Auto AL7328-2016/67384 de octubre 26 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

AL7328-2016

Rad.: 67384

Acta 40

Bogotá D.C., veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

Decide la Corte la solicitud de nulidad elevada por la apoderada de la recurrente Universidad Santiago de Cali, dentro del proceso ordinario que le adelanta José Antonio Meza.

Antecedentes

Por auto de 27 de agosto de 2014, la Sala admitió el recurso de casación presentado por la referida institución educativa y corrió el traslado de ley, el cual inició el 8 de septiembre siguiente (fl. 3 reverso); el 24 del mismo mes, la abogada Paula Vásquez Villada, apoderada de la recurrente, afirmó que aunque autorizó expresamente al doctor Fabio Ubeimar Cataño Ariza para que retirara el expediente, un funcionario de la Secretaría de la Sala de Casación Laboral le indicó que “no era posible el retiro y entrega del mismo, teniendo en cuenta, que el recurso que presenté en debida forma ante Tribunal (sic) Superior del Distrito Judicial de Cali, si bien es cierto había sido concedido y existían actuaciones posteriores, por error de dicho Tribunal, no se me había reconocido personería, por lo tanto, el mismo no se encontraba en debida forma, y antes de la entrega debían reconocerme personería para actuar”, y por ello solicitó dicho reconocimiento y que se le concediera “el término de ley para sustentar el recurso”.

En decisión de 26 de noviembre de 2014, la Sala reconoció a la prenombrada como representante judicial de la recurrente, y el 4 de diciembre posterior, la Secretaría dispuso la continuación del traslado referido “por el resto del término legal”, que correspondía a 7 días hábiles (fl. 7 reverso); como no se presentó sustentación, esta Sala mediante auto del 4 de marzo de 2015 declaró desierto el recurso y le impuso a la profesional la multa consagrada en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.

La abogada estima que para allegar la demanda de casación, debieron otorgársele 20 días contados desde el 4 de diciembre de 2014, pues “el error cometido en cuanto la omisión de conceder un recurso de casación y su admisión, sin el reconocimiento de personería para actuar”, no le es atribuible, de allí que se configure la causal 6ª de nulidad consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, además de la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por lo que solicitó declarar la invalidez de todo lo actuado a partir del auto de 26 de noviembre de 2014 y, en su lugar, “conceder el término completo de traslado”.

Consideraciones

Al revisar las presentes diligencias, salta a la vista que la peticionaria dejó de lado el recurso de reposición que por virtud del artículo 63 del C.P.T. y S.S. procedía contra el auto de 4 de marzo de 2015, el cual declaró desierto el recurso e impuso la multa consagrada en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, que en últimas resulta ser la decisión que origina la discordia.

Pero si aun pasando por alto la anterior circunstancia, la Corte analizara los argumentos que se proponen por vía de nulidad, se concluiría, en todo caso, que habría de rechazarse por las siguientes razones:

A folio 6 del cuaderno del Tribunal se observa que la Universidad de Santiago de Cali confirió poder a la doctora Paula Andrea Vásquez Villada, y fue precisamente con apego a tal documento que esta presentó el recurso de casación y aquella Colegiatura lo concedió por auto de 9 de abril de 2014 (fls. 53 y 54, cdno. Tribunal), tras lo cual esta Corte lo admitió el 27 de agosto siguiente y dispuso correr el traslado de ley (fl. 3 cdno. Corte).

Así las cosas, de entrada observa la Sala que el mandato conferido por la demandada cumplió con todas las exigencias estatuidas en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil y, además, se encuentra acreditada la calidad de abogada de la prenombrada, a la luz de lo contemplado en el artículo 67 ibídem, disposiciones que estaban vigentes al momento de presentarse la solicitud estudiada y que son aplicables al juicio laboral a la luz de lo permitido por el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Es por lo anterior que debe entenderse que la abogada estaba plenamente facultada para presentar la demanda de casación, pues no por otra razón el Tribunal concedió el recurso extraordinario y esta Corte lo admitió, se itera, justamente porque en el expediente obraba el poder legalmente conferido por el extremo pasivo a Vásquez Villada, actuaciones que, como lo ha puntualizado esta Sala, “llevan implícita o tácitamente el reconocimiento de la personería jurídica del apoderado de la actora, puesto que, el acto de apoderamiento judicial se cumple con el mandato debidamente otorgado y presentado en forma legal, que, como ya se asentó, efectivamente sucedió en el asunto bajo examen. Aunado a que la decisión positiva de reconocimiento es declarativa y no constitutiva (…) En otras palabras: el apoderado de la demandante pudo ejercer todas sus facultades desde el 27 de enero de 2009, fecha en lo que presentó el respectivo poder (CSJ AL, 1º dic. 2009, rad. 39865, el resaltado no es original).

Está probado que el traslado empezó el 8 de septiembre de 2014 (fl. 3 reverso), y solo hasta el 24 del mismo mes la apoderada de la recurrente se acercó a solicitar el expediente, cuando restaban 7 días para que finalizara el término; con esa precisión, la Sala advierte que aun cuando la secretaría no hubiese accedido a entregar las diligencias por no obrar el acto positivo de reconocimiento adjetivo, no por ello se debe contar nuevamente el plazo para sustentar, como indebidamente se pretende, pues esa irregularidad no tiene la virtualidad de desconocer el tiempo que había transcurrido y en el cual, se insiste, por ser lo único y efectivamente cierto: la apoderada estaba plenamente facultada para actuar con ocasión del mandado que se le confirió y presentó ante el juez de apelaciones.

Bajo esas circunstancias, huelga recordar que según los artículos 118 y 120 del CPC, aplicables por remisión analógica del precepto 145 del CPTSS, el carácter perentorio e improrrogable de los términos judiciales se ve morigerado cuando existan actos procesales que incidan en su contabilización, caso en el cual, dice el citado precepto 120, “se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha, si fuere de cúmplase” (subraya la Corte).

De suerte que una vez el expediente pasó al despacho para resolver el memorial de la apoderada de la recurrente tendiente a que se le reconociera personería, es justificable entender, en este específico evento dada la vicisitud presentada ante la Secretaría de esta Sala de Casación Laboral, que el plazo para sustentar la demanda se interrumpió y, resuelto lo pertinente el 26 de noviembre de 2014 (fl. 7), el mismo se reanudó “por el resto del término legal” (fl. 7, reverso), tiempo en el que no se allegó la sustentación correspondiente.

Así las cosas, concluye la Sala que las actuaciones surtidas se ajustan a derecho, lo que conllevará a rechazar de plano la nulidad solicitada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral

RESUELVE:

1. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad presentada por la apoderada de la recurrente, de conformidad con lo expuesto.

2. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.