Auto AP1540-2015 de marzo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45527

(Aprobado en acta 110)

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Corte

La Corporación advierte la mixtura en que incurre la demandante en su planteamiento al fundamentar con yerros in procedendo, la violación directa de la ley sustancial que invoca.

Evidentemente, al reparar en que el Tribunal desbordó el ámbito de la competencia funcional que le otorgaba el recurso de apelación, no sería un yerro de juicio sino de actividad, por ello debió encauzar el reparo por el motivo de nulidad, toda vez que según el artículo 204 de la Ley 600 de 2000 la pretensión del apelante se constituye en la limitante del superior, debiendo sólo revisar los puntos y argumentaciones expuestos por el impugnante o sobre aspectos vinculados inescindiblemente con los temas del disenso.

Es que el límite en la apelación obedece no sólo a una razón práctica de acotar el debate sobre la inconformidad advertida a fin de que de forma dialéctica se apunte a desvirtuar las consideraciones y razonamientos del funcionario de primera instancia, es decir, contra-argumentar uno o varios de los aspectos de la decisión lo cual fija el marco para la actuación del superior, sino que la exigencia de la debida fundamentación del recurso, tiene el correlato en el requisito formal de los fallos, previsto en el artículo 170 del ordenamiento procesal y en el artículo 55 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto se deben resumir y analizar los alegatos presentados por los sujetos procesales, de ahí que la carga de sustentar le genera al sujeto procesal la garantía de obtener una respuesta motivada.

Por ello, cuando el superior desborda la competencia funcional, además de vulnerar las garantías procesales y de segunda instancia, se constituye en un vicio de estructura, lo cual afecta la validez del trámite judicial e impediría la emisión de sentencia estimativa, como la pretendida por la libelista.

Precisamente, el error de la demandante le imposibilita precisar las normas que describen las conductas delictivas, asignan consecuencias jurídicas a tal comportamiento o consagran los derechos de los sujetos procesales que a la postre hubieran resultado infringidas por el fallador, porque sólo incluye dentro de la proposición jurídica preceptos de carácter adjetivo como los artículos 204, 232, 412 de la Ley 600 de 2000.

De esa manera, no se detiene a explicar el error de selección normativa o de carácter hermenéutico, propio de la violación directa de la ley sustantiva.

Pero además, en contra del principio lógico de razón suficiente, no revela cuál fue el desbordamiento del Tribunal en el recurso de apelación, porque sólo anota que con acierto el juez de primer grado reparó en la falta de acreditación de la relación causal entre la militancia de los menores en la guerrilla de las FARC para predicar el compromiso de los jefes de esa agrupación, sin detallar cual fue el tema jurídico relacionado con la responsabilidad de los procesados que indebidamente emprendió el fallador de segundo grado.

No colabora en el propósito de la demandante su afirmación relacionada con que no sería la primera vez que se condenan como autores mediatos por utilización de aparatos organizados de poder a los responsables de las organizaciones armadas ilegales como las FARC, porque no expone si para no aplicar esa teoría —que reposa en el control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado, según la cual el “hombre de atrás” domina la voluntad del autor directo al mediar una estructura vertical o piramidal en la que casi de manera automática, una vez dada la orden, ella se cumple en el nivel bajo u operativo sin importar por quien—, el Tribunal desconoció sus elementos, su estructura, o era imposible determinar la cadena de mando.

Al revisar someramente el fallo se advierte que si bien el juez plural evidenció que el fallador de primer grado había abordado el asunto desde el tema probatorio en relación con la acreditación de la militancia de los menores en la agrupación subversiva, y el apelante se detenía en ello, la responsabilidad de los enjuiciados era un tema inescindiblemente ligado que merecía análisis, por eso señaló que aun de establecer tal militancia, no significaba per se que los miembros de la cúpula fueran responsables, porque no se tenía “la más remota información probatoria de que los acusados hubieran dispuesto el reclutamiento de las tres víctimas menores de edad. Las manifestaciones testimoniales de éstas mencionan a otras personas que se ocuparon de adoctrinarlos y propiciar su incorporación al grupo subversivo, incluso indicaron que algunos amigos suyos, también menores de edad, les contaron de las bondades de la organización, lo que los motivó a unirse voluntariamente a la misma”.

En este orden de ideas, todo se resumió en un tema probatorio que escapa a la vía de violación anunciada por la recurrente y que por lo tanto, le resta al cargo la aptitud requerida para su admisión.

Finalmente, es oportuno resaltar que la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de los sujetos procesales, como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por la representante de la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia absolutoria emitida 16 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Medellín.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».