Sentencia AP-1653-2016 de marzo 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47451

Aprobado Acta Nº 93

AP-1653-2016

Bogotá, D.C., marzo treinta (30) de dos mil dieciséis (2016).

VISTOS

Procede la Sala a estudiar las razones invocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para remitir, por razones de competencia, el presente asunto, sin resolver un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria de fecha 05 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado 5 Penal Especializado de Medellín, en contra de J... E... A... B..., como determinador del delito de homicidio agravado de J... A... P... L... (arts. 103 y 104, nums. 7º y 10, del C.P.), en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de coautor (art. 340, inc. 2º, ibídem).

HECHOS

Fueron narrados por la Fiscalía 20 Especializada de la UNDH y DIH de Bogotá, al momento de proferir resolución de acusación en contra de A... B..., de la siguiente manera:

“Los hechos materia de examen han sido condensados en precedencia así:

‘...Justo sobre el medio día del 10 de julio de 2003, el registrador delegado para Arauca, doctor J... A... P... L..., se ubica al frente de las oficinas de la Registraduría de esa capital, a la salida para tomar el almuerzo. En el momento en que habla por su teléfono celular, un sujeto se le acerca, y sin mediar palabra, acciona un arma de fuego en su contra, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Hecho lo anterior, el sujeto abandona el lugar al parecer valido de un vehículo de servicio público...’.

Se habla además del concierto de un grupo de personas, entre los cuales se cuentan los vinculados para la comisión de este homicidio y de otros tantos delitos, en el municipio de Arauca, para la misma época”.

ANTECEDENTES PROCESALES

Como actuaciones procesales más relevantes dentro de la presente investigación se tienen las siguientes:

1. La Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Arauca, dio comienzo a la actuación, al encontrarse de turno de disponibilidad y realizar la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver de J... A... P... L... (Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil-Circunscripción Electoral de Arauca)(1).

2. Por razones de competencia emanadas de la calidad de servidor público de la víctima, con resolución del 11 de julio de 2003, el citado despacho judicial remitió las diligencias a la fiscalía especializada(2).

3. Recibida la actuación, la Fiscal Única Especializada de Arauca ordenó la apertura de la investigación preliminar el día 14 de julio de 2003, pero en vista de que no arrojó resultados positivos, el 30 de abril de 2004, dictó resolución inhibitoria(3).

4. Con fecha del 5 de junio de 2006, el citado despacho fiscal, dispuso la reanudación de la investigación preliminar, con el ánimo de reconocer a la parte civil y practicar algunas pruebas(4).

5. Mediante Resolución Nº 0-3245 del 10 de septiembre de 2007, el Fiscal General de la Nación, varió la asignación de la investigación en razón a la connotación del asunto, la seguridad de los testigos y la compleja situación de orden público del departamento de Arauca, designando para su continuación al fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado —reparto— adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con sede en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander(5).

6. A través de Resolución Nº 000332 del 10 de octubre de 2007, emitida por la jefatura de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se asignó esta actuación bajo el radicado 4051 al Fiscal 40 Especializado de la ciudad de Cúcuta(6).

7. El 14 de diciembre de 2007, la fiscalía antes citada profirió resolución de apertura de instrucción, ordenando la vinculación legal mediante indagatoria de F... A... P..., como presunto autor del hecho(7).

8. El día 20 de noviembre de 2007, en desarrollo de la diligencia de indagatoria, A... P... confesó su participación a título de autor del homicidio del señor P... L..., luego de que se planeara su ejecución en una época marcada por la contienda electoral que se estaba desarrollando entre los aspirantes a los cargos de las alcaldías municipales y gobernación del departamento de Arauca, varios de los cuales, señaló, acudían en busca de apoyo por parte de las autodefensas del Bloque Vencedores de Arauca.

De esta forma, el indagado manifestó que en una reunión llevada a cabo en la población de Caracol, Arauca, a finales del año 2002, presidida por el comandante “Mario” de las autodefensas, el aspirante a la gobernación, J... E... A... B..., encontró el apoyo de dicha organización, por ser quien más servía a los intereses del grupo ilegal, poniéndose a su disposición el andamiaje armado de la estructura para dar muerte a personas presuntamente vinculadas con la guerrilla, dentro de ellas el señor P... L..., quien además se advertía como persona que podía truncar por su rol, las aspiraciones políticas de A... B... para acceder al cargo(8).

9. Con base en la diligencia que precede y en diferentes testimonios que se recaudaron posteriormente, la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ordenó con resolución del 20 de mayo de 2008, la vinculación y consecuente captura de J... E... A... B...(9), quien se había desempeñado como cónsul de Colombia en Singapur, entre el 22 de noviembre de 1999 y el 19 de febrero de 2003 y, posteriormente, fue electo Gobernador de Arauca el 26 de octubre de 2003, para el periodo 2004-2007.

10. Ante la imposibilidad de hacer efectiva la orden de captura, el ente fiscal dispuso, en decisión del 14 de julio de 2008, la declaratoria de persona ausente del antes citado, quedando así formalmente vinculado a dicha investigación(10).

11. En atención a solicitud de la defensa, con resolución del 4 de agosto de 2008, el fiscal de conocimiento negó la procedencia de algunas nulidades planteadas por el defensor de A... B..., entre ellas, la derivada de la falta de competencia para adelantarse esta investigación por parte de la fiscalía especializada, al considerar por una parte, que para la fecha central de los hechos, esto es, la ocurrencia del homicidio el 10 de julio de 2003, el sindicado A... B... no tenía fuero alguno y fungía como candidato a la gobernación de Arauca, y, por otra, que los señalamientos en contra del procesado por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, que eventualmente desborden tal cerco y guarden relación con las funciones por él desempeñadas en los cargos de fuero, “no han sido ni serán objeto de litigio en esta delegada”(11).

12. Bajo ese derrotero, la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Cúcuta, profiere el 4 de agosto de 2008, la resolución de situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de F... A... P... y J... E... A... B..., por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, esta última infracción en calidad de coautores, mientras que el homicidio agravado, en calidad de coautor material para Alvarado y determinador para A... B...(12).

13. La citada providencia fue apelada por la defensa del procesado J... E... A... B..., junto con una resolución del 11 de julio en donde también se negó la procedencia de unas nulidades invocadas(13) y otra del 23 de octubre de 2008(14), mediante la cual, se negó la práctica de unas pruebas.

En virtud del recurso de alzada, la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de San José de Cúcuta, Pamplona, Norte de Santander y Arauca, consideró que si bien el homicidio de J... A... P... L... fue perpetrado antes de que el procesado fuera gobernador, en caso de probarse que se cometió para lograr el triunfo de las elecciones, no cabría duda de que dicho homicidio estaría relacionado con el cargo por él desempeñado y, en consecuencia, gozaría del fuero previsto en el artículo 235 de la Constitución Política.

De otro lado, sostuvo que gran parte de la prueba arrimada a la investigación se recaudó y practicó durante el tiempo en que el procesado fue gobernador, es decir, cuando tenía fuero; por estas razones, mediante proveído del 21 de enero de 2009, decretó la nulidad parcial de la actuación, a partir de la resolución de apertura de investigación, inclusive, sin afectar la actividad probatoria, sólo en lo que corresponde a A... B..., declarando la ruptura de la unidad procesal y remitiendo el sumario al Fiscal General de la Nación, por competencia(15).

14. Arribado el proceso al Despacho del entonces Fiscal General de la Nación, doctor Mario Germán Iguarán Arana, declaró con resolución del 23 de febrero de 2009, su falta de competencia para conocer de la actuación, desestimando así la decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal antes citada.

En relación con los señalamientos que le fueron atribuidos a A... B... por sus presuntos vínculos con las autodefensas, que eventualmente desbordaron el hecho del homicidio y pudieron coincidir con las fechas que discute la defensa (noviembre de 2002 a enero de 2003), y el periodo de gobernador, “en lo que guarda relación con las funciones por él desempeñadas en los cargos de fuero no han sido ni serán objeto de litigio en esas delegadas”.

Así, consideró que J... E... A... B..., para la fecha del homicidio de J... A... P... L... (el 10 de julio de 2003), no ostentaba la calidad foral aducida por la defensa, pues era simplemente candidato o aspirante a la gobernación del departamento de Arauca, ni tampoco el hecho tenía relación de causalidad con el cargo o las funciones desempeñadas como gobernador. En consecuencia, envió las diligencias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que fueran remitidas al competente o se solicitará su reasignación especial(16).

15. Mediante Resolución 0-0729 del 3 de marzo de 2009, el Fiscal General de la Nación designó especialmente al fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado adscrito a la UNDH y DIH, con sede en la ciudad de Bogotá que por reparto correspondiera, para que continuara con el conocimiento de la investigación seguida en contra de A... B...(17).

16. A través de Resolución Nº 000167 del 03 de abril del 2009, la Jefatura de la Unidad Nacional Derechos Humanos y DIH, asignó la investigación al Fiscal 20 Especializado de Bogotá(18).

17. El 5 de agosto de 2010, el citado despacho emitió resolución de cierre de la investigación en relación con el procesado A... B...(19).

18. El 17 de diciembre de 2010, la Fiscalía 20 Especializada de la UNDH y DIH profirió resolución de acusación, entre otros, contra J... E... A... B..., como determinador del delito de homicidio agravado y coautor del delito de concierto para delinquir, éste último conforme al artículo 340 inciso 2º del Código Penal, reiterando la orden de captura en contra suya(20).

19. Con Informe DGO. SIES.PJU Sifdas Nº 187715/12, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del 14 de marzo de 2011, se puso en conocimiento la captura de J... E... A... B..., en el barrio L... de la ciudad de Bogotá(21).

20. Mediante oficio del 5 de abril de 2011, el Fiscal 20 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, solicita a la Corte Suprema de Justicia un cambio de radicación, alegando falta de garantías para los sujetos procesales y funcionarios judiciales para adelantar la causa en el municipio de Arauca, por razones de orden público derivadas de la acción de los grupos armados ilegales y dada la clara relación de este caso con dicho fenómeno(22).

21. Con providencia del 25 de abril de 2011, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca avoca conocimiento, corriendo el traslado previsto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal(23).

22. La Corte Suprema de Justicia declara fundada la solicitud de cambio de radicación con auto del 06 de mayo de 2011, remitiendo el conocimiento del caso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Medellín que le correspondiera por reparto(24).

23. El día 19 de mayo de 2011, se asigna la presente causa al Juez 5º Penal del Circuito de Medellín, quien con auto del 24 de junio del mismo año, avocó conocimiento e inició la etapa de juzgamiento conforme a lo previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000(25).

24. En desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo el día 18 de agosto de 2011, el juez negó todas las nulidades esbozadas por la defensa de A... B..., y decretó las pruebas solicitadas por los sujetos procesales.

25. Teniendo en cuenta que el togado de la defensa interpuso y sustentó el recurso de apelación frente a la decisión antes referida, la alzada se concedió ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, la cual confirmó la decisión el 30 de septiembre de 2011(26). Con posterioridad se impugnaron otras decisiones del a quo que fueron confirmadas en segunda instancia.

26. Con fecha del 05 de noviembre de 2013, el Juzgado Quinto Penal Especializado de Medellín, profirió sentencia condenatoria en contra de J... E... A... B..., como determinador del delito de homicidio agravado de J... A... P... L..., consagrado en los artículos 103 y 104, numerales 7º y 10, del Código Penal, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de coautor, previsto en al artículo 340, inciso 2º, ibídem(27).

27. Una nueva titular de la Fiscalía 20 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Bogotá y la defensa del procesado, recurrieron la providencia condenatoria, partiendo de posiciones contrarias a nivel de competencia, pues mientras que la primera, consideró que el juez de la causa era competente para conocer del asunto en razón a la naturaleza del asunto y al cambio de radicación efectuado por la Corte Suprema de Justicia; el defensor, por su parte, planteó que se había afectado la legalidad del proceso al desconocerse el fuero constitucional emanado de la calidad de gobernador de su prohijado, por lo que pidió en principio al ad quem que declarara la nulidad de lo actuado por violarse el principio del juez natural.

En todo caso, los sujetos procesales referidos, coincidieron en cuestionar el análisis del acervo probatorio y la falta de aclaración de diversos aspectos que generaban dudas, entre ellas, lo relacionado con el móvil del homicidio, por lo que solicitaron la revocatoria del fallo de primera instancia y, consecuentemente, la absolución del procesado.

28. Mediante auto del 24 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, una vez examinado el caso, determinó que carecía de competencia para conocer en segunda instancia de la sentencia proferida en contra de J... E... A... B...(28).

Como punto de partida, reconoce que el tema del fuero constitucional para la investigación y juzgamiento de altos funcionarios, no ha tenido un desarrollo pacífico en la jurisprudencia nacional, sobre todo cuando se trata de hechos cometidos antes del cargo que le pueda dar la condición de aforados, señalando que fue a partir del 1º de septiembre de 2009, cuando varió la postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia acerca de la naturaleza del concierto para delinquir con grupos de autodefensas y las funciones desempeñadas por los congresistas en el ejercicio del cargo, considerando que las conductas punibles en tal sentido si guardan relación con la investidura y las tareas que desarrollan los miembros del Congreso, en la medida en que representan un desviado ejercicio de funciones o éstas se constituyen en el medio y la oportunidad para la realización de los fines de la organización delincuencial.

Arguye que con el transcurso del tiempo, se afinó tal posición, manteniendo la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los denominados “delitos propios” cuando el aforado ha dejado el cargo, pero igualmente, contra quienes han dejado el cargo que les confiere el fuero, siempre y cuando la conducta punible tenga relación con las funciones desempeñadas(29)

Soporta su posición en lo dispuesto en los numerales 2º y 4º y en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, señalando que el juzgamiento por parte de la Corte a altos funcionarios como los gobernadores, una vez cesan en el ejercicio de sus funciones, se mantiene para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas, lo cual comprende en la evolucionada concepción sobre el fuero, otras actividades no inherentes a su ámbito funcional cuando comprometen la dignidad de la función pública(30).

Resaltando las posturas de la Corte Suprema de Justicia, señala que el delito se relaciona con la función pública “cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo”.

Así, pasa a determinar si en el caso concreto, las conductas investigadas por las que se acusó y condenó a A... B..., guardan relación directa con el ejercicio de sus funciones, atendiendo que éste cesó en su cargo como gobernador desde hacía mucho tiempo. De esta manera, analiza la situación a la luz del artículo 305 de la norma Superior, que consagra las funciones que la Constitución Política le atribuye al gobernador(31).

Para ello, retoma la posición jurisprudencial de la Corte, relacionada con la interpretación del parágrafo del artículo 235 constitucional, según el cual, no se establece que las conductas que dan competencia a la Corte sean realizadas “durante” el desempeño como congresista sino “simplemente” que “tengan relación con las funciones desempeñadas”, resultando factible que el comportamiento puede iniciarse antes de acceder a la curul o cargo y consumarse o agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales(32).

De esta forma, respecto del caso objeto de estudio, refiere que las conductas punibles endilgadas al señor JULIO A... B..., y por las cuales fue condenado, desde un principio, han hecho relación a sus presuntos vínculos con las autodefensas, desde que se desempeñaba como cónsul en Singapur y que se mantuvieron una vez arribó al país, para concertarse con miembros de dicha organización para producir la muerte de J... A... P... L..., quien había sido designado el 18 de febrero de 2003 como delegado departamental de la Registraduría y tomado posesión en el mismo el 6 de marzo del mismo año, pues de permanecer en el cargo no podría ganar las elecciones a la Gobernación de Arauca(33).

Igualmente, da cuenta de la entrega de una gran suma de dinero por parte del comandante del Bloque Vencedores del Arauca para financiar la campaña a la gobernación de A... B...

Resalta que en la formulación de cargos se acusó al procesado como determinador del homicidio, por ese interés político, dado que éste tenía la visión clara de cómo llegar al cargo, por ser conocedor de la región, e, igualmente, porque conocía qué personas o eventos podrían torpedear esa estrategia política, siendo uno de ellos, la permanencia como delegado departamental de la Registraduría, de P... L..., razón por la que su muerte despejaba su camino rumbo a la gobernación(34).

Por su parte, anotó que en la sentencia de primera instancia se hizo un mayor desarrollo de las actividades delincuenciales supuestamente desplegadas por el acusado A... B..., planteándose que el homicidio de P... L... fue un crimen político perpetrado por las autodefensas y enfatizándose sobre los vínculos que habría mantenido el procesado con dicho grupo armado desde que era candidato cuando recibió apoyo para la financiación de la campaña a la gobernación y ya después como gobernador, al que se señala de ayudarlo a financiar con recursos provenientes de la contratación pública y de colaborarle logísticamente, pues hacía movilizar la fuerza pública con el fin de que no ubicaran al grupo paramilitar(35).

Resalta el ad quem que esa supuesta vinculación con el Bloque Vencedores del Arauca fue puesta de manifiesto desde que se le resolvió situación jurídica al procesado, luego cuando fue llamado a juicio y mucho más en la sentencia de primera instancia, lo que se debe armonizar con el hecho de que el concierto para delinquir es una conducta de carácter permanente, y por lo tanto “no resulta acertado que se fraccione el mismo para pretender que una parte de ese hecho se investigue por los jueces ordinarios y otra por sus jueces naturales, en este caso, el Fiscal General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, como infructuosamente se pretendió hacer en esta oportunidad, pues, por tratarse de una conducta de carácter permanente resulta prácticamente imposible separar algunos de esos hechos como ajenos al cometido paramilitar”, en el que el homicidio de P... L..., “se advierte como un hecho guiado por el mismo interés de carácter político ligado a la función pública del gobernador que alentó a la asociación delictual para obtener la gobernación y una vez elegido ponerse al servicio de ese grupo ilegal(36).

Cita que es aquí en donde se advierte que el Fiscal General de la Nación incurrió en error, cuando desestimó la competencia para conocer del asunto, pues se centró solamente en el delito de homicidio, en el cual no encontró relación alguna con el cargo o las funciones desempeñadas por el acusado como gobernador(37).

De esta forma, considera que los hechos que han sido materia de investigación y juzgamiento en este proceso guardan relación con las funciones desempeñadas por el señor J... E... A... B..., en el cargo de Gobernador de Arauca, razón por la cual ha debido dársele el trámite que corresponde a las personas con fuero constitucional, motivo por el cual no le resulta posible dirimir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, pues no puede ignorar el factor competencia, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que se refiere expresamente al juzgamiento ante “juez o tribunal competente”, requisito sine qua non para la asunción de los procesos y la toma de las decisiones, lo cual sólo puede remediarse con la declaratoria de nulidad prevista en los artículos 306-1 y 307 del Código de Procedimiento Penal, por parte del competente para ello, remitiendo por ello lo actuado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que disponga lo pertinente(38).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Teniendo como punto de partida que la resolución de acusación constituye la ley del proceso y, por tanto, el marco fáctico y jurídico sobre el cual se debe desenvolver la actuación procesal y decidirse por parte del juez, procede esta Corte a establecer si en desarrollo del presente asunto, se vulneró el debido proceso por haberse adelantado la investigación y la etapa de juicio por funcionarios que carecían de competencia para ello, vulnerando así el principio rector del juez natural, que conllevaría la nulidad de la actuación desde el momento procesal pertinente.

Observados los límites fácticos y jurídicos establecidos en la resolución de acusación, resulta claro que la Fiscalía 20 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, encontró en el análisis efectuado, múltiples referentes que dan cuenta de los nexos del procesado A... B... con miembros del denominado Bloque Vencedores del Arauca de las autodefensas, desde antes de su elección como gobernador(39).

De hecho, basándose en distintas declaraciones, dio crédito a manifestaciones, según las cuales, A... B... fue parte de la organización, a tal extremo que trató de evitar que dicha estructura armada se desmovilizara, ofreciendo a cambio todo su apoyo para que no lo hiciera(40).

Así mismo, la Fiscalía dio plena credibilidad a distintas declaraciones que refirieron relaciones de A... B... con las autodefensas, desde el año de 1997(41), señalando que desde ese entonces mantuvo contactos con miembros de la cúpula de dicha estructura como alias “Mario”, alias “Noriega”, alias “Marcos Ataya”, e, incluso, con Carlos Castaño, situación última que se dio, desde la época en que el procesado se desempeñaba como Cónsul en Singapur(42).

Se alude igualmente a que A... B... fue financiado por las autodefensas, lo cual le permitió acceder a la gobernación de Arauca, a través de la ayuda económica que le brindó el narcotraficante M... Á... M... M... M..., alias “Pablo Arauca” o “El Mellizo”, quien se citó en la acusación como comandante de las autodefensas, cuando en realidad nunca lo fue, más sí aliado y cercano a éstas, tal como lo definió esta corporación en otro asunto sometido a su estudio(43).

Lo cierto es que el ente fiscal da por probado la realización de una reunión en Valencia, Córdoba, a la que asistieron M... M... M... y el comandante de las autodefensas Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, junto con A... B..., en dónde se convino que el primero le iba a prestar quinientos millones de pesos para dicho propósito, por orden de Carlos Castaño, pues veían en él una persona que le iba a colaborar a las autodefensas a combatir la guerrilla, aludiéndose también a otras tres reuniones entre el miembro de dicho grupo armado Orlando Villa Zapata, alias “Rubén”, y A... B... en Unicentro de Bogotá, en el año 2006, en las que éste canceló tal deuda(44).

Más aún, la Fiscalía también deriva vínculos de A... con la citada organización criminal, ya estando en el cargo, indicando que se reunió con miembros del grupo armado para coordinar asuntos relacionados con la financiación y entrega de insumos, el suministro de información a las autodefensas sobre presuntos integrantes de la guerrilla y también de personas señaladas de ser cuatreros, con el fin de declararlos objetivo militar, y, de igual modo, para la coordinación de acciones destinadas a impedir que la fuerza pública actuara en contra de éstas(45), señalándose que incluso el procesado estuvo en Ralito en los años 2004 y 2005(46).

De este modo, con base en el análisis del acervo probatorio, para el ente fiscal existen elementos que permiten concretar una “relación vigente y puntual” entre ACOSTA y algunos miembros del Bloque Vencedores de Arauca, “entre quienes existían intereses comunes acorde con la región de operancia (sic) de los paramilitares, y la gestión de ACOSTA como hombre público y político del departamento de Arauca, postulado para la Gobernación y finalmente electo”(47).

Ahora bien, en medio del citado contexto, igualmente la fiscalía consideró que había pruebas para acusar al procesado como determinador del delito de homicidio agravado de J... A... P... L..., delegado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, hecho ocurrido el 10 de julio de 2003, en el municipio de Arauca, el cual no sólo dio origen a esta investigación sino que se convirtió en el tema central de ella.

Precisamente, al respecto refirió que surgieron suficientes motivos derivados principalmente de la confesión de quien fuera coautor del homicidio, F... A... P..., alias “Cúcuta”, para considerar que dicho crimen fue determinado por el procesado, pues éste “...siempre encontró oposición en su actividad administrativa por parte de la guerrilla, de la que ya había sido objeto de varios atentados, y claramente en la plaza pública advertía su afán por erradicar la insurgencia del departamento como forma para retornar a la institucionalidad”.

Pero aunado a ello, la fiscalía concluyó que los opositores de A... B... en las contiendas del año 2003, fueron señalados como de izquierda, incluyendo dentro de ellos a P... L..., quien “no solo resultaba ser una piedra en el zapato para ACOSTA por su cargo como Delegado de la Registraduría, sino que además se trataba del jefe de debate en la campaña anterior del opositor de A... para el 2003, el padre Helmer Muñoz”, agregando que dado que A... B... conocía de primera mano la situación económica, social y política de la región, “tenía la visión clara de cómo llegar a la curul a la que aspiraba, y qué personas o eventos podrían torpedear su estrategia política, por ello, y claro está, que uno de sus impedimentos lo constituía la permanencia de P... L... como delegado departamental de la Registraduría, razón por la que requería despejar su camino rumbo a la gobernación”(48).

Con base en tales argumentos, el delegado del ente fiscal llegó a la conclusión de que la comisión del homicidio se enmarcó también dentro de esa finalidad ideológica que vinculó al procesado con la estructura armada ilegal, para cometer todo tipo de crímenes, razones éstas que lo llevaron a acusar a A... B..., como determinador de homicidio agravado y coautor de concierto para delinquir.

A su turno, en el fallo condenatorio proferido en contra de A... B..., por parte del Juzgado 5º Penal Especializado de Medellín, se indicó que la resolución de acusación impartida no fue aminorada, sino robustecida en la etapa de juicio con la ampliación de la evidencia testimonial, lo cual advierte esta Corte, se produjo aún en contra de la propia posición de la Fiscalía en la etapa del juicio que pidió la absolución del procesado, como también lo harían la defensa y el agente del Ministerio Público.

En efecto, centrando la decisión en el hecho del homicidio, el a quo aceptó que dadas las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a los hechos, se trataba de un crimen político, pues sostuvo que la historia de violencia del país indicaba que todos los grupos armados al margen de la ley necesitaban a la clase política, en la medida que despliegan acciones que les sirven a sus intereses(49).

Resaltó en su análisis la relación entre A... B... y los paramilitares de Arauca, indicando que los testigos hicieron énfasis en la financiación que los altos mandos del Bloque Vencedores del Arauca le dieron a su campaña para la gobernación, así como a la ayuda que le brindaron para que lograra salir victorioso en las elecciones, eliminando cualquier obstáculo que fuera contrario a ese fin(50).

Extiende tal contubernio desde antes de que el procesado fuera gobernador, quien revalido de esa afinidad ideológica, obtuvo acceso directo a la Casa Castaño y apoyo a sus ideales políticos, pues las autodefensas le avizoraban un buen futuro en la contienda electoral y lo consideraban buen aliado contra la guerrilla, por haber sido víctima de sus acciones.

Refiere entonces que es a partir del momento en que Carlos Castaño ordenó directamente que se le entregara un importante apoyo económico a su campaña, que se consolidó una relación que tuvo permanencia en el tiempo y que se prolongó durante su periodo en la gobernación del departamento de Arauca, logrando así el entonces candidato y posterior gobernador, tener a su disposición a los miembros de las autodefensas(51), a los cuales, como contraprestación, contribuyó a su financiación en millones de pesos hasta los años 2005 o 2006, brindó apoyo logístico y ayudó a sus intereses militares movilizando a la fuerza pública a sitios en los que no pudieran ubicarlos(52).

Vista así la situación fáctica, le asiste razón al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, cuando considera que resultaba imposible escindir en esta investigación el homicidio del Delegado de la Registraduría del delito de concierto para delinquir agravado.

En efecto, de acuerdo a las valoraciones efectuadas por la fiscalía, desde el momento en que se definió la situación jurídica, la evidencia existente en contra de A... B..., reflejaba que más allá de la intención del instructor de tratar de limitar la investigación al homicidio, lo que refulgía en ese momento procesal es que ello era imposible, porque con base en sus propias argumentaciones, los vínculos del procesado con las autodefensas se retrotraían a épocas muy anteriores al homicidio del Delegado de la Registraduría y se extendieron hasta le época en que fue gobernador, denotando con ello, que no se podía decretar la ruptura de la unidad procesal, para adelantar por separado dos investigaciones por hechos sobre los que había una clara conexidad sustancial y procesal, tal como aparece referenciado en la resolución de situación jurídica.

Ahora bien, desconociendo lo ordenado, la asistente de la Fiscalía 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, en virtud de la citada ruptura de la unidad procesal, compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia, para investigar a A... B..., por las conductas en que pudo incurrir en su calidad de gobernador, únicamente con ocasión a la contratación departamental(53).

En todo caso, la falta de competencia para adelantar la investigación, fue advertida en su momento por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Cúcuta, quien en sede de apelación de la situación jurídica, así lo reconoció, en resolución del 21 de enero de 2009, declarando la nulidad.

Dicha decisión fue desestimada equivocadamente por el entonces Fiscal General de la Nación una vez recibió la actuación, quien acogiendo la hipótesis del Fiscal 40 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, consideró que no era competente para conocer de la actuación, dado que el procesado no ostentaba calidad foral para los meses de noviembre de 2002 a enero de 2003, esto es, antes del homicidio de P... L..., ni tampoco para la época en que fungió como gobernador, señalando enfáticamente que estas situaciones “no han sido ni serán objeto de litigio” en esta actuación.

Por otra parte, manifestó el entonces Fiscal General de la Nación que tampoco el hecho jurídicamente relevante, relacionado concretamente con el homicidio, tenía relación de causalidad con el cargo o las funciones desempeñadas como gobernador, considerando así que por lo expuesto no se le reconocía fuero constitucional al procesado para ser investigado por su despacho y juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ordenando en consecuencia, que la Dirección Nacional de Fiscalías, remitiera la investigación al competente, que sería nuevamente la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, esta vez, con sede en Bogotá.

Continuada la investigación por parte de la Fiscalía 20 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, a la cual fue reasignada la instrucción, ésta encontró en su criterio, motivos adicionales para afianzar los presuntos vínculos del procesado con las autodefensas, que demostraban que más allá del presunto móvil político que determinó éste, lo que subyacía en el plenario era el pacto permanente del procesado con las autodefensas.

Así las cosas, limitándose a las valoraciones probatorias efectuadas en las decisiones ya comentadas, esta Corporación advierte su competencia para resolver este asunto.

En efecto, el numeral 4º del artículo 235 de la Constitución Política, establece que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, «juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, (...) a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores (...) por los hechos punibles que se les imputen», situación que en el mismo sentido consagra el numeral 6º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.

A su turno, el parágrafo de la norma constitucional enunciada, prevé que en aquéllos eventos en los que los funcionarios antes citados hubiesen cesado en el ejercicio de su cargo «el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas».

La Sala en innumerables oportunidades ha reiterado que el fuero constitucional de los congresistas surge de dos posibilidades: que el imputado o sindicado de una infracción a la ley penal se desempeñe en el cargo, lo que exige la actualidad de la investidura (arista personal), o que después de haber cesado por cualquier razón, en el ejercicio del cargo, la conducta que se le imputa tenga relación con las funciones desempeñadas (arista funcional).

En los autos del 1º de septiembre y 15 de septiembre de 2009, radicados números 31653 y 27032, respectivamente, la Sala fijó los derroteros de interpretación del parágrafo del artículo 235 de la norma superior y de la Ley 153 de 1887, así como la valoración en cada caso en particular, para determinar si es competente.

Así, sostuvo que el vínculo del delito con la ocupación oficial se verifica cuando aquél se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que el comportamiento tenga origen en la actividad congresual, o sea su necesaria consecuencia, o que el discurrir del cometido oficial se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones. O, en aquéllos eventos en los que el comportamiento resulta eficaz para acceder a la posición de poder y, por ende, para comprometer la ocupación pública.

En el presente evento, la Corte Suprema de Justicia está facultada para ejercer la competencia y conocer de este asunto, dado que las conductas atribuidas a J... E... A... B..., en las decisiones ya analizadas, denotan dos situaciones:

La primera, que aunque ya no funge como gobernador, ni ostenta ningún cargo que pudiera darle la condición de aforado, hubo conductas que le facilitaron el acceso al cargo de gobernador, derivados de su connivencia con las autodefensas desde el año de 1997 y, en concreto, con la Casa Castaño desde el año 2001, que le permitieron reunirse a finales del año 2002 con miembros de la organización criminal, para planear la muerte de personas presuntamente vinculadas con la guerrilla y que pudieran representar un obstáculo a sus aspiraciones políticas, tal como se refiere que sucedió con la víctima P... L..., el 10 de julio de 2003, y, así mismo, recibir apoyo económico de dicha organización para la financiación de su campaña política a la Gobernación de Arauca el 26 de octubre de 2003.

La segunda, que A... B... presuntamente se valió de su condición de gobernador y de las funciones propias de su cargo desempeñado entre los años 2004-2007, para constituirse en medio y oportunidad para promover o ayudar a consolidar las estructuras armadas de poder del paramilitarismo, ayudando a la financiación del Bloque Vencedores del Arauca de las autodefensas a través de contratos que les cedía con la administración pública, la entrega de insumos, el suministro de información sobre milicianos de la guerrilla y personas contrarias a su ideología, e, igualmente, realizando acciones tendientes a evitar la reacción de la fuerza pública en contra de éstas.

Adviértase frente a este último punto, que dicha relación funcional entre las conductas que presuntamente promovieron el accionar del grupo de autodefensas y las funciones legales del cargo de gobernador, debe estar relacionada en concreto, mas no en abstracto, pues ello no se reflejó en el fallo recurrido. Así, no se puede desconocer que partiendo del marco funcional atribuido al cargo de gobernador en los artículos 303 y 305 de la Constitución Política, es viable predicar que algunas de las conductas que se le endilgan al procesado, tienen relación con sus funciones de acuerdo al Código de Régimen Departamental, que en los artículos 95 numeral 3º y 98 refieren a su capacidad de convocar y dirigir a la fuerza pública y en el artículo 94 num 3º, a su capacidad de incidir en los planes y programas de desarrollo del departamento así como también en las obras públicas.

Como se aprecia, en este evento el desarrollo de la gestión oficial se tomó como medio y oportunidad idónea para la puesta en marcha de los presuntos comportamientos ilícitos, dado que la consolidación del propósito de la supuesta empresa criminal de contraprestaciones políticas, económicas y burocráticas requería del compromiso del gobernador, en la medida en que era necesario o indispensable que éste implicara sus funciones y su cargo en el ilícito quehacer.

Así las cosas, más que el mismo homicidio, es el delito de concierto para delinquir el que determina la competencia, pues tal como ya lo ha advertido esta Sala, su consumación se prolongó en el tiempo, mientras subsistió ese ánimo de continuidad y permanencia en el propósito delictivo de quienes conforman la empresa criminal, en orden a la comisión de delitos indeterminados, haciendo que todas las acciones que podrían verse de manera aislada, encontraran un único sentido en consideración a la finalidad de promover los intereses de las autodefensas por parte del procesado.

Con lo dicho, se imponía el reconocimiento del fuero constitucional al procesado, derivado del artículo 235 numeral 4º de la Constitución Política, lo cual determina la competencia para investigar en este caso por parte del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia.

El caso en concreto hace relación a la falta de competencia funcional, la cual está determinada por el conjunto de funciones, actividades y poderes, que corresponden a determinado órgano, personificado por determinado sujeto, y que comprende la llamada competencia vertical, la competencia por grado, la competencia según la etapa procesal en que se desenvuelva, y también la que se basa en la división del proceso en etapas, cuando tales etapas están confiadas por la ley en su conocimiento a jueces diversos(54).

Por lo tanto, no puede un funcionario desarrollar actuaciones que ya han sido atribuidas constitucionalmente por el factor funcional a otros de la máxima jerarquía, en razón de la alta dignidad que le asiste al procesado. Al respecto, esta Corporación sostuvo:

“(...) el juzgamiento funcional de los altos dignatarios del estado se debe realizar por sus superiores jerárquicos, y por funcionarios de la misma categoría constitucional cuando se trate de servidores públicos que se encuentran en el vértice de la pirámide burocrática del mismo. Esta, la razón política que impide que funcionarios de una jerarquía inferior puedan a entrar a investigar o acusar a empleados públicos de mayor categoría constitucional (...)”. 

Más adelante refirió: “El asunto bajo examen —la investigación y acusación de funcionarios con fuero constitucional—, por ejemplo, exige que dada la naturaleza de los hechos objeto del proceso penal, y de la inmensa responsabilidad política que se encuentra en juego debido a la alta investidura del agente estatal sindicado las decisiones que se adopten provengan de la inmediata dirección, conocimiento y juicio del Fiscal General”.(55) 

Siendo ello así, la remisión efectuada del proceso por parte del ad quem fue ajustada a derecho, pues advirtiendo la falta de competencia para resolver en segunda instancia los recursos de apelación elevados por los sujetos procesales, no le cabía más opción que remitirlo a esta Corte, pues resulta claro que en materia de nulidades, éstas solo pueden ser decretadas por el funcionario competente, que en el caso del juzgamiento de gobernadores, corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, es claro que sobre esta competencia sobrevenida para la Corte a partir del giro jurisprudencial en torno al fuero congresual, cuando procesos penales que cursan bajo la competencia de jueces o fiscales a quo llegan a conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que se hayan resuelto recursos legales oportunamente interpuestos, fue ya advertida por esta Sala al considerar que si la Corte es de manera exclusiva y excluyente el juez natural de los congresistas de la República, tal como lo dispone la Constitución Política, “más allá de otras instancias, aplicando la máxima de que quien puede lo más puede lo menos”, si puede conocer privativamente de esos casos, también está facultada para decidir las impugnaciones legales interpuestas oportunamente, que no hayan sido decididas por niveles inferiores de la jurisdicción(56).

Aclárese en todo caso que si bien la modulación jurisprudencial ampliamente expuesta hace referencia al fuero congresual, ello no es óbice para que sea extensible a situaciones de altos funcionarios, como el de gobernador, en la medida que la ratio decidendi de los autos del del 1º y 15 de septiembre de 2009, la constituyó la interpretación del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, con miras a determinar la competencia para investigar y juzgar penalmente en única instancia a los aforados constitucionales, siendo claro por ello, que en esta última decisión tan sólo se habla a título ejemplificativo de la solución de algunas hipótesis(57).

Lo cierto es que las razones aludidas por la Corte en dichos autos de modulación han sido tenidas en cuenta para adelantar el juzgamiento en eventos análogos a este proceso(58).

Advertida esta atribución para resolver el recurso de apelación, es indudable que en el presente caso no es posible desatar el recurso, en atención a que se advierte una causal de nulidad por falta de competencia.

Ante ello, resulta evidente que se vulneró el principio del juez natural, el cual se constituye en elemento modular del debido proceso, en la medida que desarrolla y estructura el postulado del artículo 29 de la Constitución Política, y sobre el cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puntualizado que tiene una finalidad más sustancial que formal, habida consideración que lo que protege no es solamente el claro establecimiento del juez encargado del juzgamiento, previamente a la comisión del hecho punible, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado(59).

Dicho esto, esta Corte declarará de oficio, conforme lo establece el artículo 307 de la Ley 600 de 2000, “la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto”, esto es, la prevista en el artículo 306 numeral 1º de la Ley 600 de 2000, que consagra expresamente “la falta de competencia del funcionario judicial”, pues dentro del esquema restringido de nulidades taxativas previstas en la ley, se apunta con ello igualmente a garantizar los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal(60).

Debe aclararse en todo caso que tal como precisó esta corporación en auto del 15 de septiembre de 2009, que:

“...las actuaciones adelantadas (entre ellas el acopio de pruebas), al igual que las decisiones adoptadas hasta ahora por los diversos órganos, tanto de investigación como de juzgamiento, vale decir Fiscalía y jueces especializados, mantienen plena validez, pues todas ellas se ejecutaron dentro del ejercicio de una competencia que la Corte en su momento señaló en desarrollo de su legítimo deber constitucional de interpretación del ordenamiento jurídico y particularmente de aquellas normas que tienen que ver con el proceso penal”. 

Esta postura jurisprudencial, se soportó en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que reza:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 

Por lo expuesto, se declarará la nulidad frente a los actos que implican disposición de la acción penal y que fueron emitidos con posterioridad a la providencia de modulación referida, esto es, luego del 15 de septiembre de 2009.

Así las cosas, se invalidará lo actuado desde que se profirió la resolución del cierre de investigación, lo cual ocurrió el 05 de agosto de 2010, manteniéndose por tanto incólumes las actuaciones precedentes, así como todo el caudal probatorio recaudado y, en consecuencia, se remitirá la investigación por razones de competencia ampliamente expuestas, al Fiscal General de la Nación, para que continúe con la misma o disponga quien deba hacerlo en consideración al fuero del procesado.

Precísese por otra parte, que la anulación de la actuación desde el cierre de la instrucción, comporta la reactivación de la fase instructiva, y, con ello, la del término para calificar el sumario, contado a partir de la privación efectiva de la libertad del procesado, que en el presente trámite, acaeció el 14 de marzo de 2011, es decir, han transcurrido hasta hoy cinco años.

Tal situación de carácter objetivo, impone el otorgamiento de la libertad provisional, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 15 transitorio ibídem, al haberse superado el término máximo legal para calificar el mérito del sumario de 240 días.

En consideración a lo expuesto, y dado que la libertad otorgada no es absoluta, pues pese a la declaratoria de nulidad quedó vigente la medida de aseguramiento impuesta al momento de resolverse situación jurídica, se impondrá al procesado una caución prendaria de acuerdo a lo previsto en al artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que le fueron imputados con las connotaciones ya indicadas, en donde incluso se hace referencia a señalamientos en su contra de haber recibido ayuda económica de las autodefensas, como también, de ser financiador de ellas, pero además, distintas situaciones que reflejan su condición económica, aunque atendiendo que desde hace cinco años se halla privado de la libertad, a saber, los altos cargos que desempeñó en el poder público y su consecuente remuneración, tales como representante a la Cámara, cónsul de Colombia en Singapur y Gobernador de Arauca, se estima dicha caución en 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En todo caso, adviértase que en contra del procesado existe una medida de detención preventiva vigente dentro la única instancia 43263(61), situación que no exime a la autoridad carcelaria de la verificación de otros requerimientos judiciales pendientes.

Resta decir que estando esta actuación al despacho para resolver, fue recibido por esta corporación un memorial suscrito por el Dr. A... G... R..., apoderado de J... E... A..., en el que solicita que se tengan en cuenta para la decisión distintas pruebas aportadas en curso de la segunda instancia, que en su criterio desvirtúan los argumentos del a quo al momento de proferir sentencia condenatoria. Como quiera que esta decisión se centró en temas de competencia y no en el análisis del acervo probatorio, no serán objeto de valoración en esta sede, correspondiéndole ello al funcionario competente a quien se remitirá esta actuación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

1. Decretar la nulidad parcial de lo actuado, a partir de la resolución de cierre de investigación, inclusive, aclarando que las pruebas recopiladas se tendrán como válidas, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Remitir la actuación al despacho del Fiscal General de la Nación por razones de competencia, para que asuma la investigación directamente o, a través de los funcionarios señalados en el artículo 235 numeral 4º de la Constitución Política.

3. Otorgar al procesado J... E... A... B..., la libertad provisional, conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el artículo 15 transitorio ibídem, por cuenta de este proceso, quedando a disposición de la causa que se le sigue en esta corporación, correspondiendo a la autoridad carcelaria verificar que no tenga otro requerimiento judicial pendiente.

Para tal efecto, se impondrá al procesado el pago o la constitución de una póliza de garantía de una caución prendaria de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes y la suscripción de la correspondiente diligencia de compromiso, conforme a lo previsto en los artículos 368 y 369 de la Ley 600 de 2000.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 C. 1, fl. 3.

2 C. 1, fl. 17

3 C. 1, fl. 50.

4 C. 1, fl. 57.

5 C. 1, fl. 105.

6 C. 1, fl. 110.

7 C. 1, fl. 186.

8 C. 1, fl. 218.

9 C. 5, fl. 111.

10 C. 5, fl. 152.

11 C. 5, fls. 257 y ss.

12 C. 5, fl. 245.

13 C.5, fls. 152-155.

14 C. 6, fls. 154-159.

15 C. 8, fls. 146-174.

16 C. 9, fls. 65 y ss.

17 C. 9, fl. 6.

18 C. 9, fl. 2.

19 C. 12, fl. 214.

20 C. 14, fls. 1 y ss.

21 C. 14, fl. 274.

22 C. 15, fl. 13.

23 C. 16, fl. 6.

24 C. 15, fl. 37.

25 C. 16, fl. 38.

26 C. 16, fl. 215.

27 C. 24, fl. 1.

28 C. 27, fl. 277.

29 C. 27, fl. 284.

30 C. 27, fl. 285.

31 C. 27, fl. 286.

32 C. 27, fl. 287.

33 C. 27, fls. 287 y 288.

34 C. 27, fl. 287 y 288.

35 C. 27, fls. 289 y 290.

36 C. 27, fls. 291 y 292.

37 C. 27, fl. 292.

38 C. 27, fl. 293.

39 C.14, Fol. 80.

40 Teniendo como soporte dos declaraciones de W... C... C... (fls. 80 y 81, c. 14).

41 Al referirse al testigo A... D... C... M..., alias Chichi (fl. 82).

42 Aludiendo al testigo O... V... Z..., alias Rubén (fls. 83 y 84).

43 Al resolver un recurso de apelación contra una decisión proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, auto del 21 de mayo de 2014, Rad. 39960.

44 Basándose en el testimonio de J... E... I... S... (fl. 84) y de M... Á... M... M... (fl. 85).

45 Según declaraciones de W... C... C... (fls. 80 y 81, c. 14).

46 De acuerdo a declaración de M... Á... M... M... (fl. 85).

47 Fls. 86 y 87, c. 14.

48 Fls. 102 y 103, c. 14.

49 C. 24, fl. 17.

50 C. 24, fls. 36 y 37.

51 C. 24, fl. 37.

52 C. 24, fl. 24.

53 Oficio 419 del 10 de octubre de 2008, c. 6, fl. 134.

54 En ese sentido, Sentencia T-308/2014.

55 Corte Suprema de Justicia, decisión de única instancia del 20 de abril de 1995.

56 Auto del 19 de enero de 2011, Única instancia 34054.

57 Destáquese también como la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-411/97, avaló la constitucionalidad de adelantar procesos en única instancia contra todos los aforados constitucionales, y, no únicamente contra los congresistas, pese a que la materia del estudio de exequibilidad en la censura propuesta por el demandante, hacía alusión únicamente a congresistas.

58 Así, en la única instancia 37.915 adelantada en contra del ex gobernador Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo.

59 Sentencia C-200/2002.

60 En ese sentido, Sentencia de la Sala Penal del 20 de abril de 1995.

61 Bajo la investigación 11914-10, la Fiscalía 10 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, resolvió situación jurídica el 14 de mayo de 2013, a J... E... A... B..., imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, actuación que se encuentra actualmente en etapa de juicio ante esta corporación dentro del Rad. 43263.