Auto AL7502-2016 de octubre 5 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL7502-2016

Rad. 71080

Acta 37

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil dieciséis.

Decide la Sala la pertinencia del recurso de reposición y en subsidio de este, la apertura del incidente de nulidad «por violación al debido proceso», propuestos por la abogada Carolina Vélez Henao dentro del proceso que adelanta Jorge Alberto Pérez Calle, contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y la Cooperativa de Vigilantes de Antioquia Coopevian Ltda.

Antecedentes

Por auto de 28 de mayo de 2015, se admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte actora y se corrió el traslado correspondiente a la recurrente a fin de que lo sustentara, el cual inició el 10 de junio siguiente, y se interrumpió el 1 de julio del mismo año, con la sustitución del mandato que hiciera Juan Felipe Molina Álvarez como apoderado principal del demandante al abogado Jaime Humberto Salazar Botero (folio 5), a quien se le reconoció como tal mediante proveído de 27 de abril de 2016 (folio 8); el término de traslado continuó por los 6 días restantes, vale decir, entre el 2 y el 10 de mayo de 2016.

El último día de traslado -10 de mayo de 2016- el apoderado principal del recurrente volvió a sustituir el poder, esta vez en cabeza de la abogada Carolina Vélez Henao, pero sin presentar la correspondiente demanda de casación. El 16 de junio siguiente, el apoderado principal desistió del recurso extraordinario. Por auto del día 22 de junio del presente año, se declaró desierto el recurso y además de reconocerle personería a la profesional del derecho ya mencionada, se le impuso la multa prevista en el inciso 3, artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, y se abstuvo la Sala de tramitar la dimisión, por extemporánea.

La sancionada reprocha la decisión en comento, pues a su juicio, presentado el memorial de sustitución cuando aún faltaba un día para el vencimiento del traslado, sin que hubiera ingresado al despacho, el término no se interrumpió; de tal suerte que con el proveído citado se desconoce lo dispuesto en el art. 120 del Código de Procedimiento Civil.

Destaca que como el trámite del recurso inició en el año 2015, no resultaba aplicable el Código General del Proceso, máxime cuando de lo informado por la Secretaría de la Sala en aviso publicado el 10 de febrero de 2016 «Los recursos de casación, interpuestos hasta el 19 de diciembre de 2015, se tramitarán con la legislación vigente hasta esa fecha, lo que comprende la entrega del expediente», directriz que si bien fue aclarada el 19 de mayo siguiente, en el entendido de que «en los procesos en los que hubieren renuncias o revocatorias de poder, sustituciones o cambio de apoderados por cualquier razón, no se debían entrar los expedientes al despacho hasta tanto no estuvieren vencidos los términos en curso», lo cierto es que la sustitución data de 10 de mayo de 2016, esto es, antes de que se modificaran los términos del referido aviso. Por tal motivo, aduce que no hay lugar a declarar desierto el recurso ni a la imposición de sanciones pecuniarias.

Agrega que tampoco sería procedente la multa impuesta, en la medida en que en el contrato de servicios profesionales suscrito entre el demandante y el apoderado principal, expresamente se excluyeron las «gestiones ante la Corte Suprema de Justicia y fuera de la ciudad de Medellín».

Conforme a lo argüido, solicita que en caso de no reponer la providencia, se de apertura al incidente de nulidad constitucional por violación al debido proceso.

Consideraciones

Aunque en estrictez no le correspondería a la Sala decidir acerca de las solicitudes elevadas por la abogada Carolina Vélez Henao el pasado 24 de junio de 2016, contra el auto emitido día 22 del mismo mes y año, en consideración a que con los escritos presentador los días 16 y 20 de junio de 2016, visibles a folios 11 y 15 del cuaderno de la Corte, respectivamente el apoderado principal de la parte recurrente reasumió el mandato al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 del C.P.C., como quiera que la decisión atacada comprende una sanción pecuniaria impuesta a la citada profesional del derecho, la Sala abordará el estudio de las súplicas, en aras de salvaguardar el derecho de defensa y contradicción.

Al respecto sea lo primero señalar que sin consideración a la normatividad procesal que resulte aplicable, para esta Sala de la Corte es claro que sea en vigencia del Código de Procedimiento Civil o del Código General del Proceso, la sustitución al poder presentada el último día de traslado no tiene vocación de interrumpir dicho término.

En autos el traslado venció el 10 de mayo de 2016, esto es, el mismo en que se radicó la sustitución en la Secretaría, luego deviene evidente que el término no pudo interrumpirse, pues en aplicación del Código General del Proceso, es expresa la prohibición contenida en el precepto 343 que establece que «Dicho término no se interrumpirá por el cambio de apoderado, ni por su renuncia o la sustitución del poder»; ahora, de resolverse la controversia por la anterior norma procesal, se llegaría a la misma conclusión, dado que de acuerdo a lo previsto en el artículo 120 de dicha codificación la interrupción ocurriría a partir del día siguiente, esto es, el 11 de mayo de 2016, cuando el aludido término ya había expirado; así se decidió un asunto de similares contornos bajo tal normatividad, advirtiéndose que en proveído CSJ SL, 22. may. 2012, rad. 53784, esta Sala de la Corte dijo:

En este caso, el traslado al recurrente vencía el 1º de febrero de 2012, mismo día en que se otorgó poder al actual apoderado de la sociedad demandada, de suerte que la interrupción operó a partir del 2 de febrero, cuando ya había fenecido el plazo para sustentar el recurso extraordinario. Por ello, la declaratoria de deserción del recurso no amerita ser revocada.

Corolario de lo anterior, se mantendrá incólume la decisión que declaró desierto el recurso.

Por otra parte, en lo concerniente a la imposibilidad de imponer sanción pecuniaria, bastará con señalar que la Corte Constitucional por sentencia C-492/16(1) declaró inexequible la expresión «y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos» contenida en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, en virtud de lo cual, y sin que hoy por hoy resulten necesarias mayores consideraciones, se repondrá la decisión atacada, advirtiéndose que esta última no alcanzó firmeza, y por lo mismo, no logró ejecutoriedad, por lo que queda afectada de la referida inconstitucionalidad, precisándose que a la fecha resulta proscrita cualquier sanción pecuniaria derivada del precepto sobre el cual se erigió la multa a la profesional del derecho Carolina Vélez Henao.

Finalmente la Sala se abstendrá de dar trámite al incidente de nulidad propuesto, dado que la actuación adelantada y las decisiones tomadas en su interior, si bien pudieron conllevar consecuencias jurídicas a las partes y/o a sus representantes judiciales, no pueden tildarse de violatorias del debido proceso.

Por lo expuesto, se repondrá parcialmente el proveído impugnado en el sentido de revocar la multa impuesta a la citada profesional del derecho, junto con la consecuente orden de comunicación de dicha sanción a la autoridad competente, confirmándose la decisión en todo lo demás.

Dado que no queda actuación pendiente, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral

RESUELVE:

1. REPONER parcialmente el auto proferido el pasado 22 de junio de 2016, en el sentido de revocar la multa impuesta a la abogada Carolina Vélez Henao, junto con la consecuente comunicación de dicha sanción a la autoridad competente, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

2. CONFIRMAR el proveído atacado en todo lo demás.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de la Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

1 Según comunicado de prensa No. 40 del 14 de septiembre de 2016.