Auto AP1758-2015 de abril 7 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

AP1758-2015

Rad.: 45418

Aprobado acta.117.

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil quince.

La información que permite identificar o individualizar al (los) menor (es), fue suprimida por la Relatoría de la Sala de Casación Penal, con el objeto que el contenido de la providencia pueda ser consultado sin desconocer los artículos 33 y 193 de la ley 1098 de 2006 y demás normas pertinentes.

Extractos: «Consideraciones de la Corte.

La solicitud presentada por JMBM, plantea el cambio de radicación de un proceso que se adelanta ante un juzgado municipal de Ibagué, para que su trámite se surta ante uno homólogo con sede en Bogotá; razón por la cual la Corte sería competente para resolverlo, si no fuera porque la víctima carece de legitimidad para formular esta clase de pretensiones.

En efecto, a pesar de que esta Corporación ha reiterado que a las víctimas se les han reconocido diversas posibilidades de intervención y participación en materia probatoria, en relación con el principio de oportunidad, frente a la decisión de preclusión y a la impugnación, entre otras, resulta claro que es la misma normativa procesal (L. 906/2004, art. 47) la que, en materia de cambio de radicación, confiere esa atribución únicamente a las partes, al Ministerio Público o al Gobierno Nacional, sin que la citada disposición mencione siquiera implícitamente a las víctimas, para otorgarles idéntica atribución.

Esa situación, fue analizada por esta Sala en recientes pronunciamientos que ahora se reiteran, conforme se transcribe a continuación:

1. El cambio de radicación en la Ley 906 de 2004.

1.1. La figura jurídica opera en los casos taxativamente contemplados en el artículo 46 ibídem, que señala:

“El cambio de radicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos”.

1.2. Es una medida de carácter excepcional y residual a la que se acude cuando se demuestra que se está frente a circunstancias externas con capacidad suficiente para alterar el normal desarrollo del proceso. Su finalidad, es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, al no existir otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas extrañas que se invocan.

1.3. La solicitud ha de ser debidamente sustentada y a ella se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes por cualquiera de las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional, ante el juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior competente para que decida.

2. La facultad de la víctima para solicitar el cambio de radicación.

2.1. En relación con el tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento precisó:

“Del mandato legal deriva que la facultad de impetrar el cambio de radicación está dada para las partes, lo cual comporta que por decisión expresa de la ley se excluyó de esa potestad a la víctima, en tanto en el sistema procesal penal de la Ley 906 del 2004, la condición de “parte” solamente la tienen la defensa y la Fiscalía, en tanto la víctima es un “interviniente”, no parte.

Tan claro es lo anterior, que la disposición en cita aludió a las partes y al Ministerio Público, en el entendido evidente de que el último tampoco tiene condición de parte, sino de interviniente y, por ello, ante el propósito legislativo de permitirle invocar el cambio de radicación, fue necesario incluirlo de manera específica, pues, de no hacerlo, quedaría igualmente excluido pues el concepto de “partes” no lo cobijaba.

4. La jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado respecto de los derechos que le asisten a la víctima, que si bien deben ser garantizados en el trámite procesal penal, ello debe serlo de manera conjunta con el respeto de otros derechos como el debido proceso y, por ello, tratándose de la postulación y práctica de pruebas en el juicio, se impone que lo haga de la mano de la Fiscalía, única parte autorizada para, junto con la defensa, introducir los medios probatorios en el juicio para conocimiento y decisión del juez (confrontar auto dic. 7/2011, rad.37.596).

Esos lineamientos igualmente resultan de buen recibo en el tema que hoy se trata, en tanto la regla procesal del artículo 47 solamente autorizó a las partes para postular el cambio de radicación y, respecto de los intervinientes habilitados para actuar en el proceso penal, únicamente se autorizó al Ministerio Público, de donde deriva que a la víctima no le está permitida esa facultad.

En esas condiciones, cuando quiera que probatoria y jurídicamente la víctima considere que están dadas las condiciones para solicitar el traslado del juicio debe contactar a la Fiscalía, ente que tiene la carga de garantizar sus derechos. Pero igual puede hacerlo con el Ministerio Público e, incluso, con el Gobierno Nacional a quienes la ley procesal confirió esa potestad.

5. Es verdad que en un caso anterior (auto abril 8/2011, rad. 36.145) la Corte parece haber habilitado un cambio de radicación por postulación de la víctima, pero lo cierto es que el centro de la decisión estuvo dado por la petición que en el mismo sentido hizo el Ministerio Público y, sobre todo, por las pruebas aportadas por este”.

2.1. Ello significa, que en el sistema procesal previsto en la Ley 906 del 2004, la potestad para solicitar la alteración de las reglas de competencia, es una facultad reservada a las partes (fiscalía y defensa), al Ministerio Público y al Gobierno Nacional, lo que excluye a la víctima quien en su condición de interviniente no se encuentra legitimada para hacerlo.

2.2. La Sala mayoritaria destaca, que tal conclusión no limita el acceso a la administración de justicia, ni restringe el derecho de defensa en las fases previas al juicio, así como tampoco genera una desigualdad de armas que altere los rasgos fundamentales del sistema procesal penal, pues además de que el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia que le asigna la Carta Política (Art. 150 nums. 1 y 2), no estableció tal facultad en cabeza de las víctimas, las razones que potencialmente conducen a trasladar un juicio de un lugar a otro surgen de factores externos, que no comprometen la imparcialidad e independencia de los funcionarios judiciales que deban adelantar el juicio, y por tanto el ejercicio de tal potestad no se muestra de significativa relevancia frente a los derechos de aquellas, quienes en todo caso pueden acudir por intermedio de la Fiscalía, el Ministerio Público o el mismo Gobierno Nacional a invocar su pretensión.

2.3. Como en este evento, quien presenta el escrito es el apoderado de la víctima, quien como viene de verse carece de legitimidad para ello, la Corte se abstiene de examinar la solicitud. (CSJ AP, Oct 02/2012, rad. 39962).

En síntesis, en específicos casos como el que ahora ocupa la atención de la Sala, debe señalarse que la solicitud de cambio de radicación es una facultad discernida por la ley a las partes, que no se extiende a las víctimas, porque el único interviniente expresamente autorizado para pedir el cambio de radicación es el Ministerio Público. Igualmente, puede hacerlo el Gobierno Nacional en los casos previstos en el parágrafo del artículo 47 de la Ley 906 de 2004. No obstante, cuando confluyan las condiciones del artículo 46 ibídem, la pretensión de las víctimas en ese sentido, puede ser formulada por la Fiscalía, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional.

La Corte, en consecuencia, rechazará la petición presentada directamente por la víctima, en atención a que carece de legitimidad para proponer el cambio de radicación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

RECHAZAR la solicitud de cambio de radicación invocada por JMBM, en su condición de víctima.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.»

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto debido hacia las opiniones y el criterio ajenos, procedo a consignar las razones que me llevaron a salvar el voto en relación con la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, a través de la cual se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de cambio de radicación promovida por la víctima reconocida en el presente proceso.

A mi juicio, he de subrayar, la Corte no ha debido adoptar esa determinación, sino, a tono con los derechos, prerrogativas y facultades de dicho interviniente y con el desarrollo jurisprudencial que sobre la materia han vertido la Corte Constitucional y esta Corporación, entrar a su análisis de mérito valorando y sopesando la petición acorde con los presupuestos legales establecidos en los artículos 46 y siguientes del ordenamiento adjetivo penal.

Las concretas razones de mi disenso son las siguientes:

Como primera medida es preciso no perder de vista que la reformulación del rol de la víctima solamente se puede entender cuando se acepta, como tiene que ser, que ella ha quedado cubierta por lo que el sistema interamericano de derechos humanos denomina “principio de la tutela judicial efectiva”, de amplio reconocimiento internacional(1). Este principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia; la igualdad ante los tribunales; la defensa en el proceso; la imparcialidad e independencia de los tribunales(2); la efectividad de los derechos; sean predicables tanto del acusado como de la víctima.

La integralidad de la reparación comporta, actualmente, la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.

Tal perspectiva entraña una modificación acerca de la teleología de las decisiones de la Administración de Justicia en el marco del sistema penal para acompasarlas con el modelo de Estado del cual hace parte, esto es, en el contexto de una democracia participativa y pluralista, donde resulta imperativo que los jueces, al emitir sus pronunciamientos, no se preocupen sólo por la corrección jurídica de sus decisiones sino también por armonizarlas con contenidos de justicia material porque, de lo contrario, no se habría avanzado desde el más rígido formalismo jurídico en donde el administrador de justicia se limitaba a no ser más que «la boca de la ley», sin analizar o medir los efectos de sus decisiones frente a los ámbitos de protección que el conglomerado les ha deferido.

De ahí que el Estado, en este caso a través de sus jueces, falta gravemente a su deber de proveer un recurso judicial efectivo a las víctimas en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) no investiga, juzga y sanciona a los responsables de conductas punibles (ii) no se adelantan los procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exhaustiva, (iii) no se tramitan con diligencia, celeridad y convicción, (iii) no se toman medidas para proteger a las víctimas, (iv) no se les permite a éstas intervenir en los procesos o se limita su intervención haciendo nugatorios sus derechos y (v) se dilata en el tiempo la definición del asunto.

A partir de 2002 la Corte Constitucional, en consonancia con los principios que inspiran el Ordenamiento Superior y la evolución jurisprudencial foránea, reconoció la necesidad de garantizar la participación de las víctimas en el proceso penal, como medio para hacer efectivos sus derechos.

Así, en la sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, precisó que las víctimas y los perjudicados tienen intereses adicionales a la simple reparación económica(3), en tanto les asiste el derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia en el caso concreto.

Sin embargo, fue desde la expedición de la Ley 906 de 2004, norma rectora de la actuación, que las víctimas han alcanzado el lugar privilegiado que hoy se les atribuye. Sobre el particular, en sentencia CSJ SP, 23 ago. 2007, rad. 28040, con ponencia de esta Magistrada, se destacó que

El legislador penal de 2004, como nunca antes había ocurrido, incluyó los derechos de las víctimas en el Título Preliminar del Código de Procedimiento Penal (art. 11), con lo cual les adjudicó primacía sobre las demás disposiciones, en tanto las preceptivas allí contenidas tienen rango constitucional.

[…]

Esa nueva perspectiva plasmada en normatividades de carácter penal, pone de manifiesto que los derechos de las víctimas constituyen caro propósito de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Pues bien, como ya se dijo, entre tales prerrogativas se encuentra la posibilidad de tener acceso a la administración de justicia, como medio para que ésta se concrete.

Al precisar el alcance del derecho a obtener justicia dentro de esta codificación procesal, la misma Corte Constitucional, siguiendo pautas contenidas en instrumentos internacionales, entre ellas las del sistema interamericano de derechos humanos ya reseñadas, en sentencia C-454 de 2006, indicó que éste «… incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso».

Precisamente, la efectiva realización de ese derecho guarda relación directa con la decisión de la cual disiento y, por ello, resulta trascendente, en tanto se trata de posibilitar a quienes tienen la calidad de víctimas, a un real y no simbólico acceso a la administración de justicia, en precisas oportunidades y circunstancias, que garanticen el respeto de los particulares intereses de cada una de ellas, en todo caso consecuentes con la clase e intensidad de la afectación sufrida.

Ese ideal no se alcanza si se restringe su participación desde los albores de la etapa del juicio y se le priva de intervenir en actuaciones procesales trascendentes como, por ejemplo, la formulación de acusación, el descubrimiento probatorio y la audiencia preparatoria, oportunidades donde puede orientar la defensa de sus concretos intereses; más aún si se tiene en cuenta que éstos, por causa del tipo de afectación sufrida y de su intensidad, pueden ser distintos de los que inspiran a otros intervinientes.

Pero a mi modo de ver también se consolida la vulneración a una tutela judicial efectiva a las víctimas cuando, desde una perspectiva meramente legalista, se limita su intervención en el proceso penal impidiéndole algunas prerrogativas, como ocurre con la decisión de la cual me aparto donde se le niega la posibilidad de solicitar directamente el cambio de radicación del proceso, lo cual, además, entraña una evidente regresión frente a la Ley 600 de 2000, pues una vez constituida y reconocida la víctima como parte civil en el proceso, a tenor de lo normado en el artículo 86 de ese estatuto, contaba con la facultad de promoverlo sin mediación alguna, desventaja que no encuentra justificación si, como lo han decantado unánimemente esta corporación y el Tribunal Constitucional, la Ley 906 de 2004 supuso un avance notorio en los derechos de las víctimas.

Ahora, la hermenéutica por la cual abogo y que permite a la víctima peticionar en forma directa y sin la venia de ninguna otra parte o interviniente procesal la figura del cambio de radicación del proceso, lejos está de resquebrajar la esencia del sistema penal acusatorio y, concretamente, del principio de igual de armas, pues es a partir de la audiencia de juicio oral donde con mayor énfasis se manifiesta su naturaleza adversarial y, en ese orden, es en ella donde la restricción a su intervención se aviene necesaria para evitar desequilibrios entre las partes.

En ese orden de ideas, recuérdese cómo la potestad de solicitar el cambio de radicación, conforme lo establece el artículo 47 del estatuto procesal, modificado por el 71 de la Ley 1453 de 2011, está prevista para «antes de iniciarse la audiencia del juicio oral» apenas consecuente con la sistemática procesal y el principio de inmediación que la rige, en virtud del cual, en la medida de lo posible se debe evitar la sustitución del juez durante esta audiencia(4), luego ninguna razón cabría para que esa figura se permitiera una vez iniciado el juicio oral.

La visión por la que propugno, además, trasciende la limitación legal de la norma en cita y se alinea decididamente con el desarrollo constitucional que a los derechos de las víctimas ha imprimido la Corte Constitucional, como así lo hizo a través de la sentencia C-209 de marzo 21 de 2007 al superar la misma veda establecida en los artículos 356, 358 y 359 de la Ley 906, pues los dos primeros originalmente limitaban a las partes en la audiencia preparatoria para solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o evidencia física específica y para solicitar la exhibición de elementos materiales de prueba, respectivamente, mientras que el tercero, por su parte, restringía a las partes y al Ministerio Público la petición de exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba, para en su lugar decretar la exequibilidad condicionada de estas disposiciones en el entendido de que la víctima directamente también cuenta con tales facultades.

Lo mismo había hecho ese Tribunal frente al artículo 357 ibídem, en la ya mencionada sentencia C-454 de junio 7 de 2006, declarando igualmente su exequibilidad condicionada «en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.

Se argumentó en esta última providencia, pero igual tiene validez en el tema que concita la atención, que «a naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado. No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (art. 250.6 C.P.), sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta (a través de su representante) sus intereses dentro del proceso penal» (resaltado fuera de texto).

Así, ninguna razón plausible habría para que conociendo de propia mano, o por su propia vivencia, la existencia de circunstancias que afectan el orden público en el lugar donde ocurrieron los hechos, la imparcialidad o la independencia del administrador de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los intervinientes o de los servidores públicos -motivos por los cuales procede la solicitud de cambio de radicación- quede supeditado para auspiciarlo, como se esgrime en el auto del cual me aparto, al arbitrio del fiscal.

Ello, de manera más vigorosa, cuando se trata de hechos que perturban el orden público en el lugar de ocurrencia de la conducta, el cual, por lo general, coincide con el de su domicilio, o cuando están relacionados con su propia seguridad o integridad, respecto del cual el artículo 46 de la Ley 906 hace un llamado especial, que resulta contradictorio o, si se quiere, vacuo, si no se armoniza con la posibilidad que él mismo (o mediante su apoderado), en forma directa y no a través de otra parte o interviniente, pueda promover el cambio de radicación del proceso.

Por consiguiente, para que el ejercicio de los derechos de las víctimas no se quede en un plano meramente retórico o simbólico, considero que es necesario replantear la postura adoptada en la decisión tomada por la mayoría.

Con la mayor atención,

Magistrada —María del Rosario González Muñoz.

Fecha ut supra. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Salvamento de voto.

Magistrado:

Dr. Eugenio Fernandez Carlier

Rd.: Casación 45.418

Procesado. STQG

Con el respeto por el criterio mayoritario de la Sala en el proceso de la referencia salvo mi voto en la decisión adoptada adoptando íntegramente los argumentos que expuse para el proveído 44901 —Cambio de Radicación— de fecha 12 de noviembre de 2014.

Cordialmente,

Magistrado—Eugenio Fernández Carlier.

Fecha ut supra 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto y acatamiento por la decisión de mayoría, tal como fue expuesto de mi parte en el curso de los debates orales en el seno de la Sala, me permito reiterar mi expresión de conformidad absoluta con las consideraciones plasmadas en el proyecto original que no fuera acogido por voluntad de la mayoría, toda vez que allí se refleja mi pensamiento jurídico sobre la manera como hoy en día se concibe la participación de la víctima en el proceso penal en defensa de los derechos que constitucionalmente le asisten.

En este sentido debo precisar lo siguiente:

1. La determinación adoptada por la Sala se basó en que, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, el cambio de radicación ha de proponerse por las partes, el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, o por el funcionario judicial que esté conociendo del proceso, por tanto la víctima no está legitimada para postular la alteración de las reglas de competencia.

2. Pues bien, el punto de disenso con la decisión mayoritaria se centra en la mencionada falta de legitimidad de la víctima para solicitar el cambio de radicación, pues esta postura olvida que la Corte Constitucional, tras adoptar diferentes decisiones que reconocieron el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva consagrada en instrumentos internacionales(5), lo cual no se limita a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, sino a que a través del proceso penal también se establezca la verdad y se haga justicia (sents. C-228 de 2002 y C-454 de 2006); mediante providencia C-209 de 2007, además de garantizar su efectiva intervención en la práctica de pruebas anticipadas (L. 906/ 2004, art. 284 num. 2º); en la audiencia de formulación de imputación (art.289 ibídem); en el trámite de una petición de preclusión por parte del fiscal (art. 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (arts. 344, 356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (arts. 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (arts. 339) y en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (art. 357 y Sent. C. 454/2006), declaró el principio de que las víctimas, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación.

Lo anterior, —dijo la alta Corporación atrás mencionada—, por cuanto la Constitución le otorgó a la víctima la condición de interviniente especial, lo cual le proporciona algunas capacidades especiales que le permiten participar “activamente” en la actuación penal, particularmente antes y después del juicio; no así en este, toda vez que el Constituyente se inclinó en que tuviera un carácter más aproximado al adversarial, por lo cual enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: acusador y acusado; es decir, excluyó la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado, para preservar las garantías de este último y la estructura del proceso, pues se generaría desigualdad de armas y una transformación en lo que en esencia identifica a un sistema adversarial, lo cual impone limitar la participación de la víctima en esa audiencia.

3. En este sentido, estimo que la Sala debió resolver de fondo la solicitud que le fue formulada, considerando que:

3.1. El cambio de radicación, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 71 de la Ley 1453 de 2011, tiene cabida antes de iniciarse el juicio y, como viene de verse, en ese momento de la actuación la víctima puede participar de manera directa, pues, de una parte, en nada se afecta el sistema adversarial —especialmente, teniendo en cuenta que la variación de la sede del proceso es un asunto incidental—, y, de otra, se maximiza su derecho a intervenir activamente, es decir, sin órganos estatales que lo intermedien, los cuales no necesariamente actúan eficientemente a favor de su interés, el que tampoco siempre se observa coincidente con las preferencias de quienes materializan las partes, el Ministerio Público, el Gobierno Nacional, o el funcionario judicial.

3.2. Adicionalmente, esta Sala ya había permitido la intervención de la víctima en asuntos en los cuales la ley expresamente no le confiere derecho de postulación; por ejemplo, no obstante que el incidente de la recusación, de acuerdo con el tenor literal del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de 2004, sólo está reservado para ser formulado por “las partes”, frente a la recusación promovida por la víctima contra 8 de los Magistrados de la Sala de Casación Penal, este colectivo en lugar de abstenerse de pronunciarse por falta de legitimación de la peticionaria, le dio trámite (AP3588-2014, rad. 42701), es decir, se pronunció de fondo, ordenó suspender el procedimiento y remitir el expediente al Magistrado no recusado, para que recompuesta la Sala en el número reglamentario de miembros, a partir de sorteo de conjueces, la misma adoptara la decisión que de plano corresponde.

Así mismo, reintegrada la Sala con un Magistrado y siete Conjueces, ésta también se pronunció de fondo, tras advertir que si bien el texto legal sólo faculta a “las partes” para proponer la recusación, por razones constitucionales equivalentes a las aquí expuestas, había lugar a resolver la solicitud de la víctima, y así procedió en AP6729-2014, rad. 42701.

3.3. Finalmente, el cambio de radicación de procesos fue concebido para la salvaguarda del orden público, la “imparcialidad o la independencia de la administración de justicia”, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento y la seguridad o integridad personal de los servidores públicos, los intervinientes y “en especial de las víctimas”; lo cual pone en evidencia que éstas, en determinados casos, pueden tener directo y material interés para intervenir activamente. Por tanto, se insiste, la Sala debió resolver de fondo la solicitud de JMBM, es decir, no abstenerse de pronunciarse basada en que no tiene legitimidad, pues razones superiores de orden constitucional desvirtúan esa consideración.

Cordialmente,

Magistrado—José Leonidas Bustos Martínez.

Fecha ut supra. 

1. “ART. 14—del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2. “ART. 25—de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, durante mucho tiempo entendió que el interés de la parte civil en el proceso penal se limitaba al resarcimiento de los perjuicios, y entonces cuando se le indemnizaba en los términos de su pretensión no podía intentar acciones que desmejoraran la situación del procesado. Así, por ejemplo, sentencias de 21 de enero de 1998, radicado 10166, y de 7 de octubre de 1999, radicado 12394. Tal línea jurisprudencial fue acogida en la sentencia C-293/95 por la Corte Constitucional y se mantuvo hasta el año 2002, cuando por medio de la decisión C-228/02, se autorizó a la víctima a intervenir en el proceso con finalidades diversas a las estrictamente económicas.

4. Cfr., entre otras, sentencias de enero 30 de 2008, rad. 27192; marzo 17 de 2010, rad. 32829; enero 20 de 2010, rads. 32556 y 32196 y de septiembre 7 de 2011, rad. 35192.

5. Artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.