Auto AP1189-2016/47166 de marzo 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1189-2016

Radicación 47.166

Acta 53

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011, adicionó un parágrafo al apartado 500 de la Ley 906 de 2004 y así, introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada, mediante la cual, quien es requerido en extradición, puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y el representante del Ministerio Público.

Pero a pesar de que se trate del trámite abreviado, la Corte ha señalado que el concepto debe emitirse con sujeción a lo dispuesto en los artículos 35 de la Constitución Política y 502 de la Ley 906 de 2004. En ese sentido, debe verificarse: (i) la validez formal de la documentación presentada, (ii) la demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y (iv) el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos (En ese sentido, CSJ CP001-2015 y CSJ CP166-2014, entre otros).

2. En esas condiciones, aun cuando se trate del procedimiento abreviado de extradición, si se advierte la ausencia de alguno de tales elementos, es imperioso que la Corte, de oficio, decrete las pruebas que considere pertinentes, de cara a emitir, con rigor jurídico, el concepto de que trata el artículo 501 ejusdem.

3. Para el caso, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público, se advierte que no obra en el expediente un informe pericial mediante el cual se haya realizado cotejo dactiloscópico entre las huellas del capturado y las de quien es pedido en extradición, para verificar si la persona que está privada de la libertad por cuenta de esta actuación es la misma que se identifica como D.G.A.S. y cuenta con cédula de ciudadanía XXX.

Tal elemento de convicción es pertinente y útil en torno al análisis de los requisitos que debe verificar la Sala al momento de emitir el concepto de rigor, razón por la cual se hace necesario decretar su práctica, de manera oficiosa.

Por ende, se requerirá a la Directora (E) de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, ordene a quien corresponda, que realice un cotejo dactiloscópico entre las huellas de quien está actualmente privado de la libertad por cuenta de este trámite, con las que obren en el informe de consulta AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de quien se identifica como D.G.A.S. con número de cédula XXX. Los resultados de esa confrontación dactilar deberán ser posteriormente remitidos a esta Corporación.

Tampoco obran en la carpeta, la notificación de la resolución que ordenó la captura de A.S. con fines de extradición y el acta de derechos del detenido, por lo que también se solicitará a dicha entidad que los aporte dentro del plazo atrás señalado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. DECRETAR, de oficio las pruebas a las que se aludió en el numeral tercero de la parte considerativa de esta providencia.

2. Contra este auto no procede recurso alguno.

3. Cópiese, notifíquese y cúmplase».