AUTO AP1722-2018/52351 DE ABRIL 25 DE 2018

 

Auto AP1722-2018/52351 de abril 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP-1722-2018

Rad.: 52351

(Aprobado Acta 127)

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

Vistos

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor de M.J.B.T. en contra del auto proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 14 de febrero de 2018, a través del cual negó la práctica de varias pruebas.

Hechos

La Fiscalía acusó a M.J.B.T. por los delitos de concusión (art. 404 del Código Penal) acceso carnal violento en circunstancia de agravación punitiva (arts. 205 y 211 ib.), Soborno en la actuación penal (art. 444A ib.) y Fraude procesal (art. 453 ib.), en concurso de conductas punibles. Planteó los hechos de la siguiente manera:

El 19 de julio de 2014, ante el acusado B.T., quien para entonces oficiaba como fiscal seccional de Tarazá, fue presentado para su judicialización un joven de nombre V.D.C.Z.(1), quien según el informe de policía había sido capturado en flagrancia por el delito de hurto calificado.

No obstante, se supo que el fiscal otorgó la libertad al capturado, absteniéndose de desplegar los trámites correspondientes con ocasión de su aprehensión, luego de que se encerrara con él en su oficina y lo constriñera a llevar a cabo actos de contenido sexual como tocamientos en diferentes partes del cuerpo, para finalmente penetrar los dedos por su ano y obligarlo a que lo accediera carnalmente.

El 4 de enero de 2015, fue capturado de nuevo V.D.C.Z., enterando a miembros del CTI de lo que había ocurrido en aquella oportunidad. Sin embargo, posteriormente, en entrevista recepcionada el 22 de septiembre de 2015, el menor se retractó de sus iniciales señalamientos, afirmando que no era verdad que haya sido objeto de agresiones sexuales por parte del fiscal seccional.

Sin embargo, el 17 de junio de 2016 se recibió una nueva entrevista al menor de edad, en la que sostuvo que su retractación fue motivada por la visita que recibió de parte de un investigador, quien en nombre del fiscal seccional le ofreció a él y a su madre, dinero y regalos para que cambiara la versión de los hechos, que en realidad sí habían ocurrido.

Actuación relevante

En audiencia preliminar surtida los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2016, ante el juez 3º penal municipal con función de control de garantías de Medellín, la Fiscalía formuló imputación en contra de M.J.B.T., bajo las premisas fáctica y jurídica atrás relacionadas.

La acusación, en los mismos términos, se llevó a cabo el día 20 de octubre de 2017 ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

La audiencia preparatoria también se celebró en varias sesiones, que comenzaron el 18 de enero de 2018 y terminaron el 14 de febrero del mismo año.

Durante esa diligencia, el defensor de B.T. solicitó la práctica de varias pruebas. Para los efectos de esta decisión, solo se relacionarán las que fueron negadas por el juzgador de primer grado y frente a las cuales se interpuso el recurso de apelación.

1. Declaración de Y.E.Z.V.:

Es la madre de la víctima, cuyo testimonio directo igualmente fue decretado por solicitud de la Fiscalía.

Al explicar la “pertinencia, conducencia y utilidad” de esta testigo, el defensor de B.T. se extiende en aducir que su propósito es interrogarla sobre el supuesto traslado de su hijo menor a Medellín por personal del CTI de la Fiscalía, los motivos y circunstancias que rodearon el mismo.

Igualmente, expuso que interrogará a la testigo Z.V. acerca de la relación que ha mantenido con su hijo, las dificultades de entendimiento que ha tenido con él, la manera como ha llevado su educación y la distribución y reformas de su casa de habitación.

En torno a la educación de la víctima de los hechos, advierte que a través de aquella “se puede entender en cierta manera el comportamiento del menor”, las intervenciones que éste ha tenido ante las autoridades judiciales y la credibilidad que puede tener su testimonio, “es decir, si el menor tiende a ser mentiroso o no lo es, cuestión que como madre puede saberlo perfectamente respecto de su hijo, no lo hace en calidad de psicóloga sino de la psicología natural que da la relación madre e hijo”.

Así mismo, expuso que interrogará a la testigo por el conocimiento que tenía sobre el manejo de teléfonos celulares, a efectos de establecer la manera como grabó la conversación en la que quedó el supuesto soborno para que cambiara su declaración sobre los hechos.

También propuso interrogar a la testigo sobre las contradicciones existentes entre las entrevistas que rindió sobre lo sucedido, a efectos de que dé explicaciones sobre las mismas.

2. Declaración de V.D.C.Z.:

Al igual que la sustentación ofrecida en el testimonio de la madre, en relación con la víctima V.D.C.Z., menor de edad para el momento de los hechos, la defensa solicitó su presencia como testigo común a efectos de cuestionarlo sobre las contradicciones que, en su entender, existen entre las distintas entrevistas que le fueron realizadas.

También, anunció su intención de interrogarlo por la relación que ha mantenido con su madre, “para entrar a establecer si presenta o no un desarrollo normal”.

Igualmente, adujo tener interés en cuestionarlo sobre si, aparte del ejercicio de sus funciones, el fiscal B.T. llegó a contactarlo de manera directa, e interrogarlo sobre las circunstancias que rodearon los hechos en los que se produjo el ataque sexual del que, según viene afirmando, fue víctima.

3. Prueba pericial del psicólogo L.V.L.:

El propósito de su presencia en el juicio, aduce la defensa, está referido a que informe cuál es la técnica de entrevista SATAC.

También para que ilustre sobre la posibilidad de implantación de ideas frente a los recuerdos del menor, cuando es entrevistado en varias oportunidades sobre un mismo tópico, especialmente relacionado con conductas sexuales, y para que deponga si debe procurarse una sola entrevista, como lo dispone la Ley 1652 de 2013.

Así mismo se propone a través del perito establecer si hubo implantación de ideas en el menor y si hubo afán mentiroso, lo que determinará a través del análisis de las entrevistas recibidas al menor.

Sobre esta y la anterior prueba testimonial, fundamenta que “es útil para esclarecer los hechos y es pertinente precisamente porque hace menos probable esa conducta”.

La decisión impugnada

En auto proferido el 14 de febrero de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia negó la prueba pericial referida y decretó las otras dos testimoniales, haciendo la salvedad, sin embargo, en el sentido de que los interrogatorios estarán restringidos a la formulación de las preguntas que no tiendan a auscultar lo relacionado con la vida íntima del menor, bajo los siguientes argumentos:

En lo que tiene que ver con el proceso evocativo y sus intervenciones ante varias autoridades judiciales y la posibilidad o no que tienda a mentir, son cuestiones que no solo son impertinentes sino que legalmente no está permitido auscultarlas, ya que se refiere a la vida íntima de la víctima y se torna mucho más lesiva la intervención en ese sentido cuando se trata de menores de edad. Es decir, la práctica probatoria siempre debe estar circunscrita a la verificación o refutación de los hechos jurídicamente relevantes para el caso, sin que se permitan intromisiones odiosas, ya que ello iría en desmedro de las garantías fundamentales.

Por lo anterior, estimó el tribunal que no puede ser objeto de prueba la vida íntima, a efecto de restarle credibilidad, anunciando que “no se permitirá el examen de los testigos en esos temas”.

En lo que tiene que ver con la prueba pericial del psicólogo, el juez colegiado sostuvo que es impertinente e inútil, como quiera que no se admitió el ingreso de las entrevistas realizadas al menor, por lo que el análisis no se puede hacer sobre las mismas.

Además, consideró que el dictamen sobre la implantación de una idea al menor resulta impertinente, ya que a quien corresponde la apreciación del testimonio es a la Sala, bajo los parámetros del artículo 404 de la Ley 906 de 2004.

Tampoco estimó de utilidad que el perito indique sobre la conveniencia o no de la realización de varias entrevistas al menor, toda vez que el asunto está regulado en el artículo 2º de la Ley 1653 de 2013, que adicionó el artículo 206A de la Ley 906 de 2004.

La Impugnación

El impugnante plantea que las pruebas que él solicitó y que fueron negadas por el tribunal son pertinentes porque están orientadas a demostrar que es menos probable que los hechos hayan ocurrido y es útil para esclarecer lo sucedido.

En relación con los testimonios de la víctima V.D.C.Z. y su madre Y.E.Z.V., el defensor reitera que no se pretende averiguar la vida íntima de aquel, sino determinar su credibilidad a partir de las relaciones madre-hijo, a efectos de establecer un patrón de conducta en cuanto a la mendacidad y en torno a la naturaleza inverosímil de su testimonio, con lo que se determinará el grado de confianza del menor.

Por ello, concluye que su pretensión es cuestionar la credibilidad del menor.

Frente a la prueba pericial que pretende introducir a través del psicólogo L.V.L., insiste en que se le permita abordarlo en relación con la posibilidad de implantación de ideas cuando un menor de edad es sometido varias veces a una entrevista, en el sentido de poder ser sugestionado de tal forma que diga cosas que realmente no acontecieron. Para ello, agrega, el testigo también debe hacer referencia al protocolo SATAC.

Los no recurrentes

El representante de la Fiscalía y el delegado del Ministerio Público consideran que el auto impugnado debe ser confirmado.

Sostuvo el delegado de la Fiscalía que en realidad lo que se pretende con las pruebas rechazadas por el tribunal, no es otra cosa que sustituir la valoración judicial y la crítica de los dos testigos mencionados.

Por ello, afirma, fue acertada la decisión de restringir el contenido de los testimonios solicitados por la defensa del acusado, pues de otra manera se estaría averiguando de manera indebida un patrón de mendacidad, el cual no puede ser establecido con las declaraciones de la madre y de su hijo.

Advierte que a través de las entrevistas, que pueden ser empleadas para impugnar la credibilidad de los testigos, es posible establecer que no existía una relación fluida entre la víctima y su madre.

En cuanto al perito psicólogo, expresa que la defensa erró en la argumentación porque no pidió que se revocara la negativa de ser decretada por parte del tribunal.

Por su parte, el delegado del Ministerio Público sustenta que es sofístico el argumento de pretender abordar el patrón de mendacidad de la víctima, sin entrometerse en su vida privada y en su comportamiento. Es imposible, aduce, que un asunto relativo a la credibilidad no esté ligado necesariamente a su comportamiento, por lo que en este caso se hace necesario resguardar que la víctima del delito sexual pueda ser objeto de juicio.

Cuando se quiere poner en duda la credibilidad de un testigo, debe hacerse con fundamento en hechos que lo desacrediten, precisa el delegado de la Procuraduría, por lo que no puede llevarse a juicio un testigo para que exprese si le cree o no a la víctima del delito, pues ese juicio corresponde hacerlo al tribunal.

En torno a la prueba pericial, manifiesta que para saber si la víctima sufrió de implantación de la verdad, no se requiere de una experticia, puesto que se trata de un tópico atinente a la valoración probatoria, lo que se surte con la técnica del interrogatorio cruzado.

Consideraciones

De conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 14 de febrero de 2018, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

1. La “prueba común” testimonial:

En el curso de la audiencia preparatoria, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia admitió la práctica de los testimonios de la víctima V.D.C.Z. y de su madre Y.E.Z.V., testigos que habían sido decretados por solicitud de la Fiscalía.

La Sala ha definido la posibilidad de que una parte pueda solicitar las pruebas pedidas por su antagonista, bajo la condición de que justifique su pertinencia a la luz de su propia teoría del caso.

Sobre dicho tópico ha precisado que:

3.4. La Sala no encuentra argumento válido para negar el interrogatorio directo a las partes en la práctica de una prueba común si no es porque existan motivos de rechazo, exclusión, inadmisibilidad, impertinencia, inutilidad o porque se trata de situaciones repetitivas, de hechos notorios o que no requieren prueba (estipulaciones).

Por tanto, ha de admitirse el interrogatorio directo a las partes para un mismo testigo si se refiere a los hechos que dieron origen al proceso penal, a los aspectos principales de la controversia, si se vinculan con situaciones que hagan más o menos probable las circunstancias y la credibilidad de otros medios, si tal interrogatorio no pone en peligro grave o causa perjuicio indebido a la administración de justicia, si no tiene por objeto generar confusión o no representa un escaso valor probatorio o si no tiene por objeto hacer planteamientos sugestivos, capciosos, en fin si no corresponde a una conducta injustificadamente dilatoria(2).

Bajo este entendido, el tribunal estimó la pertinencia de las pruebas testimoniales reclamadas por la defensa, no obstante que igual habían sido decretadas por la solicitud del representante de la Fiscalía, bajo el entendido que las mismas debían versar específicamente sobre aquellos aspectos pertinentes que no fueron abordados por el acusador.

Sin embargo, con sindéresis, rechazó la posibilidad de que las eventuales contradicciones en que incurrieron los testigos en relación con las declaraciones anteriores fueran objeto del interrogatorio directo del defensor, pues es un tema que debía agotarse a través del ejercicio de la técnica del interrogatorio cruzado.

Así mismo, estimó que resultaba impertinente la solicitud de la defensa en el sentido de interrogar a los testigos a efecto de establecer un patrón de conducta de mendacidad, puesto que en su criterio ello entrañaría una indebida intromisión en la intimidad de la víctima.

Sobre este aspecto, la Corte ha tenido oportunidad de precisar que fue intención del legislador permitir cuestionar el carácter o patrón de conducta del testigo, aunque sólo en lo atinente a su mendacidad. Al respecto, al analizar los límites que consagra el ordenamiento jurídico para impugnar la credibilidad de un testigo, la Sala ha dejado sentado lo siguiente:

La Sala ha abordado en múltiples oportunidades el derecho a la confrontación como una de las principales expresiones del debido proceso, consagrado en tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia (Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), así como en las normas rectoras de la Ley 906 de 2004 y las reglas específicas sobre prueba testimonial (CSJ AP 5785, 30 Sep. 2015, Rad. 46153, entre otras).

También ha resaltado que el derecho a la impugnación de los testigos es una de las principales expresiones de dicho derecho (ídem).

Sin embargo, como suele suceder, ese derecho no es absoluto, como quiera que también deben considerarse, entre otras cosas, los derechos del testigo, que comparece al proceso para cumplir su deber de colaborar con la administración de justicia.

En todo caso, el proceso penal no se puede convertir en un escenario para cuestionar cualquier aspecto de la personalidad del testigo, sus gustos, preferencias, etcétera, más allá de lo estrictamente necesario para permitirle a la defensa (o, en su caso, a la Fiscalía) impugnar su credibilidad.

En la Ley 906 de 2004, el legislador reguló esa temática de la siguiente manera:

“ART. 403.—Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio, con relación a los siguientes aspectos:

1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.

2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración.

3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo.

4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencia ante el juez de control de garantías.

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad(3).

6. Contradicciones en el contenido de las declaraciones”.

Es evidente la intención del legislador de permitir cuestionar el carácter o patrón de conducta del testigo, sólo en lo atinente a su mendacidad, precisamente porque el juicio no puede convertirse en un escenario para cuestionar los gustos, las tendencias u otros aspectos de la personalidad del declarante(4).

Por lo tanto, no cabe la menor duda del derecho que en este caso le asiste a la defensa de cuestionar la credibilidad de la víctima, incluso determinando a través de su testimonio un patrón de conducta relativo a su mendacidad.

No obstante, ese propósito relativo al derecho a la confrontación como expresión del debido proceso, debe referirse exclusivamente a una condición personal atinente a sostener el carácter veraz o mendaz de la persona a efectos de impugnar la credibilidad en su declaración, sin que pueda extenderse a aspectos relacionados con su intimidad o su personalidad, entre ellos los que atañen a su ideología, su inclinación sexual, sus hábitos sentimentales y sus gustos personales, entre otros.

Así las cosas, en el caso de la reputada víctima V.D.C.Z., razón le asiste a la defensa en su interés de interrogarlo sobre asuntos constitutivos de un carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.

Sin embargo, igual es preciso acotar que el cuestionamiento a la víctima del delito en torno a tales aspectos no es tema propio del interrogatorio directo, sino que debe llevarse a cabo en curso de la impugnación de su credibilidad en desarrollo del contrainterrogatorio (art. 403 de la L. 906/2004), pues en concreto ese es el propósito asignado por el artículo 393 cuando precisa que “la finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado”.

Así mismo, en lo que respecta al testimonio de Y.E.Z.V., madre de quien es presentado como víctima, debe decirse que es pertinente su cuestionamiento en torno a la credibilidad de la víctima, puesto que esa facultad está prevista en el artículo 375 de la Ley 906 de 2004, asunto que debe desarrollarse a través del interrogatorio directo por su condición de testigo de impugnación, tratándose para esos efectos de una evidencia externa en torno a ese tópico.

Pero, aun así, igual debe precisarse que el interrogatorio no puede servir de instrumento para cuestionar los aspectos propios de su personalidad y de su intimidad, por lo que aquellas relaciones de madre-hijo que se alegan como pertinentes para interrogar a la testigo, sólo pueden estar referidas a aspectos que tiendan a cuestionar su credibilidad a partir de hechos concretos conocidos o percibidos por la declarante, sin que se le pueda permitir al interrogador traspasar los límites a lo íntimo y personal de la víctima y, mucho menos, como en su confusa argumentación pareciera pretenderlo la defensa del acusado, para trasladar al testigo la valoración de la credibilidad, por ejemplo a través de preguntas tan impertinentes como si la víctima es mentirosa o no, o si en opinión de su progenitora es o no digna de crédito.

Al respecto, la Corte estima necesario subrayar que la posibilidad legal para que en el ejercicio de defensa del procesado pueda objetarse la credibilidad de víctima y testigos, no puede ser óbice para convertir a aquella en objeto de juicio sobre aspectos que tocan con la conducción de su vida, sus valores o su virtuosismo, pues no es ese el propósito del juzgamiento, supeditándose el contrainterrogatorio en el caso de la víctima o el interrogatorio en el caso de la testigo, a cuestionar la veracidad o mendacidad de sus afirmaciones a través de patrones de conducta que así lo indiquen.

Ahora bien, admitido que es posible cuestionar la credibilidad de la víctima en cuanto al carácter o patrón de conducta referido a su mendacidad, también es cierto que la mayoría de las veces, como ocurre en este caso, resulta improbable anticipar desde la audiencia preparatoria que el interrogatorio traspasará esos límites permitidos a la defensa en el derecho a la confrontación, por lo que no resulta acertado decidir por ese motivo el rechazo parcial de las pruebas reclamadas por la defensa, puesto que, de una parte, la restricción para que el interrogatorio no pueda versar sobre temas atinentes a la intimidad y personalidad de los testigos se encuentra ya prevista en la Constitución y en la ley, y, de otra parte, es al juez a quien corresponde en desarrollo de sus facultades como director y conductor del juicio, prohibir cualquier pregunta que signifique afectación a los derechos fundamentales de los testigos y de la víctima o que, en todo caso, no sea pertinente (art. 392 de la L. 906/2004).

Es por ello, que en este caso bastaba con que el tribunal precisara a la defensa los límites de su intervención y la manera técnica como debe abordar el ejercicio de los temas atinentes a la credibilidad de la víctima, sin que se hubiese hecho necesario acudir al rechazo probatorio y, menos, a habilitar un recurso de apelación que, por lo tanto, resultaba impertinente.

En ese sentido y bajo tales consideraciones, resultó acertada la advertencia que hizo el juez colegiado de que no puede ser objeto de prueba la vida íntima y la personalidad de la víctima y que, en consecuencia, los testigos no pueden ser examinados sobre esos temas.

2. La prueba pericial:

Ahora bien, en lo que respecta a la denegada prueba pericial del psicólogo L.V.L., debe decirse que razón le asiste al juez colegiado cuando sostuvo que es impertinente e inútil, pues la defensa ninguna justificación entregó sobre su necesidad a efecto de efectuar alguna valoración que requiera conocimientos científicos, técnicos o especializados, en los términos del artículo 405 de la Ley 906 de 2004.

El propósito, una y otra vez mencionado por la defensa, de cuestionar a un perito psicólogo sobre la conveniencia o no de entrevistar en varias oportunidades a quien fue víctima de un delito sexual y la posibilidad que en ese cometido pueda ser objeto de implantación de ideas, no parece responder a un criterio razonable de aptitud probatoria, puesto que en últimas parece dirigir la utilidad del medio de prueba a un asunto de credibilidad que, como bien lo precisó el tribunal, es un tema propio de valoración judicial, en los términos del artículo 404 de la Ley 906 de 2004, para lo cual no es necesario la participación de un perito que indique el valor demostrativo que pueda darse a las distintas declaraciones del menor, anteriores al juicio.

Igualmente, debe precisarse que el precepto contenido en el parágrafo 2º del artículo 2º, de la Ley 1652 de 2013, que adicionó el artículo 206A de la Ley 906 de 2004, en cuanto a que tratándose de delitos relacionados con violencia sexual, durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima será entrevistado preferiblemente por una sola vez y, de manera excepcional, podrá realizarse una segunda entrevista, responde por esencia a la protección del interés superior de los menores, sin que en ello se advierta prohibición alguna para que sean entrevistados en varias oportunidades.

Así lo refirió la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de esa norma:

[l]a referida Ley 1652 preceptúa que el menor de edad será entrevistado solo por una vez excepcionalmente podrá realizarse una segunda entrevista teniendo en cuenta el interés superior del menor (par. 2º ib.).

Como se indicó detalladamente (consideración 8.2.), la forma como está reglamentado el procedimiento para efectuar las entrevistas forenses a los menores de edad se ajusta al acatamiento del querer internacional que impone como obligaciones del legislador y de los operadores judiciales adoptar las medidas necesarias dentro del proceso penal para proteger los intereses superiores de los menores víctimas de delitos sexuales, sin que ello conlleve afectación de garantías integradoras del debido proceso como el derecho de defensa, contradicción, ni los principios de inmediación o el acceso a la administración de justicia, pues como se indicó, tal elemento puede no sólo ser descubierto, sino controvertido, acorde con lo hasta aquí consignado(5).

Pero además, es notable la falta de sustento del defensor sobre la pertinencia de la prueba de cara a establecer su relevancia como soporte de la hipótesis que pretende defender en el juicio, pues se ofrece impertinente aducir que el psicólogo tras analizar las entrevistas rendidas al menor podrá informar al juez sobre la existencia de implantación de ideas en sus recuerdos y si en él existió un afán por faltar a la verdad, pretendiendo con ello, sin duda, interferir en el proceso de credibilidad que compete por entero al juzgador al estimar la prueba testimonial de la víctima.

Adicionalmente, el representante del acusado ninguna fundamentación ofreció sobre la pertinencia en función del tema de prueba, del declarado interés para que el perito diserte sobre el protocolo SATAC en las entrevistas realizadas al menor.

Por lo anterior, comprende la Sala que fue adecuada la decisión del a quo, cuando negó la práctica de la prueba pericial solicitada por la defensa.

3. Conclusiones:

En relación con los testimonios de la víctima V.D.C.Z. y de su madre Y.E.Z.V., la Sala advierte lo siguiente:

(i) Tiene razón la defensa en cuanto afirma que es posible cuestionar la credibilidad de la víctima en relación con el carácter o patrón de su conducta, pero sólo en lo atinente a su mendacidad.

(ii) Ese propósito se puede alcanzar, en el caso de la víctima, en el ejercicio de la impugnación de su credibilidad en el contrainterrogatorio, sin necesidad de que el juez se pronuncie frente a ello en la audiencia preparatoria.

(iii) En el caso de la madre también es pertinente su presentación como testigo de impugnación, a efecto de inquirirla sobre aspectos concernientes con la credibilidad de la víctima, pudiendo ser interrogada sobre hechos por ella conocidos, sin que ello implique trasladar a la testigo la carga de determinar la verosimilitud en las afirmaciones de su hijo.

(iv) En uno y otro caso, le corresponde al juez, en su calidad de director del proceso, controlar y prohibir cualquier pregunta que signifique afectación a los derechos fundamentales de los testigos y de la víctima, y que cuestionen tópicos relacionados con su intimidad o su personalidad.

(v) Por lo anterior, no era necesario dar curso al recurso de apelación interpuesto por la defensa, pues bastaba que el tribunal advirtiera, como en efecto lo hizo, que no puede ser objeto de prueba la vida íntima de la víctima con el propósito de restarle credibilidad, y que “no se permitirá el examen de los testigos en esos temas”.

(vi) La decisión será confirmada, bajo estas aclaraciones.

Ahora bien, en torno a la prueba pericial del psicólogo L.V.L., la Corte encuentra acertada la decisión de negar su práctica, toda vez que no hubo de parte del defensor una debida argumentación sobre su pertinencia, tornándose en ilegal la pretensión de transferir a un perito la función valorativa que sobre la prueba compete al juez de conocimiento.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto impugnado en relación con la práctica de los testimonios de V.D.C.Z. y Y.E.Z.V., con las aclaraciones hechas en la parte motiva.

2. Así mismo, CONFIRMAR la decisión de negar la práctica de la prueba pericial del psicólogo L.V.L.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero. 

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 La información que permite identificar o individualizar a quien era menor para el momento de los hechos, fue suprimida en esta decisión con el objeto que el contenido de la providencia pueda ser consultado sin desconocer los artículos 33 y 193 de la Ley 1098 de 2006 y demás normas pertinentes.

2 CSJ SP, 25 feb. 2015, Rad. 45011.

3 Negrillas fuera del texto original.

4 CSJ AP-690-2017, 8 feb. 2017, Rad. 49405.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 2014.