Auto AP137-2015 de enero 21 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45112

(Aprobado Acta Nº 11)

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá D.C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con los artículos 62 de la Ley 975 de 2005 y 32 —num. 4º— del Código de Procedimiento Penal del 2004, la Corte Suprema de Justicia es competente para definir la competencia cuando un despacho señala como competente a otro que pertenece a distrito judicial diferente, lo cual ocurre en el presente caso que involucra a la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga y al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta. (En tal sentido puede verse, CSJ AP, 30 may 2006, Rad. 24964, CSJ AP, 28 sep. 2006, Rad. 25830 y CSJ AP2842-2014, Rad. 43778, entre otros autos).

2. La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906 de 2004 —arts. 54 y 341— para determinar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el indicado para conocer de un juzgamiento o para ocuparse de determinados asuntos, incidente que no está reservado exclusivamente para ser activado en la audiencia de formulación de acusación o de imputación, pues existen otros eventos procesales en los cuales es “necesario contar con el pronunciamiento del superior acorde con el rito previsto en el artículo 54 ibídem para no vulnerar el principio de celeridad, de innegable importancia en el nuevo modelo de juzgamiento previsto en los artículos 142 y 163, y no afectar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, interesados en que los debates sean resueltos con prontitud” (CSJ AP, 14 may 2013).

Análisis del caso concreto

1. Si bien el presente incidente fue promovido para que se determine a qué autoridad le corresponde decidir respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en la justicia ordinaria en contra del postulado Jhon Mario Salazar Sánchez, dado el estado de la actuación de justicia y paz, la Sala debe señalar cuál es la autoridad judicial a la que le compete pronunciarse respecto de si las conductas que dieron lugar a la condena, fueron cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley; veamos:

Para hacer efectiva la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por una no privativa de la libertad, concedida en el trámite de la justicia transicional de la Ley 975 de 2005, es necesario, entre otras determinaciones, que se disponga, a solicitud del postulado, la suspensión condicional de las penas que le hubiesen impuesto mediante procesos ordinarios, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubiesen sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

Para ello, el interesado debe formular la solicitud en la misma audiencia adelantada ante el “magistrado de control de garantías de justicia y paz”, autoridad que le corresponde indicar si infiere razonablemente que la sentencia respecto de la cual el postulado pretende la suspensión de la ejecución de la pena, fue proferida por conductas perpetradas en las circunstancias atrás señaladas, y solo en caso afirmativo, deberá remitir copia de lo actuado al “juez de ejecución de penas y medidas de seguridad” que tenga la vigilancia de la sanción, para que se pronuncie sobre la suspensión condicional de su ejecución.

Al respecto el inciso 2º del artículo 18B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012, señala:

“Si el magistrado de control de garantías de justicia y paz puede inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a partir de la solicitud, copias de todo lo actuado al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la condena respectiva, quien suspenderá condicionalmente la ejecución de la pena ordinaria”.

2. Visto lo anterior, fácilmente se advierte que si bien a la autoridad que le corresponde decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena es al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, su competencia se habilita cuando el magistrado de control de garantías de justicia y paz infiere razonablemente que las conductas objeto de la sentencia fueron cometidas durante y por motivo de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley; razonamiento sin el cual este no debe remitir copias de lo actuado al juez que vigila la condena.

El procedimiento para resolver respecto del subrogado atrás mencionado, en el que debe participar tanto la justicia transicional como la ordinaria, se advierte justificado en cuanto la decisión definitiva requiere de diferentes verificaciones, una de las cuales es la de determinar qué conductas fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley, función que por su naturaleza compete a las autoridades de justicia y paz.

Otras constataciones atañen al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, en tanto le fue asignada por la ley, la competencia de adoptar la decisión definitiva relacionada con la suspensión condicional de la ejecución de la pena (arts. 18B, L. 975/2005 y 38.3, CPP de 2004), así como el deber de velar por el cumplimiento de las condenas válidamente proferidas (arts. 38.1 y 459 ídem), las que solo pueden suspenderse en su ejecución por las razones expresamente indicadas en el ordenamiento jurídico y en tal sentido, por ejemplo, es su responsabilidad confrontar las sentencias originales con la copia de la actuación remitida por el magistrado de control de garantías de justicia y paz en la que basó su inferencia razonable, para corroborar si los casos son realmente coincidentes, o por el contrario tiene bajo su vigilancia la sanción impuesta por alguna conducta ajena al trámite transicional respecto de la cual evidentemente su ejecución no tendría lugar a suspensión.

3. En el presente caso, la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, tras conceder la sustitución de la medida de aseguramiento a favor de Jhon Mario Salazar Sánchez, sin llevar a cabo reflexión alguna en relación con las conductas objeto de la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena, simplemente dispuso enviar copia de todo lo actuado al juez ejecutor, para que sea este quien decida lo pedido.

Sin embargo, el juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta, en consideración a la omisión atrás indicada, resolvió no suspender la ejecución de la pena y en su lugar ordenó “remitir copia de la sentencia a la Sala de Justicia y Paz del (...) Tribunal Superior de Bucaramanga, para que en razón de la competencia, determine si las conductas que dieron lugar a la condena en la justicia penal ordinaria fueron cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley”.

En este sentido, corresponde a la magistrada de control de garantías de justicia y paz hacer el pronunciamiento indicado por aquel funcionario, el cual deberá producirse de acuerdo con el procedimiento señalado en la ley, es decir, antes de la decisión definitiva de suspensión de la ejecución de la pena que al juzgado le compete.

4. Finalmente se precisa, que si bien esta Sala en auto proferido el 16 de septiembre de 2014, Rad. 44511, resolvió “declarar que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín es competente para pronunciarse sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena jurídicamente acumulada, impuesta en la justicia ordinaria contra —J.J.P.J.—, la cual está siendo vigilada por el mismo despacho”, ello tuvo lugar, por cuanto en esa ocasión, el entonces magistrado de control de garantías de justicia y paz sí había cumplido con su deber legal de determinar que las conductas objeto de condena en la justicia ordinaria, fueron cometidas durante y con motivo de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Expresamente se indicó en la decisión citada:

“En el presente caso, el magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en auto emitido el 21 de julio de 2014, tras determinar (...) que las 13 sentencias condenatorias proferidas en contra del postulado, — acumuladas en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín—, ‘versan exclusivamente por hechos relacionados con su directa participación como integrante de lo que se denominó Bloque Calima y Bananero de las AUC’, por lo cual, ‘(...) puede injerirse razonada y válidamente que ese cúmulo de indagaciones (...) reportadas en la cartilla bibliográfica de —J.J.P.J.— tiene que ver con tramitaciones, investigaciones o juicios, si es del caso, por hechos relacionados con su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley’; dispuso, entre otras determinaciones, remitir copia de toda la actuación al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

Por tanto, ahora, al despacho precitado le corresponde resolver respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como ciertamente lo señala el artículo l8B de la Ley 975 de 2005, por lo cual se le devolverá el diligenciamiento”.

En conclusión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18B de la Ley 975 de 2005 incorporado por el artículo 20 de la Ley 1592 de 2012, a la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, le compete indicar si infiere razonablemente que las conductas respecto de las cuales el postulado solicitó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fueron cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, antes de la determinación que le corresponderá, de ser asertiva su reflexión, al despacho ejecutor respecto de la suspensión de la ejecución de la pena.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Declarar que a la magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga, le compete pronunciarse en el sentido de indicar si infiere razonablemente que las conductas respecto de las cuales el postulado solicitó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fueron cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, previo a la determinación que le corresponderá, de ser afirmativa su consideración, al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

2. Devolver el diligenciamiento al despacho de origen.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».