Auto AP1147-2015 de marzo 5 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1147-2015

Radicación 45486

Aprobado acta 94

Magistrado Ponente:

Dra. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con los artículos 32-4 y 54 de la Ley 906 de 2004, le compete a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia definir la competencia para adelantar el juzgamiento, cuandoquiera que, como en el caso objeto de estudio, la pretensión de la defensa está orientada a conseguir el traslado de la sede del juicio a un distrito judicial diferente a aquel en que se ha iniciado la actuación.

La impugnación de competencia regulada en la Ley 906 de 2004, es connatural al sistema de procesamiento penal acusatorio y difiere del trámite de la colisión de competencias previsto en las legislaciones precedentes(3). En efecto su artículo 10 desarrolla el principio de efectividad, el cual se concibe como la armonía que debe existir entre la materialización de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso y la necesidad de lograr una justicia eficaz con predominio de lo sustancial, caracterizada principalmente por la celeridad con la que corresponde desarrollar la actuación.

Por esta razón, el legislador, al prever la eventualidad de que el juez de conocimiento ante quien se presente la acusación manifieste su incompetencia, o como en este evento, el defensor del acusado impugne la competencia, fijó un procedimiento ágil en desarrollo del cual no se envía la actuación al funcionario que considera debe proseguirla, sino que simplemente debe expresar las razones en las que apoya su declaración y remitirla al superior funcional que, de acuerdo con las reglas que rigen la materia, debe resolverla, evitando de este modo la dilación injustificada de la actuación.

En ese orden, razón asistió al Juez XXX Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de XXX de abstenerse de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión que negó la nulidad de la actuación y se inhibió de remitir las diligencias a los juzgados penales municipales del Circuito de XXX Quindío por competencia, pues lo jurídicamente procedente era enviar las diligencias a esta corporación para resolver definitivamente a quien le corresponde conocer del asunto, pues, se trata de un aspecto que se debe resolver de manera previa a la continuación del trámite respectivo(4).

Del caso en concreto

Conforme al artículo 54 del estatuto procesal, el incidente de definición de competencia constituye un mecanismo ágil y expedito a través del cual el superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, —la cual puede surgir a iniciativa del funcionario judicial o de las partes— dilucida a quién debe asignársele el conocimiento de la actuación.

Ahora, la facultad de administrar justicia está determinada para cada juez de la República por factores como el personal (concerniente al fuero del sujeto activo del comportamiento delictivo), el objetivo (relativo a la naturaleza de la conducta punible) y el territorial (vinculado con el lugar geográfico en el que se ejecuta el hecho delictivo). Por lo tanto, el funcionario solo podrá conocer de los asuntos no sometidos a su competencia, cuando esta le fuere legalmente prorrogada o delegada, cuestión expresamente determinada por el legislador con el objeto de mantener al frente del proceso al juez natural y evitar que se pierda la vigencia de los principios de inmediación, celeridad y economía procesal(5).

Tratándose de la competencia territorial de los jueces, de acuerdo con el artículo 14 del Código Penal, se determina: (i) por el lugar donde el autor ejecutó la acción típica o, en los supuestos omisivos, donde debió realizar la acción omitida (teoría de la actividad); (ii) por el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado típico (teoría del resultado); y (iii) atendiendo la equivalencia de acción y resultado, indistintamente se acepta como lugar de comisión del delito el de ejecución de la acción como el del resultado (teoría de la ubicuidad).

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, dispone que es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito; no obstante, cuando no fuere posible determinarlo, o se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia se fija por el lugar donde se formule la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.

En el caso bajo examen y a partir del contenido del escrito de acusación, se conoce que el 1º de mayo de 2013 en la municipalidad de XXX (Valle del Cauca) se llevó a cabo una transacción comercial entre el procesado R.F.P.C. y la víctima J.M.C.J., en la que el primero transfirió al segundo a título de venta el vehículo automotor clase automóvil Sedan, marca XXX XXX, modelo 2007, color negro diamante, placas XXX-XXX, por un valor de trece millones de pesos ($ 13.000.000) en efectivo. Dinero que fue cancelado en el acto a P.C., entregándose el vehículo al comprador en perfecto estado, libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, comparendos de tránsito, pactos de reserva del dominio y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto de dicha negociación, incluyendo la revisión tecno-mecánica y el SOAT.

Aseveración que encuentra respaldo en el documento que tiene como título “Contrato de compraventa de vehículo automotor papel documentario Minerva XXX” y que para el presente trámite fue allegado por la defensa(6).

De otra parte, el 2 de mayo de 2013 J.M.C.J. vendió a W.M. el citado automotor en $ 14.000.000, suma que posteriormente tuvo que reintegrarle en la medida que el 31 de mayo de 2014 la Policía Nacional lo inmovilizó en razón a una orden de embargo y secuestro emitida por el Juzgado XXX Civil del Circuito de XXX el 22 de julio de 2011.

Por lo anterior, C.J. solicitó al imputado P.C. la devolución de los $ 13.000.000 que le cancelara el 1º de mayo de 2013 sin que hasta el momento lo haya realizado.

Esta particular situación, pone en evidencia la presencia de actos dirigidos a obtener un provechó ilícito en un sitio determinado, que no es otro que XXX Valle, pues allí fue el lugar donde se desembolsó el dinero cancelado por la transacción comercial realizada entre víctima y victimario, es más, allí fue donde se hizo entrega del automotor que posteriormente fuera inmovilizado atendiendo la medida cautelar que registraba.

Desde luego que la Sala no desconoce que existieron pluralidad de negociaciones comerciales entre víctima y victimario, es tan así que incluso el escrito de acusación hace referencia a que ello sirvió para que el ofendido depositara su confianza y llevara a cabo la negociación en la que finalmente fuera engañado, sin embargo, por esta razón no puede concluirse como lo señalara la defensa que la competencia para conocer del juicio contra P.C. radica en los juzgados municipales del Circuito de XXX, pues, como se indicara, la situación fáctica imputada y por la que se radicara la acusación hace referencia es a los artificios y engaños que se presentaron en relación con la transacción comercial referida al vehículo de placa XXX-XXX, por tanto, será de dicha situación fáctica de la que se podrán derivar las consecuencias jurídicas del caso.

En este sentido, se recuerda que la jurisprudencia de la Sala tiene precisado que para la comisión del delito de estafa es cardinal la obtención del provecho ilícito para sí o para un tercero, con el correspondiente perjuicio de otro, mediante artificios o engaños que induzcan o mantengan a la víctima en error.

La obtención del provecho ilícito, que es el efecto buscado por el sujeto agente, involucra un incremento de su patrimonio y el recíproco menoscabo del de la víctima. En consecuencia, por tratarse de un delito de resultado, se consuma cuando se produce la entrega de los bienes o dinero.

En este sentido, la Corte ha señalado:

“La estafa se consuma en el propio instante en que debido a la inducción en error, el sujeto activo incorpora a su haber patrimonial bienes o derechos que hasta ese momento pertenecían a la víctima o a un tercero, y de los cuales el estafado se desprende, no por expresión de su libre voluntad, sino de su distorsionada comprensión de la realidad, situación a la que se llega a través del ardid, el engaño, las palabras o los hechos fingidos”(7).

De lo anterior se concluye, que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juzgado XXX Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de XXX Valle del Cauca y no como lo sugiere el defensor del imputado, quien desconociendo la situación fáctica imputada y por la que se presentara acusación, pretende que se imponga su criterio para que la competencia se radique en el juzgado homólogo de XXX (Quindío), olvidando por completo que es la acusación el acto procesal donde se da a conocer de manera concreta las imputaciones referidas a fines de enfrentar el compromiso penal en la etapa del juicio oral.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DEFINIR que la competencia para conocer del proceso penal adelantado contra R.F.P.C. por el delito de estafa agravada, es del Juzgado XXX Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de XXX (Valle del Cauca). Por tanto, a ese despacho se regresará la actuación, para que continúe con el trámite correspondiente.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

3 Decreto 50 de 1987, Decreto-Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000.

4 Artículos 333, 339, 350 de la Ley 906 de 2004.

5 CSJ AP, 18 Mar. 2009, Rad. 31220.

6 Fl. 31 carpeta.

7 CSJ AP, 16 dic. 1999, Rad. 16.565.