Auto AP1654-2017/49874 de marzo 15 de 2017

AP1654-2017

Radicación 49.874

Acta Nº 83

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Para resolver el asunto que ocupa la atención de la Sala se abordarán los siguientes temas: (1) competencia para dirimir el conflicto trabado; (2) norma aplicable en materia de competencia territorial para el juicio en virtud del régimen de transición de la acción de extinción de dominio; (3) principio perpetuatio jurisdictionis; y, (4) caso concreto.

1. Competencia.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA16-10517 del 17 de mayo de 2016, expedido en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, estableció, para el territorio nacional, el mapa judicial de los juzgados penales del circuito especializados en extinción de dominio.

En tal sentido, dispuso que los distritos especializados en extinción de dominio serían ocho, a saber: Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, Neiva, Pereira y Villavicencio (artículo 1º).

A continuación, fijó el ámbito territorial de competencia de cada uno de esos distritos especializados en extinción de dominio que, en cuanto interesa al presente caso, son:

• Distrito especializado de extinción de dominio de Bogotá, con sede en Bogotá y competencia territorial en los distritos judiciales de: Bogotá, Cundinamarca, Tunja y Santa Rosa de Viterbo.

• Distrito especializado de extinción de dominio de Cali, con sede en Cali y competencia territorial en los distritos judiciales de: Cali, Buga, Mocoa, Pasto y Popayán.

De acuerdo con lo anterior, los distritos especializados en extinción de dominio vienen a constituir una especie de macro distritos, pues cada uno agrupa varios distritos judiciales.

Conforme lo establecía el artículo 257-1 de la Constitución Política antes de ser reformado por el Acto Legislativo Nº 2 de 2015 y lo dispone la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 50, esta división se hace “para efectos judiciales”, con el objeto de “desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia”, que es “función pública” (artículo 228 de la Carta). Luego, entonces, es artificiosa la distinción que hace el juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Cali entre el aspecto administrativo y el jurisdiccional, pues ese contenido específico de categorías creadas por la ley —como circuito y distrito judicial— que es completado por el acuerdo que determina el mapa judicial, delimita el ámbito dentro del cual cada organismo judicial puede administrar justicia; es decir, es la medida de su competencia territorial.

Es evidente, por ello, que los juzgados trabados en conflicto pertenecen a diferentes distritos especializados en extinción de dominio, y esa realidad no se borra por el hecho de que, ante la inexistencia de una mayor cantidad de Salas de extinción de dominio, la segunda instancia para ambos deba surtirse ante un mismo tribunal (artículo 3º Acuerdo PSAA16-10517).

Ahora bien, en materia de normas procesales la regla general, salvo disposición expresa en contrario, es que éstas son de aplicación inmediata y rigen hacia el futuro (artículo 40 de la Ley 183 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso).

Para nuestro caso, la Ley 1708 o Código de Extinción de Dominio fue publicada en el Diario Oficial Nº 49.039 del 20 de enero de 2014 y comenzó su vigencia “(…) seis (6) meses después de la fecha de su promulgación (…)” (artículo 218; se subraya), es decir, el 21 de julio de 2014, cuando aún no se había decidido la apelación de la resolución de procedencia de la acción (lo cual aconteció el 26 de noviembre de 2015).

Por tanto —se anticipa—, es indudable que la Ley 1708 es la llamada a regir la fase de juzgamiento en este proceso.

Así la situación, es ineludible tener en cuenta que su artículo 26-1 remite en materia de “procedimiento” a las reglas de la Ley 600 de 2000. En consecuencia, como el Código de Extinción de Dominio no contiene previsiones sobre conflictos de competencia pero la Ley 600 de 2000 sí y dispone que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce de las colisiones de competencia que se susciten entre juzgados de diferentes distritos (artículo 75-4), se concluye que el presente debe ser dirimido por esta Sala.

2. Norma aplicable en materia de competencia territorial para el juzgamiento en virtud del régimen de transición para la acción de extinción de dominio.

La Corte, interpretando el artículo 217 del Código de Extinción de Dominio a partir de la exposición de motivos del proyecto que se convirtió en la Ley 1708, concluyó que “(…) el aludido régimen de transición solamente está referido a las causales de extinción de dominio legalmente contempladas al dictarse la resolución de inicio, y no comprende las restantes instituciones sustanciales o procesales contenidas en las diferentes normas que han regulado el tema (…)” (CSJ AP4553-2016, 11 ago. 2015, rad. 46548) y así lo reiteró (v. gr.: CSJ AP6957-2016, 12 oct. 2016, rad. 48945).

El juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Cali se aparta de ese criterio, pues considera que la conclusión antes referida no se desprende del texto del precepto mencionado. Empero, lo cierto es que una interpretación literal tampoco se opone al entendimiento dado por la Sala. Por el contrario, lo reafirma. Véase:

La disposición es como sigue:

“ART. 217.—Régimen de transición. Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en los numerales 1 a 7 de la Ley 793 de 2002, antes de la expedición de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones.

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban previstas en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones (subrayas fuera de texto).

Pues bien, si se repara en los apartes que se han subrayado se percibirá que la expresión “dichas disposiciones”, utilizada, en plural, en cada uno de los incisos, únicamente puede estar referida a “las causales” previstas, alternativamente, en los numerales 1 a 7 del artículo 2º de la Ley 793 de 2002 y en el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011, pues esas son las únicas “disposiciones” que previamente fueron mencionadas en el texto legal que se analiza.

Adicionalmente, la titular del juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Cali acude al método teleológico de interpretación para acotar que:

(…) entiende que el legislador busca establecer que los juzgados penales del circuito especializados de extinción de dominio creados por la Ley 1708 conozcan solo de los procesos en los cuales se dio Fijación Provisional de la Pretensión según las causales establecidas en esta Ley; y que los procesos en los cuales se dio resolución de inicio basada en las causales establecidas en la Ley 793 sigan rigiéndose por esa ley, es decir, sigan siendo conocidos por los juzgados penales del circuito especializados de extinción de dominio de Bogotá.

Sin embargo, no revela de dónde extractó que ese, y no otro, fue el querer del legislador. Y lo cierto es que de ser tal el propósito buscado con la nueva normatividad, al Congreso de la República le hubiera bastado con plasmar en el artículo 217 que los preceptos de la Ley 1708 de 2014 únicamente se aplicarían a los procesos iniciados con posterioridad a su vigencia. Contrario sensu, la instauración de un régimen de transición es indicio de que el designio no fue ese.

En consecuencia, la Sala debe reiterar que la aplicación ultractiva de disposiciones anteriores al inicio de la vigencia de la Ley 1708 de 2014, por virtud del régimen de transición previsto en ésta, está referida únicamente a las causales de extinción de dominio.

Se reafirma, entonces, lo previamente concluido: del 21 de julio de 2014 en adelante el tema de competencia territorial para el juzgamiento se rige por el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014.

3. El principio perpetuatio jurisdictionis. 

La Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia:

(…) ha dicho, en múltiples ocasiones, que una vez el juez ha asumido el conocimiento de un litigio, no puede desprenderse del mismo por el factor territorial, mientras el extremo accionado no acuda a los mecanismos procesales diseñados para tal propósito y se surtan la etapas propias de éstos, predicado que deriva del inciso 2º del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil que dispone que “[e]l juez no podrá declararse incompetente cuando las partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo inciso del artículo 143”. (CSJ AC, 9 mayo 2013, expediente 1100102030002013-00551-00).

En diversas ocasiones, esta Sala ha precisado que el principio de la perpetuatio juridictionis, impide que se decline la competencia “luego de ser aceptado el conocimiento de un asunto por el juez ante quien se presentó… salvo en los casos específicos que la ley tiene previstos (artículo 21 del CPC). Lo anterior denota el propósito inequívoco del legislador de brindar a las partes y al propio administrador de justicia la seguridad de que no se verán sorprendidos por decisiones futuras que varíen el conocimiento del pleito”.(1) (CSJ AC, 31 ene. 2013, expediente 11001-02-03-000-2012-02927-00).

Este principio actualmente se encuentra consagrado en el artículo 27 del Código General del Proceso, que regula lo atinente a la conservación y alteración de la competencia. Esta únicamente se produce en los casos allí previstos: por la cuantía, en los procesos contenciosos, debido a reforma de la demanda, demanda de reconvención o acumulación de procesos o de demandas; intervención sobreviniente de Estado extranjero o diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional; y, finalmente, por disposición del Consejo Superior de la Judicatura.

En el Código de Extinción de Dominio se advierten como manifestaciones de este principio las previsiones contenidas en sus artículos 35 —parte final del inciso segundo— (“La aparición de bienes en otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia”) y 42 —parágrafo— (“La ruptura de la unidad procesal no genera cambio de competencia y el funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones”).

No empece, se considera que en tratándose de la acción de extinción de dominio el principio en cuestión no puede tener la aplicación que pregona el juzgado primero penal del circuito especializado de Cali, por las siguientes razones:

En el Código de Extinción de Dominio, a diferencia de lo que ocurre en el Código General del Proceso, no está previsto que la nulidad por falta de competencia se sanee si no es alegada oportunamente por el sujeto procesal que se considera afectado con ella. Adicionalmente, el estatuto no contempla la proposición de excepciones previas ni limita la posibilidad de solicitar la nulidad a un momento procesal específico (art. 85). Y puesto que la Ley 1708 de 2014 contiene un régimen autónomo de nulidades procesales, específico en cuanto a causales, principios que orientan su declaratoria, efectos, solicitud y aplicación de oficio (artículos 82 a 86), no tiene cabida la remisión a lo normado por el Código General del Proceso.

Por otra parte, la Ley 600 de 2000, que —como ya se vio— rige el procedimiento de la acción de extinción de dominio a falta de disposición expresa del código de la materia, no establece ninguna restricción para que los jueces promuevan colisión de competencias (artículos 93 a 97), a diferencia de lo que acontece en la Ley 906 de 2004 con la prórroga de competencia (artículo 55), que impide la controversia si oportunamente el juez no se pronunció o las partes no hicieron uso de la facultad de impugnación.

4. Caso concreto.

Como en el presente conflicto no se discute la ubicación de los bienes sino la norma aplicable y la posibilidad de provocar la colisión luego de haberse avocado el conocimiento del proceso y adelantado la práctica de pruebas, de lo expuesto en los acápites que anteceden se sigue que la determinación a adoptar es atribuir el conocimiento del presente proceso al juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Cali (Valle), con fundamento en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014. Por ende, a dicho despacho se remitirá el expediente, para lo de su cargo.

De la anterior determinación se dará noticia al juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Bogotá.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,

RESUELVE:

1. DIRIMIR la presente colisión negativa de competencias, atribuyendo el conocimiento de este asunto al juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio de Cali (Valle).

2. DISPONER la inmediata remisión de las diligencias al despacho en el que se radica la competencia, dando aviso de lo aquí decidido al juzgado primero penal del circuito especializado de extinción de dominio de Bogotá.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Autos de 9 de junio de 2008, exp. 2000-00538-00; 16 de diciembre de 2010, exp. 2010-01979-00.