Auto AP1868-2018/52632 de mayo 9 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 52632

Aprobado mediante Acta 145

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la defensa de R. H. A. B. y el representante del Ministerio Público contra el auto de 18 de abril de 2018, por medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio decretó oficiosamente la nulidad de la actuación “a partir de la iniciación de la etapa probatoria”.

Hechos

Así los describió la Sala en anterior oportunidad:

Según se desprende del escrito de acusación, el 27 de junio de 2012, ante un Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Villavicencio, se celebró audiencia preliminar en la que se legalizó la captura de C. H. B. A., alias “E. I.”, a quien la Fiscalía imputó cargos como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso homogéneo y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En la misma audiencia, el nombrado B. A. fue afectado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El 5 de septiembre de 2012, el Juez 3° Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impetrada por el apoderado judicial del imputado; decisión que fue confirmada el 11 de octubre de la misma anualidad por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esa ciudad.

Posteriormente, el 23 de enero de 2013, el defensor de B. A. elevó una segunda solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, de la que correspondió conocer al Juzgado 1º Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, del que para entonces era titular R. H. A. B.

En esa fecha, el funcionario resolvió favorablemente el pedido de la defensa y dispuso levantar la detención preventiva mediante providencia que, en criterio de la Fiscalía, es ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico, no sólo porque los medios de prueba que sustentaban la afectación de la libertad permitían inferir razonablemente la responsabilidad del imputado en los delitos investigados, sino también porque el peticionario no aportó medios de conocimiento novedosos, distintos de los que ya habían sido valorados por el Juzgado 3º Penal Municipal con función de control de garantías para negar la solicitud.

Antecedentes procesales relevantes

1. En audiencia preliminar celebrada el 15 de septiembre de 2014 ante el Juzgado 1º Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía formuló imputación contra R. H. A. B. como presunto autor del delito de prevaricato por acción agravado, conforme lo previsto en los artículos 413 y 415 de la Ley 599 de 2000.

2. El escrito de acusación se radicó ante el Tribunal de Villavicencio el 4 de diciembre de 2014 y, con ocasión de la aceptación de los impedimentos manifestados por los magistrados de la Sala Penal, correspondió conocer del juzgamiento a una Sala de Conjueces asignados por sorteo.

3. La audiencia de formulación de acusación se celebró el 4 de mayo de 2015 y la preparatoria se instaló y agotó el 9 de junio de la misma anualidad.

4. El juicio oral comenzó el 18 de agosto de 2015 y se extendió por varias sesiones.

El 12 de octubre de 2016, cuando aún se tramitaba la vista pública, Jesús Eduardo Moreno Acero tomó posesión como Magistrado de esa Corporación y desplazó a quien hasta entonces fungió como ponente, consecuencia de lo cual la Sala de Decisión quedó integrada por aquél y los dos restantes conjueces.

5. El juicio culminó el 2 de febrero de 2017, fecha en la cual el Tribunal anunció el sentido absolutorio del fallo.

6. El 27 de febrero de 2018 se profirió auto en el cual se dispuso “recomponer la Sala de Decisión” por razón de la suspensión en el ejercicio del cargo decretada contra dos magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio y la culminación del encargo del Magistrado Moreno Acero.

A partir de entonces, el Juez colegiado quedó conformado por la Magistrada Patricia Rodríguez Torres, en condición de ponente, y los magistrados Froilán Sanabria Naranjo y Manuel Adolfo Rincón Barreiro.

7. Mediante providencia de 18 de abril de 2018, el Tribunal resolvió anular oficiosamente la actuación “a partir de la iniciación de la etapa probatoria del juicio oral que se efectuó el 18 de agosto de 2015”, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 457 de la Ley 906 de 2004.

Consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, el cambio del juez que tramitó el juicio oral y presenció personalmente la práctica de las pruebas constituye causal de invalidez cuando de ello se sigue la afectación de las garantías fundamentales de las partes.

En ese entendido, continuó el a quo, el precedente fijado por esta Corte lleva a concluir que “no es posible que el mismo Juez que emitió el sentido del fallo lo varíe, pero si se trata de juez diferente, ello surge viable, cuando este último funcionario judicial se enfrenta a la situación de elaborar una sentencia con base en pruebas con las que no tuvo inmediación”.

Indicó que, en este asunto, los conjueces que realizaron la vista pública fueron desplazados por los actuales integrantes de la Sala de Decisión, quienes, entonces, no presenciaron el juicio oral y se ven ahora compelidos a “acometer el estudio de una sentencia sin inmediación probatoria alguna”.

De cara a esa situación, agregó, “la nulidad se constituye en la única forma de preservar los derechos de todas las partes e intervinientes”.

Los recursos

El auto por el cual se dispuso anular el trámite fue apelado por el representante del Ministerio Público(1) y el defensor del procesado(2), quienes solicitaron su revocatoria.

1. El agente del Ministerio Público partió por precisar que, en efecto, los funcionarios que actualmente integran la Sala de Decisión no son los mismos que celebraron el juicio oral y, por ende, es claro que no presenciaron de manera personal y directa el debate probatorio.

Con todo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido clara al sostener que la anulación de la actuación por el cambio del Juez no procede cuando el nuevo funcionario tiene la posibilidad de acceder a los registros auditivos y visuales de la vista pública, pues estos son inmutables y permiten conocer lo sucedido durante la práctica probatoria.

En este caso, dijo, el Tribunal no explicó las razones por las que las grabaciones del juicio oral le resultan insuficientes para enterarse de lo sucedido en esa diligencia, máxime que la gran mayoría de los medios de conocimiento son de naturaleza documental y buena parte de ellos fue objeto de estipulaciones, por lo que “el caudal probatorio puede ser explorado por cualquier funcionario que lo tenga a su disposición”.

En ese entendido, concluyó, no resulta viable la invalidación decretada por el a quo.

2. El mandatario de R. H. A. B. alegó que el principio de inmediación no es absoluto, tal como lo entendió esta Corporación en fallo de 30 de enero de 2017, proferido en el proceso radicado 42656. En esa misma providencia, la Corte señaló que la anulación del procedimiento por cambio del Juez sólo procede de forma “excepcionalísima”.

Como en este asunto no se observan irregularidades o anormalidades en los registros de audio y video del juicio oral, la variación de los integrantes de la Sala de Decisión no está revestida de una trascendencia tal que haga necesaria la recisión del trámite.

No recurrente

La Delegada de la Fiscalía manifestó que el cambio de magistrados suscitó una violación del principio de inmediatez y, por lo tanto, el auto censurado es ajustado a derecho. Solicitó, entonces, su confirmación(3).

Consideraciones de la Corte

Competencia.

Como el auto cuya revocatoria se pretende fue proferido en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Sala, de conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, es competente para emitir este pronunciamiento.

Consideración inicial.

Aunque el Tribunal no lo abordó así explícitamente en la providencia atacada ni ello fue puesto de presente por los apelantes o el no recurrente, la Sala advierte que la controversia planteada encierra dos problemas jurídicos que, aunque relacionados, tienen contornos diversos y deben abordarse independientemente.

De una parte, se observa que, en el presente asunto, los funcionarios judiciales que dirigieron el juicio oral y presenciaron personal y directamente la práctica de las pruebas no son los mismos que ahora se ven abocados a proferir sentencia; circunstancia que mencionó tangencialmente el a quo como fundamento de la nulidad decretada y que alude al principio de inmediación de que trata el artículo 16 de la Ley 906 de 2004.

De otra, se evidencia igualmente que los funcionarios que anunciaron el sentido absolutorio del fallo son distintos de los que actualmente deben dictar sentencia; hecho que también mencionó el Tribunal en el auto recurrido y que, aunque puede tener vinculación con el aludido principio de inmediación probatoria, atañe esencialmente a la naturaleza y efectos del sentido del fallo, y su carácter vinculante para el funcionario que profiere sentencia.

Puesto en otras palabras, en el caso examinado concurren dos situaciones fácticas diversas, supuestamente constitutivas de nulidad: la primera, que funcionarios que no presenciaron el debate probatorio sean quienes emitan la decisión y, la segunda, que esos mismos funcionarios deban estarse al sentido del fallo anunciado por quienes los precedieron.

Así pues, la Sala abordará ambos problemas jurídicos a efectos de establecer si el auto debe ser revocado, o si, como lo solicitó la Fiscalía, procede su confirmación.

Reglas aplicables cuando el juez que tramita el juicio no es el mismo que anuncia el sentido del fallo y/o profiere sentencia.

1. La entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, código de procedimiento penal de tendencia acusatoria, supuso el reconocimiento de una serie de principios y garantías ajenos a los que subyacen al régimen procesal previsto en la Ley 600 de 2000, entre ellos, el de inmediación de la prueba, según el cual —con expresas excepciones— “en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento”(4).

En similar sentido, el artículo 379 de la codificación en cita prevé que “el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia”.

De ahí que el canon 454 de la Ley 906 de 2004 establece que deberá repetirse la práctica de la prueba “si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez” y entonces, como regla general, el funcionario que dirige la vista pública debe ser el mismo que anuncia el sentido del fallo y profiere sentencia.

2. Con todo, esa causal de recisión no opera automáticamente ante la constatación objetiva del hecho que la configura —la sustitución del funcionario judicial—, sino que, como todas las demás eventualidades formalmente capaces de provocar la nulidad, debe estar acompañada de la afectación o lesión material de uno o más derechos o garantías del procesado o las demás partes o intervinientes, o de la integridad del procedimiento. En otros términos, debe ser trascendente.

Así lo ha sostenido la Sala:

Es oportuno destacar que a pesar de que la Corte ha reconocido pacíficamente la importancia y trascendencia de esos principios garantistas, también ha dicho que no siempre que se producen cambios en la persona del juez durante el juicio, se genera la nulidad de la actuación, pues cada caso habrá de examinarse particularmente, en orden a establecer si una incorrección de esa naturaleza, alcanza a trastocar los principios reguladores de la fase del juicio y, por consiguiente, las garantías fundamentales de los sujetos procesales.

(…)

(…) si se cumplió cabalmente con la posibilidad de contradicción y confrontación probatoria —con la obvia excepción de la prueba de referencia y su eficacia demostrativa limitada—, se tomaron registros fidedignos que permitan del fallador examinar la prueba de forma adecuada, y si además se entiende necesario proteger derechos fundamentales o se advierte que la sustitución del juez devino obligada, no es factible decretar la nulidad de la audiencia de juicio oral apenas buscando que se repitan las pruebas en presencia del funcionario que proferirá el fallo(5).

En pronunciamiento más reciente, la Corte reiteró que el relevo de Jueces a lo largo de la fase del juzgamiento “solo por excepción es constitutiva de nulidad”(6) y, más en detalle, que:

(…) la nulidad solo podrá decretarse de manera excepcionalísima, en el evento que se demuestren “graves afectaciones a derechos o principios de más hondo calado” y una vez sopesados los motivos que precedieron al cambio del funcionario judicial. Igualmente se tiene dicho que el simple cambio del juzgador no configura violación del debido proceso, pues para ello se cuenta con las diferentes formas de registro de los sucesos orales en el devenir procesal(7).

El criterio así expuesto no es otra cosa que la materialización de la lógica que atraviesa el instituto de las nulidades genéricamente considerado, en cuanto todas ellas tienen tanto un aspecto formal como uno material que exige, además de la constatación objetiva de la circunstancia invalidante, la comprobación de una afectación real, tangible y cierta a las garantías de las partes o la integridad del procedimiento.

3. En síntesis, cuando se produce la variación del funcionario de conocimiento en el curso del juicio, de modo que quien presenció las pruebas no es la misma persona que adoptará la decisión (sentido del fallo o sentencia), procederá la anulación y repetición de la fase probatoria siempre que se evidencie una lesión efectiva y cierta de los derechos del procesado u otra parte o interviniente, ora la perversión inaceptable de la estructura del trámite; valoración que debe efectuarse en cada caso concreto atendiendo a sus particularidades y considerando, entre otros criterios, las razones que suscitaron el reemplazo del juez, la existencia de registros de audio y video del juicio y su capacidad para reflejar de manera fidedigna lo sucedido, y la importancia que las pruebas no apreciadas por el juez tienen para la decisión del caso.

Reglas aplicables cuando el juez que anunció el sentido del fallo no es el mismo que dicta la sentencia.

1. El artículo 446 de la Ley 906 de 2004 prevé que, inmediatamente después de agotado el debate probatorio y presentados los alegatos de las partes, “el sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública”.

En relación con ese acto procesal, la Sala ha sostenido que el sentido del fallo y la posterior sentencia conforman “una unidad temática inescindible”(8), conceptualización de la cual se siguen varias consecuencias, entre ellas, que uno y otra deben guardar consonancia o congruencia(9), así como el deber que le asiste al juez de “respetar en su sentencia el sentido del fallo”(10).

Aunque la jurisprudencia de la Corte alguna vez admitió la posibilidad de que el juez anulara el sentido del fallo cuando, al construir la sentencia, se percatara de que atenerse al mismo “implicaría una injusticia material”(11), ese criterio fue recogido para, en su lugar, sostener el carácter vinculante de ese acto procesal y la inviabilidad de su rescisión a cargo del funcionario que lo produjo:

La anulación del sentido del fallo cuando se ha observado el debido proceso acusatorio, es una medida extrema contraria a la seguridad jurídica, no solo porque las partes no sabrían a qué procedimiento atenerse, sino que quedarían sometidas al arbitrio de la facultad discrecional del juez, a quien solo le bastaría con invocar la justicia material para modificar su decisión inicial(12).

Así entonces, en el actual estado de la discusión surge incontestable que el sentido del fallo vincula al juez que lo anunció y, por tal virtud, éste queda obligado, como paso necesario en la estructura consecuencial del proceso, a proferir la sentencia que corresponda en congruencia con lo comunicado a las partes al término del debate probatorio.

2. La situación es diferente cuando el funcionario que emitió el sentido del fallo no es el mismo que profiere —o ha de proferir— la sentencia, caso en el cual, por el contrario, esta Corporación ha reconocido la eventual posibilidad de decretar la nulidad ese primer acto.

Véase:

La anulación de ese acto, admitida bajo el hipotético juicio del juez de encontrarse en el proceso de redacción del mismo con que su convencimiento es distinto del anunciado, resulta inadmisible en un procedimiento regido por la inmediación, concentración e inmutabilidad del juez.

Permitirla no es un acto trascendente sino una informalidad que sacrifica el debido proceso acusatorio con el pretexto de contener una injusticia material, fundamentalmente porque la aceptación de dicha tesis, conduce sin ninguna duda, a ignorar los principios de inmediación y de concentración, pilares del juicio oral, que considera protegidos.

Riñe además con el debido proceso, cuando el mismo juez que asistió, presenció, dirigió el juicio, esto es, ante quien la prueba fue producida e incorporada en forma pública, oral, concentrada, confrontada y controvertida, procede a anular su sentido porque al redactar la sentencia aduce que con él cometió una injusticia material.

Este procedimiento avalado por la Sala, tiene justificación únicamente en aquellos casos en los que por razones administrativas o de otra índole, la inmediación y la concentración no tienen cabal aplicación, en el entendido que el juez que intervino en el juicio oral y anunció el sentido del fallo no es el mismo encargado de redactarlo(13). 

En pronunciamiento posterior, la Corte ratificó:

(Está) a salvo, eso sí, la posibilidad de la anulación del sentido del fallo en aquellos casos en que por factores administrativos o de índole similar, mediara un cambio de juez entre el anuncio del sentido del fallo y su elaboración(14).

Desde luego, la simple constatación del cambio de juez no resulta suficiente para provocar la invalidación aludida, pues, como sucede con todas las causales de nulidad previstas en la ley, es necesario que esa circunstancia tenga una incidencia real o material en los derechos de las partes o la estructura del proceso, como sucedería, por ejemplo, cuando el funcionario discrepa del sentido del fallo anunciado por quien lo precedió, pues de verse obligado a redactar una providencia en contravía de su convicción sobre la responsabilidad o inocencia del procesado, resultarían ostensiblemente quebrantados los principios de autonomía judicial e imparcialidad (según lo consagró el legislador en la L. 906/2004, art. 5º).

En contrario, y como resulta obvio, el cambio de juez no suscita vicio alguno cuando el funcionario compelido a dictar sentencia comparte autónomamente el sentido del fallo anunciado por su antecesor, pues contravendría la lógica y la economía procesal anular éste para seguidamente emitir uno nuevo con idéntica orientación.

En esa línea, procederá la anulación del sentido del fallo cuando un juez distinto de quien lo anunció debe dictar sentencia y, luego de valorar autónoma y libremente las pruebas, concluye su incorrección, de suerte que, para preservar la congruencia y coherencia exigidas de uno y otro acto, se hace necesario dejar el primero sin efectos.

Véase que, en la hipótesis que viene examinándose, las consideraciones que determinan la anulación del sentido del fallo no necesariamente están relacionadas con la integridad del principio de inmediación. Puede suceder, por ejemplo, que el juez A tramita el juicio y aprehende personal y directamente las pruebas, pero por razones administrativas es el juez B quien anuncia el sentido del fallo. Posteriormente, el juez A asume nuevamente la dirección del despacho y le corresponde a éste dictar la correspondiente sentencia. En tal evento, aun cuando el funcionario sentenciador es el mismo que atendió la vista pública, bien puede suceder que tenga discrepancias respecto del sentido del fallo anunciado por quien lo reemplazó temporalmente, por lo que, de verse obligado a dictar sentencia con apego a ese acto, resultaría desquiciada la autonomía judicial y, con ello, el proceso mismo.

La Sala también ha admitido que, ante la sustitución del juez que anunció el sentido del fallo, el funcionario encargado de dictar sentencia anule no sólo ese acto sino la totalidad del juicio, con miras a garantizar los principios de oralidad e inmediación:

Así pues, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, no se trata de que el mismo juez que anunció el sentido del fallo lo hubiera modificado, sino que se presentó la circunstancia excepcional de que un juez distinto al que hizo el anuncio del sentido del fallo —evento de cambio de juez— se vio enfrentado a elaborar una sentencia, sobre pruebas que no se practicaron ante él.

Por tanto, en cumplimiento de los principios de oralidad e inmediación, fundamentales del sistema procesal de tendencia acusatoria, el nuevo juez resolvió declarar la nulidad que la censora ahora reprocha y, en consecuencia, repetir la práctica probatoria para así hacer efectivos los citados principios y adicionalmente el derecho material. Esto, como suele suceder cuando en cualquier proceso tiene lugar la invalidación total o parcial de la actuación procesal, naturalmente causa un desgaste a la administración de justicia y representa una carga para los intervinientes, pero —al contrario de lo que sugiere la recurrente— no puede ser una razón para no adoptar las determinaciones que, en un momento dado, el juzgado estime viables; sin perder de vista que las mismas dificultades probatorias que tal decisión pudo haber supuesto para la defensa también recayeron en la parte acusadora, de allí que ninguna trasgresión al principio de igualdad se configuró(15).

Ahora, el pronunciamiento recién transcrito fue invocado en el auto recurrido como fundamento para concluir que, frente al cambio de los integrantes de la Sala, “no queda (…) camino diferente al de declarar la nulidad de la actuación, a partir de la etapa probatoria”(16).

No obstante, no es ese el alcance de lo allí decidido por esta Corte. En esa ocasión, se inadmitió una demanda de casación en la que se alegaba la violación del debido proceso como consecuencia de que el juez de primera instancia resolvió anular y repetir la vista pública, precisamente porque no fue él quien presenció la práctica de las pruebas.

Que en ese caso concreto esta Sala no haya advertido una violación del referido derecho fundamental no significa que siempre y en todo caso, al producirse la sustitución del juez con posterioridad al anuncio del sentido del fallo, deba reiterarse el juicio oral, pues esa medida sólo procederá cuando, atendidas las particularidades del caso, se evidencie que no hacerlo redundaría en una afectación sustancial de las garantías de las partes o la estructura del proceso.

Así pues, frente a esta hipótesis la regla aplicable es esencialmente idéntica a la referenciada en el numeral 2º del acápite anterior, de suerte que lo relevante será establecer la ocurrencia de un perjuicio trascendente, real, material y efectivo derivado de que la sentencia sea proferida por un juez distinto del que anunció el sentido del fallo.

El caso concreto.

1. Inicialmente, debe decirse que en este asunto no está en discusión la ocurrencia de los hechos que determinaron al a quo a declarar la nulidad de la actuación.

En efecto, está acreditado que, inicialmente, del juzgamiento promovido contra R. H. A. conoció el Tribunal Superior de Villavicencio en Sala integrada por conjueces —Fabio Guiza Santamaría, Hernán Castañeda Chaux y Consuelo Caballero Esquivel—, en tanto los impedimentos exteriorizados por los magistrados titulares fueron aceptados.

El 12 de octubre de 2016, cuando el juicio oral ya había iniciado y transitaba la fase probatoria, el conjuez que fungía como ponente fue desplazado por el Magistrado Jesús Eduardo Moreno Acero. A partir de ese momento, la Sala quedó integrada por este último y los conjueces Hernán Castañeda Chaux y Consuelo Caballero Esquivel(17).

A cargo de esos funcionarios se continuó con el trámite de la vista pública, hasta que el 2 de febrero de 2017 se anunció el sentido absolutorio del fallo(18).

El 1º de abril de 2017 tomó posesión como magistrada de la Sala Penal de esa Corporación Patricia Rodríguez Torres, a la vez que el 9 de febrero de 2018, por razón de la suspensión en el ejercicio del cargo contra dos magistrados de esa corporación, se designó a Froilán Sanabria Naranjo y Manuel Adolfo Barreiro en su reemplazo.

Fueron estos servidores quienes, antes de emitir la sentencia correspondiente, invalidaron oficiosamente la actuación mediante la providencia de cuya apelación se ocupa ahora la Sala.

Así pues, es evidente, a partir del recuento procesal que antecede, que en este caso los magistrados llamados a proferir sentencia i) no participaron en el juicio oral, por lo que no percibieron de manera directa y con inmediación la prueba practicada, y; ii) tampoco fueron quienes anunciaron el sentido del fallo.

2. La primera de esas circunstancias resulta insuficiente para suscitar la invalidación de la actuación, porque, atendidas las particularidades concretas del proceso, surge claro que la sustitución de los magistrados no ha conllevado afectación real de los derechos y garantías procesales de las partes e intervinientes, como tampoco la distorsión de las bases fundamentales del procedimiento.

2.1. Nótese, primero, que el diligenciamiento correspondiente al juicio oral fue adecuadamente registrado tanto en audio como en video(19), grabaciones en las cuales no se advierten daños o averías que dificulten o imposibiliten la auscultación de su contenido. La calidad del sonido y la imagen de esos registros permite una aproximación bastante certera a lo sucedido en dichas diligencias.

2.2. La actividad probatoria en el proceso seguido contra A. B. estuvo restringida a i) cinco estipulaciones, introducidas a lo largo de las siete primeras sesiones del juicio oral, acompañadas de una copiosa cantidad de piezas documentales, y ii) una prueba sobreviniente presentada por la defensa, consistente en un disco compacto contentivo de una audiencia preliminar celebrada ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Villavicencio y el acta que de esa diligencia se levantó(20).

Así las cosas, es claro que el acervo probatorio con base en el cual ha de emitirse la sentencia está constituido en su totalidad por elementos de naturaleza documental, esto es, los que presentó la defensa como novedosos y los que acompañan las cinco estipulaciones aprobadas por el a quo.

Para la adecuada apreciación de los elementos suasorios documentales resulta secundaria la presencia de los funcionarios llamados a emitir sentencia en el juicio oral, porque el contenido objetivo de aquéllos —la representación de la realidad o las declaraciones que incorporan y su autoría, máxime en tanto fueron incorporados por vía de estipulaciones probatorias— son aspectos cuyo examen depende simplemente de la confrontación y valoración de su corporalidad.

2.3. En esas condiciones, la Sala considera que el relevo de los magistrados que dirigieron el juicio oral no comporta, en este caso concreto, ninguna afectación material de los derechos de las partes e intervinientes, pues ante la calidad de los registros efectuados y la naturaleza eminentemente documental de la prueba recaudada, resulta posible para los actuales integrantes de la Sala de Decisión su apreciación completa y el examen de su mérito suasorio.

3. En lo que atañe a la circunstancia de haberse producido el relevo de los magistrados luego de anunciado el sentido del fallo, la Sala evidencia que tampoco existen razones para mantener el auto recurrido.

3.1. En primer lugar, recuérdese que, como quedó esbozado en precedencia, las reglas jurisprudenciales aplicables a asuntos como el presente permiten que, en ciertos casos, el juez que debe dictar sentencia anule el sentido del fallo anunciado por otro funcionario, determinación admisible cuando existe una discrepancia sustancial con la orientación de la decisión adoptada por el juzgador precedente.

Con todo, en la motivación del auto por el cual se dispuso anular el juicio oral no se observa ningún razonamiento que permita inferir que los magistrados que actualmente integran la Sala de Decisión disientan o diverjan del sentido del fallo anunciado por sus predecesores, lo estimen equivocado o abiertamente contrario a lo que las pruebas objetivamente indican.

En efecto, al sustentar la decisión recurrida, el a quo se limitó a exponer que:

(…) en razón del relevo integral de la Sala (…) es evidente que ninguno de los magistrados que actualmente conforman la Sala (…) presenció el juicio oral y ello sustenta la invalidación de lo actuado, en cuanto, tres funcionarios judiciales deben acometer el estudio de una sentencia sin inmediación probatoria alguna”(21).

Como no se puso de presente ninguna razón indicativa de la existencia de una discrepancia con el sentido del fallo anunciado por los anteriores integrantes de la Sala, resulta evidente que ello no fue una consideración relevante para la declaración de la nulidad recurrida y en cualquier caso, de haberlo sido, lo procedente habría sido rescindir ese acto, mas no la totalidad de juicio oral.

3.2. De otro lado, y como ya se explicó, la revisión de las circunstancias concretas en que se adelantó el juicio, la calidad de los registros de audio y video de las sesiones en que se tramitó y la naturaleza eminentemente documental de las pruebas que servirán como fundamento del fallo, son elementos que permiten concluir que el principio de inmediación no sufrirá menoscabo sustancial al dictarse sentencia por los magistrados que actualmente integran la Sala de decisión, así estos no hayan sido quienes anunciaron el sentido del fallo, por lo que tampoco desde esta perspectiva se observan razones atendibles que sustenten la nulidad decretada.

A lo anterior se suma que, como acertadamente lo anotó el representante del Ministerio Público al sustentar su recurso, el a quo no expuso en el auto recurrido razones para justificar por qué, en su criterio, las grabaciones del juicio no permiten auscultar de adecuada o certeramente lo que sucedió, ora por qué, no obstante que el acervo probatorio está conformado en su integridad por documentos, resultaría esencial para su correcta apreciación y valoración la reiteración de la vista pública.

4. De acuerdo con lo expuesto, entonces, la Sala revocará el auto recurrido y dispondrá el envío de la actuación al Tribunal Superior de Villavicencio para que, si los magistrados que integran la Sala de Decisión no tienen discrepancia sustancial con el sentido del fallo, procedan a dictar la correspondiente sentencia y, de tenerla, para que de manera motivada y de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de esta Sala rescindan ese particular acto y anuncien de nuevo el sentido del fallo con base en su autónomo criterio.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

REVOCAR el auto de fecha y origen indicados en precedencia. En consecuencia, ORDENAR la devolución inmediata de la actuación al Tribunal de origen, para que proceda de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa.—José Francisco Acuña Vizcaya.—José Luis Barceló Camacho.—Fernando Alberto Castro Caballero.—Eugenio Fernández Carlier.—Eyder Patiño Cabrera.—Patricia Salazar Cuéllar.—Luis Guillermo Salazar Otero. 

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Récord 21:00 y ss.

(2) Récord 30:50 y ss.

(3) Récord 38:10 y ss.

(4) Artículo 16, Ley 906 de 2004.

(5) CSJ SP, dic. 12/2012, rad. 38512. Véase también CSJ SP, sep. 24/2014, rad. 36401.

(6) CSJ AP, ago. 31/2016, rad. 45608. Así mismo, CSJ AP, oct. 26/2016, rad. 43392.

(7) CSJ SP, nov. 8/2017, rad. 47608.

(8) CSJ SP, oct. 26/2016, rad. 45654.

(9) Ibídem.

(10) CSJ SP, feb. 22/2017, rad. 43041.

(11) Por ejemplo, CSJ SP, sep. 17/2007, rad. 27336.

(12) CSJ SP, nov. 14/2012, rad. 36333. Reiterado en CSJ SP, jul. 27/2016, rad. 41429; CSJ SP, oct. 25/2017, rad. 44819; CSJ SP, feb. 10/2016, rad. 43997; CSJ SP, sep. 23/2015, rad. 40694; CSJ SP, ago. 5/2014, rad. 42495.

(13) CSJ SP, nov. 14/2012, rad. 36333.

(14) CSJ SP, jul. 27/2016, rad. 41429. Reitera CSJ SP, nov. 14/2012, rad. 36333.

(15) CSJ AP, abr. 26/2017, rad. 50065.

(16) Folio 177.

(17) Folios 114 y ss., cdno. 2.

(18) Folios 154 y ss., cdno. 2.

(19) Sesiones de 18, 19 y 20 de agosto de 2015 (CDs 10, 9 y 8); 17 y 18 de septiembre de 2015 (CDs 6 y 5); 13 y 14 de octubre de 2015 (CD 4); 2 de febrero de 2017 (CD 3),

(20) Folio 57 y CD 2.

(21) Folio 176.