Auto AL7163-2016/75401 de octubre 19 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 75401

Acta 39

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruíz

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Segundo del Circuito de Santa Marta y el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por Sandra Patricia Martelo contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Antecedentes

Ante el Circuito de Santa Marta, Sandra Patricia Martelo instauró demanda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el fin de obtener mediante el trámite de un proceso ordinario laboral, «Dejar sin efecto la Resolución emitida por la Junta Nacional de Invalidez de fecha 17 de septiembre de 2015». Como consecuencia de la anterior declaración, solicita que se determine tanto el origen de las patologías, como la pérdida de capacidad laboral en forma definitiva y las costas del proceso (fls. 2 y 3).

Por reparto correspondió al Juzgado Segundo del Circuito de Santa Marta, quien mediante providencia del 13 de abril de 2016, luego de citar el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dedujo que carecía de competencia, al considerar que «Como es de público conocimiento el domicilio de la entidad demandada, es Bogotá - Revisado el ítem de notificaciones encuentra el despacho que la dirección donde recibe notificaciones el ente demandado es la ciudad de Bogotá, en la diagonal 36Bis # 20-74 -- Así las cosas, y en aplicación a lo anterior, la competencia en materia laboral, se define por el factor territorial, en este caso el domicilio del demandado». En consecuencia, ordenó la remisión de las diligencias por reparto, a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá (fl. 45).

El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, una vez recibió el expediente, por providencia calendada 22 de julio de 2016, igualmente sostuvo no ser competente para conocer del asunto y provocó la colisión negativa de competencia, al no compartir el argumento esgrimido por el juzgado remitente, al observar que la acción se promueve contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que es una entidad perteneciente al sistema de seguridad social integral, por tanto la disposición aplicable es el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la cual consideró que la elección efectuada por el actor debe respetarse y aquella corresponde a la ciudad de Santa Marta dado que la reclamación se surtió en este sitio, por ser el lugar donde se inició el trámite de calificación de su invalidez «como da cuenta el formulario de dictamen para determinación del origen del accidente de la enfermedad y de la muerte, expedido por Saludcoop E.P.S., el 2 de diciembre de 2014 y que condujo a la calificación que en primera instancia realizó la Junta Regional de Calificación del Magdalena, mediante dictamen del 29 de enero de 2015».

Por lo anterior suscitó la colisión de competencia negativa y ordenó enviar la actuación a esta Corporación para que dirima dicho conflicto.

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 10 de la Ley 712 de 2001, en armonía con el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009, corresponde a la Corte dirimir el conflicto de competencia que se presente entre juzgados de diferente distrito judicial.

En el sub lite, la colisión negativa de competencia radica en que los juzgados Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta y Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, consideran no ser los competentes para dirimir el asunto, pues el primero aduce que el factor de competencia se determina por el domicilio de la demandada invocando el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; mientras que el segundo sostiene que conforme lo expresado en el escrito inicial la demanda se dirige contra una entidad perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral y, que por tanto, la elección efectuada por el accionante de adelantar el juicio ante el Circuito de Santa Marta, se ajusta a lo previsto en la disposición enunciada, esto es, el artículo 11 ibídem, por ser el lugar donde se inició el trámite de calificación de su invalidez.

Así pues, resulta preciso advertir que, en efecto, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, es un organismo perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral, así lo estableció el artículo 16 de la Ley 1562 de julio 11 de 2012, que modificó el Sistema de Riesgos Laborales, entre ellos, el 42 de la Ley 100 de 1993, al señalar:

Naturaleza, administración y funcionamiento de las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez. Las juntas regionales y nacional de calificación de invalidez son organismos del sistema de seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio.

A su vez, el Decreto 1352 de junio 26 de 2013, reglamentó la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, dispuso en el parágrafo 2º del artículo 4º:

(…).

PAR. 2º—Cuando un dictamen de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sea demandado ante la justicia laboral ordinaria se demandará a la Junta Regional o Nacional de Calificación de invalidez como organismo del sistema de seguridad social del orden nacional, de creación legal, con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, y al correspondiente dictamen.

Pues bien, de entrada observa la Sala que la presente acción se encuentra dirigida contra la Junta Nacional de Calificación, que es un organismo del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional, por lo que la demandante debía remitirse al contenido del artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 8º de la Ley 712 de 2001, a efectos de establecer el juez competente, que prevé:

ART. 11.—Modif. L. 712/2001. ART.8º—Competencia en los procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral. En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante.

En los lugares donde no haya juez laboral del circuito conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.

En estricta sujeción a dicho referente legal, como regla general, la demandante tiene la posibilidad de escoger para fijar la competencia, el juez laboral del circuito del domicilio de la entidad demandada o el del lugar donde se haya adelantado la reclamación administrativa.

Ahora, en cuanto al domicilio de la demandada, se tiene que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con carácter interdisciplinario tiene su sede en la capital de la República, y le corresponde resolver las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su decisión por las juntas regionales respectivas, por lo que, los juzgados laborales del circuito de esa ciudad tendrían competencia para conocer de este asunto.

En relación al lugar donde se agotó la reclamación administrativa, la Sala advierte de la documental vista al interior del expediente, que no aparece prueba que permita verificar que se haya surtido la correspondiente reclamación administrativa, en tanto que aportaron únicamente los dictámenes para la determinación de origen de la enfermedad de la actora, entre ellos, el practicado por Saludcoop (fls 12 a 16); por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Magdalena (fls. 25 a 27); y por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que definió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria por la ARL- Equidad y que ahora es motivo de reproche, sin formularle reclamación alguna; de ahí que no tendría el primer despacho competencia para conocer de la presente demanda.

Lo anterior muestra, que la actora al ejercitar su acción ante los juzgados laborales de Santa Marta, no lo hizo en estricta sujeción al referente legal que gobierna la «Competencia», donde el lugar de prestación del servicio, ni el sitio donde se inició el trámite de calificación de invalidez de la reclamante, en nada inciden como factor para su determinación; en tanto, que el domicilio de la demandada o el lugar donde se surtió la reclamación administrativa de derecho pretendido, sí lo son.

En este escenario, a fin de determinar la verdadera intención de la parte actora respecto del lugar donde aspiraba adelantar su acción, es menester remitirse a lo consignado en la demanda en la que se observa que señaló como factor de competencia «el lugar de prestación del servicio, domicilio de las demandadas (sic)». Así, por tanto, se acoge la intención de la interesada en su demanda y la única opción plausible conforme al referente legal citado, es la ciudad de Bogotá por el domicilio de la demandada.

Considera esta Sala de la Corte que en las condiciones antes señaladas, el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá, es el competente para conocer del presente asunto y a quien se le devolverán las diligencias para que les dé el trámite que corresponda de acuerdo con la ley, por manera que no era procedente despojarse de la misma.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, en el sentido de declarar que a la primera autoridad judicial mencionada le corresponde la competencia en relación con el proceso adelantado por Sandra Patricia Martelo contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y allí se enviará el expediente.

2. Informar lo resuelto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.