Auto AP1701-2017/49912 de marzo 16 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

AP1701-2017

Rad.: 49912

Aprobado Acta 84

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos

De conformidad con lo reglado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el numeral 4º del artículo 32 de la misma obra, define la Corte la competencia para conocer de la solicitud de libertad condicionada que dentro del trámite de Justicia y Paz presentó el postulado William Bambague, quien advierte haber pertenecido al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc EP, a más de aseverar que los delitos por los cuales se le procesa dicen relación estricta con el conflicto armado y que lleva efectivamente detenido más de 8 años, lo que lo hace acreedor al beneficio contemplado en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016, expedida dentro del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.

Antecedentes

Dentro de la precaria información consignada en las carpetas enviadas a la Corte, se tiene que la jurisdicción de Justicia y Paz adelanta el trámite propio acerca del postulado William Bambague, respecto de quien, luego de formulada imputación y resuelta situación jurídica, se presentó escrito de acusación para celebración de audiencia concentrada, el 2 de diciembre de 2016.

El 16 de enero de 2017, el postulado envió escrito en el cual depreca se le otorgue la libertad condicionada contemplada en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016.

En principio su solicitud fue repartida a la Magistrada de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, doctora Alexandra Valencia.

Empero, se dijo ella incompetente para resolver la cuestión, pues, de conformidad con la información allegada, se registraba que el postulado no había sido acusado aún.

Ordenó la magistrada, entonces, que el escrito fuera repartido entre los magistrados de Control de Garantías, asignándose el mismo al doctor José Manuel Bernal.

Este, sin embargo, advirtió también su incompetencia, pues, alegó, la aplicación extensiva de lo consignado en el literal a) del artículo 11 del Decreto 277 de 2017, permite advertir que ante la existencia de escrito de acusación u operada la fase del juicio, el asunto le corresponde resolverlo al juez o, para el caso, magistrado de conocimiento, en aplicación extensiva que se hace de la novísima normatividad al trámite propio de la Ley 906 de 2004. Dispuso el funcionario, en consecuencia, que las diligencias se envíen al magistrado Álvaro Moncayo, a quien aparece asignada la acusación.

Ello, cabe aclarar, porque en certificación expedida por la Secretaría de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, se verificó que, en efecto, el escrito de acusación ya fue presentado por la Fiscalía.

En el interregno, se precisa, el Fiscal del caso oficializó en favor de William Bambegue, entre otros, la solicitud de libertad condicionada.

Por último, el doctor Moncayo también afirma su incompetencia, en tanto, sostiene, aunque existe solicitud de audiencia concentrada por parte de la Fiscalía en lo que atañe a William Bambegue, es lo cierto que se encuentra pendiente de resolver sobre la solicitud de adición efectuada por ese mismo funcionario, para sumar dicho proceso al que ya se adelanta en el juicio respecto de otros postulados.

Al efecto, entiende el magistrado de conocimiento que en razón a la certificación referida a que el asunto reposa en la oficina de Control de Garantía a cargo del doctor José Manuel Bernal Parra, allí debe resolverse la petición, motivo por el cual “desde ya se plantea el conflicto de reparto”.

Atendido el conflicto de reparto planteado, la carpeta fue enviada a la presidencia de la Sala de Justicia y Paz, en cabeza de la magistrada Alexandra Valencia Molina, quien advirtió, en auto del 10 de marzo hogaño, que lo discutido no corresponde, en estricto sentido, a este instituto, sino al conflicto de competencias regulado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, motivo suficiente para que ahora conozca del debate la Corte.

Consideraciones de la Corte

Sea lo primero sostener que si bien, la Ley 975 de 2005, no regula el trámite del conflicto de competencias, ya la Sala ha determinado que por virtud del principio de complementariedad expresa que remite a lo que sobre el tema diseña la Ley 906 de 2004, el tópico se discute bajo la égida del artículo 54 de esta normatividad.

De esta manera, como se trata de la discusión surgida entre dos magistrados de Tribunal, a la Corte le corresponde resolverla, acorde con la competencia contemplada en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

Dígase, además, que el asunto no representa apenas un conflicto de reparto que pueda ser resuelto en el ámbito administrativo propio del Tribunal de Justicia y paz, como quiera que se trata de definir los contornos de la muy reciente normativa expedida al amparo de los Acuerdos de la Habana, de cara al funcionario competente para abordar la solicitud de libertad condicionada, cuando está claro que el texto de la Ley 1820 de 2016 y su decreto reglamentario, dejan de lado los procesos tramitados al amparo de la Ley 975 de 2005.

Precisado el punto, no deja de extrañar que si de verdad la Presidenta del Tribunal estimaba propio del conflicto de competencia y no del simple reparto, la definición de cuál es el magistrado —de control de garantías o de conocimiento— al que le compete examinar la solicitud del postulado, no hubiese procedido de inmediato, cuando le fue asignado el asunto, a dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, en lugar de disponer el envío a su par de control de garantías, para que luego este también se dijera ajeno al asunto y lo enviase ante otro magistrado, el que también se manifestó ajeno al mismo, hasta que regresara a la presidencia y allí sí, por fin, se adelantase el trámite adecuado ante esta Corporación, pese a tratarse de la libertad del solicitante, cuya perentoria definición, incluso, reclama la Ley 1820 de 2016.

Ahora bien, para resolver la cuestión planteada por los funcionarios en conflicto, lo primero que cabe aclarar es que, a pesar de representar la Ley 1820 de 2016, un espacio normativo omnicomprensivo para desarrollar los Acuerdos de la Habana en el apartado específico de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales para los miembros de las Farc EP, obvió tomar en consideración algunos procedimientos específicos.

Es por ello que al regular la que allí se denomina Libertad Condicionada, el Decreto 277 de 2017 solo tomó en consideración los procesos en curso bajo la égida de las leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y 1098 de 2006 —en torno de los cuales especificó el procedimiento que habría de darse a la solicitud—, pasando por alto el trámite propio de Justicia y Paz (independientemente de que efectivamente los vinculados a esta puedan o no acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016, tema que no corresponde dilucidar aquí a la Corte).

Sin embargo, ello no es óbice para que el asunto tenga adecuada respuesta, visto que, precisamente, la Ley 975 de 2005 expresamente remite para lo que allí no se encuentre estipulado, entre otros referentes normativos, al trámite de la Ley 906 de 2004.

Y si ello es así, verificado que el Decreto 277 de 2017, expresamente delimita cómo debe resolverse la solicitud de libertad condicionada al interior del proceso propio de la Ley 906 de 2004, nada obsta para que ello se traslade al procedimiento de Justicia y Paz, entre otras razones, porque esta no consagra un trámite ajeno a las etapas propias de aquel o que en sí mismo evidencie algún tipo de incompatibilidad imposible de conciliar.

De esta manera, está claro que en la Ley 975 de 2005, se encuentran diferenciadas dos etapas fundamentales, la una de investigación, imputación y definición de situación jurídica, o meramente instructiva, que se resuelve en sus aristas fundamentales por un magistrado de control de garantías en audiencias preliminares; y la otra, propiamente de juzgamiento, que comienza con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía ante los magistrados de conocimiento.

A este efecto, el artículo 11, del Decreto 277 de 2017, que regula el “Procedimiento de acceso a la libertad condicionada en caso de procesados que han cumplido cuando menos cinco (5) años de privación efectiva de la libertad…”, estatuye un “Procedimiento para las actuaciones sometidas a las leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006” , en curso del cual, de conformidad con el tercer inciso del literal b), “La audiencia se realizará ante el juez de conocimiento, si en el proceso a disposición del cual se encuentra el peticionario de la libertad condicionada ha sido radicado el escrito de acusación o está en etapa de juzgamiento” (las negrillas no corresponden al original).

En la carpeta se ha certificado, sin que se ponga en tela de juicio, que efectivamente en lo que atañe al proceso de Justicia y Paz adelantado en contra de William Bambague, ya fue radicado escrito de acusación.

En concreto, el oficio expedido por el Secretario de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, detalla que se comunicó con la Fiscal del caso y esta precisó que efectivamente había solicitado al magistrado Álvaro Moncayo Guzmán, adicionar al trámite que en el juicio adelantaba su despacho, la acusación surtida en contra de William Bambague, la cual efectivamente allegó por escrito.

En estas circunstancias, no se puede dudar que se cumple la exigencia del Decreto 277 tantas veces citado, para que la solicitud del postulado sea resuelta por el Magistrado de conocimiento, evidente como se hace, repetimos, que efectivamente ha sido presentado escrito de acusación.

Incluso, el magistrado de conocimiento en conflicto, acepta que el dicho escrito ha sido radicado, solo que, dice, no puede asumir conocimiento de la solicitud de libertad condicionada porque está pendiente de resolución la solicitud de adición o acumulación de la Fiscalía.

Para la Sala es claro que el argumento aducido por el magistrado de conocimiento resulta carente de fundamento de cara a su manifestado apartamiento del asunto, pues, ante la claridad y contundencia de la norma que les asigna competencia a los funcionarios de conocimiento, no puede servir de excusa la tardanza en resolver la solicitud de adición del proceso que ya se adelanta en su despacho, cuando no se discute que directamente a él se le presentó el nuevo escrito de acusación y las decisiones –máxime una de tan perentoria respuesta como la de libertad en examen- se han de tomar de conformidad con el momento procesal en curso.

Huelga sostener que la única forma de retrotraer el asunto a la fase instructiva, para efectos de que del tema de la libertad se ocupe un magistrado de garantías, es a partir del retiro del escrito de acusación por parte de la Fiscalía o con ocasión de la declaratoria de nulidad, circunstancias, ambas, que distan mucho de haber ocurrido.

De conformidad con lo referido en precedencia, la Corte define que la competencia para resolver la solicitud de libertad condicionada presentada por el postulado William Bambague, corresponde al magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Dr. Álvaro Fernando Moncayo Guzmán.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DECLARAR que el conocimiento para conocer de la solicitud de libertad condicionada impetrada por el postulado William Bambague, corresponde al magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Dr. Álvaro Fernando Moncayo Guzmán, en consideración a las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

Envíese lo actuado a esa oficina judicial.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria