AUTO AP1379-2018/44407 DE ABRIL 10 DE 2018

 

Auto AP1379-2018/44407 de abril 10 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44407

AP1379-2018

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., diez de abril del dos mil dieciocho.

NOTA DE RELATORÍA: Providencia con reserva legal, únicamente se publica el extracto jurisprudencial.

Antecedentes

“Mediante denuncia presentada ante esta corporación el 12 de agosto de 2014, se puso en conocimiento de la Corte que AYA utilizó, sin tener autorización para ello, la obra musical “La Tierra”, que es creación de JEAV, para la campaña política que realizó con el fin de obtener una curul en la Cámara de Representantes para el período 2014 - 2018. En la noticia criminal se informa, de igual manera, que en la cuña publicitaria la canción fue interpretada por una persona distinta al autor de la misma, y se modificó su letra con la expresión “Caldas hay uno y nada más”. En desarrollo de las pesquisas se obtuvo, entre otros elementos de conocimiento, la certificación expedida por ACODEM —entidad a la cual AV encomendó la gestión de adaptar y reproducir la obra “La Tierra” y otorgar licencias para su uso—, en la que se consigna que: “(…) el señor AY, candidato a la Cámara de Representantes por el partido […], canceló a esta asociación la suma de ocho millones de pesos (8.000.000) con IVA incluido, por concepto de conciliación en el pago de los derechos de autor de la obra musical “La Tierra” cuyo autor es JEA—. Dicha obra fue sincronizada sin la autorización del titular […] en un comercial en el cual se invita a votar por el senador AY””. La Sala de Casación Penal analiza la antinomia o contradicción que existe entre dos incisos del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, que permiten y prohíben a la vez la extinción de la acción penal en esta clase de delitos, a causa de la indemnización integral de los daños causados.

Consideraciones

“[…] el primer inciso del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 señala que la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera de ellos repare integralmente el daño ocasionado en los procesos adelantados por las siguientes conductas punibles: “(…) delitos que admiten desistimiento (…) homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 121 del Código Penal (…) lesiones personales dolosas con secuelas transitorias (…) delitos contra los derechos de autor y (…) delitos contra el patrimonio económico.”. Tanto el tenor literal de esa previsión como el conocido criterio hermenéutico que prohíbe al intérprete hacer distinciones que el legislador no ha hecho, llevan a concluir que la expresión subrayada no alude a un tipo penal en particular, sino a todos los ilícitos contenidos en el título VIII del libro II del Código Penal —que precisamente se denomina “de los delitos contra los derechos de autor”. Con todo, el segundo inciso del mismo artículo 42 ibídem establece, como excepción a la regla general consagrada en el párrafo primero, que no procede la extinción de la acción penal por indemnización integral respecto de “(…) los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.”. Aunque dicha disposición utiliza las denominaciones asignadas por el legislador a los delitos descritos en los artículos 270 a 273 en la redacción original del Código Penal, esto es, antes de ser modificados, resulta evidente, de cualquier modo, que la norma debe entenderse aplicable a los tipos penales como existen actualmente, máxime que, como se indicó en precedencia, la reforma introducida por la Ley 1032 de 2006 no conllevó una variación sustancial de las conductas penadas. En ese orden de cosas, se advierte que el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 contiene una contradicción ostensible, insalvable desde la lectura exegética de la norma, porque, con total violación del principio lógico de no contradicción, autoriza la extinción de la acción penal en los casos de delitos contra los derechos de autor, pero simultáneamente la prohíbe.

La auscultación de la jurisprudencia de la sala en relación con la antinomia normativa atrás señalada en poco contribuye al esclarecimiento del verdadero sentido de la previsión legal en comento. En efecto, en auto de 19 de mayo de 2004, proferido en el proceso con radicado 19512, la Corte interpretó, con asidero en “la historia fehaciente de la consagración normativa”, que “(…) una interpretación que consulte la inequívoca voluntad legislativa manifestada en la historia cierta del surgimiento de la ley, como lo enseña el artículo 27 del Código Civil, y permita la real aplicación del precepto, debe tener por no escrita la última parte del inciso segundo del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, con lo que se preserva, además, la debida correspondencia y armonía que debe existir entre todas las partes de la ley (…)”. Con fundamento en lo anterior, concluyó “la viabilidad de declarar extinguida la acción penal en los delitos contra los derechos de autor cuando el imputado repare integralmente el daño ocasionado”. Posteriormente, en decisión de 7 de diciembre de 2011, la Corte consideró —sin ningún desarrollo argumentativo, porque el problema jurídico debatido en esa ocasión era otro—, que “(…) conforme al artículo (42 de la L. 600/2000), constituyen requisitos de procedibilidad de la extinción de la acción penal por indemnización integral: i) El delito por el que se procede debe ser de aquellos autorizados por el legislador en el aludido artículo 42. ii) No puede recaer en los injustos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección. (…)”. No existe, pues, un precedente jurisprudencial consolidado en relación con la viabilidad de declarar la extinción de la acción penal por indemnización integral en procesos adelantados por delitos contra los derechos de autor, definidos en los artículos 270, 271 y 272 de la Ley 599 de 2000, porque el criterio de la sala al respecto no ha sido homogéneo. En esas condiciones, y ante la necesidad de dar solución al caso que ahora se examina, se impone interpretar el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, a efectos de establecer si, ante la constatación de haberse indemnizado por YA los perjuicios ocasionados con su conducta, resulta posible, por esa vía, la terminación anticipada de la actuación.

Con ese fin, sea lo primero señalar que la revisión de los antecedentes legislativos que dieron origen a la promulgación de la Ley 600 de 2000 —método hermenéutico autorizado por el artículo 27 de la Ley 157 de 1887— no ofrece elementos de juicio que permitan discernir, de manera unívoca y certera, cuál fue la intención del legislador en relación con la viabilidad de admitir la indemnización integral como instrumento para declarar la extinción de la acción penal frente a esas conductas punibles. […] Efectuadas las precisiones que anteceden, la sala anticipa su conclusión en cuanto a que el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 debe interpretarse en el sentido de autorizar la declaración de la extinción de la acción penal por indemnización integral en los procesos adelantados por delitos contra los derechos de autor. […] Transversal a la labor hermenéutica del derecho es el denominado “principio de efecto útil de las normas”, según el cual “en caso de perplejidades hermenéuticas, el operador jurídico debe preferir, entre las posibles interpretaciones de las disposiciones aplicables al caso, aquella que produzca efectos, sobre aquella que no, o sobre aquella que sea superflua o irrazonable”. La aplicación de ese principio hermenéutico al problema que en esta ocasión concita la atención de la Sala lleva necesariamente a concluir que la extinción de la acción penal por indemnización integral es procedente en las actuaciones adelantadas por delitos contra el derecho de autor, porque una interpretación contraria removería cualquier efecto útil al aparte pertinente del artículo 42 de la Ley 600 de 2000”.