Sentencia AP1373-2015 de marzo 18 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP1373-2015

Rad.: 45.242

Magistrado Ponente

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado mediante Acta 105

Bogotá, D. C., dieciocho de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: Consideraciones

Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, esta Sala es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos.

Sobre los requisitos para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento

1. En el texto original de la Ley 975 de 2005 no fue consagrado ningún mecanismo por medio del cual fuera posible para los desmovilizados obtener la libertad con anterioridad al fallo de condena proferido en el trámite de justicia y paz.

No obstante lo anterior, el artículo 19 de la Ley 1592 de 2011, que adicionó a ese compendio normativo el artículo 18A, estableció la posibilidad de favorecer a los postulados con la sustitución de la medida de aseguramiento que hubiere sido impuesta en su contra.

En ese sentido, el pronunciamiento favorable a las pretensiones de los peticionarios requiere la verificación, efectuada a partir de “la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes”, de los requisitos previstos para ese efecto en la disposición aludida, así:

“1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si éstas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de justicia y paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización”.

2. En la constatación de dichas exigencias, concretamente, de la prevista en el numeral 1º de la disposición transcrita, la Sala parte por precisar que, como lo tiene discernido esta corporación, con apoyo en lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-015 de 2014, “el término de 8 años de privación de la libertad debe contarse desde la fecha de la postulación y no desde el efectivo ingreso al establecimiento de reclusión”(1) (negrilla fuera del texto).

En el presente asunto se acreditó, de una parte, que Palma Bermúdez fue privado de la libertad el 8 de enero de 2005 en razón de la sentencia proferida por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Cúcuta; información que se observa en la cartilla biográfica del nombrado expedida por la autoridad penitencia (fls. 1 y siguientes). Ese fallo lo condenó a la pena de 38 años y 9 meses de prisión por homicidio agravado en José Antonio Castellanos y Ramón Alirio Sandoval, en concurso con los delitos de secuestro extorsivo agravado en perjuicio del citado Castellanos y de César Aldemar García Acevedo, así como de concierto para delinquir agravado por la conformación de grupos armados (fls. 18 y siguientes).

De otra parte, la postulación de Palma Bermúdez al proceso de justicia y paz se perfeccionó el 16 de agosto de 2006, tal y como consta en el acta de febrero 12 de 2014 (fl. 1).

El requisito establecido en el numeral 1º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, tiene como exigencias un lapso de 8 años de privación de la libertad del postulado, pero, adicionalmente, esa afectación de su situación jurídica tiene que necesariamente estar vinculada con la comisión de “delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley”.

En ese entendido, razón le asiste al a quo cuando en la providencia impugnada admitió cumplido el supuesto cronológico.

Sin embargo, se hace necesario referir que le correspondía a las partes probar los delitos imputados con base en el trámite de la Ley de Justicia y Paz, o en la audiencia en la que se reclamó sustitución de medida de aseguramiento el magistrado de garantías ha debido proceder a indagar sobre ese tópico.

En las presentes diligencias, no se tiene noticia cierta de los reatos que la Fiscalía le imputó a Palma Bermúdez, luego de haberlo oído en versión libre, y estaría en discusión si los delitos por los que se le capturó tienen relación con este trámite de la Ley 975 precitada.

La defensa, para superar el escollo a que se viene haciendo referencia, en la sustentación del recurso sostuvo que los delitos fueron confesados en diligencia de versión libre, lo cual está corroborado con la certificación que obra en el expediente, de conformidad con la cual “con relación al hecho donde resultó víctima el señor José Antonio Castellanos, se encontró que este postulado lo confesó en versión libre del 7 de noviembre de 2013” (fl. 95), sin embargo la Fiscalía, en posterior constancia, señala que el acá incriminado “mencionó” los punibles cometidos contra “José Antonio Castellanos y otros” (fl. 143).

Los hechos objeto de esa decisión, de conformidad con el contenido de la sentencia de 17 de junio de 2008, proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, acaecieron el 23 de mayo de 2002 (fl. 18), fecha para la cual el postulado, según fue acreditado, hacía parte activa de la estructura criminal de las AUC, a la que perteneció desde 1999 hasta 2004, cuando se desmovilizó (fls. 96 y 97).

De igual modo, puede constatarse que la situación fáctica narrada en la sentencia condenatoria refleja que las conductas punibles allí juzgadas fueron cometidas por “unos individuos armados”, entre ellos Palma Bermúdez, quienes se identificaron ante las víctimas como miembros de un grupo armado ilegal (fl. 19).

Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que constituye presupuesto para la sustitución de la medida de aseguramiento “que el hecho que la justifica haya sido previamente imputado en esta sede”(2), también lo es que de no estar fehacientemente corroborado, al interior del proceso, y con posterioridad a esta decisión, que no causa ejecutoria material, puede demostrarse el cumplimiento estricto de ese supuesto para los efectos de ley.

No obstante lo expresado anteriormente, frente a la controversia suscitada, así se diera por establecida la exigencia para la sustitución de la medida a que se refiere el numeral 1º del artículo 18A de la Ley 975, la pretensión a la que aspira Parra Bermúdez no puede avalarse, porque no cumple a cabalidad los demás requisitos que exige el ordenamiento jurídico, como se verá seguidamente.

3. Así ocurre con el presupuesto previsto en el numeral 2º de esa norma, cuya demostración echa de menos la Sala.

Ciertamente, la corporación admite con los recurrentes que no es exigible al postulado participar en programas de estudio y trabajo dirigidos a lograr la resocialización de los internos cuando, por razones estructurales o de otra índole, la autoridad penitenciaria no cuenta con las posibilidades de desarrollarlos.

Es por ello que, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, constituye un requisito para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento “haber participado en las actividades de resocialización”, desde luego, en el entendido de que estuvieren “disponibles”, esto es, que “fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec”.

En ese sentido, es cierto que los certificados de estudio aportados por los peticionarios para acreditar la satisfacción de la exigencia en comento están referidos a actividades realizadas desde el año 2009 en adelante (fls. 49 a 78), con excepción de una única constancia que alude a un proyecto realizado entre octubre y noviembre de 2006 (fl. 74), pero ello no resulta suficiente para descartar el pedido examinado en esta sede.

Los recurrentes pierden de vista que, de conformidad con el criterio sostenido de esta Sala, es “carga del peticionario probar que cumple con los presupuestos normativos para hacerse merecedor a la sustitución de la medida privativa de la libertad”(3); en igual sentido, la corporación ha sostenido que “le incumbe al postulado demostrar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias que debe cumplir”(4).

Así las cosas, si Palma Bermúdez no asistió a labores resocializadoras entre los años 2005 y 2008 como consecuencia de omisiones atribuibles al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —o a los múltiples traslados a los que aquel dijo haber sido sometido— no bastaba a los peticionarios afirmar de manera escueta esa circunstancia, sino que debieron allegar los medios de conocimiento que sustentaran dicha afirmación.

Ahora, la revisión de los medios documentales acopiados permite establecer que el postulado, durante los años 2007 y 2008, participó en 8 y 6 audiencias de versión libre, respectivamente, al tiempo que durante el año 2006 no lo hizo en ninguna (fls. 120 y 121).

En contraste, durante los períodos en los que sí llevó a cabo proyectos de resocialización, participó activamente en decenas de audiencias de esa naturaleza (fls. 118 a 120), lo que demuestra que éstas no fueron obstáculo para la realización en aquellas.

En consecuencia, la Sala tampoco encuentra probado que Palma Bermúdez se haya visto sometido a una actividad procesal de tal magnitud que le haya hecho imposible inscribirse y participar en programas de resocialización.

4. De otra parte, la Sala admite también con los recurrentes, en lo que tiene que ver con el requisito previsto en el numeral 2º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005 consistente en “haber obtenido certificado de buena conducta”, que de conformidad con el precedente de esta corporación, “esa exigencia que se cumple con la valoración administrativa que hace el Inpec al expedir las certificaciones periódicas de la conducta del interno, no puede analizarse con la misma estrictez con que se estudian las afines con los fundamentos del proceso de justicia y paz, al punto de anteponerla a los derechos de verdad, justicia y reparación de que son titulares las víctimas”(5).

Lo anterior, “porque, de otro modo, la existencia de una falta disciplinaria menor, tendría la virtualidad de producir consecuencias desproporcionadas frente a la libertad, la cual se negaría en su presencia, sin importar que las principales obligaciones del desmovilizado fueron cumplidas cabalmente”(6).

• Ocurre, no obstante, que los comportamientos asumidos por Palma Bermúdez durante la privación de la libertad en razón de los cuales fue sancionado disciplinariamente no se ofrecen insignificantes, sino graves y estrechamente vinculados con el proceso de resocialización.

En efecto, se probó que el nombrado fue sancionado en dos ocasiones como consecuencia de la comisión de la infracción descrita en el artículo 121, inciso 2º, numeral 15, de la Ley 65 de 1993, esto es, “comunicaciones o correspondencia clandestina con otros condenados o detenidos y con extraños” (fl. 91).

Adicionalmente, se demostró que el postulado agredió física y verbalmente a un guardián del establecimiento donde se encuentra recluido, incluso y según lo manifestó la Fiscalía en la audiencia, en aseveración que no fue controvertida por los peticionarios, “lo amenazó de muerte” (CD 2, récord 11:30 y ss.). Esos hechos suscitaron la presentación de la correspondiente denuncia por parte del ofendido Sergio Andrey Sánchez Vergel, de la que posteriormente desistió (fl. 93).

Desde luego y contrariamente a la comprensión de la Fiscalía, esa situación no permite afirmar la insatisfacción del requisito establecido en el numeral 5º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005.

Lo anterior, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2011 de 2013 y como lo ha discernido esta Sala, “para negar la sustitución de la medida de aseguramiento por encontrar demostrada la configuración de esa exigencia, el decreto reglamentario fijó una condición clara y expresa consistente en que se entiende trasgredido el compromiso de no repetición de delitos, cuando al postulado, al menos, se le ha formulado imputación por una conducta punible dolosa”(7) (negrilla fuera del texto).

Sin perjuicio de lo anterior, la naturaleza de la infracción, se reitera, de ninguna manera se ofrece inane o irrelevante, pues se trata de hechos violentos en los que se puso en riesgo la integridad y vida de un servidor público.

En todo caso, en el presente asunto se echa de menos la valoración de la conducta de Palma Bermúdez durante un periodo de tiempo significativo, en concreto, 17 meses (fl. 89), respecto del cual entonces es imposible conocer su comportamiento.

5. Así las cosas, echada de menos la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 2º del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, no queda solución distinta que la confirmación del auto recurrido, pues el pronunciamiento favorable a los intereses de los recurrentes requiere necesariamente la satisfacción concurrente de todas las exigencias establecidas en esa disposición.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia objeto de impugnación.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(1) CSJ AP, 28 de octubre de 2014, Radicado 44.509.

(2) Auto citado ut - supra.

(3) CSJ AP, 30 de julio de 2014, Radicado 43991. En igual sentido, CSJ AP, 9 de abril de 2014, Radicado 43178.

(4) CSJ AP, 29 de mayo de 2013, Radicado 40561.

(5) CSJ AP, 30 de julio de 2014, Radicado 43919.

(6) CSJ, AP, 2 de jul 2014 3589, Radicado 43696.

(7) CSJ AP, febrero 4 de 2015, Radicado 44851.