiterado por la jurisprudencia del trabajo, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, como el caso en estudio, el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En el sub examine, el fallo recurrido revocó totalmente la condena que en primera instancia impartió el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, decisión que fue apelada por ambas partes.

En el caso de los demandantes únicamente existió inconformidad respecto del reembolso de los valores asumidos por Marcela Medina Zambrano y Luis Rodríguez García por monturas, gastos y servicios médicos. Los demás accionantes guardaron silencio por lo que se entiende, se conformaron con ellas. Luego, el interés jurídico para recurrir se concreta a las condenas proferidas en primera instancia y revocadas en segunda respecto de estos últimos y, en cuanto a los primeros, adicionalmente a lo anterior, lo constituye el valor de las pretensiones que fueron motivo de inconformidad en la alzada.

En este punto, es necesario precisar que si bien el conglomerado de las pretensiones es tenido en cuenta para hallar el interés jurídico en casación, el hecho de que se hayan planteado como principales y subsidiarias las hace en esencia excluyentes, siendo por tanto improcedente su acumulación, para cuantificar dicho interés, criterio que ha sido esbozado en diferentes providencias de esta Sala, dentro de ellas, la CSJ SL, 29 sep. 1993, rad. 6371, reiterado en la providencia CSJ AL, 24 feb. 2010, rad. 40826, donde se expresó:

(...) Lo anterior no significa que pueda acumularse el valor de las pretensiones principales al correspondiente a las súplicas subsidiarias. Esta suma no es jamás procedente. Lo que aquí se afirma es que resulta imperativo considerar que las peticiones que en forma principal contiene una demanda siempre tendrán un valor y una significación económica superiores a las que se reclaman subsidiariamente, motivo por el cual estas se solicitan sólo de manera supletoria. Por ello, si las pretensiones subsidiarias alcanzan el interés suficiente para acudir en casación, necesariamente las principales también lo tendrán.

Así, se tiene que los demandantes en el escrito inaugural solicitaron como pretensiones principales las siguientes:

1. Restablecer plenamente y mantener con carácter vitalicio y actualizar para mejorar cualitativa y cuantitativamente los siguientes beneficios: Servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, ortopédicos y cardiológicos, suministro de lentes, monturas, lentes de contacto, audífonos, aparatos ortopédicos y marcapasos, servicio odontológico, auxilios educativos para primaria, secundaria y universidad, descuento por consumo de energía, auxilio especial por gastos fúnebres; mientras estén vigentes las pensiones de jubilación de que disfrutaban los demandantes el 31 de agosto de 2007, incluido el derecho de sustitución o sobrevivencia.

2. Reembolsar todos los valores que los demandantes hayan tenido que cancelar desde el 1º de septiembre de 2007, con motivo del desconocimiento y no pago de los siguientes derechos:

Servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, ortopédicos y cardiológicos.

Suministro de lentes monturas, lentes de contacto, audífonos, aparatos ortopédicos y marcapasos.

Servicio odontológico

Auxilio especial por gastos fúnebres.

De manera subsidiaria Ky sólo en el evento de que el juez de conocimiento determine que no es posible despachar de manera favorable las dos pretensiones condenatorias anteriores» solicitaron a favor de cada uno de los demandantes lo siguiente:

(...) el reconocimiento y pago del valor equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el mayor valor que la Justicia colombiana considere, a título de compensación por los daños y perjuicios sufridos con el desconocimiento de estos derechos.

Sobre las sumas que resulte adeudar la empresa, por estos conceptos, deberá reconocer el ajuste del valor e intereses moratorios, mensualmente, hasta cuando se materialice el pago.

De esta forma, al hacer los cálculos respectivos, la Sala encuentra que el valor correspondiente a las pretensiones principales no supera, el monto mínimo exigido de los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues respecto de los promotores del litigio que no apelaron, el interés jurídico lo constituye, sin más, las condenas impuestas en la sentencia de primer grado, —que posteriormente— el tribunal revocó y cuantificó para cada uno de los actores con la incidencia futura respectiva, sin que sobre dichos montos estos expresaran disentimiento alguno, toda vez que se limitaron a solicitar se liquidaran los mismos con la proyección futura, sin percatarse que la liquidación ya lo contenía, como se muestra a continuación:

Olga Abreo Barrera$ 14.535.072.96
María Patricia Álvarez de Martínez$ 34.524.459.95
Margoth Becerra Dimas$ 33.648.203.37
Luz Marina Carvajal González$ 55.023.215.24
Jorge Enrique Chacín Quintana$ 13.727.725.26
Hilda Consuelo Estévez de Prieto$ 33.923.007.23
Myriam Gaitán de Poveda$ 49.360.306.90
María Luisa García Sierra$ 17.112.469.20
José Néstor Guavita Cubillos$ 2.989.774.05
Cecilia Hernández de Rivera$ 9.266.500.68
Stella Hincapié de Fajardo$ 31.878.507.96
Genaro Izquierdo Ramos$ 13.004.790.15
José Lino Marín Rubiano$ 6.080.687.15
Olga Cecilia Martínez de Zuluaga$ 41.596.370.22
Francisco Albeiro Martínez Narváez$ 27.130.091.19
Marcela Medina Zambrano$ 23.307.138.57
Héctor Julio Melo Quintero$ 24.619.786.01
Carmen Elisa Nieto Morales$ 16.654.407.71
Ana Mercedes Niño de Barbosa$ 31.041.782.02
Noel Olaya Satizabal$ 20.412.771.16
Graciela Pérez Palacio$ 41.488.824.60
José Belisario Prada Abril$ 27.741.578.08
Blanca Esperanza Pinilla Benítez$ 45.104.720.40
Gabriel Rocha Sarmiento$ 30.567.439.89
Silfredo Rodríguez Cortés$ 21.853.168.25
Luis Gonzalo Rodríguez García$ 5.738.551.24
Esther Rodríguez Vargas$ 22.231.611.19
Víctor Hugo Rojas Arias$ 16.759.744.92
Luis Hernando Rojas Medina$ 43.007.816.65
José Joaquín Salas Rojas$ 33.433.168.21
Héctor Suárez Mesa$ 18.300.988.26
Leonor Alicia Ubauque de
Cárdenas
$ 37.731.596.93
Rosa Inés Velásquez de Ucros$ 18.358.519.66

Ahora bien, pese a que existió inconformidad respecto del reembolso de los valores asumidos por los demandantes Marcela Medina Zambrano y Luis Rodríguez García por monturas, gastos y servicios médicos, lo cierto es que no se cuenta con los datos necesarios para cuantificar dichos conceptos, pues no obra prueba respecto de su pago y, en tal sentido, ningún reparo puede hacerle la Sala a la decisión impugnada.

Al respecto, esta corporación ha enseñado que es al recurrente en queja a quien incumbe la carga de demostrar que le asiste interés para recurrir en casación. Así, en auto CSJ AL, 19 may. 2009, rad. 39486, se dijo:

A la parte que formula el recurso de queja le corresponde sustentarlo debidamente y, si sus razones se circunscriben a la cuantía del proceso, deberá probar que sus pretensiones sí alcanzan el valor exigido para que la sentencia sea susceptible del recurso de casación.

No obstante lo anterior, se tiene que la pretensión que designaron los demandantes como subsidiaria supera ampliamente la cuantía exigida para acudir en casación toda vez que la misma fue cuantificada en 1000 SMLVM.

Así las cosas, erró el tribunal al denegar el recurso de casación interpuesto por los promotores del litigio, pues resulta claro que el interés jurídico para recurrir de éstos, en punto a la pretensión subsidiaria supera la cuantía exigida por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (5 de mayo de 2015), que dispuso que serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2015, equivalía a $ 77.322.000, toda vez que el salario mínimo para dicha anualidad ascendía a la suma de $ 644.350.

En consecuencia se considerará mal denegado el recurso.

Con lo anterior, se recoge cualquier otra decisión en contrario.

Decisión

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR mal denegado el recurso extraordinario de casación formulado por Olga Abreo Barrera, María Patricia Álvarez de Martínez, Margoth Becerra Dimas, Luz Marina Carvajal González, Jorge Enrique Chacín Quintana, Hilda Consuelo Estévez de Prieto, Myriam Gaitán de Poveda, María Luisa García Sierra, José Néstor Guavita Cubillos, Cecilia Hernández de Rivera, Stella Hincapié de Fajardo, Genaro Izquierdo Ramos, José Lino Marín Rubiano, Olga Cecilia Martínez de Zuluaga, Francisco Albeiro Martínez Narváez, Marcela Medina Zambrano, Héctor Julio Melo Quintero, Carmen Elisa Nieto Morales, Ana Mercedes Niño de Barbosa, Noel Olaya Satizabal, Graciela Pérez Palacio, José Belisario Prada Abril, Blanca Esperanza Pinilla Benítez, Gabriel Rocha Sarmiento, Silfredo Rodríguez Cortés, Luis Gonzalo Rodríguez García, Esther Rodríguez Vargas, Víctor Hugo Rojas Arias, Luis Hernando Rojas Medina, José Joaquín Salas Rojas, Héctor Suárez Mesa, Leonor Alicia Ubaque de Cárdenas y Rosa Inés Velásquez de Ucros contra la sentencia de 5 de mayo de 2015, proferida dentro del proceso ordinario que los recurrentes le adelantan a la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. Empresa de servicios públicos.

3. ORDENAR al tribunal de origen remitir el expediente para los fines legales consiguientes.

Notifíquese y cúmplase.

Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.