Auto AP1692-2016/47039 de marzo 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación N° 47039

(Aprobado Acta Nº 93)

Magistrado ponente

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D. C., treinta de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la Teniente Coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez, contra la providencia proferida por el Tribunal Superior Militar, el 18 de febrero de 2015, mediante la cual se admitió la demanda de constitución de parte civil presentada por el apoderado de la denunciante, Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL  

1.- La Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño, en su calidad de Juez 126 de Instrucción Penal Militar, el 4 de mayo de 2012, formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la entonces Mayor Heidy Johaana Zuleta Gómez, Juez Tercera de Brigada con sede en la ciudad de Cali (Valle), por el presunto delito de abuso de función pública.

Los hechos motivo de la queja se contraen a la actuación de esta última dentro de una “revista” realizada el 16 de marzo de 2012, a la sede del Juzgado de Niebles Londoño relacionada con los autos interlocutorios proferidos en el año 2011, lo que considera un acto más de persecución en su contra, situación amparada por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali (Valle) en fallo de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, la oficial Zuleta Gómez emitió el oficio 191/MDN-DEJUM-J3BR de 20 de marzo de 2012, dirigido a la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, en el que plasmó las conclusiones de la referida diligencia y advirtió una presunta irregularidad respecto al número de cesaciones de procedimiento adoptadas por el despacho inspeccionado y la cifra reportada en los cuadros estadísticos; así mismo, expuso su desacuerdo con el fundamento jurídico de las providencias referidas.

2.- Con decisión de 5 de diciembre de 2012, el Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal Superior de Santiago de Cali (Valle), dentro de la indagación No. 76001600019920120162 adelantada en contra de la entonces Mayor Zuleta Gómez, consideró que la competencia para investigar los hechos denunciados corresponde al Tribunal Superior Militar, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 238, numeral 1º, de la Ley 522 de 1999.

3.- El 31 de octubre de 2013, la última Corporación ordenó la apertura de investigación preliminar, conforme al artículo 451 del Código Penal Militar, Ley 522 de 1999.

4.- El 27 de octubre de 2014, dispuso la apertura de investigación penal, ordenando la vinculación de Zuleta Gómez mediante indagatoria.

5.- El 18 de febrero de 2015, admitió la demanda de constitución de parte civil presentada a nombre de la denunciante.

6.- El apoderado de la investigada, en memorial del 27 de febrero de ese año, interpuso recurso de reposición, en subsidio apelación, en contra de tal determinación. En decisión del 13 de octubre de 2015, el juez plural no repuso la providencia y concedió la alzada.

DECISIÓN APELADA 

El Tribunal Superior Militar afirma que la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño es la directa perjudicada con ocasión del delito investigado.

Por tal motivo, expresa que su apoderado cumplió con los requisitos que para el efecto consagran los artículos 305 y 306 de la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, razón por la que admitió la misma(1).

EL RECURSO Y SU TRÁMITE  

El apoderado de la Teniente Coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez se aparta de las conclusiones de la colegiatura en atención a que, estima, en el presente caso no se dan los postulados legales para tramitar una acción de carácter netamente civil y, en su lugar, considera que ha debido ser rechazada por ilegitimidad de personería del demandante, conforme al artículo 307 de la Ley 522 de 1999(2).

En su criterio, se debe demostrar tanto el interés para obrar como el interés en la causa, es decir, probar el perjuicio causado con la presunta conducta delictual, el cual no se ha establecido.

En ese orden, pregona que el directo perjudicado en los delitos contra la administración pública es el Estado, teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido en el tipo penal que se imputa -abuso de función pública- es aquélla y no una persona en particular. Por ende, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, estima que para alegar la calidad de perjudicada se debe demostrar un daño real y concreto para así constituir su legitimidad.

Aduce que la Teniente Niebles Londoño quiere adelantar una pretensión civil ante funcionarios no competentes para atender sus súplicas en atención a que la acción de tutela que cita en la demanda no tiene relación alguna con los hechos y su prohijada no fue quien interpuso la queja ante la Procuraduría General de la Nación(3). Afirma que, si con este actuar se le causaron perjuicios, no es la Justicia Penal Militar la competente para reconocerlos sino la jurisdicción civil.

Concluye que, como consecuencia, el apoderado de la demandante carece de legitimidad para obrar en el proceso penal, por no tener poder otorgado legítimamente por quien tendría interés, esto es, la administración pública.

De igual manera, concluye que en cuanto a los perjuicios sufridos alegados por la Teniente Niebles Londoño, no basta con enunciar caprichosamente haberlos sufrido y tasarlos a su arbitrio, sino que deben ser demostrados.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

1.- Competencia 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, la Sala es competente para desatar la alzada interpuesta por el apoderado de Zuleta Gómez contra la decisión por medio de la cual el Tribunal Superior Militar admitió la demanda de parte civil.

2.- Problema Jurídico.  

Conforme con el argumento del impugnante, corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto se configura la causal de ilegitimidad de personería de la demandante, según la Ley 522 de 1999 (artículo 307). En otras palabras, se deberá determinar si la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño tiene legitimación en la causa para pretender constituirse en parte civil en el presente proceso penal.

Previo a resolver este punto, es necesario aclarar que para dar solución al disenso del recurrente, se debe entender que pese a que la norma mencionada habla de la «ilegitimidad de la personería del demandante», tal aspecto guarda conexión con el análisis de la legitimación en la causa de quien pretende constituirse en parte civil dentro del proceso penal, regido por la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, aspecto que se debe analizar en la admisión de la demanda.

La Corte Constitucional estimó que las víctimas o perjudicadas de un delito tenían derecho a constituirse en parte civil en el proceso penal militar a pesar de no haber estado contemplado en el Decreto 2550 de 1988. En su criterio: «constituirse en parte civil y/o tener acceso al expediente y aportar pruebas, forma parte del derecho a acceder a la justicia (art. 229 C.P.), y es esta una expresión válida de fortalecimiento de la justicia, la igualdad y el conocimiento (Preámbulo de la Carta)» (CC, T-275, 15 Jun., 1994). Por ello, tal Corporación adujo que si alguien ha sido víctima o perjudicado por un hecho investigado por la justicia penal militar, tiene derecho a acceder al proceso penal.

Por su parte, la Ley 522 de 1999, reguló la parte civil como sujeto procesal. En el artículo 106 se determinó que: «El hecho punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan». Pese a ello, el artículo 305 de tal norma, restringió su intervención en atención a que determinaba que era única, y exclusivamente, para efectuar el impulso procesal con miras a establecer la verdad de lo sucedido, pero no consagró el derecho de acceso a la justicia ni a la reparación del daño.

La Corte Constitucional declaró contraria a la Carta Política tal limitación, en atención a que le restaba eficacia a tal institución y contrariaba lo fines previstos en el artículo 2º de la misma, al vulnerar efectivamente los derechos a acceder a la administración de justicia y a obtener el restablecimiento del derecho y reparación del daño, contenidos en los artículos 229 y 250 de la Constitución Política (C.C, C-1149, 31 oct. 2001)(4).

Queda evidente que los derechos de las víctimas y perjudicados en el sistema procesal penal militar son una conquista de la jurisprudencia constitucional que motivó cambios fundamentales en la legislación, al punto que se logró una participación activa en toda la actuación procesal(5).

Por lo anterior, el análisis de la «ilegitimidad de la personería del demandante» se vincula al estudio de su legitimación en la causa dentro del contexto de la Ley 522 de 1999.

Un rastro jurisprudencial enseña que ésta última, antiguamente, se denominó «personería sustantiva»(6), considerada no como presupuesto procesal sino una de las condiciones de la acción. Por ello, la legitimación en la causa «es en el demandante la cualidad de titular del derecho subjetivo que invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligación correlativa» (CSJ SC, sentencia 27 oct. 1987, GJ: CLXXXVIII, No. 2427, pág. 266 a 281; CSJ SC, sentencia 19 nov., GJ: CXLVII, No. 2372 a 2377, pág. 115 a 126).

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha identificado tal figura con la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (CSJ SC, 24 jul. 2012, Rad. 1998-21524-01, citada en CSJ SC, Rad. 4809-2014, Rad. 2000-00368 y CSJ SC, 4658-2015, 23 oct. 2005, Rad. 2010-00490).

Por tanto, se diferencia de la legitmación ad processum o «capacidad procesal», en cuanto ésta es «presupuesto procesal que tutela el derecho individual de defensa, establecido para asegurar la debida representación de los sujetos entre quienes se traba la relación jurídico procesal» (CSJ SC, sentencia 19 nov. 1973, GJ: CKLVII, No. 2372 a 2377, pág. 115 a 126). Así, aquélla es la capacidad para comparecer al juicio y ser sujeto de esa relación jurídico procesal(7).

La legitimación en la causa debe examinarse en la admisión de la demanda. Así, en la inadmisibilidad de ésta se evalúa «como elemento de procedencia»(8).

3.- Sobre la legitimación en la causa y la calidad de perjudicada de la denunciante.

Se debe precisar que para dar respuesta a la inconformidad del recurrente, ha de tenerse en cuenta el marco fáctico en el cual tuvieron ocurrencia los hechos investigados. Y este tiene su génesis en la presunta conducta realizada por parte de la investigada, Teniente Coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez, al momento de realizar una “revista de inspección” al despacho judicial cuya titular era la denunciante.

De esta actividad, la referida oficial emitió el oficio Nro. 191 /MDN-DEJUM-J3 del 20 de marzo de 2012, dirigido a la Directora Ejecutiva de la Justicia Penal Militar con sede en la ciudad de Bogotá, D.C., en la que rinde un informe sobre la “visita informal” que realizó al mencionado Despacho Judicial.

En ese documento plasmó una evaluación de lo inspeccionado que, en criterio de la denunciada, constituyó una irregularidad al punto que le da el calificativo de “falsedad” a los reportes de estadística y, al mismo tiempo, emitió un juicio de valor frente a argumentos sustanciales de las providencias inspeccionadas. Por ello, signó su desacuerdo en puntos específicos, tales como: (i) no acreditación de la causal de inexistencia del hecho; (ii) confusión en los institutos de exención de servicio militar y la de impedimento para prestar el mismo; y (iii) la consideración del simple vencimiento de términos como causal de cesación de procedimiento.

Estos aspectos fueron considerados como “actuaciones indebidas” por parte de la investigada, razón por la que envió el informe mencionado a la autoridad administrativa respectiva y, adicionalmente, pidió la suspensión del reparto al Juzgado en cita «porque lo que estaba era perjudicando los procesos y las investigaciones de modo que el reparto solo se siguiera (sic) haciendo entre el 71 y el 50» (9).

A través del oficio No. 28886 MNN-DEJPM-GAL del 28 de marzo de 2012, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar remitió por competencia copia del escrito signado por la entonces Mayor Heydi Johaana Zuleta Gómez a la Procuraduría General de la Nación, por cuanto «…se evidenció posibles irregularidades en la cesación de procedimientos en varias causas penales a cargo del Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar, así como la posible alteración de las estadísticas reportada (sic) a la Dirección Ejecutiva», entidad que inició, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, investigación (radicado IUS-2012-120379) en contra de la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño, en su condición de Juez 126 de Instrucción Penal Militar(10).

Los hechos materia de averiguación datan del periodo «Enero-diciembre de 2011» , dentro de la cual hubo apertura de investigación, que culminó el 6 de septiembre de 2013 con providencia en la que se decretó la terminación del proceso y el archivo definitivo de la actuación(11).

Las pruebas reseñadas indican, entonces, que la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño sí tendría legitimación para constituirse en parte civil dentro de la actuación, pues en ella concurren los elementos jurídicos para así considerarse. Su legitimación lo es por activa, en términos procesales, y ésta surge de su condición de presunta perjudicada directa por la supuesta actuación ilícita de la oficial Zuleta Gómez, cuyo informe final de la visita realizada dio origen a un proceso disciplinario.

Y es que es evidente que en la denunciante está presente esa calidad de afectada por la supuesta comisión de un punible, con independencia de que el bien jurídico tutelado sea la administración pública. Este no se puede confundir con el objeto de la acción ilícita ni con la de víctima, ni mucho menos con el sujeto pasivo del delito tal como lo hace en sus argumentos el apelante.

En efecto, la administración pública es el bien jurídico protegido en el Título XV del Código Penal (Ley 599 de 2000), siendo aquella un valor inmaterial que inspira su actuación. Se protege su correcto funcionamiento, conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, al servicio del interés general, conforme el artículo 209 de la Carta Política.

Cada uno de los capítulos que lo integran regula las diferentes maneras de ataque a aquélla. En el caso del delito de abuso de función pública, consagrado en el estatuto sustancial (artículo 428), se define la conducta del servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas a las que le corresponden. Por consiguiente, la conducta delictiva recae sobre las actividades radicadas en cabeza del Estado, así como la actuación de los servidores públicos que lo representan, las cuales se realizan de manera ilícita y con abuso. Es decir, las funciones públicas ilegalmente desempeñadas por el sujeto agente del ilícito (CSJ AP12926, sep. 24 2014, Rad. 39279).

Que el bien jurídico de la administración pública sea un concepto abstracto y que el objeto de la acción delictiva mencionada, o sea aquello en lo que se concreta su transgresión y sobre lo cual se dirige el comportamiento del agente infractor, sea inmaterial, no significa que no se pueda individualizar una específica afectación de derechos en cabeza de una persona natural diferente a la persona jurídica representada por el Estado, titular del interés jurídico tutelado lesionado o puesto en peligro, en el que concurre la calidad de sujeto pasivo del injusto mencionado.

Recuérdese que, conforme los criterios constitucionales mencionados por el defensor, en sentencia C-228 de 2002, la Corte Constitucional ha precisado que las nociones de parte civil, víctima y perjudicado son conceptos jurídicos diferentes.

Siguiendo tales lineamientos, «víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica mientras la categoría de “perjudicadotiene un alcance mayor en la medida que comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito» (CC, C228/2002, M. Cepeda y E. Montealegre). Es así que en una misma persona pueda concurrir el carácter de víctima y perjudicada en la medida en que la primera sufre un daño y en la segunda recaiga la acción delictiva. También en la vida real es posible que tales calidades confluyan en personas diferentes, sean estas jurídicas o naturales.

Así mismo, la parte civil es una institución jurídica procesal que permite a las víctimas y perjudicados hacerse presentes dentro del trámite penal en calidad de sujetos procesales. Por tanto, es la directa y legítimamente interesada en el curso y en el resultado del proceso penal dentro del marco del goce efectivo a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación(12).

Desde esta perspectiva, la Sala ha considerado que «el derecho a ejercer la acción civil dentro del proceso penal es reconocido por la ley a las personas naturales o jurídicas “perjudicadas” directamente por la conducta punible, quienes podrán constituirse en parte civil» (CSJ AP51228, 9 sep. 2015, Rad. 46525).

Dentro de este marco doctrinal, esta Corporación también ha determinado que en cada caso en concreto y dependiendo de la conducta punible de que se trate, se deberá establecer quien tiene o no la condición de perjudicado por aquélla(13). Y uno de los criterios lo será la acreditación del presunto daño derivado de la conducta punible, aspecto que dará la legitimación respectiva para que quien así lo sufra se constituya en parte civil dentro de la actuación. Esta constitución otorga importantes derechos al interior del proceso penal, tales como: «la facultad de solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores, su participación, su responsabilidad y la naturaleza de los perjuicios ocasionados»(14).

4.- Sobre la acreditación del daño  

De ahí que es contrario a la realidad procesal la aseveración del apelante cuando afirma que la denunciante pretende «arrogarse la calidad de víctima sin serlo» cuando, conforme el análisis realizado por la Sala, se encuentra sumariamente probada la eventual ocurrencia de un daño que estima el referido, no demostrado y que deberá la mencionada probar en el decurso del debate procesal. Ese grado de presunta afectación es lo que le da su calidad de víctima y perjudicada directa por la conducta punible investigada de acuerdo al análisis en precedencia.

Por lo tanto, la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño, como presunta perjudicada, tiene legitimación para otorgar el poder para la presentación de la respectiva demanda de parte civil, la cual podrá constituirse “por el perjudicado con el delito y por intermedio de abogado titulado» conforme a la Ley 522 de 1999 (artículo 305), carga procesal cumplida por la misma.

En efecto, la Teniente Lorena Vivian Niebles Londoño aporta prueba sumaria de un presunto daño material como consecuencia de la investigación disciplinaria iniciada en su contra, así como un posible menoscabo moral derivado de la aflicción interna que le produjo la actuación presuntamente irregular de la Teniente Coronel Zuleta Gómez, traducida en la acción desplegada por parte de la Procuraduría General de la Nación cuyo fundamento fue el oficio 191 /MDN-DEJUM-J3 del 20 de marzo de 2012, librado por la denunciada(15).

Por ello, en la demanda presentada por su apoderado, se estimó el presunto daño emergente ocasionado en la suma de $ 15.000.000,oo, originado en gastos de viáticos y pagos de honorarios al abogado que contrató para su defensa en el proceso disciplinario mencionado.

Para acreditar tal cifra, se adjuntó fotocopia de un contrato de prestación de servicios profesionales, fechado 9 de noviembre de 2012, suscrito entre la denunciante y el abogado Nelson Iván Zamudio Arenas, cuyo objeto contractual lo fue “la defensa dentro de la investigación disciplinaria Nro. IUS 2012-120379 de la Procuraduría General de la Nación(16).

También se realizó un estimativo de daños morales equivalentes a la suma de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.) al momento de la sentencia y solicitó pruebas tendientes a su demostración(17).

Con tales pretensiones se materializa la declaración de voluntad de la directa perjudicada por el presunto ilícito investigado. Para ello, no sólo aportó prueba documental, sino solicitó la práctica de medios de convicción tendientes a probar los daños estimados, ejerciendo esa facultad una vez producida la decisión de admitir la parte civil.

Ahora, frente al argumento del apelante, tendiente a desvirtuar uno de los hechos de la demanda, relacionado con la calificación de la conducta presuntamente ilícita de la denunciada como un acto más de la persecución en contra de la Teniente Niebles Londoño, se tiene que decir que este es un aspecto que deberá demostrar dentro del proceso penal, escenario en el cual, con la constitución de parte civil, podrá aportar y solicitar las probanzas de rigor para fundamentar tal aspecto frente al cual la defensa, y la misma investigada, pueden oponerse con la demostración de las razones jurídicas.

Del mismo modo, la invocación realizada en la demanda de constitución de parte civil, consignada en el hecho 12 de tal documento, relacionada con la decisión adoptada por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santiago de Cali, Sala Laboral, de fecha 7 de diciembre de 2011, en la que se exhortó a los superiores de la denunciante para que «se abstuvieran de ejecutar acciones constitutivas de represalias en contra de la accionante que le impida adelantar su carrera como militar o el desarrollo de sus funciones»(18), y la ajenidad de la investigada en tales, predicada por el apelante, es un aspecto que deberá desvirtuar la bancada de la defensa técnica y material en la instrucción respectiva.

Como conclusión de la anterior argumentación, se tiene que, para la Sala, la denunciante Lorena Vivian Niebles Londoño puede catalogarse como perjudicada en el presunto delito investigado; también acreditó el grado de presunta afectación sufrida y, por ende, tiene legitimación para haber presentado, a través de apoderado, la demanda de constitución de parte civil, razón por la que se confirmará la decisión apelada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE

Primero. Confirmar la decisión del Tribunal Superior Militar de fecha 18 de febrero de 2015.

Segundo. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Tercero. Regresen las diligencias al Tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Folios 594 a 599 del cuaderno de copias No. 3.

2 Folios 621 a 627, 699 y 702 a 717 del cuaderno de copias No. 4.

3 Folio 478 a 487 del cuaderno de copias 3.

4 En tal fallo, se declaró inexequible el aparte del artículo 107 de la Ley 522 de 1999 que determinaba que la única vía para acceder a la acción indemnizatoria de los perjuicios lo era la acción contencioso-administrativa. Quedó vigente lo siguiente: “Las personas naturales, o sus sucesores, y las jurídicas perjudicadas por el hecho punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente”. El artículo 108 previó la obligación del Estado de reparar los daños derivados del hecho punible, bien sea de carácter doloso o culposo y que provenga de un miembro de la fuerza pública. El Estado puede repetir en su contra. Este artículo contiene un parágrafo: “En ningún caso la justicia penal militar podrá condenar al pago de perjuicios al miembro de la fuerza pública penalmente responsable” La expresión “En ningún caso” fue declarada inexequible en la misma sentencia de constitucionalidad C-1149 de 2001.

5 La Ley 1407 de 2010 establece un sistema procesal acusatorio dentro del cual se otorga un rol activo a las víctimas.

6 El uso del término se observa en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Cfr. CSJ SC, sentencia 18 oct. 1971, GJ: CXXXIX, pág. 166-178).

7 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones de Derecho Procesal. Buenos Aires: Editorial Aguilar, Reimpresión 2015. P. 472-473.

8 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Ob. Cit. P. 287-288.

9 Cfr. Diligencia de versión libre de fecha 1º de septiembre de 2014. Folio 471 del cuaderno copias No. 3.

10 Folio 130 a 137 del cuaderno copias No. 1.

11 Cfr. Folio 130-137 del cuaderno copias 1.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 En la demanda se aportaron fotocopias de las siguientes decisiones tomadas dentro del proceso disciplinario radicado IUS-2012-120379: (i) 10 de mayo de 2012, que abrió indagación preliminar; (ii) 5 de julio de 2013, mediante la cual se abrió investigación disciplinaria; (ii) 6 de septiembre de 2013 mediante la cual se decretó el archivo definitivo. Folios 488 a 504 del cuaderno de copias No. 3. Así mismo, dentro del expediente existe documentación en la que se evidencia la actuación profesional del abogado Nelson Iván Zamudio Arenas en el proceso disciplinario (folio 129 del cuaderno de copias No. 1).

16 Folio 18 ibídem.

17 Folios 478 a 487 ibídem.

18 Folio 5 del cuaderno de copias 3.