Auto AL8751-2016/505038 de diciembre 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AL8751-2016

Rad.: 50538

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 46

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.

Se pronuncia la Sala sobre la solicitud de aprobación del contrato transacción allegado por la apoderada de la parte recurrente (fls. 56 a 66 del cuaderno 3), dentro del proceso adelantado por Francisco Eduardo Acosta Rodríguez contra la Fundación Colegio Lisa Meitner.

Antecedentes

El actor llamó a juicio a la Fundación Colegio Lisa Meitner, para que fuera declarada la existencia de un contrato de trabajo “… regida por diferentes y sucesivos contratos de trabajo, la cual (sic) inició el día primero (1º) de febrero de mil novecientos sesenta y nueve y término el día dieciocho (18) de septiembre de dos mil siete (2007)”. Así mismo, que el último cargo desempeñado fue el de Rector, que la última asignación mensual devengada fue $6.699.809, y, que la demandada “… ha incumplido para con el demandante en el pago de salarios, primas, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, aportes por seguridad social, aportes por pensiones, aportes por riesgos profesionales, aportes por subsidio familiar”.

Por consecuencia de lo anterior, el demandante pretendió que se condenará a la Fundación al pago de: i) Salarios, vacaciones, prima legal de servicios, cotizaciones por salud, pensión, riesgos profesionales y subsidio familiar, el auxilio cesantía y los intereses sobre este último, correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 18 septiembre de 2007, sobre un salario de $ 6.699.809, ii) El valor del reajuste del auxilio de cesantía y los intereses sobre este último, correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006, y así mismo, la prima legal de servicios del lapso comprendido entre el 1º de enero de 2006 y el 30 de diciembre de 2006, sobre un salario de $ 6.699.809 iii) El valor del reajuste del auxilio de cesantía y los intereses sobre este último, correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005, e igualmente, la prima legal de servicios del lapso comprendido entre el 1º de enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2005, sobre un salario de $ 6.699.809, iv) El valor del reajuste del auxilio de cesantía y los intereses sobre este último, correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, y así mismo, la prima legal de servicios del tiempo comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2004, sobre un salario de $ 6.699.809, v) La indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, la indemnización moratoria, y, vi) La indexación de todas las sumas pedidas, junto con las costas y agencias en derecho. (fls. 2 a 10 y 24 a 28 del cuaderno 3).

A su vez, en la contestación de la demanda se señaló que no existía una fecha exacta en la que el trabajador había iniciado sus labores, que el demandante siempre estuvo vinculado por el año escolar en virtud del artículo 101 del C. S. T., esto es, las diferentes relaciones que el señor Francisco Eduardo Acosta Rodríguez mantuvo con el colegio, siempre tuvieron solución de continuidad, ya que los contratos terminaban el 15 de diciembre de cada año, y frente a esta finalización siempre se cancelaban las acreencias laborales. Frente al cargo desempeñado, se expresó que no obstante, el haber desarrollado su labor como Rector del colegio, el 18 de septiembre de 2007 fue removido del cargo, solicitándosele que siguiera desempeñando como docente, y no lo hizo.

De otro lado, que el pago de salarios y prestaciones se hizo de acuerdo a lo pactado en la Asamblea de la Junta Fundadores, lo cual fue aceptado y aprobado por el demandante, y, de igual forma, que el colegio siempre cumplió con los aportes parafiscales. Finalmente, se opuso a todas las pretensiones y propuso las excepciones de indebida notificación del demandado, cobro de lo no debido, pago, falta de causa para demandar, caducidad, prescripción, mala fe, buena fe, presunto fraude procesal, simulación, falta de causa y título para pedir, y compensación.

Posteriormente, por sentencia del 31 de agosto de 2010, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, resolvió absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda. Inconforme con la anterior decisión, el representante judicial del demandante, presentó recurso de apelación, del cual tuvo conocimiento la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., quien mediante proveído del 8 de noviembre de 2010, confirmo totalmente la sentencia proferida por el juez a quo.

En virtud de lo anterior, el apoderado del demandante Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por el tribunal y admitido por esta corporación. Después de presentada la oposición por parte de la demandada, es allegado memorial el 19 de abril de 2016, donde se manifiesta que “… entre las partes se suscribió un CONTRATO DE TRANSACCIÓN, documento que presentamos a su despacho para su aprobación, razón por la cual la parte actora DESISTE DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO y de común acuerdo los apoderados solicitamos ordenar la terminación del proceso laboral… sin condenar en costas a ninguna de las partes”.

Posteriormente, el 25 de abril de 2016, es allegado por parte de la representante judicial del demandante, el convenio transaccional, en el cual se expresó:

El objeto de la presente transacción es dar por terminados dos procesos judiciales en curso, una vez cumplidas en su integralidad las obligaciones y condiciones previstas en esta convención. El primero, un proceso de venta de cosa común que cursó o cursa en el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, y en la actualidad se adelanta bajo el Nº 2007-00687 en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá; el segundo, otro que cursó o cursa en el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, bajo el Nº 2008-00580 y en la actualidad está pendiente por resolver un recurso de casación por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

(…)

Además prever cualquier litigio derivado de cualquier reclamación que a cualquier título Francisco Eduardo Acosta Rodriguez tenga como consecuencia de relaciones laborales o prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza que haya desempeñado en el Colegio Lisa Meitner de la Fundación Colegio Lisa Meitner Blanca Rodriguez de Acosta de Bogotá y cualquier reclamación relacionada con la operación comercial del Colegio Lisa Meitner de Bogotá.

Seguidamente, se señaló:

Las partes luego de varias reuniones, han resuelto de común acuerdo, que con el fin de evitar el remate del LOTE objeto del proceso… y además terminar el litigio laboral ya mencionado y precaver litigios futuros, manifiestan su ánimo de transigir sus diferencias presentes y posibles futuras, de manera que cumplidas las estipulaciones pactadas en este documento, se puedan terminar los procesos en curso y prever cualquier otro litigio eventual relacionado con los derechos sobre los bienes en disputa, transigiendo sus diferencias en la forma como se expresa a continuación:

(…)

Gloria Constanza, Luz Stella, Ricardo Arturo y Fernando Acosta Rodríguez, entregarán cada uno a favor de Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, cincuenta millones de pesos moneda corriente ($50.000.000.oo M/cte.), los cuales se descontarán o la fuente de pago será el precio de la venta del LOTE, para un total de doscientos millones de pesos M/cte. ($200.000.000,oo M/cte.), es decir que en el contrato de promesa de compraventa y en la escritura de venta se tendrá en cuenta este pacto para efectos del mayor valor que recibirá Francisco Eduardo Acosta Rodríguez. Esto, con el fin de dar por transado el proceso laboral…

En contraprestación, Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, se obliga a solicitar al día siguiente de la firma del presente contrato, la dimisión del recurso de casación…

A la firma de la promesa de compraventa o en el contrato de compraventa Gloria Constanza, Luz Stella, Ricardo y Fernando Acosta Rodríguez, incluirán una clausula en la que autorizan al promitente comprador o el comprador, según el caso, para descontar del precio a que tengan derecho estos cuatro a fin de que se le entreguen a Francisco Eduardo Acosta Rodríguez los doscientos millones de pesos que se mencionan con anterioridad.

Y finalmente, se estipuló:

Manifiestan los comparecientes que una vez cumplidas las condiciones y obligaciones pactadas, es decir la venta de los bienes, la repartición y pago de las sumas de dinero, dan a la presente transacción el alcance de cosa juzgada en última instancia, por lo que renuncian expresamente a impugnar sus términos, así como los derechos y obligaciones sobre las cuales recae.

(…)

Las partes de común acuerdo han fijado una clausula penal de trescientos millones de pesos moneda corriente ($300.000.000.oo M/cte.), a cargo de la parte que incumpla una cualquiera de las obligaciones determinadas en el presente contrato y a favor de la cumplida, la que se podrá cobrar ejecutivamente sin necesidad de requerimiento previo ni constitución en mora.

Consideraciones

Observa la Sala que no obstante existe un memorial suscrito por las partes y sus apoderados (fl. 53 del cuaderno 3), donde manifiestan que entre “las partes” se suscribió un contrato de transacción, se evidencia que este fue suscrito por Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, Gloría Constanza Acosta Rodríguez, Luz Stella Acosta Rodríguez y Ricardo Arturo Acosta Rodríguez, este último como persona natural y no como representante legal de la demandada en este proceso. Lo anterior, se constituye en un obstáculo para se otorgue aprobación al convenio transaccional mencionado, y por tanto, declarar terminado el proceso, toda vez que la demandada, la Fundación Colegio Lisa Meitner, no fue parte del contrato de transacción a través de su representante legal o su apoderado.

Con todo, si en gracia de discusión se estudiara el contrato de transacción, en razón a que fue suscrito por el demandante y el señor Ricardo Arturo Acosta Rodríguez, quien fungió en todo el proceso como representante legal de la Fundación demandada, se llegaría al mismo resultado, esto es, la no aprobación del mismo, por las siguientes consideraciones.

Se señala que el objeto del contrato de transacción es terminar el proceso y prever cualquier litigio derivado de cualquier reclamación del demandante, como consecuencia de una relación laboral o de prestación de servicio con el Colegio Lisa Meitner de la Fundación Colegio Lisa Meitner Blanca Rodríguez de Acosta. Para lo anterior, convienen que se le entregará al señor Francisco Eduardo Acosta Rodriguez, la cantidad de $200.000.000., suma que tendría como fuente la venta de un “LOTE”:

Gloria Constanza, Luz Stella, Ricardo Arturo y Fernando Acosta Rodríguez, entregarán cada uno a favor de Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, cincuenta millones de pesos moneda corriente ($50.000.000.oo M/cte.), los cuales se descontarán o la fuente de pago será el precio de la venta del LOTE, para un total de doscientos millones de pesos M/cte. ($200.000.000,oo M/cte.), es decir que en el contrato de promesa de compraventa y en la escritura de venta se tendrá en cuenta este pacto para efectos del mayor valor que recibirá Francisco Eduardo Acosta Rodríguez. Esto, con el fin de dar por transado el proceso laboral…

Advierte la Sala que en el convenio transaccional celebrado, no se allegó promesa de compraventa del bien, ni se expresó una fecha de celebración de venta del mismo. Frente a lo anterior, se presenta el siguiente interrogante: ¿Es posible celebrar un contrato de transacción, donde se someta el pago de los derechos de un trabajador a condición?

Para responder lo precedente, la Sala estima:

A. Requisitos del Contrato de Transacción en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

La transacción es posible en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siempre y cuando verse sobre derechos inciertos y discutibles (artículos 53 de la C. N y 15 del C.S.T.), al mismo tiempo, es imperioso que las partes celebrantes del contrato transaccional tengan capacidad de ejercicio, que su consentimiento no adolezca de vicios, y, que el convenio recaiga sobre un objeto lícito y tenga una causa lícita (artículo 1502 del C. C.).

De otra parte, en relación a la solemnidad del acto, es suficiente el acuerdo de voluntades para su perfeccionamiento, y a su vez, no es necesario que se celebre de modo especial un contrato que indispensablemente lleve el nombre de contrato de transacción, en razón a que dicho convenio puede pactarse y existir, cumpliendo los requisitos legales del mismo. En providencia del 28 de febrero de 1948, publicada en la Gaceta del Trabajo, Tomo III, página 39, el Tribunal Supremo del Trabajo consideró:

No es tampoco necesario, para que la transacción exista, que se celebre de modo especial un contrato que indispensablemente lleve ese nombre, sino que dicho convenio puede pactarse y existir cuando se reúnan los requisitos legales al efecto, cualquiera que sea el nombre que quiera dársele, porque es norma universal de hermenéutica que, conocida claramente la intención de los contratantes, deberá estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

Ahora bien, existen unos requisitos para que el convenio transaccional pueda terminar una controversia que ya es litigio judicial. En efecto, el artículo 312 del C.G.P., aplicable a los juicios del trabajo por remisión analógica permitida por el artículo 145 del C.P.T. y de la S. S., establece:

Para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción; en este caso se dará traslado del escrito a las otras partes por tres (3) días.

B. Efectos del contrato de transacción.

La transacción en última instancia, hace tránsito a cosa juzgada (artículo 2483 del C.C.), termina el proceso cuando versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia, no obstante, si solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella (artículo 312 C.G.P).

C. ¿Es posible convenir en un contrato de transacción que el pago de los derechos del trabajador este sometido a condición, esto constituye un obstáculo para que el juez pueda darle aprobación?

Encuentra la Sala que someter el pago de los derechos del trabajador a una condición, es contrario a la razón de ser de las Normas del Trabajo. En efecto, a diferencia de una transacción celebrada por quienes ostentan un vínculo regulado por el derecho civil, del cumplimiento de las obligaciones acordadas en un convenio transaccional celebrado con un trabajador, depende el ingreso para que una persona pueda tener un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido y la vivienda, entre otros. De manera que cuando el trabajador efectúa una transacción, está disponiendo del capital que le permite llevar una existencia digna, y en contrario, el empleador se desprende de parte de su patrimonio, situación que no afecta en lugar alguno parte de su ser, de ahí que no es aceptable someter la ejecución de lo acordado en el contrato de transacción, a un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.

Lo anterior, no podría ser de otra forma, en virtud del Principio Protectorio, el artículo 25 de la Constitución Política, consagra “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado…”, a su vez, el artículo 9º del C.S.T., desarrolla “El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes…”.

Esta Sala, tuvo la oportunidad de remembrar que desde la época en que se creó la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 41 se consagró como uno de sus principios fundamentales que el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio, así mismo, que en la llamada Carta de Bogotá de 1948 en el literal b) artículo 29 se reiteró una vez más que el trabajo es un derecho y un deber social, y por tanto, se debe respetar a quien lo presta, asegurándole que va a desarrollar su labor en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto en los años de trabajo, como posteriormente. En Sentencia CSJ SL, 25 de oct. 1999, rad. 12090, se estimó:

… se trae a colación lo dicho por la extinguida Sección Segunda en la sentencia de 2 de febrero de 1994 (Rad. 6620), fallo al que corresponden los siguientes apartes:

“Estima conveniente la Sala recordar que desde la época en que se creó la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 41 [se] consagró como uno de sus principios fundamentales que ‘el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio’.

“A su vez, en la vigésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización del Trabajo congregada en Filadelfia el año de 1944 [se] reafirmó como uno de los principios fundamentales que ‘el trabajo no es una mercancía’.

“De igual manera, en la llamada Carta de Bogotá de 1948 en el literal b) artículo 29 se reiteró una vez más que ‘el trabajo es un derecho y un deber social; no será considerado como un artículo de comercio; reclama respeto para la libertad de asociación y la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto en los años de trabajo, como en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de trabajar’.

“También en el orden nacional la legislación vigente ampara ese derecho fundamental, para lo cual establece una serie de principios que lo protegen como son, entre otros, que el trabajo goza de una especial protección, que contiene el mínimo de derechos y garantías de los trabajadores, que las disposiciones que lo regulan son de orden público, que los derechos y prerrogativas que se le conceden son irrenunciables, que la transacción en materia laboral sólo es válida cuando se trata de derechos inciertos y discutibles, que las disposiciones laborales producen efecto general e inmediato y que siempre que se presenten conflictos de carácter jurídico se preferirán las leyes del trabajo.

“Además, la actual Constitución Política elevó a canon institucional en su artículo 25 que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”.

Ahora bien, el Principio Protectorio o de Protección, está dirigido a resguardar al trabajador, en tanto, parte del hecho que este es la parte débil de la relación laboral, con todo, esto no se debe a que el asalariado deba ser protegido como a un hijo, no, su razón de ser está fundamentada en la necesidad económica en virtud de la cual el trabajador se pone al servicio del empleador para poder acceder a un sustento, esto es, la limitación de libertad a que se somete quien tiene la necesidad de trabajar. Este principio es la columna vertebral del Derecho del Trabajo, es quien lo viste de identidad y autonomía frente a otras ramas del Derecho, es consecuencia de esto, la obligación de asegurar al trabajador un capital que le permita suplir sus necesidades básicas, de ahí que el sustento de las mismas no se pueda sujetar al cumplimiento de un hecho, que puede o no acontecer.

De otro lado, lo anterior se constituye en un impedimento para que el juez laboral pueda aprobar un contrato de transacción donde se someta el pago de los derechos del trabajador a una condición, no puede este aceptar un negocio donde se someta al trabajador a una incertidumbre perpetua sobre el pago de sus derechos, es deber de este lograr que las Normas Laborales, aún más, las procedimentales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tengan un enfoque protector, a fin de alcanzar los objetivos del Estado Social de Derecho, no en vano, el trabajo tiene el carácter de principio informador de este último. En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que el trabajo, al lado de la dignidad humana, es el fundamento del Estado social de derecho, en Sentencia CC C-1064/01, se señaló:

El trabajo, como institución social y realidad jurídicamente reconocida, es uno de los elementos alrededor de los cuales gira la configuración del modelo de Estado democrático y social que ha identificado a Colombia desde la primera mitad del siglo XX hasta nuestros días en clara coincidencia con los cambios ocurridos a nivel mundial durante esa misma época, en los términos ya referidos. En efecto, “a partir de 1936 y con mayor énfasis a raíz de la expedición de la Carta del 91”, el trabajo, se erige como “un objetivo central, específico y conscientemente buscado por el Constituyente” que, a través del Preámbulo y el artículo 1º de la Constitución, entre otras disposiciones, reconoce su importancia y manda protegerlo y garantizar su ejercicio por parte de todas las personas.

Así, cuando ante la Asamblea Nacional Constituyente fue presentado el proyecto de lo que es hoy el artículo 25 Superior, extendiendo la protección especial del Estado a todas las manifestaciones del trabajo, se pretendió plasmar una noción del valor del trabajo que “[n]o se trata, como pudiera pensarse con ligereza, de un simple retoque cosmético o terminológico. Se pretende, entonces, señalar un rumbo inequívoco y fundamental para la constitución de una nueva legitimidad para la convivencia democrática, que debe nutrir el espíritu de la estructura toda de la nueva Carta” . En estas condiciones, el trabajo se eleva a rango de principio fundamental necesario para la interpretación de la acción estatal y de los derechos y deberes incluidos en la Carta, así como un factor indispensable de integración social. En palabras ya expresadas por la Corte:

“La Constitución es un sistema portador de valores y principios materiales. En su ‘suelo axiológico’ se encuentra el valor del trabajo, que según el Preámbulo de la Carta fundamental se debe asegurar a los integrantes de la sociedad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Por ello el Constituyente le otorgó al trabajo el carácter de principio informador del Estado social de derecho, al considerarlo como uno de sus fundamentos, al lado de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que integran la sociedad y la prevalencia del interés general (artículo 1º de la Constitución).

La persona es el sujeto de la Constitución y, como condición de la dignidad humana, la Carta es portadora de derechos y deberes (título II). El trabajo es justamente uno de ellos (artículo 25), con un carácter de derecho-deber y, como todo el tríptico económico de la Carta ‒propiedad (art. 58), trabajo (art. 25), empresa (art. 333)‒, cumple una función social.

El trabajo es una actividad que goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Una de las garantías es el estatuto del trabajo, que contiene unos principios mínimos fundamentales (artículo 53), cuya protección es de tal naturaleza, que es inmune incluso ante el estado de excepción por hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden social, económico y ecológico. El gobierno, con las facultades excepcionales que le otorga la declaratoria de dicho estado, no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores (artículo 215).

El mandato constitucional de proteger el trabajo como derecho-deber, afecta a todas las ramas y poderes públicos, para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que genera esa labor humana (artículo 2º)”.

El caso concreto

Como se reseñó anteriormente, el objeto del contrato de transacción allegado, es terminar el proceso y prever cualquier litigio, y para esto, se conviene que se le entregara al demandante la suma de $200.000.000., la cual tendría como fuente la venta de un “LOTE”.

La Sala considera que no se puede aprobar un contrato de transacción celebrado con un trabajador, donde se someta el pago de los derechos del mismo, a una condición, en este caso, a la venta de un bien inmueble. Lo precedente, además de los argumentos expresados previamente, porque a pesar de que en principio la aprobación de la transacción no depende de la ejecución de las obligaciones pactadas en la misma, no es dable aceptar que se convenga que el pago a un trabajador dependa del acaecimiento de un hecho futuro incierto, como es la venta de un bien inmueble, abrir esta posibilidad sería autorizar que cualquier derecho en disputa, se someta a una incertidumbre indefinida, esto es, aceptar que el trabajador cambie un proceso judicial, el cual tiene un principio y un final, por la presentación de un suceso que puede o no llegar.

Por lo anterior, resulta inane verificar los demás requisitos que debe cumplir el acuerdo transaccional. En consecuencia, ésta Sala no aprueba la transacción, y, de igual manera, no acepta el desistimiento, teniendo en cuenta que, según lo expresado por las partes, este último dependía de la aceptación del primero.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

RESUELVE:

1. No aprobar el contrato de transacción allegada por la apoderada del demandante Francisco Eduardo Acosta Rodríguez, por lo expuesto en la parte motiva.

2. Negar el desistimiento del recurso extraordinario de casación.

3. Negar la solicitud de terminación del proceso.

4. Continuar con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.