Auto AP1212-2016/45072 de marzo 3 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45.072

Acta 64

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuellar

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D. C., tres de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La procedencia de la práctica de pruebas en el trámite de la acción de revisión, se encuentra delimitada por los temas señalados en la causal que se invoca, en este caso, la del numeral segundo del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.

Ahora, en consonancia con el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, se rechazarán aquellas pruebas que no conduzcan a acreditar el supuesto sobre el cual se fundamenta el motivo de revisión invocado, así como las que sean prohibidas o ineficaces, versen sobre hechos notoriamente impertinentes, o sean manifiestamente superfluas e innecesarias (inútiles).

Además, quien eleva una postulación probatoria, debe definir los hechos que pretende demostrar con ella y su relación con la causal solicitada. De no hacerlo, la Sala queda impedida para realizar este juicio de valor, es decir, si las pruebas están dirigidas a demostrar o enervar la causal y si es útil para ello.

Por lo anterior es que la Corte ha indicado que:

…el periodo probatorio de la acción de revisión tiene como finalidad demostrar los supuestos sobre los cuales se fundamenta la causal invocada, de manera que la conducencia de una prueba está marcada por la naturaleza de esa causal; y su pertinencia por la eficacia que pueda tener para comprobar la circunstancia que ha servido de sustento a la postulación; conducencia y pertinencia que el actor debe allegar respecto de cada elemento de juicio que pretenda se allegue a la actuación(9). (Negrillas fuera de texto).

2. Pues bien, el defensor del condenado HBL pide a la Sala que se alleguen y tengan como pruebas para el trámite:

i. El expediente contentivo del proceso penal que contra su defendido cursó en nuestro país.

ii. La carpeta mediante la cual se tramitó la solicitud de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos respecto del condenado.

iii. Los documentos que soportan el juicio penal que contra HBL se surtió ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso 6-cr-332-01(SLT).

2.1. Tales elementos de convicción son afines a la causal invocada. No obstante, los dos primeros resultan innecesarios, pues el expediente penal que cursó en nuestro país contra HBL se solicitó al admitir la demanda y ya fue allegado(10).

Igual sucede con la carpeta que contiene el trámite de extradición que contra el condenado se surtió ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, foliatura que también fue pedida con el auto que admitió a trámite el libelo rescisorio.

En consecuencia, tales postulaciones probatorias se denegarán, pues ya cuenta la Sala con ellas y en el momento correspondiente, procederá a llevar a cabo el ejercicio de contrastación requerido para verificar si procede o no la causal invocada.

2.2. Ahora, respecto de las piezas procesales relacionadas con el proceso que en los Estados Unidos cursó contra HBL debe la Sala precisar que:

i. Es necesario llevar a cabo un ejercicio de contrastación entre los hechos descritos en la sentencia proferida en Colombia, con los que cimentaron la decisión condenatoria impuesta por las autoridades en los Estados Unidos. Ese análisis debe hacerse además, frente a las pruebas que se consideraron en los expedientes de los dos países, las que edificaron las dos providencias emitidas contra el sancionado.

Por lo tanto, serán procedentes las pruebas solicitadas por los intervinientes, relacionadas con el cumplimiento de esos fines.

ii. Para el caso, con la demanda, el actor allegó copia de la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, contra HBL(11).

Ese documento fue aportado por el defensor de HBL con la apostilla respectiva y además, con traducción al español(12), la que fue hecha por una intérprete oficial avalada por el Ministerio de Justicia(13), por lo que frente a ese medio de convicción, se cumple a cabalidad la exigencia contenida en el artículo 251 del Código General del Proceso(14).

En consecuencia, se tendrá la sentencia proferida en el los Estados Unidos contra HBL, como prueba dentro del presente trámite.

iii. Allegó el demandante copia del «plea agreement»(15) suscrito entre el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, HBL y su defensor(16); y además, del informe de investigación previo a la sentencia elaborado por un agente de libertad condicional de los Estados Unidos(17).

Pero tales reproducciones son copias simples y no reúnen las condiciones exigidas por el artículo 251 del Código General del Proceso para ser tenidas como pruebas dentro del presente trámite, pues no cuentan con apostilla, ni tampoco fue remitida la correspondiente traducción oficial de tales documentos.

Por ende, deberá negar la Sala la incorporación de esos elementos de convicción al trámite.

2.3. Pruebas de oficio.

No obstante la decisión atrás adoptada, el «plea agreement» y el informe de investigación previo a la sentencia dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York, resultan relevantes para los fines de la presente acción de revisión.

Del mismo modo, se hace necesario que las autoridades foráneas alleguen copia de las piezas procesales que contengan la narración fáctica y las pruebas que sustentaron la sentencia emitida dentro del caso 6-cr-332-01(SLT).

Por tal razón la Sala, de oficio, dispondrá que por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores se requiera a la Corte del Distrito Este de Nueva York o a la autoridad competente en los Estados Unidos, para que remita a esta Corporación los siguientes documentos:

i. Copia del «plea agreement»(18) suscrito entre el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, HBL y su defensor.

ii. Copia del «presentence investigation report»(19) elaborado por un agente de libertad condicional de los Estados Unidos dentro del caso 6-CR-332-01(SLT).

iii. Copia de las piezas procesales que contengan la narración fáctica y las pruebas que sustentaron la sentencia emitida dentro del caso 6-CR-332-01(SLT).

Una vez recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se le solicitará a esa entidad que previo a remitirlos a esta Corporación, los traduzca al español, al tenor de lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso(20).

Tales elementos de convicción deberán ser allegados dentro del término de treinta (30) días de que trata el inciso 2º del artículo 224 de la Ley 600 de 2000.

3. En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1. TENER como prueba la sentencia proferida por la Corte del Distrito Este de Nueva York contra HBL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DE OFICIO disponer la práctica de las pruebas relacionadas en el numeral 2.3 de los considerandos de esta decisión.

3. DENEGAR, por las razones expuestas en la parte motiva, el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por el apoderado judicial de HBL, salvo a la que se aludió en el numeral primero de este acápite.

4. En relación con la decisión adoptada en el numeral 3º procede el recurso de reposición.

Notifíquese y cúmplase».

9 CSJ AP, 23 abr. 2003, Rad. 18453. Reiterado en radicados: 23059, 5 agosto 2008, Rad. 29075, 19 mayo 2010, entre otros.

10 Como así lo dispone el artículo 223 de la Ley 600 de 2000, al referir que en el auto mediante el cual se admite la demanda, también se dispondrá solicitar el proceso objeto de la revisión.

11 Folios 250 a 257 del cuaderno de la Corte 1.

12 Folios 258 a 266 ídem.

13 Mediante Resolución 1043 de 1999.

14 ART. 251.—Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

15 Acuerdo de culpabilidad.

16 Folios 206 a 211 del cuaderno de la Corte 1.

17 Folios 212 a 226 ìdem.

18 Acuerdo de culpabilidad.

19 Informe de investigación previo a la sentencia.

20 ART. 251.—Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente.