Auto AP1083-2015 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1083-2015

Rad. 44238

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de sus nombres, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

(Aprobado Acta 90)

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para pronunciarse en este asunto, conforme con lo establecido en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por cuanto la providencia impugnada fue proferida por un Tribunal Superior.

2. Corresponde resolver a la Sala si confirma o revoca el auto proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por cuyo medio denegó la solicitud de prueba “sobreviniente” formulada por la defensa.

Se aclara que no es objeto de estudio si el fiscal, sin acudir a testigos de incorporación, puede presentar e introducir documentos en el juicio, puesto que tal controversia debió plantearse en la audiencia preparatoria, donde se decretaron las pruebas documentales, las cuales fueron solicitadas para su introducción directa por el ente acusador.

3. Ahora bien, de acuerdo con la Ley 906 de 2004, corresponde a las partes adelantar la actividad investigativa que estimen conveniente para obtener los elementos de conocimiento, respecto de los cuales solicitarán su admisión con el fin de probar en juicio oral su teoría del caso.

No obstante, para evitar sorprender al opositor y garantizar, entre otros, los principios de igualdad, contradicción y lealtad, las partes tienen el deber de descubrir los elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida que hubiesen recaudado y que pretendan hacer valer en el juicio; obligación que en el caso de la Fiscalía comprende incluso “aquellos elementos favorables al acusado” que estén en su poder, tal como lo establece el literal f) del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, todo lo cual debe procurarse en las precisas oportunidades que la normativa mencionada señala, es decir, en el escrito de acusación, en la audiencia de formulación de acusación y hasta la audiencia preparatoria, de acuerdo con los artículos 337, 344 y 356 —numeral 2º— ídem, so pena de su rechazo.

En este sentido, los elementos de convicción que no sean oportunamente descubiertos “no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio”; más aún, el juez está “obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada” (art. 346 ídem).

Obsérvese cómo, el trámite de descubrimiento previo al juicio en las oportunidades indicadas para esto, hace parte del debido proceso probatorio y repercute seriamente en el derecho de defensa, por ello, se reitera, la consecuencia de su inobservancia, no puede ser otra que el rechazo del medio solicitado, salvo los casos de “prueba sobreviniente”, cuyo decreto excepcional en el juicio fue concebido, no para cambiar la forma en la que se preparó la incorporación y práctica de las pruebas decretadas, ni con el fin de revivir oportunidades procesales fenecidas, sino para no privar a las partes de ofrecer el conocimiento contenido en aquel medio que siendo pertinente, conducente y útil, (i) surge en el curso del juicio, bien porque se deriva de otra prueba allí practicada y ello no era previsible, o porque en su desarrollo alguna de estas encuentra un elemento de convicción hasta ese momento desconocido; (ii) no fue descubierto oportunamente por motivo no imputable a la parte interesada en su práctica; (iii) es “muy significativo” o importante por su incidencia en el caso; y, (iv) su admisión no comporta serio perjuicio al derecho de defensa y a la integridad del juicio.

Respecto de estas exigencias derivadas del inciso final del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, tiene dicho la Sala:

“Existe, (...) la posibilidad de que ya en el juicio oral alguna de las partes intervinientes solicite la práctica de una prueba, la cual podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen las condiciones exigidas en el inciso final del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que ese medio de prueba solicitado se hubiere encontrado durante el desarrollo del juicio, que sea muy significativo por su incidencia en el juzgamiento y que, por ende, deba ser descubierto.

En tal evento, dice la norma, “oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio”, el Juez decidirá si excepcionalmente la prueba encontrada y solicitada es admisible o si debe excluirse.

Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes “encuentre” o se entere sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y atendible.

No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales (encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose con antelación, o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto en las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la parte interesada en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe”. (Subraya no original) (CSJ SP, 30 Mar. 2006, Rad. 24468).

4. En este asunto el defensor solicitó el testimonio del Fiscal Cincuenta y dos Delegado ante Tribunal Superior, adscrito a la Unidad Nacional para la Investigación de Funcionarios de la Rama Judicial, doctor FOH —asignado por la Fiscalía General de la Nación para el presente caso—, con el fin de que el funcionario obre como testigo de acreditación respecto de los documentos que él en condición de acusador introdujo en el juicio, contentivos tanto de la orden de archivo de la indagación adelantada contra IRU, emitida el 10 de octubre de 2012 por el Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué, como de la orden proferida por aquel el 4 de febrero de 2013 por cuyo medio dispuso dejar sin efectos la decisión precitada y acumular las indagaciones que por idénticos hechos adelantaron ambos fiscales, y por los cuales se surte el presente trámite.

5. La defensa aceptó haber conocido a través del escrito de acusación y en la audiencia de formulación de acusación, que el Fiscal Cincuenta y dos Delegado ante Tribunal Superior introduciría los documentos atrás mencionados de manera directa, sin embargo, con la excusa de que esto el ente acusador no lo exteriorizó en la audiencia preparatoria y tampoco quedó condensado en el auto por el cual se decretaron las pruebas, se declaró sorprendido de los mismos al momento de su aducción en el juicio y por ello, estimó estar habilitado para solicitar el testigo de acreditación con el propósito de “interrogarlo” y así ejercer sus derechos de contradicción y defensa.

Obsérvese, sin embargo, que el defensor no reclamó un medio autónomo de conocimiento, tampoco de descargo y, por lo mismo, no satisfizo las exigencias que para su decreto excepcional en el juicio se requiere, tales como: (i) la existencia real de una prueba (ii) pertinente, conducente, útil y (iii) que cumpla las condiciones que permitan caracterizarla como “sobreviniente”.

Realmente el libelista requirió la declaración del fiscal del caso con el fin de que obre como testigo de incorporación de dos documentos solicitados por el ente acusador, para remediar el hecho de que los mismos ya fueron introducidos de manera directa y su oposición al respecto en el juicio le fue desfavorable, precisamente porque simplemente se ejecutó lo dispuesto en la fase preparatoria.

Al respecto cabe advertir que la defensa contó con la oportunidad procesal de hacer observaciones tanto al escrito de acusación (CPP 2004, art. 339(1)), en el cual se indicó la forma en que se introducirían las mencionada pruebas, como al descubrimiento probatorio llevado a cabo por la Fiscalía (art. 356 ídem, num. 1º) en la audiencia de formulación de acusación, el que incluyó los documentos en cuestión sin deponente alguno de acreditación; situación que debió debatir en la audiencia preparatoria, como lo indicó la Corte en auto del 22 de junio de 2011, Radicado 36611, al señalar:

De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las partes deben manifestar sus observaciones al descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba(2).

En consecuencia era ese el escenario en el cual el acusado o su defensor han debido cuestionar la pretensión de la Fiscalía de incorporar los 16 cuadernos que en fotocopias auténticas contienen las resoluciones que dieron lugar al proceso penal en contra de PS, la fotocopia de la cédula y el extracto de la hoja de vida laboral mientras estuvo vinculado a la Fiscalía General de la Nación, demostrando su impertinencia, inconducencia o inutilidad y de resultarle adversa su pretensión, hacer uso de los recursos ordinarios de defensa judicial.

En este sentido, al tolerar la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué que la incorporación de los dos documentos se haría de manera directa, la defensa debió, se insiste, solicitar su inadmisión “precisamente en la audiencia preparatoria; pero una vez agotada esta, en atención al principio de preclusión, tal discusión quedó superada”, de lo cual fue advertido el libelista en AP2421-2014, Radicado 43481; sin que pueda ahora alterarse la preparación del juicio definida en su oportunidad —ya concluida—(3) con la excusa de prueba sobreviniente, por cuanto esta calidad evidentemente no es predicable de ningún órgano de incorporación, toda vez que son medios dependientes de los elementos o evidencias físicas, de las cuales sí se podría eventualmente argumentar su surgimiento inesperado, lo que ciertamente no ocurrió en este caso, pues los documentos de los que se pretende su acreditación, no solo fueron decretados oportunamente, sino que ya se encuentran incorporados al juicio.

Corolario de lo anterior la decisión que se impone es la confirmación del fallo apelado.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por cuyo medio denegó “la solicitud que como prueba sobreviniente solicitó el abogado defensor”.

2. Advertir que contra esta determinación no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Devuélvase el proceso al tribunal de origen».

1 ART. 339.—Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.

2 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal.

3 “En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el principio de preclusión, siendo desarrollo del mismo todas aquellas normas que en los diferentes ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) establecen términos y oportunidades para la realización de los actos procesales de los distintos sujetos del proceso, razón por la que puede afirmarse que son los términos los que cumplen con la trascendental función de determinar con precisión la época para la realización de las cargas procesales de las partes, los intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, de los funcionarios judiciales” (Sent. proferida por la Sala de Casación Penal mar. 15/2008, Rad. 30107).